31 de julio de 2025
07:09hs.
No se puede discutir un Código de Aguas sin primero discutir un Plan Hídrico pensado para una nueva Mendoza agroindustrial. El agua debe llegar a los pueblos de aguas abajo, a los invisibles del campo, a los productores de alimentos. En cambio, parece ser que nuevamente, el “libre mercado” hará que el agua se quede con los de arriba.
Por eso hoy la consigna que se viene levantando es: “No al código de aguas de Cornejo-Mekorot. Primero que se discuta un plan hídrico en beneficio de los pueblos”.
Hay tres temas fundamentales ausentes en el proyecto de Código de Aguas, que a su vez deberían ser los tres temas que aborde un Plan Hídrico democratizador y popular: primero, brilla por su ausencia un diagnóstico real de la mortandad agro-empresaria de los últimos años, segundo, no está sobre la mesa el dato preocupante del grado de ociosidad de la tierra por falta de agua, y tercero, no se discute la necesidad de generar fuentes de trabajo y alimentos para una población que históricamente sabe y quiere producir la tierra como principal actividad de agregado de valor y arraigo. El problema que hoy tenemos es que, detrás de los debates abstractos de leyes, está el día a día del agricultor que sufre la sequía programada de usuarios que tienen la billetera para succionar las aguas arriba, llámese bodega de Tinelli-Vigil, la fancesa Danone, o una mega minera canadiense o china.
Hoy los jóvenes no se quedan en el campo y para revertir eso debería haber un Plan Hídrico, no para medir cada gota para cobrar más cara el agua, que es en definitiva lo que avisa el plan Cornejo-Mekorot. Ese plan, sumado a la adhesión de la provincia al RIGI, completan el panorama de la entrega.
Hay datos que son insoslayables: se perdieron 13.000 explotaciones agropecuarias en Mendoza entre los años 1988 y 2018, a razón de 36 fincas menos por año. Entre 2006 y 2015 se perdieron 74 bodegas, a razón de 8,2 establecimientos industriales menos por año. Pero esa menor cantidad de bodegas elabora un 15 % más de vino. Esa no es la Mendoza que queremos, y el acceso al agua tiene mucho que ver con esta realidad. La ociosidad de tierras aptas para el cultivo es escalofriante: 250.628 has según el Censo Agropecuario 2018 (48 % de la tierra apta), de las cuales, según el INTA, un tercio se deberían a causas relacionadas con el acceso al agua. Hay una mina de oro bajo los pies de los mendocinos para generar puestos de trabajo genuinos si se toman medidas políticas fuertes para poner en funcionamiento la tierra, el agua, y la juventud que quiere trabajar. Pero esa no es la melodía libertaria que tocan desde la presidencia y se baila en la gobernación de Mendoza.
El debate abierto sobre el manejo del agua puede (?) traer soluciones para la mendocinidad laboriosa, o ser una pantalla de declaraciones grandilocuentes (con realidades ya consumadas) como tapadera de la continuidad de la fiesta del monopolio extranjero que reina soberano sobre nuestras tierras y aguas. Adelantando una opinión, el plan de Alfredo Cornejo -CódigodeAguas-Mekorot-RIGI-, es lo segundo. La mercantilización y privatización del agua es el objetivo encubierto.
Mercantilización del agua, se busca eliminar la inherencia agua-tierra
Los gobiernos de turno son dúctiles ante los grandes consumidores de agua, (grandes inversiones agrícolas, petroleras, y mineras a la expectativa), para asegurarse el recurso vital de sus negocios. En concreto, el gobierno de Cornejo avanza legislando con la técnica de la apariencia que oculta la esencia. La ley mantiene el principio de inherencia del agua a la tierra y otras declaraciones grandilocuentes, pero el manejo político del agua en favor de los grandes del mercado se deschava tan sólo al leer dos artículos del proyecto de Código, a modo de trampita, para que luego en la realidad real, donde pesan los billetes más que la letra de cualquier ley, el agua esté asegurada para sus negocios. Por eso, desde estas líneas venimos a denunciar esas trampas legales al mismo tiempo que exhibimos los cadáveres sobre la mesa, que siempre los pone el pueblo, para discutir realmente qué leyes necesitamos para la provincia de las mayorías.
El art. 58 del proyecto de Código sentencia que fuera del uso doméstico y de subsistencia,
“nadie podrá aprovechar las aguas de dominio público… sin el expreso permiso o concesión de autoridad competente”;
que combinado con el art. 69 que faculta a la autoridad de aplicación a
“cambiar las prioridades de uso” si alguien acredita un beneficio económico-social notoriamente superior,
…por ejemplo, algún megaproyecto que se considere superior al uso agrícola o al riego del arbolado público. O sea, quedamos en manos del funcionario de turno dador de los permisos a discreción.
La eliminación de la inherencia agua-tierra es claramente el nudo de la cuestión. Más allá que el proyecto de Código mantiene la inherencia en sus postulados, luego la da por tierra en un articulado flexible para amoldarse a la realidad de los poderes fácticos.
