21 de noviembre de 2024
10:28hs.
Lo que se cuenta en la nota que te comparto debajo es de una densidad que mete miedo. Ojo que no hago este planteo desde un lugar naif, sino en mi condición de ciudadano mendocino que se perscata, espantado, del nivel de putrefacción de una parte importante de la institucionalidad por estas tierras. Soy consciente que las máximas responsabilidades hay que achacarlas al nivel nacional, por lo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá dar explicaciones.
Ojalá lo haga al menos del modo que suelen decir lo llevan adelante sus pronunciamientos quienes imparten justicia, que es a través de sentencias y fallos. También, aplicando los demás correctivos de rigor para situaciones de tal grado de corrupción. Dicho todo esto creo que el mandamás provincial por excelencia, me refiero a Alfredo Cornejo, gobernador electo y quien acapara la suma del poder público, quien también debería ser una de las personas que emita señales muy claras al respecto.
La amplísima mayoría de personas involucradas en los hechos que salieron a la luz recientemente, muchos de los cuales se conocen sotto vocce desde hace más de 8 años, son mendocinos y mendocinas. Muchos de ellos con responsabilidades en los otros dos poderes, además del judicial. Ni nacieron de un repollo ni llegaron en una nave espacial, desde otro planeta. El macriradicalismo está a cargo de los destinos provinciales desde hace dos períodos. ¿Se puede hacer el distraído?
#Tribunales
“Los sótanos del poder que rodean a la Justicia y quedaron expuestos en el juicio a Walter Bento
“En el juicio a Walter Bento y otras 30 personas quedan expuestas las tramas de corrupción que rodean a la Justicia. Funcionan con operadores en las sombras. Sospechas de connivencia.
“En los archivos físicos y digitales de Tribunales Federales, particularmente en el tercer piso, están guardadas decisiones sobre la libertad y bienes de muchas personas, pruebas y medidas sobre bandas crimen organizado; historias de delincuentes de guante blanco que contrabandeaban, vendían droga y hasta secuestraban personas. Allí estaba el despacho de Walter Bento, que era juez federal y tenía a su cargo las causas más calientes de Mendoza. Pero buena parte de esas decisiones no se tomaban en el adusto edificio de España y Pedro Molina, sino en cafés de los alrededores, en la cárcel, en tugurios menos visibles o incluso en playas de estacionamiento. Esos eran los escenarios donde se acordaban y se pagaban coimas para acceder a beneficios procesales. En ese submundo funcionaba el sistema judicial paralelo que, según las sospechas, lideraba Bento y que podría tener más protagonistas de lo esperado.
“Walter Bento tenía una vida pública como juez, pero en su rutina cotidiana real se mezclaba con personas, personajes que rondan los suburbios del poder y donde se mezclan policías, “buchones”, agentes de inteligencia, delincuentes a sueldo del Estado, dirigentes políticos, empleados jerárquicos de organismos nacionales, funcionarios judiciales, abogados y muchos changarines VIP, buscavidas que aprovechan ese lodo para hacer negocios. En la instrucción de la mega causa por corrupción en la Justicia Federal que lo tiene a Bento como principal sospechoso quedó en evidencia ese submundo, los sótanos del poder de Mendoza.
“La hipótesis de los acusadores, teoría que cobra cada vez más fuerza, es que los detenidos por causas federales eran extorsionados para pagar coimas y conseguir beneficios procesales. Los encargados de la primera línea de esa gestión eran agentes informales al servicio de la organización.
“Dos de los nombrados fueron Diego Aliaga y Diego Stuto. Ambos, con roles diversos en esos sótanos: eran delincuentes, informantes policiales, punteros judiciales, “tramitadores” de favores y hasta facilitadores en la adquisición de bienes mal habidos. Aliaga y Stuto tienen trayectoria en esa funcionalidad, sea a favor de Bento, como se sospecha, pero incluso para la propia Justicia y el Ministerio de Seguridad. Como informantes, por ejemplo, cobraban de la caja negra que maneja el Ministerio a través de los gastos reservados. Sus contactos eran cruzados y por eso tanta inquietud: eran buchones y hacedores de favores en la policía, la Justicia provincial y la Justicia Federal. Diego Aliaga era el informante 59 de la policía, pero también era el principal “puntero” de Bento y hacía alarde de todos sus roles. Gabriel Moschetti era el policía que tenía a cargo a Aliaga como informante y él mismo relató que ese hombre, que fue asesinado de manera mafiosa, solía tener información con anticipación sobre allanamientos y otras medidas que se ejecutaban desde “los federales”.
“El primer contacto era bajo presión y angustia: en las cárceles y calabozos, donde los detenidos recibían la primera señal. Debían pagar para salir. Luego, venía el abordaje personal a los familiares, siempre en lugares neutros. “Mientras se encontraba en la Unidad 32 su familia fue abordada por Diego Aliaga en un café de Avenida España y Pedro Molina y luego en una playa de estacionamiento de calle 9 de Julio. También fue visitado en el penal por Luciano Ortego (abogado), quien les propuso que si ponían una suma de dinero en conjunto salían en libertad”, dice uno de los tantos relatos que figuran en los expedientes.
