16 de abril de 2026
04:42hs.
Ni la tierra ni las mujeres somos territorios de conquista o explotación
Cuando hablamos de la Ley 7722 y el cuidado del agua es muy difícil no irse por las ramas, y hablar de todas las realidades y los ámbitos que atraviesa. Por esa razón vamos a contarles nuestra experiencia con el cuidado del agua y la Ley 7722, desde el principio. Y si del principio se trata, vamos a hablar desde el “ADN de nuestro pueblo”.
El ADN del pueblo de Mendoza está compuesto de muchas formas que cada mendocinx podría enumerar, pero nosotras vamos a señalar una muy importante y protagonista en esta historia: “El cuidado, de nuestro bien común más preciado, el agua”. En el pueblo mendocino es histórica la lucha por el agua y el cuidado de la misma. Desde que somos niños, niñas y niñes aprendemos colectivamente a cuidarla, a no derrocharla y ser responsables de su uso.
Esto ocurre a partir de luchas de las organizaciones y del pueblo que veían las consecuencias de los desastres producidos en otras provincias que realizaban explotaciones megamineras metalíferas, utilizando sustancias químicas que contaminaban el agua. En los departamos de San Carlos y General Alvear, en el año 2007, nace la Ley 7722 para cuidar y proteger nuestro bien común, que rápidamente se transformó en una bandera de cientos de miles de mendocinos y mendocinas.
Cuando en el año 2019 el oficialismo de la Provincia -encabezado por el radical Rodolfo Suárez- envió un proyecto de ley que modificada la 7722, el pueblo mendocino salió a las calles nuevamente a defender el agua. Fue aquí donde nosotras entramos en la historia. Desde los feminismos, el movimiento NI UNA MENOS, el COLECTIVO LGTTBIQ de Mendoza, sabíamos que nosotras -las mujeres, trans, travestis, lesbianas- íbamos a ser las más perjudicadas con la modificación de esa normativa. Por eso decidimos levantar la consigna de nuestras hermanas latinoamericanas “NI LA TIERRA NI LAS MUJERES SOMOS TERRITORIOS DE CONQUISTA” y así comienza el recorrido y nuestro aporte a la lucha por el cuidado del agua y de la ley 7722.
Sabemos que en el sistema patriarcal en el que vivimos, mientras los cuerpos de los varones provienen de una historia de poder y libertad, los cuerpos de las mujeres y cuerpos feminizados tenemos una historia de opresión, maltrato y marginación. Nuestros cuerpos son subordinados históricamente a la función reproductora y reducidos a objetos de placer. Una vez más, nuestros cuerpos son anulados autónomos y sometidos al dominio. Las actividades megamineras, entre otras, alteran los ciclos de reproducción de la vida, a través de la contaminación y desaparición de las fuentes de agua, aire y tierra, aumentan la feminización de la pobreza ya que las actividades ecológicamente distorsionadoras provocan escasez de bienes naturales (disminución del agua, de la fertilidad del suelo y de la riqueza genética). Estos son fundamentales para las economías de subsistencia. Cuando la economía de mercado absorbe estos recursos para la producción de mercancías nos empobrece a las mujeres, sobre todo a las mujeres de los sectores populares. Esto aumenta el costo de los servicios imposibilitando el acceso a los bienes comunes, por lo tanto a nuestros derechos. Este tipo de emprendimientos donde se utilizan nuestros bienes comunes de forma desmedida, nos obligan a las mujeres a participar de manera forzosa y desigual en formas de producción que nos excluyen y nos hacen soportar los peores costos.
Cuando se instalan las mineras o petroleras en nuestros territorios, el predominio de los varones aumenta, ya que la megaminería es una actividad que demanda principalmente su mano de obra, provocando la evidente “masculinización” de los territorios. Las mujeres caemos en mayor dependencia económica con respecto a los varones y consecuentemente en mayores niveles de violencia. Ésta situación, y las escasas oportunidades laborales para las mujeres y diversidades en el sector minero, amplía las desigualdades y nos reubica forzosamente en el ámbito doméstico y privado o como objeto sexual, excluyéndonos de las escena de lo “público”.
A la vez que la migración temporal (laboral) de empleados genera procesos de especialización entre la producción (cercanía a los sitios de extracción) y la reproducción (hogar, distancia al sitio de extracción), perpetúan roles de género y ahondan desigualdades económicas, sociales y políticas. Ese espacio masculinizado genera nuevos hábitos cotidianos en relación con el territorio, el medio ambiente, la familia, y con respecto a las relaciones de género. Por lo tanto, resulta fundamental evidenciar que los procesos megamineros implican trabajo no remunerado ni reconocido para mujeres y diversidades.
También existe un vínculo manifiesto entre la trata con fines de explotación sexual y los territorios megamineros y petroleros. Los grupos de trabajadores que viven en estos sitios, muchas veces aislados, cerca de las minas, se convierten en un mercado activo para los tratantes.
La ruta de la trata en Argentina inicia con la captación (propuestas laborales engañosas, artilugios de enamoramiento por parte de captadores para posterior entrega, etc.) de mujeres, adolescentes y niñas de poblaciones vulneradas, en contextos de violencia y de pobreza. Principalmente del Noroeste y Noreste de nuestro país, y de países limítrofes como Bolivia y Paraguay, En el 90% de los casos somos mujeres jóvenes buscando trabajo. Luego somos llevadas bajo engaño a Buenos Aires y localidades del centro del país, desde donde somos trasladadas hacia la Patagonia a prostíbulos, cantinas, pub´s y bares, en pueblos o campamentos mineros y petroleros.
