02 de diciembre de 2024
07:35hs.
Massa juega su carrera política en el control de la inflación. Se comprometió con un objetivo explícito: reducirla al 3 % para abril 2023. El éxito del plan es central para evitar que los sectores medios bajos y bajos sigan perdiendo ingresos. Si lo logra podría incluso anotarse para el relevo presidencial, ciertas encuestadoras ya lo posicionan incluso por arriba de la propia Cristina, pero el fracaso lo llevará al ostracismo; volverá a ser “ventajita”.
El plan implementado supone el cumplimiento del programa ortodoxamente neoclásico del Fondo Monetario Internacional (FMI), disminuir el gasto público, para bajar el déficit; lo cual también implica disminuir la demanda agregada; “enfriar” la economía. La última estimación de la actividad económica, el EMAE a setiembre, muestra eso: una contracción del 0,3 % respecto de agosto; las estimaciones privadas de evolución del consumo avanzan en igual sentido: muestran una contracción interanual del 4,5 % (las consultoras privadas Scentia y Focus Market).
Tras la incorporación de Molinos Río de la Plata mejoran las posibilidades de éxito del acuerdo “Precios Justos”. No es un congelamiento, ni un compulsivo control de precios, es un acuerdo con las empresas de mantener los precios por 90 días. Pero la patria devaluadora está nuevamente haciendo de las suyas, y la inestabilidad cambiaria es capaz de hacer saltar por los aires el plan económico.
Massa nunca consiguió que el mercado cambiario se tranquilice. Hubo una primera reducción del valor de dólar fuga, de $ 350 a $ 280, pero se detuvo en una muy alta brecha cambiaria, hoy aun en el 86 %, y nunca se disiparon las amenazas de una nueva disparada. Como el mismo Massa dijo a empresarios “Podemos tener muy buenos resultados en términos de reservas, fiscales: si no bajamos la inflación, la incertidumbre no va a cesar”.
¿Será capaz de impedir nuevos aumentos especulativos de precios? En ese dilema el líder del Frente Renovador juega su futuro. El conjunto del Frente de Todos, tiene una conformación social bastante más amplia que los sectores medios, por lo que se le reclama cubrir otras demandas sociales, si pretende mantener competitividad electoral.
Dólar
Esta semana hubo reiterados anuncios de nueva corrida, pero salvo el minúsculo mercado ilegal (el blue) las diferentes cotizaciones del dólar fuga no tuvieron variación significativa. Pese a los amagues no hay atisbos de corrida. El aumento del ilegal elevó el promedio de los valores fuga, pero la devaluación del oficial fue superior, con lo que cayó la brecha que bajó levemente al 86 %. Aún muy elevada, está lejos de aquietar preocupaciones.
Si bien las reservas están lejos de los mínimos de agosto, deben superarse los próximos meses, hasta la próxima cosecha. En noviembre se llevan perdidas reservas por U$S 987 millones. Por esto se habría llegado a un nuevo acuerdo con las cerealeras, Se repetirá el dólar soja, que regiría desde el 28 de noviembre y hasta el 31 de diciembre. El tipo de cambio se actualizará por inflación, quedando en torno a los $ 230. La agroindustria firmó un compromiso de liquidación de U$S 3.000 millones.
Como ya lo anticipara, el mecanismo se va a repetir cada cosecha. Se dan subsidios a quienes no lo necesitan, mientras se les niega a los que sí. No se aclaró como incidirá esta devaluación parcial en los precios de aceites, biodiesel y alimentos para animales de cría (pollos, cerdos, feedlot), y por tanto en el costo de la canasta alimentaria.
Precios
Precios Justos está planteada como apuesta clave de Massa para frenar la inflación, tras el rotundo fracaso de “Precios Cuidados”, al que ya nadie parece querer recordar. Es un acuerdo de precios que se planteó a 109 empresas, pero sólo 33 firmaron inicialmente. De los 1800 productos en el acuerdo, 800 son marcas propias de súper e hiper mercados.
