03 de diciembre de 2024
14:54hs.
La situación de los pueblos originarios, y su estrafalaria negación por parte del gobierno mendocino, contradice a lo que el mismo Estado provincial publicó en la web hace tiempo. (1) Se trata, nada más y nada menos, que negar la existencia de quienes estaban antes que nadie poblando estas tierras, y reducir a la geografía a mero espacio, nada de Geografía Humana. Como lo dijo alguna vez el ex ministro Esteban Bullrich “esto que estamos haciendo es una segunda Conquista del Desierto”. Es un tema que, además, está indisolublemente ligado con otros temas que hemos venido abordando. Así entonces, estas tierras son un “desierto” que hay que poblar, con emprendimientos económicos y, si son de capital extranjero, mejor aún. En ese contexto, es casi normal que el gobierno provincial ceda tierras del Estado nacional para un emprendimiento supuestamente “turístico” en zona de frontera, creyendo que nadie va a protestar. Después de todo, la Constitución Nacional todavía sigue diciendo (artículo 25) que el Estado “promoverá la inmigración europea”; evidentemente los convencionales del ´94 pasaron por alto ese dato.
Pero hete aquí que hay gente que sí protesta (2) y hasta hay quienes escribimos para visibilizar el problema. (3) Los puesteros, o campesinos transhumantes sin tierra, también son negados, hasta tal punto que no se los considera humanos. Hay una ley provincial (la 6086 de 1993) que contempla los DERECHOS HUMANOS de estas personas que viven y trabajan en el campo desde hace muchas generaciones, y que no tienen la propiedad de sus tierras. Entonces, hay que negar la humanidad de esos seres que crían cabras, sean o no, se autoperciban o no como pueblos originarios. Para nuestro razonamiento, “todos somos indios” según diría Guillermo Magrassi hace cuarenta años.
Megaminería de capitales extranjeros, fracking, emprendimientos de turismo VIP y todo eso, pareciera que no tienen un freno. Parece la segunda Conquista del Desierto, ¡nomás!.
La ley 6086 (4) fue dictada en el año 1993, y allí se habla de los derechos y deberes de estas personas aún no reconocidas como tales por los poderes fácticos menducos. Entre otras cosas, esa ley crea un “Consejo de Arraigo” de los puesteros, organismo colegiado formado por funcionarios, por especialistas, POR LOS MISMOS PUESTEROS, por los pueblos originarios y por cualquier asociación civil sin fines de lucro que pretenda defender los derechos de estos compatriotas. Lo dice expresamente el último paso del artículo 6, donde además se incluye a la Iglesia Católica (sic) como instancia de participación, sin mencionar a otras iglesias.
Entre 1993 y 2014, 21 años, el Consejo se reunión 127 veces, más o menos 6 veces por año, o sea cada dos meses, promedio. Luego, en los dos últimos años del gobernador Paco Pérez entró en un cono de sombra, y entonces entre febrero de 2014 y septiembre de 2022… no se reunió nunca. Un descenso abrupto de la performance que, por lo menos, debe hacernos sospechar algo raro. Más teniendo en cuenta que hace dos años los legisladores se habían olvidado de prorrogar por dos años los desalojos rurales, hasta que la entonces senadora Andrea Blandini empujó para una nueva prórroga. Esa prórroga fue hasta el 31 de diciembre pasado, y la nueva prórroga fue sólo por un año…
Esos datos nos están indicando que el diablo metió la cola: hay poderes fácticos que están profundamente interesados en que los puesteros y los originarios no sean empoderados; no quieren democracia participativa. Los puesteros, entonces, no tienen derecho a decidir sobre sus propios destinos, sobre sus tierras.
La Federación Argentina de Espeleología (FAdE), que considera a los puesteros como guardianes naturales de las cuevas, pidió por vía administrativa, en mayo de 2019, que vuelva a reunirse el Consejo y que la FAdE misma sea admitida en su seno invocando el mencionado artículo 6.