“Vínculos, mentiras y dudas
“Diego Barrera, el hombre que mató a Diego Aliaga y está condenado a perpetua, comenzó a declarar en el juicio oral y como se esperaba tuvo un testimonio distópico: intentó desmentir todo lo que dijo antes y aprovechó para acusar sin pruebas a un grupo de dirigentes políticos. Según él todo lo que dijo antes era “mentira”, aún cuando en la instrucción dio detalles precisos que en su nuevo testimonio obvió. Barrera citó una supuesta reunión entre Leonardo Comperatore, Carlos Ciurca y Anabel Fernández Sagasti donde “decidieron” ir contra Bento y que él sería el instrumento.
“Esa teoría tiene un problema: entender cuáles eran las razones para esa decisión; mucho más cuando el peronismo mendocino y nacional fueron en realidad los que más dilataron desde la política a Bento. El exjuez intentó durante todo el proceso construir una supuesta confabulación de la política para destituirlo, pero craneada (según él) por Juntos por el Cambio y no por el PJ. Allí la versión de Barrera pierde fuerza. Sin embargo, los hipervínculos de ese submundo con la política hacen verosímiles las teorías sobre los intereses cruzados.
“La otra línea de la misma trama es el vínculo entre los integrantes de la banda que funcionaba en Tribunales y la Aduana. Hay relación institucional frecuente porque las causas de contrabando recaen en Tribunales Federales. Pero ese vínculo trasciende lo formal y hay testimonios que sugieren una fuerte connivencia. Incluso en una de las declaraciones en la que se menciona el efectivo pago de una coima estaban presentes Bento y quien era el titular de la Aduana, Raúl Bustos Cara. Esa coima se pagó en un lugar semi público: el club de Golf que esta en el Parque San Martín. Fue Juan Carlos Iñiguez quien en su declaración relató que acompaño a Diego Aliaga hasta el lugar y le entregaron un sobre en mano a Bento, que estaba junto al jefe de la Aduana.
“Uno de los testigos en el juicio fue explícito en cuanto a las relaciones. Se trata de Gonzalo Ramírez Madrid, un ex ejecutivo de la Aduana que denunció haber recibido pedido de coimas, además de apremios ilegales en la cárcel. Primero, dijo que desde la propia AFIP-Aduana obviaron denunciar hechos llamativos de los que habían sido testigos e incluso también “se olvidaron” de ser querellantes o apelar causas en las que estaban obligados. En particular recordó que en el emblemático “caso 6”, ya había quedado expuesto que había pedido de coimas. Se trata de la llamada causa Iñiguez, donde hubo detenidos y pago de coimas. Esa causa era por contrabando de cigarrillos y tenía muchos detenidos, el mundo ideal para Aliaga y la trama de corrupción. El mecanismo de recaudación se puso en marcha. Una de las acusadas accedió a la oferta: pagó 40 mil dólares y consiguió el cambio de calificación en su causa y la libertad. Se trata de Rosa Fernández, que estaba acusada por contrabando y gracias a Bento pasó a partícipe secundaria.
“En las escuchas de esa causa se menciona a Bento, la necesidad de pagar y elegir abogados para obtener beneficios. Pero la AFIP-Aduana nunca denunció el tema, salvo 8 años después. “En la causa Iñiguez en el primer cuerpo en la foja 51 en adelante hay un montón de llamadas telefónicas con diferentes personas que hablan del juez Bento, de abogados, no sólo el juez no se apartó, sino que los querellantes de la Aduana que son abogados y funcionarios públicos y tuvieron 8 años el expediente, nunca denunciaron esto. No era algo que pasara inadvertido. Hay escuchas donde se menciona al propio juez”, declaró el testigo.
“Efectivamente las pruebas que están en la “causa Bento” son de expedientes judiciales de años atrás donde se explicitaba que había una trama de corrupción latente. Pero nadie denunció nada. El abogado de la AFIP era Javier Ruggero, que sí se hizo querellante casi una década después de esos hechos y hoy ocupa un alto cargo en ese organismo, en Mendoza.
“A nivel institucional el vínculo entre la AFIP y la Justicia Federal es fuerte. Mendoza es el principal objetivo de los contrabandistas y también de quienes quieren combatir ese tipo de delitos. Por eso, por ejemplo, las escuchas que se hacen a través del Juzgado Federal se transcriben en una oficina especial de la AFIP. Y muchas medidas se hacen en conjunto. Otras fuentes confirmaron a MDZ que hubo gestos de condescendencia hacia el el exjuez federal.
Diego Aliaga, el carismático y polifacético puntero de Bento
“Mdzol.com
“Pablo Icardi
“18 de noviembre de 2023”.
Foto: Alf Ponce Mercado / Mdz
