31 de julio de 2025
06:55hs.
“Mendoza
“Obras en rutas nacionales: Fiscalía de Estado avaló el convenio firmado por Cornejo, pero marcó límites
“Aunque validó el acuerdo rubricado por el Gobernador con Vialidad Nacional, el organismo de control pidió revisar el reparto de fondos viales y advirtió sobre un posible traspaso inconstitucional de funciones si este tipo de acuerdos se repite.
“La Fiscalía de Estado avaló legalmente el convenio suscripto por el gobernador Alfredo Cornejo con la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), que transfiere por tres años a la Provincia la ejecución, mantenimiento y conservación de más de 235 kilómetros de rutas nacionales.
“Sin embargo, en su análisis legal, el ente de control encendió luces de alerta: por ejemplo, pidió evaluar si el actual régimen fiscal nacional perjudica a Mendoza frente a otras provincias en materia de financiamiento vial.
““Se estima oportuno (…) verificar si el esquema de asignación de recursos nacionales se ajusta al principio de igualdad entre provincias”, sostiene el dictamen, que sugiere que el Ejecutivo local analice posibles reclamos ante la Casa Rosada si detecta un trato inequitativo.
“El acuerdo, firmado el 14 de mayo entre Cornejo y el titular de la DNV, Marcelo Campoy, establece que Mendoza se hará cargo de importantes tramos de las rutas 7, 40 y 143, sin aportes económicos ni respaldo legal por parte del Estado nacional.
“La Provincia asumirá la totalidad del financiamiento y de la responsabilidad operativa, jurídica y laboral por las obras. La única vía prevista para recuperar parte de la inversión es la implementación futura de un sistema de peaje, sujeta a autorización del Gobierno nacional.
“Aval legal, pero con advertencias
“En su dictamen, la Fiscalía validó la legalidad del convenio y no objetó el decreto que lo aprobó, al considerar que cumple con los requisitos establecidos por la Ley de Procedimiento Administrativo. Pero dejó constancia de varias señales de alarma.
“En primer lugar, pidió verificar si el actual régimen nacional de asignación de fondos viales respeta el principio de igualdad entre provincias, como establece la Constitución. Y sugirió que el Ejecutivo local analice si existen fundamentos para plantear en el futuro reclamos administrativos o judiciales ante la Nación.
““Se estima oportuno (…) verificar si el esquema de asignación de recursos nacionales se ajusta al principio de igualdad entre provincias”, señala el texto.
“También destaca que si el esquema actual se transforma en una práctica recurrente –es decir, si Mendoza sigue asumiendo funciones que constitucionalmente corresponden a la Nación-, se extiende a otras áreas o se convierte en una práctica reiterada, podría configurar una delegación de competencias que requiere una ley del Congreso Nacional y una reasignación de recursos, como establece el artículo 75 inciso 2 de la Constitución Nacional.
“En este caso, por tratarse de una autorización puntual, con plazo de vigencia 36 meses, la Fiscalía consideró que no se configura ese supuesto. Pero advirtió que cualquier repetición futura de este esquema exigirá un encuadre legal más robusto.
““En caso de prórrogas o nuevos acuerdos que impliquen un desplazamiento funcional permanente, deberá observarse inexcusablemente lo dispuesto por el art. 75 inc. 2 de la CN”, afirma el dictamen.
“Una cláusula de renuncia limitada
“El convenio firmado incluye una cláusula en la que Mendoza renuncia a realizar reclamos contra la DNV por la ejecución del acuerdo. La Fiscalía no objetó esa cláusula, ya que la DNV es un ente autárquico con personería jurídica propia.
“Sin embargo, el dictamen destacó que no existe mención alguna a una renuncia de acciones frente al Estado nacional en su conjunto, lo cual podría ser interpretado como una reserva de derechos por parte de la Provincia.
“Es decir, Mendoza podría iniciar futuros reclamos directamente ante la Nación si considera que el esquema vigente constituye un trato desigual o una delegación impropia de funciones sin respaldo legal ni compensación financiera.
“Obligaciones y obras previstas
“En concreto, el convenio obliga a Mendoza:
“Ejecutar directamente las obras o contratarlas.
“Financiar íntegramente los trabajos, sin reembolsos de Nación.
“Proveer equipos, materiales y mano de obra.
“Pagar salarios, seguros y cargas laborales.
“Asumir plena responsabilidad por daños a terceros, trabajadores o bienes de la DNV.
“Garantizar condiciones de seguridad vial.
“Preparar pliegos técnicos y estudios ambientales.
“Mantener indemne a Vialidad Nacional frente a cualquier reclamo.
“Entre las intervenciones previstas se destacan bacheo, fresado, colocación de carpeta asfáltica, mantenimiento de banquinas, limpieza de alcantarillas, construcción de colectoras y de terceras trochas en los accesos Sur y Este, además de nuevos intercambiadores en puntos críticos del Gran Mendoza.
“La DNV, en cambio, no aportará recursos financieros ni asumirá obligaciones de ningún tipo. Su rol se limita a ejercer funciones de control técnico, fiscalización e inspección, y a convalidar los pliegos que elabore la Provincia, a través del 4° Distrito Mendoza.
“Ese es uno de los puntos más controvertidos del convenio: la Nación no aporta un solo peso y Mendoza asume el 100% del financiamiento. La única vía prevista para recuperar la inversión es gestionar la implementación de un sistema de peaje, sujeto a autorización del Ejecutivo nacional.
“Cornejo confirmó que los fondos saldrán del Fideicomiso de Resarcimiento —originalmente destinado a la obra Portezuelo del Viento—, y anticipó que el sistema de peajes será implementado solo una vez concluidas las mejoras.
“También detalló que habrá telepeaje en zonas urbanas como Godoy Cruz, Guaymallén y Luján de Cuyo.
“¿Debe intervenir la Legislatura?
“Uno de los puntos más debatidos del acuerdo es si requiere aprobación legislativa. La Asesoría de Gobierno entendió que podría encuadrarse en el artículo 128 inciso 6 de la Constitución Provincial, que regula los tratados con otras provincias y exige dar cuenta al Poder Legislativo.
“Sin embargo, la Fiscalía de Estado consideró que ese encuadre es incorrecto. Argumentó que el convenio se ampara en los incisos 1 y 7 del mismo artículo, que facultan al Gobernador a administrar la Provincia y representarla ante otros poderes públicos. Por tanto, concluyó que no es necesario remitirlo a la Legislatura.
““De considerar el Gobernador que se trata de un tratado interprovincial, deberá enviarse a la Legislatura. Pero esta Dirección considera que no lo es”, puntualiza el dictamen.
El dictamen de Fiscalía de Estado
“Elsol.com.ar
“Federico Brusotti
“30 de mayo de 2025”.