Esta disminución/eliminación del principio de inherencia es inconstitucional, por legislar restrictivamente sobre el acceso a un derecho que es operativo por ser un derecho fundamental para la dignidad humana. Dicho en palabras más sencillas, no se puede poner ningún tipo de valla entre el agua para vivir y las personas. Debe haber garantías para que cada persona tenga el acceso elemental al agua.
Esta inconstitucionalidad tiene como fundamento que el agua es un bien común, es un recurso natural propiedad originaria de los pueblos de las provincias, y su acceso hace al derecho humano a la vida y a la prosperidad económica del pueblo (art. 75 inc. 19 de la Constitución Nacional). Por lo tanto, atendiendo a éste último aspecto, y tomando en cuenta que el principio de inherencia es atacado por el proyecto de Código, debe ser fuertemente defendido, ampliándolo. El contenido que los legisladores le dieron originalmente en 1884 en la ley de aguas de Mendoza, a pedido de los propietarios de las tierras, debe ser ampliado desde el punto de vista de la democratización del agua y la tierra. Entonces, pensemos en un nuevo principio de inherencia ligado a un proyecto de desarrollo provincial (Plan Hídrico), que debe ser debatido ampliamente y decidido democráticamente antes que ningún código de aguas sea tratado en la Legislatura.
Bajemos estas reflexiones a situaciones concretas: tener garantizada el agua para mantener una fuente de trabajo, por ejemplo el cultivo de 5 hectáreas por una familia de Junín, Lavalle o Alvear, debe ser una realidad operativa, sin vallas ¿o debe haber un funcionario político que decida sobre dar o no permiso al uso del agua? Opinamos lo primero, y por eso creemos que debe discutirse una nueva inherencia agua-tierra, no en favor de los propietarios en general, como fue el origen oligárquico del sistema actual, sino ligando el uso del agua a un proyecto de creación/reactivación de nuevas fincas retomando el concepto de unidad económico familiar (5 has por familia), para que cada familia tenga garantizado el derecho a vivir de su trabajo en la tierra. Eso debe ser una prioridad de orden público.
En cambio, ¿una inversión de una empresa que quiere explotar cientos de hectáreas debe pasar por un proceso de control estricto? Creemos que sí.
Y aquí seguramente dirán los que promueven el Código de Aguas que el recurso es escaso, y por eso se debe restringir el uso, dictar leyes, y colocar policías del agua. Pero ese argumento se cae por su propio peso debido a que con la tecnología disponible hoy, y con obras hídricas se puede quintuplicar el aprovechamiento del agua. Es cierto que baja menos agua de las montañas en períodos de sequía y cambio climático, pero no menos cierto es que con tecnología y obras no hay escasez de recurso sino inoperancia en su manejo. No se puede culpar a la naturaleza cuando el problema es más social que natural. Para mejorar la eficiencia hídrica deberían utilizarse los 1000 millones de dólares del pueblo de Mendoza en obras que dupliquen o tripliquen la cantidad de productores y de producción de alimentos con nuevos puestos de trabajo sustentables creadores de valor local y de circulación local. Por eso la empresa estatal IMPSA no debe ser vendida sino conservada para potenciar un plan recuperador de la economía de Mendoza con base agroindustrial. Por eso se deben recuperar el IDR y potenciar el INTI, el INTA y el Conicet. Y no gastar ni un sólo peso en contratar a la empresa estatal israelí Mekorot.
Para concluir estas líneas, y como reflexión más general, creemos importante remarcar que el modelo que viene dominando al agro mendocino y argentino desde hace más de 40 años, de “libre mercado”, ha fracasado como modelo de crecimiento inclusivo. Es un éxito para pocos, y un desastre para las mayorías. ¿El Estado estuvo ausente? Para nada. Esto no es anarquismo ni libertarismo señores, esto es modelar en beneficio del que ya tiene el poder real económico, para que sigan siendo cada vez más ricos los ricos, con los recursos comunes de las poblaciones. El estado actúa sacando obstáculos para que los grandes reinen soberanos, los que ya se quedaron con las mejores tierras gracias al estado, que pagaron y pagan bajos salarios gracias al Estado, que usaron y usan fondos estatales para infraestructura vial y energética, para hacer marketing y giras por el exterior para aumentar sus ventas, y por el otro lado, en su faz desreguladora, piden que el Estado “les saque el pie de encima”, pero en realidad lo manejan desde dentro para borrar toda política estatal de protección del mercado interno y la producción local. A esa dupla Estado-poder económico real debe sacudir un proceso democrático popular para hacerse un lugar en este mundo.
Malvina Luera
Referenta de la Asociación de Pequeños Productores (APePro) y del Partido del Trabajo y el Pueblo (PTP), trabajo rural.
Nicolás Guillen
Tiene 46 años, es sociólogo y abogado. Sin haber ocupado cargos públicos tiene una militancia social y política de más de 28 años. Es presidente del Partido del Trabajo y del Pueblo de Mendoza, y colaborador con los movimientos de trabajadores vitivinícolas, del agro y barriales. Partícipe redactor del proyecto de ley para la creación de una Empresa Provincial de Alimentos en trámite legislativo.
