Cornejo... sin orden judicial, la Policía irrumpió en una reunión de Ni Una Menos -

“El mismo día del octavo femicidio

“Sin orden judicial, la Policía irrumpió en una reunión de Ni Una Menos para identificar a sus asistentes

“La tarde del lunes 2 de septiembre, efectivos de la Policía de Mendoza irrumpieron sin orden judicial en la asamblea mensual del colectivo feminista Ni Una Menos, realizada en la sede de la Fundación Ecuménica de Cuyo. El ingreso de los uniformados, que exigieron datos personales de las asistentes, fue denunciado como un acto de hostigamiento institucional y vulneración de derechos constitucionales.

“La asamblea, convocada para debatir acciones frente a la violencia de género y el abandono estatal, se desarrollaba en un espacio cerrado, pacífico y autogestionado. La presencia policial, sin justificación formal ni aviso previo, generó alarma entre las participantes.

“”No es la primera vez que nos ocurre ni es la primera vez que nos vemos ante la necesidad de repudiar este accionar. Ya en otras oportunidades se han acercado a preguntar por la participación de determinadas compañeras, muchas de ellas perseguidas. En nuestras Asambleas realizadas en ámbitos institucionales y en lugares públicos han llevado adelante prácticas de seguimiento y amedrentamiento, hemos debido soportar la presencia excesiva de las fuerzas de seguridad y gente tomando fotos de quienes ejercemos nuestro legítimo derecho de asociación y reunión”, señalaron en un comunicado.

“Un nuevo femicidio el mismo día

“El hecho se produjo en un contexto de extrema gravedad: ese mismo día se confirmó el octavo femicidio en lo que va del año en Mendoza, superando el total registrado en 2024. La víctima, Sandra Norma Sánchez, fue asesinada en Las Heras, y su nombre se sumó a una lista que crece sin respuestas estatales efectivas.

“Desde el colectivo Ni Una Menos señalaron que la coincidencia entre el crimen y el hostigamiento policial no es casual, sino parte de un modelo represivo que busca silenciar la organización feminista y deslegitimar sus denuncias. “Mientras nos organizamos para exigir justicia, el Estado nos vigila y nos hostiga”, expresaron en un comunicado público.

“Antecedentes de persecución

“La irrupción policial no fue un hecho aislado. En los últimos meses, Ni Una Menos Mendoza ha denunciado seguimientos, presencia intimidatoria de fuerzas de seguridad en actividades públicas y una “creciente persecución a militantes sociales, ambientalistas, jubilades y trabajadores”. La criminalización de la protesta y el hostigamiento a espacios de memoria, asambleas gremiales y encuentros feministas se ha vuelto una constante bajo la gestión del gobernador Alfredo Cornejo.

“”El avance sobre derechos constitucionales primordiales garantizados por la Constitución Nacional, se ha convertido en un modus operandi constante. No sólo hacia nuestra organización sino hacia cada organización social y política que resiste la pérdida de derechos que estamos sufriendo bajo este modelo actual”.

“El colectivo denunció que la Dirección Provincial de Género permanece acéfala desde hace semanas, lo que refuerza la percepción de desinterés oficial en políticas de prevención, acompañamiento y reparación. “No hay Estado presente para prevenir los femicidios, pero sí hay Estado para perseguirnos”, señalaron.

“Exigencias y responsabilización

“Ni Una Menos exigió al Ministerio de Seguridad una respuesta formal mediante pedidos de informe, y responsabilizó al gobierno provincial por cualquier daño a la integridad física y emocional de quienes luchan por sus derechos. La organización reafirmó su compromiso con la acción colectiva, la memoria feminista y la denuncia pública de toda forma de violencia institucional.

“En el documento indicaron también: “Seguiremos resistiendo, en un país donde tanto el gobierno Nacional como el Provincial se dedican a:

“• reprimir jubilades que luchan por una jubilación digna, criminalizar a quienes luchamos por proteger el agua y los bienes comunes,
“• a quitar a personas con discapacidad toda ayuda posible mientras las sospechas de coimas afectan las instituciones del Estado,
“• a afectar los derechos de niñas, niños y adolescentes,
“• a hambrear a las y los trabajadores de la salud y a nuestras docentes, y a ordenar la presencia de más efectivos policiales en nuestras marchas”.