21 de noviembre de 2024
10:09hs.
Guerra del agua en Mendoza: una crónica de la grieta cuyana
La ley 7722 se ha transformado en una de las legislaciones más arraigadas en el imaginario social mendocino. La avanzada del gobierno radical de Rodolfo Suárez por modificar una norma que reprueba el uso de cianuro y ácido sulfúrico en la actividad minera, llamativamente logró reconfigurar la grieta provincial: mientras por arriba radicalismo y peronismo acuerdan la modificación, por abajo una masiva reacción callejera se abroquela por las arterias del campo y la ciudad, mezclando identidades y desandando la siesta mendocina.
Una ley para prevenir
Corría el año 2007, todavía el ex gobernador Julio César Cleto Cobos no transitaba las primeras salas de la política nacional, sin embargo ya tenía en su haber varios “no-positivos” en la gestión provincial. Uno de los reclamos más fuertes de aquellos años estaba dado por la persistencia de las comunidades de General Alvear, Valle de Uco y del Gran Mendoza, que venían advirtiendo los peligros que encarnaba el inminente impulso de la megaminería metalífera en la provincia.
En un contexto de prolongada crisis hídrica, y dada la fuerte metabolización social de algunos movimientos ambientales -especialmente las asambleas por el agua pura-, con auspicios de pocos funcionarios políticos y espacios científicos, el 20 de junio de 2007 es sancionada la ley 7722. Esta norma -entre otras cosas- será la encargada de exigir evidencia empírica sobre el impacto ambiental de las potenciales explotaciones, incorporará la noción de cuenca en la determinación del área afectada, al tiempo que prohibirá definitivamente el uso de cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y “otras sustancias tóxicas similares” en los proyectos mineros metalíferos, tanto de cateo, prospección, exploración e industrialización de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo.
La 7722, que por un lado protege el recurso escaso del agua en tierras secas y por el otro limita la potencialidad extractivista de la provincia, en sus pocos años de vida -12 años ganados o perdidos, según la lente socioeconómica que se elija para mirar-aglutina muchos debates a su alrededor.
Sobre la importancia de estas medidas, Facundo Martín -investigador del CONICET- dice: “Junto con otras seis provincias la sanción de la Ley 7722 en 2007, posicionó a Mendoza a nivel nacional como una de las provincias consideradas “anti-mineras” por el establishment desarrollista. Vale destacar tres aspectos centrales de la Ley: es la cámara de diputados de la provincia quien debe autorizar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), establece un control específico del agua y de la cuenca potencialmente afectada por los proyectos y; prevé la evaluación de toxicidad de los insumos utilizados en cada proyecto. Esto ha implicado en la práctica que las empresas y el gobierno deban formalmente realizar estudios y evaluaciones más exigentes y serias, aunque muchas veces no alcanzaron siquiera estándares mínimos y fueron por eso rechazados”.
Embestida sobre la 7722
Después de sancionada la ley, el delgado pretil entre “mineros” y “anti-mineros” (en la caracterización simplona de los medios locales) se fue franqueando a diario, más por insistencia de los primeros que por el resguardo de los segundos. Es que la litigiosidad minera en Mendoza tiene historia.
Al final, la única verdad es la realidad, y serán los radicales -aquellos que habían hecho de la crítica al extractivismo justicialista su bandera-, los que se pongan al día con la corporación y la extracción a pedido del inversor. Ya, en el gobierno de Alfredo Cornejo, las asambleas por el agua entreveían las intenciones futuras con la mentada 7722; al llegar al gobierno Rodolfo Suarez, tal como indicaba el recetario de su mentor, debía tratar de dar los primeros golpes, al menos tenía que procurar incomodar desde el día uno a ese viejo estrado antiminero “que no deja crecer”. Así, sin más, el primer acto de gobierno del flamante ejecutivo fue reformar la 7722, dando por tierra las limitantes a las sustancias tóxicas y eximiendo la pluralidad en las evaluaciones mineras, entre otras cosas.
