18 de agosto de 2025
00:11hs.
“Divide et impera” decía un general romano que quiso -y no pudo- ser emperador (Julio César) a modo de consejo sobre qué hacer para dominar a un pueblo: dividirlo, que se peleen entre ellos, que se maten entre ellos. Nuestro Martín Fierro lo dijo de otra manera: “si entre ellos pelean los devoran los de afuera”.
Hoy decimos que asistimos, en algunos espacios, a la “lucha entre pobres”, y el caso más patético es el de los uniformados pegándole a los jubilados, como aquel policía Chocobar, alentado a reprimir ilegalmente y luego abandonado por sus mandantes: terminó preso y hoy vende medias baratas en una plaza de Buenos Aires.
Chocobar era un pobre matando a otro pobre por orden de los ricos, y cuando debió intervenir la Justicia, sus mandantes lo largaron en banda, como ya habían hecho con los milicos del “Proceso” que terminaron presos; en 18 años que llevan los juicios por crímenes de lesa humanidad no hay “peces gordos” empresariales en cana, y me refiero a quienes participaron activamente de la represión ilegal (Blaquier, por ejemplo, que Dios lo tenga en su gloria, bien agarrado para que nunca vuelva).
En la militancia ambiental también pasan cosas: rivalidades, divisiones por estupideces, celos y recelos personales, afanes de figuración varios, aceptación de regalos y carguitos, etc.
En Malargüe tuvimos un caso en 2022, cuando llegó a su punto álgido la creación del Parque Espeleológico Poti Malal y la constitución (previa sentencia judicial) propiciada por la Federación Argentina de Espeleología (FAdE) , de re-conformación del Consejo de Arraigo del Puestero (Ley 6086). Espeleólogos ambientalistas (porque hay de los otros, que asesoran a este gobierno) y pequeños productores ganaderos transhumantes estaban unidos por ese objetivo: convertir a Poti Malal, como subcuenca del arroyo homónimo que alimenta al Río Grande (y éste al Colorado), en una reserva, para proteger las cuevas, pero también a los puesteros que las cuidan y a sus viejas casas que podrían reciclarse en “museos in situ”, por ejemplo. Un área protegida regida por las generales de la ley de con manejo y gobernanza.
Lo del Consejo de Arraigo fue mandado al muere por dos funcionarios claves: Nadia Rapali y Humberto Mingorance, que hacen el trabajo sucio para Cornejo y su patota.
Respecto del ánimo de los puesteros, fue dado vuelta en un “taller” que se hizo en Malargüe y otro en Las Loicas, donde quedaron convencidos de que “el problema son los espeleólogos”, no las megacorporaciones. Hoy sabemos que Poti Malal forma parte del Malargüe Distrito Minero Occidental – MDMO (1).
Nos llama la atención que muchos de los argumentos que usan los defensores de la extranjerización del territorio son los mismos aquí, en Uspallata y en toda la cordillera. Decimos “Uspallata” porque recientemente hubo “desórdenes” que fueron reprimidos por los capataces de los capitales foráneos, es decir, el Gobierno y sus fuerzas de seguridad. Hasta tenemos un preso político, Mauricio Cornejo, detenido hace un mes sin proceso (ahora le dieron prisión domiciliaria) y en mal estado de salud, pero de quien rescatamos la sonrisa franca de la foto.
Y nos preguntamos cómo será el próximo 24 de marzo, habida cuenta de la crispación que están provocando los trolls de LLA, tanto en la Nación como en nuestra provincia.
Los mismos argumentos en Uspallata y en Poti Malal. Veamos si no, lo que dice uno los flyers que nos llegaron desde Campana, Buenos Aires, en los que se rechaza el proyecto de área protegida, como en 2022 hicieron algunos “puesteros” del sur.
Rechazar un área protegida propuesta en su momento por un puestero y que el rechazo lo verbalice otro puestero. ¿Es raro, no? Bueno, en Uspallata observamos algo equivalente.
Otros flyers crean confusión sobre esta falsa dicotomía, poniendo en el medio a una Fundación Natura, de dudosa procedencia.
