La Justicia ya obliga al Gobierno de Mendoza crear el Consejo Provincial de Arraigo en Tierras no Irrigadas. Se trata de un hecho político de altísima importancia, no sólo para los puesteros de todas Mendoza, sino para que el sistema funcione como corresponde. Para que esto sea así deben cumplirse las leyes vigentes y, de ser necesario, iniciar las acciones legislativas para reemplazarlas.
Pero desconocer un reclamo de orden ancestral, habilita que algunos inescrupulosos como el propio Suarez, avancen con proyectos como El Azufre. El regalo de 12.000 ha a unos “empresarios privados”, inclumplió buena parte de la nosmativa vigente de orden municipal, provincial y nacional. Un verdadero despropósito tratándose de una Democracia que se rige por la división de poderes.
No se trata que cualquiera llegue, así sea el Gobernador, y avance con una topadora desconociendo historias de vida y las personas que las sustentan. Ellos, además, son los cuidadores naturales de la riqueza ambiental y paisajística de vastas zonas del sur de nuestra provincia. Por ello, todas las acciones deben estar dirigidas a generar acciones que vayan en el sentido expresado, por el bien de todos.
“Medio ambiente
“Viven en lo inhóspito de la cordillera y piden por sus tierras
“La Justicia emitió un fallo donde pide al Gobierno que cumpla con un artículo de la Ley de Arraigo de Puesteros, que establece la conformación de un consejo. Dicen que las familias que viven en el Valle de Poti Malal, en Malargüe, se verían afectadas en el caso de que prospere el proyecto El Azufre.
“El 23 de febrero pasado, el Primer Tribunal de Gestión Asociada del Poder Judicial de Mendoza, dio lugar a una acción de amparo presentada por la Federación Argentina de Espeleología (FADE). En el documento, la Justicia intima en primera instancia al Gobierno provincial para que conforme el Consejo Provincial de Arraigo en Tierras no Irrigadas. Este punto de hecho, está establecido en la Ley Provincial de Arraigo de Puesteros (Nº6085), que fue aprobada en la Legislatura en 1993. La norma establece las pautas respecto del manejo de las tierras a las que tienen derecho las familias que viven en zonas inhóspitas desde hace décadas.
“La disposición judicial que ahora deberá ser apelada, surge en el marco de la polémica por el proyecto de crear un centro de esquí en la zona cordillerana de Malargüe conocida como El Azufre. Los especialistas de la FADE han estudiado desde hace años, la riqueza patrimonial y natural del Valle de Poti Malal, ubicado a unos 100 kilómetros al suroeste de la ciudad malargüina. Allí, nada menos, se concentra una porción importante de la riqueza espeleológica (cavernas) del país. Pero además el río Poti Malal, se alimenta de las aguas subterráneas que se filtran desde los acantilados subterráneos de agua color turquesa intenso.
“Carlos Benedetto, titular de la entidad, aclara que si bien estas tierras que atrajeron a los capitales extranjeros para crear un centro de esquí, no se superponen con el valle, el impacto del mega emprendimiento sí tendría un efecto negativo sobre las al menos 15 familias de puesteros que lo habitan. “Ellos son los guardianes de las cavernas, hay yacimientos fósiles que los puesteros cuidan; tienen conocimientos y siempre han vivido en la zona. Cuando llega la época del pastoreo, van a pasar la temporada con sus ganados en la zona del Azufre. Si este aspecto se les ve afectado, se verá impactada de manera trágica su forma de vida”, destaca el presidente de la FADE.
“Justamente, el objetivo de conformar el Consejo de Arraigo de Puesteros, establecido en la Ley, consiste en lograr que las familias sean consultadas respecto de las decisiones que se van tomando en relación a la administración de las tierras que habitan.
“Que se respete la voz de los puesteros
“Otro punto que reclaman los espeleólogos (especialistas en el estudio de las cavernas y la biodiversidad que las rodea e integra) es que los puesteros puedan acceder a las escrituras de las tierras -que según asegura Benedetto- deben pertenecerles por habitar en la zona de manera ancestral. De hecho, la normativa en vigencia establece que las familias de puesteros deben ser censadas; sobre todo para saber a ciencia cierta cuántas personas son, conocer sus necesidades y entregarles sus escrituras.
““Por un lado se les pide a los puesteros que custodien las tierras inclusive del turismo aventura pero por otro lado, sabemos que la situación dominial es absolutamente irregular”, dice Benedetto y recalca que hace al menos veinte años que no se realiza un registro de las personas que habitan allí, en tierras de aguadas y aire puro; de cielos únicos y horizontes dibujados entre miles de colores.
“Allí, el sacrificio para subsistir está a la orden del día, entre largos caminos alejados de los teléfonos, las computadoras y el ajetreo. El tiempo, dicen, parece transcurrir de otro modo. “El problema ahora es que desde hace al menos 30 años sucede que cada dos las familias deben emprender una nueva lucha para no ser desalojadas. De hecho, el 29 de diciembre de 2020, por iniciativa de la senadora Andrea Blandini, la Legislatura modificó la ley de arraigo y prorrogó por dos años la suspensión de procesos, “cualquiera sea su estado, incluidos aquellos que se encuentran en ejecución de sentencia”. En lenguaje sencillo, esto significa que hasta el 31 de diciembre de 2022, los puesteros de la zona del valle no pueden ser desalojados.
“Las familias del Valle de Poti Malal, viven de la ganadería transhumante llevan las cabras a engordar a los pastoreos de la cordillera. “Es en la zona del Azufre. Por eso creemos que el proyecto del azufre debería haber pasado por el Consejo de Arraigo, algo que hace más de 15 años estamos pidiendo”, destaca Benedetto.
“Mdzol.com
“Zulema Usach
“9 de marzo de 2022”.


