21 de noviembre de 2024
18:05hs.
“Avanza el remate de los bienes del Estado
“El Gobierno prepara la venta de empresas, terrenos y edificios públicos
“Con la reorganización del Gabinete, las privatizaciones quedan a cargo de Luis Caputo. Los cambios en la AABE y los inmuebles estatales en la mira del empresario Eduardo Elzstain.
“El gobierno publicó en el Boletín Oficial distintos decretos para realizar una reestructuración del gabinete nacional. Con la nueva repartición de secretarías, subsecretarías y distintas áreas del Estado, empoderaron al ministro de Economía Luis Caputo –que se quedará con la Agencia de Transformación de Empresas Públicas a cargo de Diego Chaher, que antes dependía de la Jefatura de Gabinete–, también a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y por último le dieron algunas áreas a Federico Sturzenegger, bajo el nuevo ministerio de desregulación. Restando importancia a la figura del jefe de ministros. Más allá de que en las próximas semanas desde el oficialismo avanzarán con las privatizaciones que fueron aprobadas por el Congreso, también quieren desguazar –mediante distintos vericuetos legales– las empresas para las que no tuvieron el visto bueno de los legisladores como el Correo Argentino y Tandanor, entre otras. Además, buscarán rematar terrenos y edificios del estado.
“Al mismo tiempo que publicaron en el BO los decretos 643 y 644 de Administración Pública Nacional –que modifican el decreto 50/2019– salió publicado el 636/2024 que está dedicado a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). El gobierno buscará vender la mayor cantidad posible de terrenos y edificios públicos para hacer negocios privados. El encargado de esa Agencia es Nicolás Pakgojz, un exfuncionario porteño vinculado a IRSA, cuyo dueño es Eduardo Elzstain, el empresario que es íntimo amigo de Javier Milei.
“La Libertad Avanza tiene los ojos puestos en los terrenos y edificios públicos desde que llegó al gobierno. Milei y el exjefe de gabinete, Nicolás Posse, impulsaron al comienzo de la gestión una auditoría general de todos los bienes del estado para ver con qué propiedades contaban para rematar. Allí habrían descubierto más de 40 mil y la idea sería, en principio, avanzar en la venta de unas 400 propiedades. Pakagojz, el funcionario de 30 años que pasó por las gestiones de Horacio Rodríguez Larreta y de Jorge Macri en CABA, armó, junto a su equipo, el decreto que fue publicado este sábado.
“Allí quedó consignado que la AABE quedará “facultada para efectuar la mensura o el deslinde necesario”, de los terrenos y edificios “arrendados o concedidos en custodia a terceros; los inmuebles ocupados por terceros sin título legítimo; y los inmuebles cuya repartición de origen obstruyese u obstaculizare la correspondiente fiscalización”. “Si se verificara alguno de los supuestos establecidos en este artículo, y la jurisdicción o entidad que lo tuviera asignado en uso no diera cumplimiento a lo establecido en el artículo, la AABE podrá disponer su desafectación por resolución fundada”, explican.
“En esa línea, el decreto agrega que “La AABE podrá encomendar el procedimiento de venta inmobiliaria a entidades bancarias oficiales con especialización inmobiliaria, ya fueren internacionales, nacionales, provinciales, de la CABA o municipales, en las cuales podrá delegarse la celebración de los actos jurídicos necesarios para el perfeccionamiento de las operaciones”.
“A tal efecto, aclaran en el decreto que la Agencia podrá requerir a la Cancillería “la realización de aquellas gestiones y trámites necesarios y conducentes para la enajenación de los bienes ubicados en el extranjero”. Por último, hay un fragmento que explica el “procedimiento de venta desierto”. Dice que, cuando no haya postores u oferentes, “se podrá convocar a un nuevo procedimiento similar al anterior, reduciendo el precio venal en hasta un diez por ciento por única vez”.
“La idea de vender las tierras y propiedades del Estado a los amigos, sin embargo, no es una novedad. Ya ocurrió durante el gobierno de Mauricio Macri. En octubre de 2023, tal como contó este diario, la AGN aprobó un informe sobre las entregas de bienes del estado durante el gobierno macrista y develó que se vendieron propiedades del Estado nacional por 842 millones de dólares. Las ventas fueron, en general, a particulares, por debajo de la tasación oficial, sin actualizaciones, y en subastas ficticias.
“Página12 contó también sobre las sospechosas subastas de Catalinas, terrenos ubicados frente a Puerto Madero, detrás del hotel Sheraton, que se entregaron durante el macrismo a valores muy debajo de los de mercado y sobre la venta de un lote de la calle Ocampo, en Barrio Parque, y otro en Córdoba, donde vendieron un estancia del Ejército de 12 mil hectáreas. Algunos de los beneficiarios en aquella ocasión fueron Nicolás Caputo, Mario Quintana, Paolo Rocca y Gustavo Arribas. Habrá que esperar para ver quiénes son, esta vez, los beneficiarios del nuevo remate de los bienes que pertenecen a todos los argentinos.
“Privatizar las empresas
“El gobierno, además de vender los terrenos y los edificios del Estado, avanzará con las privatizaciones de las empresas públicas. En algunos casos, dicen en Balcarce 50, ejercerán la potestad que les dio el Congreso para privatizar o concesionar, como por ejemplo con Agua y Saneamiento Argentino (Aysa) y Corredores Viales y, en otros, argumentan, podrán avanzar igual porque –según dicen cerca de Milei– así lo permiten las leyes o decretos que crearon determinadas empresas. También se apoyan en la Ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector público Nacional sancionada en 1992 para decir que están habilitados. Ese sería el caso del Correo Argentino; Tandanor; Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A. (IMPSA) y Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), entre otras.
