03 de diciembre de 2024
13:50hs.
He aquí un caso paradigmático de dignidad. Este fue uno de los militares que se rebelaron ante la estructura represiva y, desde ya, contra la realización de golpes de Estado. Que se reivindique su tarea y su memoria, aunque sea pos mortem, es una de las decisiones que el Estado argentino debía tomar en salvaguarda de uno de los militares reconocidamente democráticos. Formó parte de una estructura que se vendió a los designios imperiales y sumió a la Argentina en el fango.
El episodio de la dictadura que comenzó el 24 de marzo de 1976 y terminó el 9 de diciembre de 1983, fue el más brutal de la andanada de dictaduras que sufrió nuestro país. A punto tal que las fuerzas armadas no sólo desaparecieron muchos más de 30.000 argentinos y argentinas, sino que cometieron diversos delitos que son una verdadera afrenta a la historia argentina y a la de las propias fuerzas. La sola enumeración avergüenza a la vez que hace enfurecer espíritus democráticos.
Violaciones de hombres y mujeres en cautiverio, torturas, robo de bienes de los detenidos-desaparecidos y de sus familias, robo de bebés; fueron algunas de las muchas calamidades que respondieron a un plan puntillosamente diseñado para la región. Con un ensañamiento propio de bestias salvajes, cumplieron a rajatabla con la misión encomendada de eliminar una generación de militantes políticos y sociales. He aquí un caso especial que honra aquellos días tormentosos.
“La familia y el CELS habían llevado el caso ante la CIDH
“El Estado aceptó que violó la libertad de expresión del periodista José Luis D’Andrea Mohr
“Fue firmado el acuerdo de solución amistosa con la familia de D’Andrea Mohr que reclamaba por la violación a su libertad de expresión al haber sido condenado por daños y perjuicios en una demanda civil iniciada por el teniente general Héctor Ríos Ereñú. La labor de D’Andrea Mohr, fallecido en 2001, fue una pieza fundamental para el juzgamiento del genocidio.
“”Yo disolvería el Ejército”, dijo sin inmutarse José Luis D’Andrea Mohr a la periodista Josefina Gilio en una entrevista publicada por este diario el 20 de julio de 1998. Pero este capitán pasado a retiro obligatorio por haberse negado a cumplir órdenes durante la dictadura, y devenido activista de los derechos humanos, ya había pateado el tablero con anterioridad. En su libro El escuadrón perdido él había señalado al teniente general Héctor Ríos Ereñú por la desaparición forzada del cabo José Hernández, mención por la cual el militar le inició un juicio por daños y perjuicios, y que terminó ganando. La familia de D’Andrea Mohr, junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), acudió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2008 por la violación a la libertad de expresión de José Luis. Luego de un proceso de negociación con el Estado, el 15 de noviembre las partes arribaron a una solución amistosa, en la cual el Estado reconoció ese derecho fundamental del periodista y pidió disculpas a la familia de José Luis, entre otras medidas reparatorias.
“”Este acuerdo tiene un valor significativo enorme, reestablece ciertos derechos que José Luis vio vulnerados a partir de la demanda civil que le inició el entonces jefe del Ejército Ríos Ereñú”, dijo a Página12 Diego Morales, director de Litigio Estratégico del Cels. “Las investigaciones contenidas en su libro El escuadrón perdido fueron de suma utilidad en el proceso de reconstrucción de los hechos que llevó adelante la dictadura, en particular los crímenes de lesa humanidad que el propio Ejército cometió sobre soldados, fue destacada en numerosos tribunales orales a la hora de establecer condenas para los responsables de esos crímenes”, agregó.
“D’Andrea Mohr había nacido en 1939 en Buenos Aires, fue capitán del Ejército Argentino y militante por la defensa de derechos humanos. Cuarta generación de militares, egresó del Colegio Militar en 1961 como subteniente de Ingenieros. Su relación con la institución militar fue conflictiva por su desobediencia, y fue sancionado en varias ocasiones aún luego de haber pasado a retiro obligatorio en diciembre de 1976. entre ellas, declarar en un sumario ordenado por el entonces general Jorge Videla. Cumplió casi 200 días de arresto y luego un Tribunal de Honor para Jefes y Oficiales del Ejército lo sancionó con una “amonestación por falta grave al honor”. Al retorno a la democracia, integró el Centro de Militares para la Democracia (Cemida) junto a Horacio Ballester, entre otros, que informó y documentó sobre la represión argentina. D’Andrea Mohr escribió en La Razón, Página/12, La Maga, El Periodista y la revista Humor. Y en 1999 publicó Memorias DeVida.
