31 de mayo de 2025
22:37hs.
Me interesé especialmente en esta nota, publicada en uno de los diarios virtuales de estas tierras, ya que lo subyacente es, como suele ocurrir, mucho más importante que lo que queda a la vista. En primer lugar, que el tema tomara tal estado público que hasta un medio local se hiciera eco del conflicto. Pero también todo el tiempo que media entre hacer las cosas y que estas salgan mal o se suscite un conflicto, cuando bien sabemos acerca de lo laxos de los tiempos estatales.
Durante todo el transcurrir de lo que iba convirtiéndose en un problema, nadie ha de haber advertido que se suscitaría un encontronazo seguramente indeseado. A menos, claro, que haya otras vertientes de tipo personal y los funcionarios de estas líneas del Gobierno de Mendoza, aprovechen para dirimir sus diferencias a partir de distintas piezas administrativas. Peor aún, lo que también se deja ver es un incumplimiento y a otra repartición señalándolo.
En definitiva, lo que cualquier hijo de vecino puede confirmar a partir de esta información es que Suarez está en cualquiera, que la provincia se gobierna con piloto automático y que el organigrama de gestión hace agua por todos lados. Tanto es el afán de llevársela toda y dejar bien nutrida su cuenta bancaria, que el Gobernador prescinde de estas minucias. Tampoco instruye correctamente a quienes deberían practicar los controles que merece la obra pública. De terror.
“Insólito ejemplo del Estado bobo
“Carta Documento y divorcio en malos términos entre dos entes estatales
“Existía un convenio pero una de las partes nunca lo cumplió. Esto llevó a un divorcio en malos términos con graves denuncias entre el Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza y el Departamento General de Irrigación.
“Muchos ciudadanos suelen quejarse de la ineficiencia del Estado. Pero es poco común ver que un ente estatal se muestre ofuscado por la falta de diligencia de otra dependencia. Menos aún que todo termine con una carta documento y un convenio rescindido. Eso último es lo que ocurrió entre el Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza (ISCAMen) y el Departamento General de Irrigación.
“En el marco del programa de Control y Erradicación de la Plaga Lobesia Botrana se había suscripto un convenio entre ambas entidades. En concreto, el Iscamen había delegado en Irrigación el cobro de una Contribución Obligatoria Especial que los regantes debían pagar por la lucha contra esa plaga. Es decir, en la boleta del pago del canon de riego, también se incluía esa contribución.
“El problema se disparó en torno al mecanismo de control y gestión de los créditos morosos, originados en la falta de pago. Ante esas situaciones, Irrigación debía emitir la correspondiente boleta de deuda y disponer la instauración de procesos judiciales de apremio fiscal. Sin embargo, eso no estaba ocurriendo y la dependencia encabezada por Alejandro Molero arremetió contra la que dirige Sergio Marinelli.
“En concreto, el Iscamen le pidió a Irrigación que le informara “las acciones administrativas y/o judiciales realizadas por Irrigación para el cobro de los créditos adeudados”. Sin embargo, hubo una respuesta “imparcial e incompleta” con un listado de deuda pero sin detalle de la gestión judicial para avanzar con los emplazamientos correspondientes. “La Dirección General de Irrigación no dio respuesta alguna a dicho requerimiento”, sostienen desde el Iscamen en la Resolución 643 publicada este miércoles en el Boletín Oficial.
“Allí consta que se envió una Carta Documento intimando a Irrigación a realizar una rendición de cuentas sobre el estado de situación de la percepción de la Contribución Obligatoria especial y los recursos judiciales tendientes al cobro de la misma en un plazo de 15 días hábiles. Sin embargo, la respuesta nunca llegó.
“”A la fecha no se ha recibido respuesta alguna respecto de lo requerido tanto en la nota remitida el 11 marzo de 2022, como de la intimación cursada mediante Carta Documento, lo que manifiestamente implica el incumplimiento de obligaciones asumidas por Convenio”, aseveran desde el Iscamen por lo que decidieron avanzar con “la máxima sanción que puede imponer la Administración a su cocontratante”: la extinción del vínculo contractual.
“”Atento al estado de la causa y teniendo en consideración los oportunos emplazamientos cursados al Departamento General de Irrigación, se considera propicio, a fin de poder avanzar hacia una solución efectiva de la controversia suscitada, proceder con la rescisión contractual habida cuenta de los incumplimientos detectados y constatados”, finaliza la Resolución.
“Mdzol.com
“30 de noviembre de 2022”.
