03 de diciembre de 2024
14:59hs.
Contrariamente a algunos, creo que los docentes deberían ganar como los legisladores y no al revés. Me gusta la idea de nivelar hacia arriba. Pero este caso creo que no se sostiene en la más elemental de las lógicas. La situación económica tornó aún más osado este hecho que debemos achacarle a nuestra Suprema Corte de Justicia.
Pero también es una demostración palmaria de la idea corporativa más que sostenida de su tarea, que se sostiene en conductas de tipo dinástico, donde la heredad de los cargos fue -durante décadas- una forma de perpetuarse en el manejo de la cosa pública. Perfil monárquico de uno de los tres poderes republicanos.
Suarez, por supuesto, también en este caso mira para otro lado, ya que no es de hacerse cargo de ninguna de las irregularidades que acontecen en el sistema del que está a cargo a lo largo de su mandato de cuatro años. Hay 44 % de pobreza y esta situación se mantiene incólume dentro del Poder Judicial menduco.
“Cobran como jueces
“Sigue el limbo judicial y el sueldo de algunos funcionarios equiparados se acerca al millón de pesos
“A pesar de que en 2020 se aprobó una ley que apuntaba a quitarle la equiparación a 22 empleados judiciales, presentaron una serie de medidas que les permiten conservar ese privilegio. La Corte en pleno debe expedirse al respecto pero la decisión se demora y sus sueldos siguen aumentando.
“La inflación crece a pasos agigantados y son pocos los salarios que pueden seguirle el ritmo. Entre ese grupo selecto aparece el sueldo de los funcionarios judiciales equiparados a magistrados. Aquellos que sin ser jueces cobran como si lo fueran y a los que una ley pretendía quitarles ese beneficio. Se trata de 22 funcionarios que por ley deben dejar de percibir sueldos de magistrados pero hasta que la Corte no resuelva su situación siguen enganchados a sus salarios. En algunos casos esto les permite ganar casi un millón de pesos por mes.
“El escándalo saltó a la luz en plena pandemia. En marzo del 2020 el gobernador Rodolfo Suarez arremetió contra los equiparados a magistrados asegurando que la secretaria privada de la Corte cobraba 406 mil pesos por mes. Se aprobó una ley para desenganchar los salarios de 22 funcionarios pero todos ellos presentaron medidas judiciales para conservar el beneficio. Mientras la Corte dilata la resolución del conflicto, sus dietas siguen aumentando y hoy la secretaria privada Elizabeth Carbajal percibe casi 900 mil pesos por mes.
“El tema genera incomodidad puertas adentro de la Justicia. Incomodidad entre empleados que cumplen tareas similares con sueldos diametralmente inferiores pero sobre todo incomodidad dentro del máximo tribunal, donde reconocen el problema pero saben el conflicto que puede generar una modificación.
“Carbajal cobraba 406 mil pesos en marzo del 2020, en agosto del 2021 su salario estaba en 567 mil pesos y en marzo del 2022 escaló a 890 mil pesos. Su caso fue puesto como ejemplo por el gobernador Rodolfo Suarez, pero hay otros equiparados con números similares. Otros no llegan a esa cifra pero superan cómodamente los 500 mil pesos por mes.
“Los equiparados que según la ley 9230 tienen que dejar de serlo son empleados administrativos con remuneraciones equivalentes a los de jueces de primera instancia y de cámara. Según esgrimen en las acciones de inconstitucionalidad que presentaron, la nueva ley viola sus derechos adquiridos y acusan al Poder Legislativo de inmiscuirse en materia que le corresponde únicamente al Poder Judicial como es determinar el salario de sus trabajadores.
“En marzo del año pasado, la Fiscalía de Estado descartó algunos de sus planteos aclarando que no se pueden comparar estos 22 casos con los de funcionarios que constitucionalmente están equiparados a jueces, como el propio fiscal de Estado o el presidente del Tribunal de Cuentas.
“”El propósito de la ley 9230 es eliminar la disparidad salarial, producto de asignar en el costo fiscal de los cargos la equiparación al salario de los magistrados a una serie de agentes que además de no serlos, tampoco cumplen funciones jurisdiccionales propiamente dichas, sino, más bien y en general, de tipo administrativas”, sostuvo Fiscalía de Estado sobre el beneficio de estos 22 empleados que cobran como si fuesen jueces y no pagan impuesto a las ganancias.
“Por su parte, el asesor de Gobierno, Ricardo Canet, argumentó que “la ley solo plantea una derogación a futuro de un sistema salarial de privilegio”. A pesar de ello, siguen manteniendo el beneficio a la espera de que la corte en pleno resuelva el fondo de la cuestión.
“Para resolver el problema de forma definitiva se convocó a que el pleno de la Corte, es decir sus siete integrantes, se expidan sobre la situación de los equiparados. Sin embargo, los meses pasan sin que existe un fallo y mientras tanto el privilegio sigue vigente.
“Los equiparados del Poder Judicial
“Elizabeth Carbajal (secretaria Administrativa, Ceremonial, Protocolo y Audiencias de la Corte)
“Carlos Quiroga Nanclares (secretario de Gestión y Control)
“Eleonora Lamm (exsubdirectora de Derechos Humanos que ya no es equiparada porque renunció recientemente al Poder Judicial)
“María Milagros Noli (Directora de la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la justicia)
“Cristóbal López Maida (Subdirector de Niñez y Adolescencia)
“Romina Cucchi (Sub Directora de Ejecución Penal)
“Beatriz Fanny Naves (Coordinadora Provincial del Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario)
“Mónica González (exAdministradora General del Poder Judicial que dejó de ser equiparada tras su jubilación)
“Gustavo Abaca (Director de Contabilidad y Finanzas)
“Silvia Cataldo (subdirector Interino de la Dirección de Contabilidad y Finanzas)
“Mario Jesús Cano (Director de Informática)
“Hugo César Correas (Director de Recursos Humanos)
“Beatriz Elena Chávez (Inspectora del Ministerio Público Fiscal)
“Sandra Canese (Inspectora y Delegada de la Procuración General en la Cuarta Circunscripción)
“Jorge Frigerio (Administrador Financiero del Ministerio Público Fiscal)
“Alfredo Eduardo Clavel (Inspector en el Ministerio Público Fiscal)
“Jorge Rubio (Inspector del Ministerio Público Fiscal)
“Mario Alberto Gabriele (delegado de la Procuración General e Inspector)
“Alberto Luis Tonelli (Delegado del Procurador en la tercera Circunscripción)
“Gerardo González (Director de Perfeccionamiento y Modernización del Ministerio Público Fiscal)
“Javier Alejandro Salinas (Director del Cuerpo Médico Forense y Criminalístico)
“Juan Manuel Lima (a cargo de la Oficina de Jurisprudencia del Ministerio la Defensa y Pupilar)
“Mdzol.com
“Mariano Bustos
“17 de abril de 2022”.