En un diciembre como el que se fue, el campo social mendocino amaneció minado. Para entender las dimensiones políticas de la reforma, Diego Montón de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST-MNCI) aclara:“La 7722 es por sobre todo una barrera a la dinámica neoliberal de saqueo de bienes naturales, porque en términos objetivos pone un freno a las corporaciones a llevarse las riquezas en las condiciones legales y jurídicas actuales de ventajas desproporcionadas para el capital financiero por sobre los magros recursos que le quedan a los Estados nacional y provincial, en un marco de alto riesgo de contaminación del agua y degradación ambiental”.
Minería y política sin tiempo
En el gobierno nacional tanto como en la nueva administración provincial, se dirimía (y se dirime por estas horas) dos posibles escenarios: ampliar la matriz productiva en el corto plazo, y como consecuencia dar un golpe eficaz en el fuero íntimo de las ansias laborales de la población -aun cuando el costo social, político y ecológico sea demasiado alto-; o rediscutir todo el aparato productivo local, la histórica concentración del uso del agua y las posibilidades efectivas del Estado provincial para mejorar las condiciones sociales locales. La primera opción es el camino corto de la megaminería –que al menos en los tiempos fugaces de la política, se cree una puerta de entrada de divisas-, la segunda, un remoto boleto que no tiene fecha de partida prevista.
Diego Montón profundiza un poco más para entender lo espinoso del asunto: “por el propio sistema de diques derivadores, en Mendoza no hay agua pura y hay discriminación geográfica. Departamentos como Lavalle, La Paz y Santa Rosa sufrieron la apropiación de las aguas rio arriba, también con mecanismos de dudosa legalidad y legitimidad. Allí, la “crisis hídrica” se siente de sobremanera, pues no solo no alcanza para regar, sino que en los “puestos” los animales se mueren de sed, y las familias campesinas apenas tienen agua para sobrevivir, con menos de 20 litros por día por persona, e incluso en los barrios urbanos de esos departamentos, el agua es un bien escaso y contaminado”.
Sucede que Mendoza es urbana y también rural. Mientras en el Gran Mendoza hay un consumo de más de 700 litros de agua por día y por persona, con un promedio de consumo provincial de 450 litros por persona, muy por encima del consumo en Barcelona, donde el promedio es de 120 litros por persona, o el de Córdoba que es de 330; hay departamentos, en las zonas más áridas de la provincia, que tienen grandes dificultades para el riego, con muchas hectáreas que no logran regarse (más de la mitad de la superficie, dicen desde la UST) y la mayoría de ellas son napas subterráneas contaminadas. A esta situación se suma la contaminación de los cauces de riego con agrotóxicos y la grave situación en el Rio Tunuyán y el Rio Mendoza.
Lo cierto es que Mendoza también sufre una de sus peores crisis económicas. Hasta la prensa que acompaña al oficialismo radical resalta los frutos heredados de las gestiones Macri/Cornejo: la pobreza en Mendoza alcanza a poco más del 38 % de los mendocinos; esto equivale a casi 400.000 personas en el Gran Mendoza pero podría duplicarse si se considera la provincia completa, contando sus parajes rurales. Es (paradójicamente) consecuencia directa de este presente afiebrado, que se propone la alternativa minera para“calmar las aguas”.
En números concretos la CAMEM (Cámara Mendocina de Empresarios Mineros) preanunciaba 130 mil nuevos empleos genuinos para Mendoza. Esta sería sin más la solución a esta provincia quebrada y endeudada, por consiguiente la 7722, el mayor estorbo a ese progreso incontrovertible. Sin embargo, las voces que se oponen prefieren pensar que esta avanzada sobre la “ley del agua” tiene un trasfondo especulativo. A la discusión fundamental del derecho (de escasez) al agua que circula por la provincia, es necesario sumarle los debates sobre la generación de empleo. De los 17.000 puestos de trabajo en el corto plazo que sugiere la CAMEM los 6600 empleos de la minería en SanJuan aumentan la incredulidad sobre un riesgo ambiental tan audaz.
En Mendoza el empleo es un problema, pero el agua lo es en proporciones iguales. Montón dese el campesinado mendocino apunta: “En estos días, una genuina y poderosa movilización popular tumbó los intentos de modificar la 7722. Sin embargo, esta ley lejos está de poder cuidar o garantizar el agua pura para el pueblo mendocino”.
