La Federación Argentina de Espeleología (FAdE) reclama y denuncia con nombres y apellidos.
No alcanza con que el IANIGLA haya advertido que en la zona de Cerro Amarillo hay 47 glaciares (1), no importan las quejas de los pueblos originarios, a los que se intentó condenar a la inexistencia misma, y entonces mucho menos importa lo que digan los espeleólogos. Ya en nuestra entrega anterior (2) habíamos señalado varias contradicciones y mentiras por parte de “asesores” espeleólogos que no son tales, según se explica con detalles en un espacio web donde se han seleccionado sólo 20 archivos. (3) No son técnicos, sino sólo punteros políticos al servicio de los capataces de la DRNR (y de las mineras y petroleras): en el pasado Daniel Gómez, Luego Chambouleyrón, Sebastián Melchor, Guillermo Romano, Pablo Berlanga… hasta donde sabemos, éste último era el nexo con la UAE, el GEA y sobre todo el GEMA, grupo este último capitaneado por un tal Nicolás Zervos, conocido por su autoritarismo y su amor por la censura en su trabajo en la Radio Universidad de Cuyo. Ya daremos otros detalles.
Lo cierto es que la FAdE se hartó y decidió emplazar a la DRNR, con la idea de que, si no responde, iniciar acciones penales por la irresponsabilidad de violar todas las leyes ambientales provinciales y nacionales.

La nota lleva el Nro. de expediente EX-2023-01438835- -GDEMZA-DRNR#SAYOT (4) y está dirigida al propio Melchor.
Se requiere lo siguiente:
1) Evaluación de impacto ambiental sobre el patrimonio espeleológico en la zona de Cerro Amarillo, donde la asociación GEA dice haber descubierto diez (10) cavidades naturales. En caso de que así sea, solicito las coordenadas geográficas de las mismas y toda la información de que se disponga (información ambiental que debería ser pública).
2) Copia del catastro espeleológico que debería tener el Estado provincial según Ley 5978/93 y Res. DRNR 410/2002 (información ambiental que habría de ser pública). Hasta donde recuerda el suscripto, esta tarea estaba a cargo del técnico de la DRNR Pablo Berlanga, quien trabajaba en base a información que le aportábamos desde la FAdE.
3) Copia del Registro de Asociaciones Espeleológicas y en especial información sobre la situación de las asociaciones GEMA (Grupo Espeleológico Mendoza, Argentina), GEA (Grupo Espeleológico Argentino – CABA) y UAE (Unión Argentina de Espeleología – CABA). Solicito se me informe si esas asociaciones siguen inscriptas a pesar que su documentación institucional no está regularizada ante la Dirección de Personas Jurídicas de Mendoza y la Inspección General de Justicia de la CABA, respectivamente, según información que hemos recibido.
4) Documentación reclamada ante la DRNR y reiterada ante la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados -nota 82048 del 13.9.2022 (http://fade.smartnec.com/images/prod/miB4qImKsipp0424k3ud9wm8BwJC75.pdf), en la que denunciamos éstos y otros hechos, además de trato discriminatorio en nuestra contra y en favor de las asociaciones mencionadas al principio. Concretamente, por qué asociaciones con sede en Buenos Aires tienen más derechos que la FAdE, que tiene su sede social en Malargüe.
No entregarnos dicha documentación constituirá incumplimiento de la Ley provincial 5978 y de su resolución reglamentaria DRNR 410/2002, como asimismo de la Ley General de Ambiente de la Nación 25.675 y del Tratado de Escazú (Ley nacional 27.566), como asimismo el artículo 41 de la Constitución Nacional. Ambas leyes nacionales son “de presupuestos mínimos” y por lo tanto de cumplimiento obligatorio en las provincias.
Requiero una respuesta satisfactoria en un plazo no superior a los diez días hábiles de recibida la presente, bajo apercibimiento de hacer la denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Como en otras oportunidades, algunos personajes ya aludidos en la cita 3, reaccionaron pretendiendo apretar al director de este diario, quien conoce personalmente a algunos de ellos y sabe de qué estamos hablando. La novedad ahora es que usan pseudónimos y/o e-mails falsos, tampoco se refieren a la temática específica sino que transitan por la falta de respeto, la provocación y los ataques personales de baja estofa, razones por las cuales Sapunar decidió no publicar los comentarios, son dos:
Comentario no publicado 1: Como siempre el st. Benedetto haciendo comentarios falaces malintencionados como si fuera una autoridad en materia de Espeleología. Una vez más demuestra su agotada salud mental. Pepe Arjona serrosa@gmail.com. En realidad es Sergiio La Rosa, conocido docente santacruceño residente en Mendoza, autoproclamado presidente de la Unión Argentina de Espeleología (año 2009) y delegado argentino ante la Unión Internacional de Espeleología con tan solo dos años de “experiencia” en espeleología (un curso hecho en 2007). La Rosa se inscribió como espeleólogo en la DRNR y en su curriculum sólo tenía diplomas firmados por el autor de estas líneas. Una vez adentro, empezó a usar el serrucho. Fue denunciado ante la DGE por acoso sexual contra sus alumnas (5) y también la guardaparques Patricia Prause lo denunció por violencia verbal y casi física estando ella embarazada en 2011, según consta en la página 24 de una denuncia que presentamos ante la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados (no es la primera, se aclara). (6) En esa denuncia puede apreciarse cómo opera el equipo Romano-Berlqanga-Zervos-La Rosa. En los archivos de la cota (4) hay más, mucho más. Su verdadero mail es otro.