Esta semana Pérez Companc ingresó al acuerdo de precios y rompió la estrategia del líder de la UIA y la Copal, Funes de Rioja. Esta es demorar los acuerdos para presionar en cuanto al acceso a dólares. La participación de Perez Companc da un importante respaldo al programa de acuerdo de precios.
Columna: Hugo Castro Pueyrredón, economista y docente de la UBA, 25 de noviembre de 2022
Molinos Río de la Plata es dueña de muy diversas primeras marcas, y es uno de los principales formadores de los precios de la canasta familiar. Es dueña de pastas Luchetti, Matarazzo, La Salteña, Don Felipe pastas al huevo y Don Vicente pastas al huevo; harinas especiales Blancaflor, Exquisita y Favorita, galletitas Chocoarroz, Terrabusi y Canale, arroz Gallo, sancks Gallo, aceites Cocinero y Lira, yerbas Cruz de Malta y Nobleza Gaucha, verduras congeladas Granja del Sol, pan rallado Preferido, jugo de limón Minerva, sémola de trigo Vitina y café instantáneo Arlistán.
De la escasez al excedente poblacional
Los medios de difusión jamás mencionan el profundo cambio en el mercado de trabajo que produjo la dictadura cívico militar, donde se generó una exclusión social que no existía previamente.
Todavía se escuchan quienes añoran el antiguo modelo oligárquico, que finalizó con la crisis de 1930, cuando desapareció el mundo para el que estaba diseñado. Ese modelo de país partió de la expansión de la producción agropecuaria, en una región pampeana muy escasamente poblada; fomentó el ingreso de trabajadores extranjeros, tanto que hasta hoy el fomento a la inmigración tiene categoría constitucional.
Finalizada la Segunda Guerra Mundial, Europa mejoró el nivel de vida de su población, y sus habitantes dejaron de migrar buscando trabajo. Por lo que dejaron de ser la fuente de la mano de obra, que el país necesitaba para su crecimiento, que en esa etapa era la industrialización liviana.
La fuente de mano de obra pasó a provenir de zonas rurales del país, el noroeste y el noreste, pero principalmente de los países limítrofes, Bolivia y Paraguay, en menor medida Chile para la Patagonia. Producto de ello la clase trabajadora dejó de ser racialmente indoeuropea, pasando a estar constituida principalmente por el mestizaje latinoamericano.
A inicios de la década del ’70 la sociedad argentina era igualitaria; la desigualdad del ingreso entre el 10 % más rico y el 10 % más pobre era de 8 veces, cuando actualmente está en las 20 veces, y tras la salida de la convertibilidad llegó a ser de 28 veces.
Los salarios eran por lejos los mayores de toda América Latina. Los trabajadores eran formales, registrados y con derecho a la seguridad social, el desempleo era bajo y de corto plazo, el cuentapropismo era característica de comercio y las profesiones liberales, no de un autoempleo de subsistencia.
Entre otras cuestiones el proyecto económico de la dictadura genocida fue desindustrializador. A partir de esa etapa histórica, crece el trabajo no registrado y aparece el fenómeno de los excluidos, los marginados, lo que hoy se llama “economía popular”, que son estrategias de supervivencia de excluidos del sector formal de la economía.
Las mencionadas características de inequidad social crecieron ininterrumpidamente desde 1976 hasta 2004, acelerándose durante la convertibilidad, en la década del ’90, y particularmente en su calamitoso final de diciembre de 2001.
En la década del ’80, no casualmente llamada “década perdida”, el fenómeno de la exclusión social continuó ampliándose. A modo de ejemplo: en 1984, con el primer gobierno democrático, se inicia la implementación de la distribución de alimentos a los más carenciados. Se hizo con la llamada “caja PAN”, una caja de productos alimenticios distribuida por el Plan Alimentario Nacional. Al inicio se repartieron 350 mil cajas mensuales, pero en 1989, al finalizar el mandato de Alfonsín sumaban 4 millones.
Esto muestra que el fenómeno la marginación y el hambre ya tienen décadas, pero no eran una característica estructural de la sociedad argentina pre dictadura, sino que es un producto de los proyectos anti industriales.