Un claro ejemplo fue presentado en el informe anual 2018 de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (ProTEx) -dependiente del Ministerio Público Fiscal-. Ocurrió en Añelo, provincia de Neuquén: “como parte de las consecuencias ocasionadas por la explotación del reservorio de hidrocarburos no convencionales llamado Vaca Muerta. Además del crecimiento poblacional acelerado, se observó una creciente desigualdad socioeconómica junto con el aumento de delitos ordinarios, el narcotráfico y la trata de personas. De esta manera, población predominantemente masculina alejada de sus familias, en duras condiciones laborales y con falta de oferta de esparcimiento, se pueden pensar como factores que generan condiciones propicias para el crecimiento de fenómenos delictivos complejos.
Añelo y los pueblos vecinos se convirtieron en un mercado “atractivo” para organizaciones dedicadas a la venta de drogas y la explotación sexual. Se concluyó que a lo largo de los últimos 12 años la región sur sería lugar de destino de la trata de mujeres provenientes de otras provincias del país, habiendo constatado un circuito que va desde la ciudad de Santa Rosa (La Pampa), hasta Catriel (Río Negro) y Cutral Có, Plaza Huincul, Añelo y Rincón de los Sauces (Neuquén).
En Añelo se detectó la modalidad llamada trata express, la cual consiste en la llegada de mujeres provenientes de la capital provincial los días viernes y su partida los domingos por la noche o lunes por la mañana. También se constató que muchas de las mujeres explotadas son de Córdoba, Mendoza y República Dominicana.
La parálisis de la economía, la persecución a la economía popular, el empobrecimiento del pueblo generado por gobiernos neoliberales, complican aún más las realidades en los barrios y en las familias. El dinero escasea rápidamente. Las redes de prostitución y de trata se fortalecen y la explotación sexual de mujeres, trans, travestis y niñas se hace cada vez más difícil de combatir.
La criminalización, el aumento de la represión y violencia en los territorios donde se desarrollan las actividades extractivas constituye una política utilizada por las empresas, con la complicidad de los gobiernos locales, en varios de los países de Nuestra América, con el objetivo de reprimir las manifestaciones de la sociedad civil organizada y avalar las actividades económicas de este tipo.
La represión en los territorios supone una masculinización de los mismos y graves violaciones de los derechos humanos, principalmente hacia las mujeres. Traemos a la memoria colectiva las historias de todas las mujeres asesinadas (femicidios) por oponerse de manera pacífica a proyectos extractivos en sus países: Bety Cariño (México), Bertha Cáceres (Honduras), Adelinda Gómez (Colombia) y Macarena Valdez (Chile); y las que fueron amedrentadas y criminalizadas como Lolita Chávez (Guatemala), Vidalina Morales (El Salvador), Patty Gualinga (Ecuador) y Máxima Acuña (Perú).
Somos las mujeres y diversidades las primeras en salir a manifestarnos y organizarnos, esto hace que estemos expuestas a la penalización, al enfrentamiento con la policía y el poder judicial e, incluso, a que nos asesinen. En nuestro país, en la provincia de Catamarca se produjo un fuerte enfrentamiento de mujeres y la policía, con la consecuente generación de dos tercios de causas judiciales contra mujeres. Frente a esta situación, mujeres activistas decidieron fundar el grupo “Mujeres del Silencio”. Las mujeres Jachalleras también se organizaron en San Juan en defensa del agua y contra la instalación de la megaminería.
Por todo esto los movimientos feministas de toda Nuestra América gritamos: NI LA TIERRA NI LAS MUJERES SOMOS TERRITORIOS DE CONQUISTA. Nosotras, hoy, añadimos que, NI LA TIERRA NI LAS MUJERES SOMOS TERRITORIOS DE CONQUISTA O EXPLOTACIÓN.
Destacamos que somos las mujeres y los cuerpos feminizados, mayoritariamente, quienes estamos participando y organizándonos desde diferentes acciones colectivas en distintas partes del mundo. Y en esta experiencia en la provincia de Mendoza, donde a partir de todas las manifestaciones departamentales, con una marcha histórica que recorrió en 24 horas toda la provincia, una noche de tambores que colmó con una multitud la Plaza Independencia y sus alrededores, logramos derogar la modificación de la Ley 7722.
Estamos seguras que los bienes comunes deben ser defendidos y preservados, no solamente por las organizaciones de la sociedad civil, sino por el Estado. Consideramos fundamental retomar otras alternativas de modelos económicos y de sociedad como el turismo, las industrias del conocimiento, la agroecología, la energía eólica y la solar, la economía popular y social, la reactivación de fábricas recuperadas. La importancia del cuidado de los bienes comunes, la construcción de una sociedad igualitaria, sin explotación. El acceso a nuestros derechos y al cuidado de nuestros cuerpos y territorios.
Las mujeres y las diversidades sabemos lo que es defender el primer territorio que habitamos: nuestro cuerpo. Y sabemos de la importancia de defender el territorio-tierra en el que vivimos.
El territorio es nuestra forma de relacionarnos entre nosotrxs y con la naturaleza, pero también es importante pensarnos en como lo cuidamos, lo trabajamos, lo vivimos y fundamentalmente como lo soñamos.
Laura Chazarreta
Es militante del feminismo popular y lleva un largo camino en la lucha por los derechos de las mujeres y las diversidades. Milita hace más de 20 años en construcciones territoriales. Es referenta provincial de La Colectiva, también del Frente Patria Grande – Nueva Mayoría e integra, además, el colectivo NiUnaMenos Mendoza. Actualmente es Diputada Provincial por el Frente de Todxs y desde que asumió se comprometió junto con organizaciones políticas, sociales y feministas a construir una Legislatura que sea del pueblo, con el pueblo y esté en las calles, persiguiendo el deseo de transformarlo todo.