La FAdE pide el apartamiento de la justicia provincial en el caso del MDMO
Respecto del Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO), ya en diciembre advertíamos que este tema generaría conflictos interprovinciales (2). La FAdE había presentado, en agosto, una denuncia en el Juzgado Federal de San Rafael, en virtud que consideraba que estábamos frente a un conflicto en el que debería intervenir el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO).
El juez federal interviniente dictaminó de manera opuesta, o sea, se declaró incompetente; y dio traslado a la Justicia provincial, específicamente a la Fiscala Gabriela Lorente, Malargüe.
Esperamos al fin de la feria judicial para presentarnos, y allí nos encontramos con que el expediente no había llegado aún, a pesar del largo tiempo transcurrido. Al fin, en marzo, una empleada nos dijo que esa pieza administrativa ahora tenía el Nro. P. 104077/24 (la original federal de la FAdE era COIRON 176874/2024), y que la fiscala estaba investigando el caso y había mandado pedir informes al IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología y Glaciología) y al IADIZA (Instituto Argentino de Investigaciones en Zonas Áridas). Informes que, obviamente, la FAdE ya poseía.
Así, este lunes 17 se presentó un escrito de 68 páginas dirigido a la Fiscala, para pedirle que se desvincule de la causa y la devuelva a la jurisdicción federal, con consideraciones sobre el “caso Poti Malal”, por supuesto. De esa nota y sus anexos hacemos un resumen:
“Habiendo tomado conocimiento que el Sr. Juez Federal Dr. Puigdéngolas declaró su incompetencia en el tema del proyecto Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO) por considerar que no estaba probada la interjurisdiccionalidad del conflicto, y que había girado las actuaciones a la Fiscalía a su cargo, nos permitimos solicitar se reconsidere esta situación, para lo cual se adjunta la siguiente documentación:
⦁ Compilado de comunicaciones de distintas asociaciones civiles de las provincias de Mendoza, Neuquén, Río Negro, Buenos Aires y La Pampa, reclamando la intervención del COIRCO, lo que indica que el conflicto planteado no perjudica potencialmente sólo a la provincia de Mendoza.
⦁ Informe del IADIZA – Instituto Argentino de Investigaciones en Zonas Aridas (25 fojas) a la autoridad minera de Mendoza en el expediente IF-2024-06532848-GDEMZA-MINERIA donde se advierte sobre la pobreza y desactualización de los informes de impacto de los proyectos sobre el patrimonio natural. Asimismo el IADIZA advierte sobre la no aplicación de las leyes nacionales de presupuestos mínimos sobre temas ambientales, que son de cumplimiento obligatorio en las provincias (Tratado de Escazú, Ley General de Ambiente de la Nación, etc.). Dicho informe cita reiteradamente el informe negativo de la FCAI – Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la Universidad Nacional de Cuyo, donde se hacen señalamientos similares.
El informe se refiere detalladamente a la indefensión de las áreas protegidas, incluso Caverna de Las Brujas, que nos preocupa particularmente, dado que se trata de un sistema kárstico de dimensiones aún no estudiadas. También nos preocupa el Valle de Poti Malal, que se verá afectado por los proyectos mineros, y que ha sido objeto de proyectos aprobados y luego abandonados por el Gobierno Provincial, para la creación del Parque Espeleológico Poti Malal. El río Poti Malal, debe decirse, es el centro de una subcuenca de la subcuenca del Río Grande, ya que desemboca en el mismo; o sea que es afluente del Río Grande, el cual es afluente del Colorado, por lo que es jurisdicción del COIRCO. El mismo informe del IADIZA señala que hay deficiencias en la elaboración de los mapas, y que algunos proyectos abarcarían parte del territorio chileno. El IADIZA insiste en la necesidad de consenso social, y esto nos remite al punto anterior, donde señalamos el reclamo de las distintas asociaciones de las cinco provincias del COIRCO.
⦁ Informe sectorial del IANIGLA – Instituto Argentino de Nivología y Glaciología (9 fojas) – IF-2024-06427708-GDEMZA-MINERIA. Además de otras consideraciones, en la página 6 de ese informe se afirma taxativamente que “muchos de los proyectos se encuentran en las nacientes del Río Colorado” y hace recomendaciones que obligan a retrotraer todo el proyecto a fojas cero.