“El escuadrón perdido (Planeta, mayo 1998) fue el resultado de una investigación periodística sobre la desaparición forzada de 129 soldados del Ejército Argentino durante la última dictadura militar e, inclusive, en el período inmediato anterior al golpe de Estado de 1976. En la obra se señala a Héctor Luis Ríos Ereñú como jefe del Regimiento de Infantería de Monte 28, en el cual se produjo la desaparición del cabo José Hernández. Por esa mención, Ríos Ereñú le inició un juicio por daños y perjuicios con el argumento de que no había asumido funciones en aquel regimiento, a pesar de que así surgía de la información oficial sobre la cual se basó el periodista.
“La demanda fue rechazada en dos instancias, pero la Corte Suprema de Justicia de la Nación consideró que esas decisiones fueron arbitrarias y ordenó que la Cámara de Apelaciones dictara una nueva sentencia. Esto culminó en su condena civil en 2005, cuatro años después de su fallecimiento. En 2012, Ríos Ereñú fue condenado a la pena de prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos en Salta durante la última dictadura cívico militar y falleció en 2017.
“La familia de D’Andrea Mohr, junto con el Cels, presentaron el caso ante la Comisión IDH en 2008. Luego de un proceso de negociación con el Estado, hace dos días fue firmado un acuerdo de solución amistosa con el Estado en el que reconoció que violó el derecho a la libertad de expresión del periodista y pidió disculpas a la familia de José Luis. Además se dispuso honrar su memoria a través de la colocación de una placa conmemorativa y de la publicación y difusión de sus dos libros. También será honrada la memoria del cabo Hernández en su natal ciudad de Ingenio San Pablo, Tucumán. El último punto del acuerdo establece que se creará un registro de decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos contra Argentina y su difusión en el Poder Judicial. Desde el Cels, Morales destacó que estos reconocimientos del gobierno argentino hacia D’Andrea Mohr y el conscripto Hernández establecen la relevancia que tuvo aquella investigación, en una época que era muy difícil la reconstrucción de la verdad a partir de la vigencia de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
“Los libros de D’Andrea Mohr fueron aportados como prueba documental a numerosas causas judiciales en las que se investigan delitos de lesa humanidad ya que en ellos se describen las estructuras de las fuerzas armadas y de seguridad, y cómo operaron en la ejecución del plan sistemático de desaparición de personas. Antes de fallecer llegó a declarar como testigo experto en su carácter de oficial del Ejército e integrante del Cemida. En su declaración aportó información sobre cómo se desarrollaban las tareas de inteligencia durante la dictadura, detalló cómo eran los roles y funciones del Batallón de Inteligencia 601 y las “comunidades informativas”, y cómo se coordinaban las operaciones entre zonas, subzonas y áreas en las que se hallaba dividido el territorio nacional para ejecutar las acciones criminales.
“”El capitán sin tacha, el hombre que se tomó el trabajo de identificar uno por uno a los jefes de zona, subzona, área y subárea, a los responsables de cada secuestro y desaparición. Sin él, la tarea de los tribunales que juzgan delitos de lesa humanidad sería muchísimo más difícil”, escribió el periodista Juan Salinas, quien afirmó que tuvo “la dicha de ser su amigo”. A instancias de Salinas, D’Andrea Mohr viajó a Madrid y Sevilla en 1999, cuando declaró ante el juez Baltasar Garzón e intervino en un debate sobre el porvenir de las las fuerzas armadas en el que intervinieron militares argentinos de uniforme y ex detenidos-desaparecidos argentinos. “José Luis dio la nota: nadie pudo estar a su izquierda ya que propuso la disolución de las fuerzas armas y su reemplazo por un sistema de milicias de autodefensa”, recordó Salinas, y apuntó que tenía un carácter “cabronazo”. En 2001 fue internado en el Hospital Militar –vaya paradoja pero el Vasco, como le decían, no tenía otro lugar para atenderse– por un cáncer de vejiga, que derivó en una infección que lo mató el 23 de febrero.
“En nombre del Estado firmó el secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla. La actividad se realizó en la sede de la Secretaría de Derechos Humanos en la ex ESMA y contó con la presencia de Julia Cassano, viuda del señor D’Andrea Mohr y José Luis, hijo de ambos. También participaron, por la Cancillería, Javier Salgado y, por el CELS, Erika Schmidhuber, Diego Morales, Damián Loreti y Santiago Felgueras.
“Pagina12.com.ar
“Adriana Meyer
“16 de noviembre de 2022”.
