Se cumple un año de la presentación de la película HAM en Malargüe (1), ocasión en que se reunieron algunos miembros de la ya extinta Asamblea por los Bienes Comunes. Se cumplían 17 años de la sanción de la ley 7722, que en Malargüe no tiene licencia social, como sí la tiene la “minería”, todo ello producto de cosas como las que vamos a contar en esta primera entrega.
No existía en Malargüe el asambleísmo. Eso apareció después, tuvo su esplendor en las tan asombrosas cuan efímeras movilizaciones de diciembre de 2019. Hoy ha vuelto todo a la “normalidad”: la megaminería tiene licencia social, no natural, sino prefabricada en las usinas de pensamiento de las mismas mineras y de funcionarios estatales a ellas vinculados.
Todo empezó en 2004, cuando el INAE (Instituto Argentino de Investigaciones Espeleológicas) formaba parte de la RENACE (Red Nacional de Acción Ecologista). El INAE había sido fundado en Buenos Aires en 1990 y refundado en Malargüe en 1995. Aquí en el sur el IN.A.E. fue el organizador del primer congreso espeleológico internacional (Federación Espeleológica de América Latina y del Caribe – FEALC) en tiempos en que no había Centro de Convenciones, ni existía la Federación Argentina de Espeleología (FAdE). