21 de noviembre de 2024
12:52hs.
“Nuevo Código de Aguas
“Un debate clave que toca un pilar de Mendoza y que comenzó de la peor manera
“Irrigación destrató y desoyó muchos de los aportes que hicieron especialistas del agua a los que había convocado. El rol de los israelíes y el riesgo institucional que arrastra el plan de Marinelli.
“Manuel Bermejo, Julián Barraquero, Elías Villanueva, Tiburcio Benegas, César Cipolletti, Julio Ballofet. Solo por mencionar a los más trascendentes, ese podría ser el listado de los grandes protagonistas de la historia mendocina que, entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, diseñaron un andamiaje jurídico e institucional para el manejo del agua en este desierto que no solo cumplió aquel objetivo de mínima que seguramente se deben haber planteado. La ley de Aguas sancionada en 1884, por caso, vino a instaurar los cimientos conceptuales para los recursos hídricos como bien público y en los primeros 30 años de su vigencia sirvió para duplicar la extensión del área cultivada de la provincia. Ese grupo de abogados y dirigentes políticos consiguió asimismo, a través de la sanción de esa Ley y de lo que se estableció años después en la Constitución provincial de 1916, establecer uno de los pilares institucionales basales para el desarrollo de Mendoza que perdura hasta nuestros días. Ahora, 140 años después dos dirigentes centrales de la vida pública de nuestros días, el gobernador Alfredo Cornejo y el “gobernador del agua” Sergio Marinelli en su rol de Superintendente del Departamento General de Irrigación, quieren agregar sus nombres a ese listado patinado de bronce: aspiran a proyectar de acá en más la forma en que, durante el próximo medio siglo al menos, manejaremos el recurso a través de la discusión de un nuevo Código de Aguas que actualiza y modifica la legislación vigente.
“En un punto, esta pretensión tiene un costado más que lógico. La vieja ley de 1884 fue sancionada para apostar al crecimiento y desarrollo de una provincia que, según el censo de 1895, tenía 116.000 habitantes y un área irrigada que apenas rondaba las 30.000 hectáreas. Hoy Mendoza está habitada por alrededor de 2.000.000 de personas de las cuáles el 60% reside en el área metropolitana y consume de manera directa o indirecta casi 700 litros per cápita y por día. La zona productiva, la componen cerca de 325.000 hectáreas de cultivos para irrigar. En el larguísimo recorrido de este casi siglo y medio, se han dictado centenares de normativas y una gran cantidad de modificaciones que demandan, en definitiva, de un nuevo ordenamiento. El punto es cómo lo está encarando el gobierno a este proceso necesario, aunque muchos hacen la salvedad de que no sería imprescindible.
“Si se quiere, Marinelli empezó a desplegar con mucho criterio su ambición. Pero defeccionó a poco de andar. Tras haber tomado la decisión política de avanzar en la elaboración de un nuevo Código, convocó a un grupo de especialistas para que trabajaran en su redacción de manera coordinada con los abogados e ingenieros de Irrigación. Esa convocatoria abarcó a verdaderos pesos pesados del tema en la provincia: se conformó una mesa en la que se sentaron Miguel Mathus Escorihuela, quien es la autoridad jurídica máxima en materia de agua en Mendoza y ha participado de la redacción de leyes en varias otras provincias a lo largo de décadas.
“Se lo llamó a Arturo Lafalla, exgobernador, a Alejandro Pérez Hualde, exmiembro de la Suprema Corte y dos consultores en materia de agua de renombre internacional. Uno de ellos es Miguel Solanes, exasesor Regional en Derecho de Aguas y Regulación de Servicios Públicos de la Cepal, y a Javier Zuleta, quien trabajó para el Banco Mundial y además es uno de los cuadros técnicos salido del propio DGI en donde trabajó durante mas de veinte años antes de seguir su carrera en el exterior en donde ya lleva otro tanto. ¿Qué hizo la conducción de Irrigación ante estos especialistas a los que convocó? Destratarlos. Y bastante.
“Durante tres meses al menos, se sucedieron las reuniones y los contactos por mail para avanzar con la nueva norma. Pero algo llamó la atención desde el principio: los abogados oficiales solo se limitaban a pedirles opiniones por partes del nuevo Código y les retaceaban la información acerca del contenido completo de las reformas. Cuando los pedidos de estos cinco para estudiar la totalidad de lo que se pretendía modificar se hizo insistente, les mostraron finalmente el contenido completo pero con un resultado inesperado. Mientras todavía estaban discutiendo modificaciones y haciendo sugerencias para incorporar al texto Irrigación dio por concluida la participación de los especialistas en el debate y envió su proyecto a la Legislatura.
“Mathus y compañía se enteraron de que había una redacción definitiva y que además Irrigación pretendía acelerar los tiempos de manera tal que la intención era someterlo a su debate en ambas Cámaras durante el mes de septiembre. “Nos dimos cuenta en ese momento de que habían un montón de preguntas que habíamos hecho que no nos contestaron y de que, además, habían un montón de cosas que habíamos sugerido que no las habían incorporado”, contó a MDZ uno de los fallidamente convocados por Marinelli.
“La reacción de este grupo de especialistas ante ese trato fue, si se quiere, moderada. Optaron por no romper y no confrontar, pero sí hacer públicas sus diferencias con el proyecto que finalmente fue presentado. Lo hicieron a través de la redacción de una larga nota que le enviaron al superintendente y que además hicieron pública. Cuando el malestar de los cinco comenzó a trascender, Marinelli intentó frenar el descontento: el abogado de Irrigación, Mauricio Pinto, finalmente les respondió las preguntas que habían hecho durante el extenso proceso de debate interno. Les escribió el jueves último, feriado, a las 10 de la noche y 48 horas después de que el plan oficial se presentara en público. Con este antecedente, el debate en la Legislatura seguramente arrancará mal sobre todo por el lado de la oposición. para una reforma de una trascendencia tal que el oficialismo no debería aprobar sólo con la fuerza de sus mayorías.
“En esencia lo que plantean Mathus, Pérez Hualde, Zuleta, Solanes y Lafalla son varias cuestiones. Por un lado el propio Mathus Escorihuela describió al proyecto de Irrigación como “regular” desde lo técnico y también consideró que, si bien es necesario un aggiornamiento de la vieja legislación, esta se podría haber realizado a través de una modificación de la histórica norma de 1884 y no con la elaboración de un nuevo Código. En ese sentido comparte el criterio de Pérez Hualde, para quien el derecho moderno no pasa ya por la elaboración de códigos de laboratorio sino por establecer metodologías de procedimientos. En el aspecto jurídico, plantean sus objeciones en aspectos como la caducidad de las concesiones o la injerencia que se pretende a futuro por parte del sector público en lo que, para la ley actual, son aguas privadas como es el caso de las vertientes. Tampoco, entienden, se ocupa el texto de establecer instrumentos eficaces para la solución de conflictos judiciales que seguramente sobrevendrán. Esto no es novedad en el mundo jurídico: las normas que se dictan no son inocentes y siempre hay sectores que se benefician y, por supuesto, que también se perjudican.
“El otro aspecto que observan está relacionado a que entienden que la nueva ley no describe con claridad “las funciones y estructura del Departamento de Aguas (así será su nueva denominación) que serán más amplias que las del actual DGI” y uno de los cuestionamientos medulares: Irrigación no puede plantear un nuevo Código, sin antes tener terminado un plan hídrico para determinar qué sucederá con el manejo del agua en el futuro cercano.
“Aspectos de la falta de planificación. Si bien las crisis hídricas son recurrentes y año a año se vienen acumulando períodos de emergencia, agua no nos falta y no nos faltará. Basta ver el dique Potrerillos para comprobar que (según estimaciones) se acumulan allí “aguas crudas” como para abastecer a otra Mendoza si hiciera falta. Pero está claro que con los altísimos niveles de consumo, más los niveles de ineficiencia y si se cumplen las predicciones de cómo afectará el cambio climático, el problema grave llegará indefectiblemente. ¿En cuanto tiempo? Nadie puede estipularlo. Pero lo que sí todos coinciden es que estamos a tiempo todavía de evitarlo.
“La falta de inversiones fue un elemento importante para llegar a este estado de cosas. Aunque aquí el efecto se sintió más en Aysam que en Irrigación. Si bien de los 12.000 kilómetros de canales que integran el sistema de riego de la provincia solo están impermeabilizados unos 1.800 kilómetros aproximadamente, en los últimos 40 años las inversiones en Irrigación permitieron, ante un escenario de disminución de agua, al menos mantener el status quo. Y allí es donde está el nudo: si bien reservas de agua tenemos, la situación es crítica en cuanto a la producción de agua potable.
“En este punto, el aspecto clave que se está reclamando. Mendoza está en pleno proceso de elaboración de su plan hídrico con la colaboración de la empresa estatal israelí Mekorot. Israel es hoy el país de avanzada a nivel mundial y maneja el recurso del agua de una forma que, visto a la distancia, está a años luz de lo que debería ser Mendoza.
“Lejos, pero muy lejos de lo que sucede aquí, desde hace décadas se desalienta el uso de consumo de agua dulce para jardines y se siembran nubes, no para combatir el granizo, sino para aumentar las lluvias. Y un elemento central: se arregla la infraestructura antes de que empiecen las pérdidas y cuando los caños ya están rotos, se los arregla de inmediato. En Mendoza el 50% de la red de aguas y cloacas tiene una antigüedad que requiere su renovación. Una parte de ese 50% está instalada hace un siglo aproximadamente y es de hierro y la otra, mayoritaria, de cemento y asbesto, data de alrededor de 65 años en servicio. Las demoras en reparar las pérdidas tardan días en la mayoría de los casos. ¿Estará en el plan de Marinelli revertir esto? Todavía no se sabe.
“Mekorot fue creada hacia finales de los años 30 y llevó al país enclavado en medio de un desierto, a tener abundancia del recurso y a manejarse con independencia del impacto de los fenómenos climáticos hacia principios del siglo XXI. El activista y escritor norteamericano, Seth Siegel, describió como ninguno el fenómeno israelí en esta materia en su libro “El Agua, La solución de Israel para todo el mundo”. Allí, entre una gran cantidad de conceptos, dejó uno que explica el recorrido para llegar a ese resultado: “Este cambio drástico fue posible gracias a los anteriores 70 años, periodo en el cual un plantel de ingenieros, científicos y políticos brillantes desarrolló la experiencia de la tecnología y la estructura hídrica del país. Entre estos líderes y visionarios, desarrollaron una filosofía pragmática respecto del agua que sirvió de directriz para aquellos que los sucederían”. A la luz de cómo destrató Irrigación a los especialistas de Mendoza hasta acá, será difícil llegar al mismo logró que los israelíes si se insiste con ese camino.
“Miguel Mathus, la mayoría de los expertos e incluso el personal de carrera del propio DGI miran de reojo a la injerencia de los israelíes en el plan hídrico que se está desarrollando. “La tranquilidad que podemos tener nosotros como mendocinos (y lo digo porque conozco a especialistas de todo el mundo) es que no hay en Mendoza ningún tema vinculado al agua que no se haya estudiado. Lo que pasa es que no se han llevado adelante planes y proyectos o por falta de tiempo, o por falta de dinero, o por desinterés de los gobiernos. Pero gente y conocimiento sobre el agua, no nos falta”, sentenció Mathus.
“En ese sentido, desde que el acuerdo se firmó, no fueron pocas las voces que se alzaron planteando que la provincia debería haber aprovechado su acuerdo con Mekorot para que le aporte lo que no sabe hacer. Y no lo que ya desde hace décadas sabe cómo hacerlo pero que por diversas circunstancias no lo hace. ¿Qué cosa hacen los israelíes como nadie en el mundo? Por ejemplo dos que acá tendrían un impacto fenomenal si se aplicaran. Por un lado avanzar más de lo que se está haciendo en relación al tratamiento de los efluentes cloacales y comenzar a estudiar la forma en que se podrían llegar a desalinizar los acuíferos. En Israel, en este sentido, hace casi dos décadas se logró desalinizar el agua del mar y eso hizo que en la actualidad se haya logrado cubrir con ese proceso al 80% del consumo de los israelíes.
“Mekorot desembarcó hace un par de años nada más cuando Rodolfo Suarez como gobernador y Marinelli por parte de Irrigación, firmaron el convenio que está vigente hoy. No fuimos la única provincia en hacerlo: luego de una gira de gobernadores por Israel que se hizo en el 2022 y que fue encabezada por el exministro del Interior, Wado de Pedro, a esta altura ya son doce las provincias que tienen acuerdos similares al de Mendoza. En Rio Negro, hace poco más de un mes, estalló un escándalo por un acuerdo de características casi idénticas al suscripto por Mendoza: luego de mantenerlo en secreto por más de un año, el gobierno rionegrino se vio obligado a hacer públicos los términos del contrato firmado con la empresa y se supo que aceptó cederle la propiedad intelectual sobre la información hídrica y geológica de la provincia a Mekorot.
“La empresa del agua israelí es estatal, pero no deja de ser una empresa y persigue intereses. ¿Cuáles? No están claros aún, pero algunas pistas ya pueden descubrirse. Esa información sobre el recurso hídrico es vital, por caso, para emprendimientos mineros. Mekorot tiene firmados acuerdos para el desarrollo de planes hídricos en todas las provincias del Norte incluida Jujuy, por caso, en donde ya una empresa de capitales israelíes anunció su intención de extraer litio y empujada, además, por los beneficios del RIGI.
“Por último la alarma que más sonó al conocerse el proyecto de nuevo Código son de índole política y con un riesgo institucional de trasfondo. Por un lado se establece la regulación para limitar las reelecciones de los inspectores de cauce en donde las autoridades de Irrigación entienden hoy que tienen un caudal opositor o un “río peronista”, como se lo describe. Peo no se mete con un aspecto central : la forma en que son elegidos los delegados de los cinco consejeros de los ríos, que conforman el Honorable Tribunal Administrativo del DGI, un órgano de relevancia para el control del Superintendente. Allí se reclama mayor participación de los regantes en su selección para que después los vote el Senado, para licuar el peso del dedo del gobernador en esa elección como ocurre en la actualidad. El HTA está conformado hoy por Gustavo Villegas, consejero del rio Atuel y además presidente del HTA, Alejandro Gennari (río Mendoza), Eloy Guerrero (río Tunuyán inferior), Omar Sorroche (Tunuyán Superior) y Gustavo Ruiz (río Diamante) y todos, más cercanos o más alejados, están vinculados al oficialismo.
“Pero el punto está en esto: se establece un orden de prioridades para el uso del agua (no se modifica la histórica prioridad del uso humano) pero ese orden puede modificarse por pedido del Poder Ejecutivo. O sea que, si el Gobierno considera que hay razones económicas que ameritan cambiar las prioridades y las puede fundar “fehacientemente” en un caso específico, lo puede hacer. Y aquí se agregan en el articulado dos menciones especiales para dos actividades que generan controversia: el petróleo y la minería. Los controles serán aquí un aspecto fundamental y más si se tiene en cuenta de que el actual superintendente quedó pegado a varios episodios muy sospechosos de buscar favorecer a privados en lo que lleva de gestión.
“Dicho en otros términos, el gobernador de la provincia podría terminar metiendo la cuchara en la distribución del agua de riego cosa que hoy, al menos en los papeles, tiene vedado debido al rango de autarquía que la Constitución le otorgó a Irrigación en 1916.
“Sería un cambio y un daño a uno de esos pilares fundacionales que establecieron los constituyentes de principios del siglo pasado. En aquella oportunidad, se establecieron tres bases inéditas en la historia institucional del país que como se dijo (junto a la ley de Aguas del 1884) diseñaron la Mendoza tal cual la conocemos hoy. Nuestra Carta Magna le otorgó rango constitucional no solo al manejo del agua generando un organismo autónomo de las decisiones del mandatario de turno , sino que además apostaban a separar a la política de otras dos herramientas claves para el crecimiento: la educación y la economía. Tanto es así que aún por estos días la Dirección General de Escuelas tiene rango constitucional y, hasta su existencia, los directores del Banco de Mendoza también debían tener acuerdo del Senado para su designación. Los bancos ya no están y el director de Escuelas es desde hace tiempo un ministro más del gabinete, precisamente, porque la política metió la cuchara.
“Ante un gobernador como el que está hoy sentado en el sillón de San Martín que, como es sabido, mantiene una voracidad política única por ocupar todos los espacios el riesgo de avanzar en una reforma del manejo del agua tal como está planteada implica un riesgo para ese único pilar constitucional que todavía queda en pie.
“Mdzol.com
“Marcelo Arce
“29 de julio de 2024”.
Foto: Gobierno de Mendoza; Santiago Tagua / Mdz