“Cuando desde Casa Rosada presentaron la primera versión de la Ley Bases, la idea del gobierno era que el Congreso apruebe la privatización de 41 empresas entre las que figuraban: Arsat, Banco Nación, Casa de la Moneda, Contenidos Públicos, el portal Educar, Fábrica Argentina de Aviones, Fabricaciones Militares, YPF (cuyo 51% pertenece al Estado argentino) y Aerolíneas Argentinas, entre otras. Luego de negociaciones, la lista se redujo y en la segunda versión del proyecto habían quedado once. Se eliminaron, por ejemplo, al Banco Nación e YPF. Luego, cuando la Ley Bases llegó a la Cámara Alta, quedaron nueve.
“El número final se achicó más porque, antes de la votación, desde el oficialismo anunciaron que iban a quedar afuera: Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina, como parte de las negociaciones. Lo que terminó aprobando el Congreso fue la privatización parcial de: Energía Argentina SA, Intercargo SAU y para privatizar o concesionar quedaron Agua y Saneamiento Argentinos (Aysa), Belgrano Cargas y Logística SA, Sociedad Operadora Ferroviaria y Corredores Viales SA.
“Desde el oficialismo repiten que el objetivo de Milei es “privatizar todo”, incluso –dicen jocosos– “si fuese por nosotros privatizamos hasta la Casa Rosada”. El problema es que el Congreso seguirá siendo un actor clave. Para avanzar, por ejemplo, con la privatización de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT), ARSAT, Intercargo, AA y Banco Nación, deberán volver a presentar proyectos de Ley y conseguir mayorías parlamentarias.
“Con la vigencia del DNU 70/23, en tanto, se podría realizar la conversión de las sociedades del estado y empresas con participación del estado en SA, tal como lo permite el artículo 48. Sin embargo, desde la oposición recuerdan que el Estado deberá conservar el paquete accionario mayoritario porque, para que pase a manos privadas, debe mediar una ley. Así, dicen, lo establecen los artículos 8, 9 y siguientes de la ley de Reforma del Estado 23.696, que están vigentes. Desde Casa Rosada, igual seguirán intentando.
“Las empresas que ya fueron aprobadas por el parlamento, en tanto, deberán pasar por la comisión bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, que está conformada por seis legisladores de cada una de las cámaras. Además, será necesario que la Sindicatura General de la Nación y la Auditoría General de la Nación realicen informes sobre el estado legal y financiero de cada una de ellas. En paralelo, desde el gobierno intentarán avanzar con las que no tuvieron el visto bueno de los legisladores como el Correo Argentino. En Casa Rosada dicen que “así lo permite la ley que lo constituyó”. También quieren avanzar con la venta de Corredores Viales para concesionar todas las rutas del país y con la del astillero y taller de reparaciones navales, Tandanor.
“El encargado de la Unidad Ejecutora de Empresas, Diego Chaher, será quién tenga sobre sus hombros el desguace de las empresas estatales. No será su primera tarea, ya fue durante este gobierno el interventor de Télam. Este sábado se conoció que esa Unidad dependerá del ministerio de Economía. En Casa Rosada ya hubo distintas reuniones encabezadas por Chaher y por el asesor estrella del Presidente, Santiago Caputo, a las que asistieron responsables de las empresas públicas que el Gobierno piensa rematar como los titulares de Aysa, Alejo Maxitt; de Correo Argentino, Camilo Baldini; González Botto, de Tandanor, Mauricio González Botto; de Corredores Viales, José Luis Acevedo, y de Trenes, Adrián Luque.
“El Caso del Correo
“En el año 2003, el gobierno de Néstor Kirchner le quitó la concesión del Correo a Socma, de la familia Macri, que la tenía desde 1997 cuando se la dio el menemismo. Mediante el decreto 1075 se suspendió la concesión que tenían por 30 años porque los Macri debían al Estado más de 257 millones de pesos.
“En 2004, Kirchner firmó otro decreto, el 721, mediante el cuál se creó Correo Argentino Sociedad Anónima (Corasa). Se estableció que el correo iba a quedar bajo la administración pública, pero en la introducción del texto aclararon que eso sería así “hasta tanto se privatice”. Los años que siguieron –en vez de crear una ley, como fue en el caso de Aerolíneas Argentinas– se continuó con la renovación anual del decreto. CFK lo renovó hasta 2009 y luego, por usos y costumbres, la empresa siguió quedando bajo administración pública. Durante el macrismo, como el tema estaba en el ojo de la tormenta por la deuda que el expresidente tiene con la empresa, no se avanzó sobre el asunto.
“Al asumir Milei, volvió el embate. El gobierno sumó al Correo a la lista de las empresas a privatizar en la Ley Bases. Los legisladores dijeron que no y, desde la Casa Rosada, al día siguiente de la aprobación de la Ley, argumentaban que podían avanzar igual con la venta, porque así lo permitía el decreto 721/2004.
“Sin embargo, hay abogados administrativistas que dicen que, al someter primero la privatización al Congreso, el gobierno podría incurrir en la “doctrina de los actos propios”. Los trabajadores, en tanto, denuncian que el gobierno “viene vaciando el correo con despidos y retiros voluntarios”, y que la idea final es cerrarlo y transformarlo en franquicia. “Quieren mantener el sello y darle todas las unidades de negocios a los empresarios amigos”, explican.
“Pagina12.com.ar
“Melisa Molina
“21 de julio de 2024”.