Comentario no publicado 2: “El pobre imbécil no sabe donde está parado y ahora que la esposa que le daba letra murió dice cualquier cosa. Así no hay psiquiátrico que aguante !!! MIguel Canasta – mmtandi@gmail.com”. Es muy probable que aquí sea el mismo La Rosa quien se hace pasar por Miguel Angel Lavayén, apodado “Canastita” (por eso es muy torpe la elección del apellido trucho). Su verdadero mail es otro. Estando en la FAdE, en 2006 ingresó sin permiso y sin avisar a la Cueva Doña Otilia a hacer destrozos con la idea de que encontraría otra galería. En aquella oportunidad, el vicepresidente de la FAdE Gabriel Redonte (¿les suena, no?), dijo que “estaba bien orientado en la excavación”, pero nada dijo de la actitud temeraria de haber invadido propiedad privada. Se le conocen muchas otras excentricidades, como por ejemplo el haber apoyado el paro del campo de 2008, ya que él mismo es productor agropecuario de la patria de Macri, Tandil. Pero nunca se había rebajado, como sí La Rosa, al nivel de burlarse de una persona fallecida.
Esto sirve para ilustrar el grado de seriedad de las personas en las que se apoya la DRNR para llevar adelante su catastro de cavernas y muestra cómo se fue conformando el “registro de espeleólogos”. Cuando lean detenidamente la denuncia de la guardaparques Prause (la Comisión de Derechos y Garantías hasta el momento no movió un dedo por las cosas que se denuncian en esas 105 páginas).
Estos tipos son tan torpes, que hasta han llegado al extremo de decirle a la guardaparques amenazada que ellos tenían un “arreglo” con Romano para inscribirse, y que estaban autorizados a saltear algunas normas. Insisto, lean esa denuncia citada en (6). Por eso es que, a pesar de nuestros reclamos, es imposible esperar que las cuevas de Cerro Amarillo estén debidamente catastradas como lo están los glaciares. Cerro Amarillo es una truchada también desde la espeleología.
De lo que se trata, y de eso se quejaban algunos técnicos (nos quejábamos) hace más de diez años… de cómo las decisiones políticas no tienen en cuenta los dictámenes técnicos. Por eso decimos que en la DRNR los técnicos no son tales, sino meros punteros… ni siquiera militantes, sólo punteros.
Lo dice también, pero de manera más elegante, Eduardo Sosa en un artículo de anteayer (7), del que extractamos algunos conceptos, a propósito de Cerro Amarillo:
“Pocas veces en mi vida profesional vi un expediente tan desprolijo como el que esta semana tratará la Cámara de Diputados para ratificar la habilitación que le otorgó la autoridad ambiental en 2014. Llevo 30 años en la defensa del ambiente y más de 20 de profesión en la gestión ambiental, y tuve la oportunidad de analizar decenas de expedientes de evaluación de impacto ambiental, tanto desde la ONG Oikos red ambiental como en la Universidad de Congreso donde trabajé dictaminándolos, o como jefe de Gabinete de la Secretaría de Ambiente, pero aún me sorprende la creatividad de algunos funcionarios para maquillar proyectos y emprendimientos a fin de “emprolijarlos”, al solo efecto de impulsar su aprobación, aunque esto los acerque peligrosamente a la comisión de delitos de la función pública.
“El proyecto Cerro Amarillo obtuvo su aprobación ambiental (que en nuestra legislación se llama Declaración de Impacto Ambiental o DIA) en el año 2014, pero cuando comenzó a tratarse la ratificación legislativa, el IANIGLA (Instituto Argentino de Glaciología y Nivología, dependiente del CONICET) advirtió que aún no existía una evaluación de los glaciares de la cuenca hídrica donde se ubicaba el proyecto, y la incertidumbre científica podía generar incómodas repercusiones judiciales que podrían demorar varios años su puesta en marcha, con lo cual quedó en un limbo a la espera de la información faltante.
