La mafia es así. Se halla parapetada en “la justicia”, conciente que su espalda en ese poder de la República debe ser lo suficientemente sólida como para que los capos nunca pisen una celda. También para desarticular cualquier investigación comprometedora, desnaturalizándola o, simplemente, cajoneándola por décadas. Lamentablemente hay muchos hechos para enumerar en este sentido.
El gobierno del ex Presidente Mauricio Macri es una muestra clara y a la vista de (casi) todos de esta operación de operaciones que el propio primer mandatario y sus alfiles conocidos, como aquellos que trabajan en las sombras, daban a entender sin sonrojarse. No le hace nada bien a nuestra Argentina que existan estas acciones profundamente fascistas, en el sentido que bajan la intensidad democrática.
La propia Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió un informe que pongo aquí a tu disposición y evidencia una suerte de cambio de época para el servicio de justicia. Mejor dicho, eso es lo que uno desea y espera ocurra. Pero la tarea de democratización del Poder Judicial está en ciernes, ya que la corporación dinástica se abroquela detrás de una espada y una balanza que hace rato no funcionan.
“Política
“Un informe de la Corte Suprema relevó el hostigamiento del gobierno de Macri contra funcionarios judiciales
“El monitoreo de la oficina de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos del Máximo Tribunal registró “manifestaciones directas de carácter público de funcionarios o allegados al Poder Ejecutivo Nacional entre el 10 de diciembre de 2015 y el 9 de diciembre de 2019”.
“La Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos de la Corte Suprema de Justicia (DAJuDeCO) elaboró un informe sobre las expresiones públicas de dirigentes del gobierno de Mauricio Macri contra funcionarios judiciales, como parte de la investigación sobre una presunta “mesa judicial” creada para perseguir y hostigar jueces cuyas decisiones afectaban sus intereses.
“A solicitud del fiscal Franco Picardi, la DAJuDeCO relevó “manifestaciones directas de carácter público de funcionarios o allegados a la gestión de gobierno que encabezó el Poder Ejecutivo Nacional entre el 10 de diciembre de 2015 y el 9 de diciembre de 2019, cuyos contenidos estén emparentados con expresiones de connotaciones críticas, negativas, peyorativas y/o descalificantes, en términos profesionales y/o personales”.
“El monitoreo de la oficina de la Corte, hecho en base a posteos en la red social Twitter y distintos sitios en internet, concluyó que existió un particular encono público contra la exprocuradora Alejandra Gils Carbó, de parte de funcionarios y referentes macristas como el propio Macri, Patricia Bullrich, Elisa Carrió y Laura Alonso, entre otros.
“La camarista de Casación Federal Ana María Figueroa, el también camarista federal Eduardo Farah y el juez federal de La Plata con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla, fueron otros de los que aparecieron repetidamente mencionados de manera negativa.
“El informe de 326 páginas, que tendrá una versión final, enlistó las menciones de los principales figuras del oficialismo entre 2015 y 2019 y registró expresiones como “militante K”, “magistrada militante”, “impunidad de los corruptos”, “kirchnerista” y otras que repetían funcionarios del Poder Ejecutivo, como el presidente de entonces, su ministro de Justicia, Germán Garavano, y de Seguridad, Patricia Bullrich.
““Lo que más nos preocupa es que una militante kirchnerista ocupe la Procuración y no tenga el decoro de renunciar, porque no es el ámbito para hacer política partidaria”, dijo en mayo de 2017, en declaraciones públicas en Casa Rosada, sobre Gils Carbó, el entonces jefe de Gabinete, Marcos Peña.
“Los datos obtenidos por la DAJuDeCO se sumarán a la investigación del fiscal Picardi en la causa “Macri, Mauricio y otros s/asociación ilícita, abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles” que lleva la jueza María Eugenia Capuchetti.
“El caso de Gils Carbó es el más ilustrativo de la campaña contra funcionarios judiciales: el informe registra un crecimiento exponencial de la virulencia de los ataques públicos del elenco oficialista a partir de junio de 2017 que termina con la renuncia de la entonces procuradora en diciembre de ese año.
“Los otros jueces mencionados son Martina Forns, Diana Cañal, Graciela Marino, Enrique Arias Gibert, Luis Rafagheli, Marcela Pérez Pardo, Mirta González Burbridge y Eduardo Freiler, por los ya ex funcionarios Jorge Triaca, Gustavo Arribas, Fabián Jorge “Pepín” Rodríguez Simón, Federico Pinedo, Pablo Tonelli y José Torello, entre otros.
“Tiempoar.com.ar
“9 de noviembre de 2021”.