La nueva, de esta ultraderecha despiadada a la que no le tiembla el pulso frente a los que menos tienen y más necesitan, pero se arrodilla frente al gran capital, para el que en verdad trabaja, es hacer recaer en las organizaciones sindicales, políticas o sociales, el costo que insume que el gobierno aplique las fuerzas estatales en su represión. Pagarle a quienes nos llevan por delante, haciendo uso de la estructura de que dispone la institucionalidad de las fuerzas de seguridad.
Como si tales gastos no estuvieran cubiertos por el presupuesto estatal, que prevé y financia todas y cada una de las tareas de hombres y mujeres uniformados. En el paroxismo de tal cosa, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, siempre lista para aplicar todo el rigor de la ley -y más- intimida a las organizaciones más importantes que reunen a trabajadores y trabajadoras. Está muy cerca el 22 de enero, fecha elegida por la CGT para el primer paro nacional.
Debemos enmarcar esta y otras acciones por el estilo, en el temor al éxito de la medida de fuerza. Se halla muy fundado puesto que en un punto el Presidente Javier Milei y su gobierno son conscientes del daño que le están haciendo al bolsillo de los labuirantes. En lo personal, espero que los argentinos sepamos emitir una señal incunfundible ante nosotros mismo, congregando algunos millones de integrantes de nuestro pueblo en la Plaza de los dos Congresos y en las de todo el país.
“Contra el derecho a huelga
“La CGT repudió las multas de Bullrich: “Es una nueva provocación pero no nos van a condicionar”
“A días del paro general el gobierno pretende cargar los costos de las protestas sobre las organizaciones sindicales. Las demandas oscilan entre 40 y 100 millones de pesos.
“Decenas de sindicatos y organizaciones sociales y políticas que participaron de la movilización a los Tribunales recibieron hoy una serie de cartas documento en las que, con la firma de funcionarios del Ministerio de Seguridad, el gobierno reclama el pago de entre 40 y 100 millones de pesos en concepto de costos operativos para la actuación de las fuerzas de seguridad en la protesta.
“Un reclamo de similar naturaleza había realizado el mismo organismo a las organizaciones del Frente de Lucha Piquetera que se manifestaron el 20 de diciembre en la Plaza de Mayo. En este caso la selección de las organizaciones intimadas resulta antojadiza en tanto son menos de veinte cuando, en rigor, participaron de la movilización todos los sindicatos adheridos a la CGT y a ambas CTA además de la totalidad de las organizaciones sociales. La CGT, organizadora de la protesta dirigida a los Tribunales, no resulto intimada de manera directa pero recogió el guante en defensa de sus organizaciones adheridas y el derecho a la protesta.
“En un comunicado conocido esta tarde el Consejo Directivo señaló que “el gobierno no va a condicionar al movimiento obrero organizado”.
“Allí la Confederación General del Trabajo “manifiesta su profunda preocupación, en lo que entendemos es una nueva provocación del Poder Ejecutivo”.
“Los conducción de la CGT denuncia que “es un nuevo intento del gobierno de Javier Milei de acallar toda manifestación y protesta de los trabajadores y trabajadoras organizados en expresión de sus legítimos reclamos, ante la reforma laboral más regresiva en toda la historia democrática de nuestro país”. A la vez aseguran que se trata de una “afrenta ilegítima y contraria a la Constitución Nacional”.
“Para la Central la intimación económica “expone la vocación gubernamental de desconocer la libertad sindical, el derecho de huelga y de protesta ante todo intento de manifestar el rechazo y el descontento, no condicionará al movimiento obrero organizado”.
“Por último, parafraseando al propio gobierno destaca que la organización “no representa los intereses de “una casta”, sino los intereses de trabajadores y trabajadores de nuestro país que, en una sociedad democrática y conforme a la Constitución Nacional, tienen el derecho a gozar de la protección de las normas, a la organización sindical, a negociar convenios colectivos y a ejercer el derecho de manifestación y de huelga”.
“La “provocación” tensa aún más la relación entre el movimiento obrero y el gobierno a días del paro general del 24 de enero que, evidentemente, implicará cortes de calle, movilizaciones que implicarán, por decisión gubernamental, una fuerte y costoso operativo policial.
El Gobierno no va a condicionar al Movimiento Obrero Organizado pic.twitter.com/2NRApvI2l6
— cgtoficial (@cgtoficialok) January 11, 2024
“Tiempoar.com.ar
“11 de enero de 2024”.
Foto: Leonardo Spinetti