⦁ Denuncia de la FAdE por falencias en el catastro de cavidades naturales (Ley 5978) utilizado para el proyecto. Denuncia del 12 de diciembre ppdo. EX-2024-09434717- -GDEMZADRNR#SAYOTGDEMZA NO-2024-09435409-GDEMZADRNR#SAYOT en el que advertimos las consecuencias de no haberse realizado trabajos de campo espeleológicos y se señala a los responsables de la paralización del proyecto Parque Espeleológico Poti Malal originalmente autorizados por Resolución DRNR 1485/2017, y relacionamos esa negativa con el hecho de que las cavernas de ese valle corren riesgo de destrucción. Es de destacar que el interior de muchas de esas cavidades contiene acuíferos endocársticos. A modo de ejemplo, la Cueva de San Agustín, en Poti Malal, contiene cuatro lagunas subterráneas, cuyas aguas drenan hacia el río Poti Malal; esas aguas tienen como destino final el Océano Atlántico. En función de ello solicitamos a la autoridad de aplicación de la Ley 5978, que se de intervención al COIRCO, por lo expresado más arriba y se investigue el incumplimiento de la res. 410/2002 referido a catastro y registro de espeleólogos, y por eventual ocultamiento de información espeleológica ambiental, e incumplimiento de la res. 1485/2017 al no permitir la continuidad de las exploraciones, y de la Ley 5978, que otorga ese derecho a los que descubrimos e investigamos cuevas. Asimismo solicitamos a la autoridad de aplicación de la ley 5978 se labre sumario administrativo contra funcionarios que están incumpliendo la ley” (ver anexos en citas 3, 4 y 5).
Finalmente la nota dice: “entendemos que la interjurisdiccionalidad del conflicto está demostrada en la documentación adjunta: la afectación de una cuenca hídrica interprovincial. Por lo tanto, no consentimos la jurisdicción provincial mendocina y bregamos por la jurisdiccionalidad federal. Es por ello que, respetuosamente, solicitamos su apartamiento de esta causa y la devolución de la misma al fuero federal”.
La FAdE luego tomó contacto con concejales de General Alvear, San Rafael y Malargüe, para pedir apoyo a este reclamo de apartamiento, pero aún no obtuvo respuesta. Sería importante que los ambientalistas de otras latitudes tomaran partido, aquí tienen una oportunidad: la Fiscalía de Instrucción en Malargüe se encuentra en la calle Valle Hermoso esquina Jalil Nasser CP 5613. Teléfono 2604470105, correo: ufimalargue@mpfmza.gob.ar.
Allea jacta est (6).
Columnista invitado
Carlos Benedetto
Museólogo, profesor de Historia jubilado y presidente de la Federación Argentina de Espeleología (FAdE). Escritor y periodista. Miembro de la Comisión de Ambiente del Instituto Patria. Co-fundador de la Biblioteca de la Memoria Jaime De Nevares (2007) y de la Agrupación Luis Barahona (2018), Malargüe. Colaborador de nuestro diario desde -casi- los orígenes, en temas históricos, políticos y ambientales. Para conocer toda su producción mirá aquí.
Notas
⦁ https://marcelosapunar.com/2022/11/04/el-ordenamiento-territorial-hace-agua-por-donde-se-lo-mire-2-por-carlos-benedetto/
⦁ https://marcelosapunar.com/2024/12/23/tension-interprovincial-por-el-proyecto-minero-mdmo-por-carlos-benedetto/
⦁ El compilado de esta documentación puede descargarse de http://fade.smartnec.com/images/prod/1wa6JdH7aVZEESQJvA6rOFFk2Vv81m.pdf.
⦁ Denuncia del mes de diciembre ppdo. mencionada: http://fade.smartnec.com/images/prod/UdT7p7OKSUZ6e4nsOeUMdscszpvNjZ.pdf.
⦁ La denuncia original puede descargarse de http://fade.smartnec.com/images/prod/cFTmvkMeGLeIqIXdI87aBKsNPVLXLk.pdf
⦁ “La suerte ya está echada” … Julio Cesar al cruzar el Rubicón