Obviamente, como ya es (mala) costumbre, Humberto Mingorance, Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Gobierno de Mendoza (por ley, presidente natural del Consejo mencionado) nunca respondió, por lo que en 2021 la FAdE recurrió a la Justicia y entonces tanto Mingorance como la geógrafa Nadia Rapali (designada por él mismo para que lo reemplace) fueron denunciados por incumplimiento de sus deberes y otras cuestiones.
Algo ya adelantamos en La Quimera (5), y aquí ampliamos diciendo que la denuncia penal lleva el Nro. D-19140/23 y allí se acusa a los dos funcionarios de desacato, falsedad ideológica e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos.
Veamos algunos párrafos:
“Luego de haber fracasado las gestiones administrativas del caso iniciadas en mayo de 2019, (FAdE) recurrió a la Justicia para obligar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable a convocar al Consejo de Arraigo del Puestero creado por Ley Provincial 6086 y a aceptarnos como miembros consejeros, según lo habilita la ley 6086 en su artículo 6, último párrafo”.
“La sentencia (febrero de 2022) fue hecha pública en la web oficial de la FAdE (6), pero no fue sino hasta el 12 de septiembre que la autoridad de aplicación se avino a reunir a dicho Consejo, luego de una acción de amparo de nuestra parte ante el Primer Tribunal de Gestión Asociada, autos 269043”.
“Finalmente, el Consejo se reunió, pero sólo con funcionarios del poder Ejecutivo, sin haberse invitado a quienes habían firmado el acta 127 del propio Consejo en el año 2014. Así, no se dejó entrar a la reunión al werken Gabriel Jofré de la Comunidad Malalweche, a quien tampoco se había invitado pero que se enteró de la reunión por rumores”. Y a continuación la FAdE pide que el werken “sea citado a testimoniar sobre lo ocurrido ese día 12 de septiembre”.
Es claro: luego de veinte años de funcionamiento normal, cuando el consejo vuelve a reunirse luego de su larga siesta de 8 años y medio, los “radicales” no dejan entrar ni a los antiguos consejeros, ni a la asociación cuyo accionar judicial permitió que hubiera una reunión 128.
Luego la FAdE sigue: “En el acta 128 de tal reunión hay una omisión de hechos ocurridos ese día que son “inconvenientes” para la postura gubernamental, que claramente es la de no dar participación a los interesados en el destino de las tierras que habitan y trabajan, sino sólo a funcionarios que, además, dieron claras muestras -ese día- de no estar al tanto de los temas a tratarse, según nos consta. El Sr. Jofré cuenta con filmaciones de la discusión entablada entre él y la geógrafa Nadia Rapali, como asimismo con el asesor letrado del Consejo, antes del inicio de la reunión”.
Y para no dejar nada afuera, la FAdE pide “que se cite como testigos a los firmantes del Acta Nro. 127 (año 2014), la cual es presentada como prueba, para que informen si fueron o no invitados a la reunión”.
Toda esta documentación, esas actas, las notas que mencionaremos a continuación, fue compilada en un documento que acompaña a la denuncia penal y que ha sido posteado en la web oficial de la FAdE. (7)
Luego la FAdE denuncia los vaivenes burocráticos que debió sufrir, encima infructuosamente: “se nos contestó por escrito, antes del comienzo de la reunión mediante nota NO-2022-06391340-GDEMZA-UGATIF #SAYOT, diciéndonos que en nuestros estatutos sociales no está incorporada la problemática de los puesteros, contradiciendo así a la misma ley 6086, art. 6 y a la sentencia judicial que forzó a la realización de esa reunión. Todo lo cual significa que no fue el colectivo del Consejo quien rechazó nuestra incorporación, sino la autoridad política a cargo, y no lo hizo durante, sino antes de tal reunión. Fue, sin dudarlo, una decisión política que pretende impugnar en los hechos una decisión judicial y una ley de la Legislatura”.
¿Se entiende?: la ley dice que el Consejo podrá admitir nuevos miembros en su seno, pero a la FAdE se le contestó ANTES (por escrito) de que la reunión del Consejo empezara. No lo decidió colegiadamente el Consejo, sino que fue decidido ANTES… ¡Se nota mucho muchachos! Incluimos al final de este texto las dos páginas de la nota, reiteramos, entregada antes de que comenzara la reunión del Consejo de Arraigo.