Es que estamos ante un viejo problema de la región cuyana: “En Mendoza desde fines del siglo XIX la acumulación y la restructuración de las clases sociales se desarrolla a partir del acaparamiento del agua. Este proceso tiene diferentes etapas en las cuales se consolida una aristocracia que mantiene el control del agua de las cuencas y luego también su expresión neoliberal con el desarrollo del capital financiero en el sector vitivinícola, donde nuevas empresas se apropiaron del agua subterránea con métodos de dudosa legalidad. Este proceso profundizó la concentración de la tierra, pero por sobre todo del acceso al agua en la provincia”
Agua para apagar tanto fuego
La política no sale limpia de esta primavera en diciembre. El italiano Antonio Gramsci, desde las cárceles del fascismo solía predecir la ruptura frecuente de las democracias contemporáneas: “en cierto punto – decía- los grupos sociales se separan de sus partidos tradicionales, o sea que los partidos tradicionales en aquella determinada forma organizativa, con aquellos determinados hombres que los constituyen, los representan y los dirigen no son ya reconocidos como su expresión por su clase o fracción de clase…”. Lo sucedido desde que Suarez envió la modificación de la ley (contando con el apoyo inicial del grueso peronista ysutardía rectificación), luego del impacto de una protesta histórica de millares de mendocinos que decidieron salir a las calles, hasta el momento en que se anuncia la derogación de la misma, condensa todo los condimentos de una fractura de representación que solo la lucha por el agua logra contener.
Cuando estas crisis suceden, devienen dos fenómenos opuestos y coetáneos a la vez: se reacomoda todo por arriba o se reinventan las comunidades y los pueblos en lucha para cambiar el problema original. En Mendoza, el consenso por arriba para el tratamiento de la reforma a la norma más aprehendida de la historia reciente, no solo ensancha las bondades semánticas de la soberana “grieta” local, sino que además posibilita el salto de los viejos pronombres del lobby minero hacia un momento nuevo de sinceramiento identitario: entre el gobernante Cambiemos y algunos sectores de fuego de la oposición justicialista la hendidura de la grieta se hace ver un poco más amena, mientras tanto las bases del sistema político se juntan a rellenar plazas y repudiar estos acuerdos.
Rota o no la filiación política, los zócalos militantes de la estructura representativa menduca han tenido una de sus fracturas más significativas. Es que la 7722 tiene esa particularidad de abrazar las subjetividades macristas, kirchneristas, radicales, pasando desde viñateros y regantes, hasta las organizaciones populares de las barriadas urbanas o los colectivos agroecológicos que sienten la amenaza firme de la sequía y el cianuro.
Queda entonces marcado a fuego el camino más breve de articulación social en la demanda de una ley, el más masivo y numeroso de los últimos años que dejo al nuevo gobierno sin luna de miel. Permanecen, sin embargo, los interrogantes como hipótesis hacia atrás y para adelante: ¿Hubiera pasado esto si quien conducía la embestida hubiese sido Alfredo Cornejo, con su fuerte disciplina y los hábitos a la componenda de los palacios corporativos?, ¿Cuál hubiera sido el escenario si el peronismo mendocino como bloque negaba respaldo a Suarez? ¿Será que, como el agua que baja de Los Andes, por estas horas vendrán esos aires chilenos de hartazgos con la clase políticao por el contrario la siesta mendocina se adueñará de este momento histórico que debiera abrir las puertas para discutir lo esencial?…
En una provincia con solo el 3% de su superficie con derechos de riego y en el marco de una crisis climática que llegó para quedarse, ésta puede ser la tranquera para profundizar un debate estratégico sobre la matriz de producción, la distribución del agua y por qué no el anquilosado sistema de representación política local.
Oscar Soto
Politólogo y docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo (FCPyS). Maestrando en Estudios Latinoamericanos y Becario Doctoral de CONICET, Doctorado en Ciencias Sociales (FCPyS-UNCuyo). Integrante de los Grupos de Trabajo de CLACSO “Extensión crítica: teorías y prácticas en América Latina y Caribe”. Miembro del Centro de Educación, Formación e Investigación Campesina (CEFIC-Tierra) de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra – Movimiento Nacional Campesino Indigenista (UST/MNCI). Colaborador en varias revistas especializadas en política, sociedad, educación, movimientos sociales, teoría social y estudios latinoamericanos.
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