…
“En ocho años no solamente los glaciares se han movido en el sitio del proyecto, sino que la conciencia ciudadana y las leyes han tenido avances. En la habilitación del 2014 no hubo participación pública ni acceso a la información tal como establecen las normas vigentes, porque durante el gobierno de Julio Cobos en 2006 se dictó un decreto regulatorio de la evaluación ambiental de la actividad minera que restringe severamente la participación ciudadana, pero ahora existe un nuevo instrumento legal internacional ratificado por Argentina llamado Acuerdo de Escazú, que obliga a los estados a impulsar la participación ciudadana por encima de las leyes locales, y que el gobierno pretende esquivar escandalosamente en esta oportunidad, ya que sabe que si este proyecto se sometiera a un nuevo procedimiento de Evaluación Ambiental con participación pública, debería ser rechazado por los numerosos vacíos de información.
“Lo peorcito: un asunto central para este caso es saber si el proyecto de ubica en zona de glaciares o en ambiente periglacial, ya que la ley nacional de Glaciares prohíbe tanto la explotación minera como el vertido de residuos. Lo normal hubiera sido que la Secretaría de Ambiente haga una consulta específica al IANIGLA que realizó el Inventario de Glaciares de esa cuenca, y que el instituto responda con la información disponible si el proyecto se encuentra sobre zona de glaciares o en ambiente periglacial, o si es necesario hacer una campaña durante el verano al sitio del proyecto para evaluar mejor la situación. En lugar de esto, esta repartición de gobierno toma como cierto un estudio presentado por la empresa a manera de declaración jurada donde manifiesta que el proyecto no tocará los glaciares, que casualmente fue realizado por una ex investigadora del IANIGLA que es dueña del proyecto minero, es decir, la persona que hizo este informe cuando trabajaba para el IANIGLA (y que ya en aquella época era copropietaria del permiso minero junto con su esposo) hoy presenta una actualización del informe, ya como proponente del proyecto minero, y la Dirección de Protección Ambiental no solo no convoca al IANIGLA para que corrobore la información, porque como mínimo podría ser imparcial, sino que invoca un informe favorable del IANIGLA, pero del proyecto Hierro Indio, y lo hace pasar como si lo hubiera hecho para este proyecto. Así como suena…

“… los legisladores se quedaron con la versión del Poder Ejecutivo, a todas luces distorsionada y malintencionada. En honor a la verdad, no quieren convocar a los científicos porque saben que el proyecto se encuentra en ambiente periglacial, lo cual es letal para la aprobación.
“…tampoco se convocó al COIRCO o comité de cuenca para el Río Colorado que es la cuenca donde se ubica el proyecto minero en violación a la ley nacional N° 25.688, ni se ha convocado a los municipios de la cuenca dentro de la provincia como establece la ley 7722. Parece que cuando se trata de Cerro Amarillo, hablar de evidencia científica o cumplir las leyes no está en la agenda”.
Es claro Sosa en éstos y otros conceptos que no transcribimos por falta de espacio: el Ejecutivo está corrompido, la Legislatura, la misma que aprobó la Ley Yolanda a su manera, también está contaminada, y queda el camino de la Justicia que… ¡caramba, qué coincidencia! ¿Será que la única que queda es la movilización callejera?
NOTA DEL AUTOR: El autor de esta nota se hace exclusivamente responsable de todo lo que aquí se publica y deslinda de toda responsabilidad civil y/o penal al director Marcelo Sapunar.

Columnista invitado
Carlos Benedetto
Museólogo, docente jubilado y presidente de la Federación Argentina de Espeleología. Escritor y periodista. Miembro de la Comisión de Ambiente del Instituto Patria. Director del quincenario Sin Pelos en la Lengua. Agrupación Luis Barahona, Biblioteca de la Memoria Jaime De Nevares, Malargüe.
Notas
1) https://www.minutoya.com/nota/156053-ianigla-en-zona-de-cerro-amarillo-hay-47-glaciares-que-podrian-perjudicarse/
2) https://marcelosapunar.com/2023/02/24/hay-o-no-hay-cavernas-en-cerro-amarillo-gobierno-flojo-de-papeles-por-carlos-benedetto/
3) https://sinpelos2011.wordpress.com/2016/08/20/espeleo-trolls/
4) http://fade.smartnec.com/images/prod/hLV7l22dr4c2gddqbAV8PnZLwSxRCi.pdf
5) https://sinpelos2011.files.wordpress.com/2016/08/3-denuncia-dge-la-rosa.pdf
6) http://fade.smartnec.com/images/prod/soqDLy2tH7Vp0oJVQNsvyNiMD7gUHS.pdf
7) https://www.mdzol.com/politica/2023/3/1/cerro-amarillo-es-el-fiel-reflejo-de-nuestra-clase-politica-318612.html