La abogada que obtuvo la sentencia judicial del 23 de febrero de 2022 no se quedó atrás, ya que al pedir la regulación de honorarios había dicho lo suyo y la FAdE la cita en su denuncia: “Es de destacar la salvedad formulada en Autos 269043, con fecha 28/10/22, escrito ID 6734529, en donde se deja expresa constancia de que del acta de la reunión ordinaria Nro. 128 del Consejo Provincial de Arraigo de Tierras no Irrigadas de la Provincia de Mendoza, se desprende el incumplimiento del orden del día de la Resolución SAYOT Nro. 413/2022 publicada en el Boletín Oficial, puntualmente Art. 2 pto. b) de la misma que disponía la `Evaluación de convocatoria de otros consejeros/as, establecimiento de modalidad de funcionamiento del Consejo. Frecuencia de reuniones y otros temas en lo que respecta al órgano colegiado”, lo que es proveído por el Juez a fs.83”.
O sea que el acta 128 no dice nada del pedido de la FAdE ni dice nada de que un consejero se quedó en la puerta de entrada protestando porque no se lo dejaba entrar. La reunión fue una truchada para evitar que el juez aplicara un “astreintes”, o sea una multa por cada día de incumplimiento de la sentencia, cosa que efectivamente había sido solicitada por el querellante y eso puede verse en la documentación completa aquí citada. El Gobierno, entonces, no pagó ninguna multa, pero tampoco cumplió con la sentencia.
Finaliza la FAdE: “Por lo expuesto, y por las pruebas que respaldan a la presente -36 fojas que incluyen toda la documentación mencionada, incluyendo la ley 6086- posteada en (8) solicito que los expedientes mencionados sean traídos AEV a la presente denuncia y en función de ello se solicita el procesamiento del Ing. Humberto Mingorance (Ministro de Ambiente) y de la geógrafa Nadia Rapali (delegada del Ministro para presidir el Consejo de Arraigo Ley 6086) por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, falsedad ideológica y otros cargos que puedan surgir de la lectura atenta de la documentación”.
Nuevamente entonces el tema quedó en manos de la Justicia mendocina, que mucha confianza no nos despierta, ya que jueces como el Dr. Penisse suelen ser una rareza.
Columnista invitado
Carlos Benedetto
Museólogo, docente jubilado y presidente de la Federación Argentina de Espeleología. Escritor y periodista. Miembro de la Comisión de Ambiente del Instituto Patria. Director del quincenario Sin Pelos en la Lengua. Agrupación Luis Barahona, Biblioteca de la Memoria Jaime De Nevares, Malargüe.
Notas
1) https://www.mendoza.edu.ar/16-de-noviembre-qdia-del-departamento-de-malargueeq/
2) https://www.radionacional.com.ar/nuevas-denuncias-contra-el-gobierno-por-la-cesion-de-tierras-en-el-azufre/
3) https://marcelosapunar.com/2023/03/10/denuncia-penal-a-miriam-skalany-por-el-escandalo-de-el-azufre-por-carlos-benedetto/
4) https://www.ecolex.org/es/details/legislation/ley-no-6086-establece-el-programa-de-promocion-y-arraigo-de-puesteros-en-tierras-no-irrigadas-de-la-provincia-de-mendoza-lex-faoc123171/
5) https://quimeradigital.com.ar/nota/1883/ley-de-arraigo-de-puestero-mendoza-fuera-de-la-ley-ignorance-incumple-deberes-de-funcionario
6) http://fade.smartnec.com/images/prod/2L7OAFDltl54CxqDvLdCHW43RaNt2L.pdf
7) http://fade.smartnec.com/images/prod/SxfeBNNsdN5xUrAptdQy5K49aflMlR.pdf
8) http://fade.smartnec.com/images/prod/SpefcDvQhAQZTEHXydtwwEzkq1vEoc.pdf