El proyecto económico de la dictadura se repitió en sus aspectos económicos centrales, entre ellos el carácter desindustrializador, y en consecuencia su creciente exclusión social, tanto en la convertibilidad monetaria de la década del ’90, como en la Argentina gobernada por sus propios dueños 2015-2019.
Los gobiernos de los Kirchner, Néstor y Cristina, se caracterizaron por fomentar el crecimiento de la producción industrial, particularmente de la pequeña y mediana empresa, que son las principales generadoras de empleo. En la etapa del gobierno nacional y popular, entre 2003 y 2015, con la generación de empleo, la inclusión previsional del conjunto de los mayores (se alcanzó una cobertura del 95 %) y los programas sociales, se revirtió el proceso de exclusión. Aunque tras décadas de creciente exclusión, aun se estuvo lejos de solucionar el problema.
Así es que el periodo que se denomina de “valorización financiera”, transformó nuestra sociedad, De una donde la demanda de trabajadores requería el ingreso de extranjeros, a una incapaz de incluir a su propia población, que por tanto genera una creciente masa de excluidos.
El problema de la exclusión social, y en consecuencia la dependencia de los excluidos de los programas de apoyo social, es hoy una característica del país. El Frente de Todos, consecuencia de las políticas implementados por los Kirchner, es donde el grueso de este sector social se referencia.
Obviamente los “planeros kichneristas” son el sujeto del odio de los reaccionarios, que lamentablemente abundan en los medios de difusión. La reciente polémica respecto de la compra de dólares por los beneficiarios del programa “Potenciar Trabajo” es un buen ejemplo.
Conclusión
Desde su inicio Alberto Fernández priorizó políticas del tipo desarrollistas, particularmente respecto de la producción de bienes exportables, bajo el supuesto de así poder solucionar el problema de la escasez de divisas mediante desarrollos exportadores. La mejor expresión de esta concepción fueron los proyectos del ex ministro de Producción Matías Kulfas. Dadas las características de nuestra clase dominante eso solo permitiría ampliar la fuga, no evitar la escasez.
La revolución sojera, que multiplicó las exportaciones, no fue capaz de hacerlo. Solo el desastre socioeconómico de la salida de la convertibilidad, acompañado por un ciclo de muy altos precios internacionales de nuestros commodities, permitió unos años de estabilidad cambiaria, cuando los salarios y el consumo interno estaban en sus mínimos históricos.
Massa puede llegar a obtener éxito en calmar la inestabilidad cambiaria, e incluso en reducir la inflación a entre 2 y 3 % mensual en el transcurso de 2023, pero su contractivo programa de estabilización no es capaz de ofrecer mejoras para los siempre crecientes excluidos.
El “éxito” de las políticas en curso beneficiarán a los trabajadores registrados, a los sectores medios y altos; para que el “éxito” alcance a los trabajadores de bajos ingresos falta una importante actualización salarial. Pero el amplio sector cuentapropista, y la llamada economía popular, lo que recibirá es la reducción de las políticas de contención social, y el enfriamiento en la actividad económica, que también reducirá las “changas” que aportan a su supervivencia.
Este es un plan para los sectores sociales que se identifican con el Frente Renovador, sectores medios políticamente fluctuantes. Pero el sector social identificado con el kirchnerismo, los que se beneficiaron de las políticas de generación de empleo en las pymes, de la expansión de los derechos previsionales a la casi totalidad de la población, no serán de los beneficiarios, aunque este programa alcanzara el éxito.
El éxito político del kirchnerismo fue la inclusión, y este gobierno no apuesta en ese sentido. “Si tenemos la capacidad de bajar la inflación y dar acceso al crédito vamos a ser competitivos electoralmente” dijo Massa, que ara en otro campo. No se puede esperar cosechar donde no se sembró,
Columnista invitado
Hugo Castro Pueyrredón
Licenciado en Economía en la Universidad de Buenos Aires (UBA) en 1993. Trabaja en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación desde 2004 como asesor en temas económicos del Frente de Todos. Especializado en el rol del Estado en la economía, finanzas públicas y análisis presupuestario. Participa en la evaluación de diversos proyectos de inversión. Además, ejerce la docencia universitaria en la UBA desde los años ’90.
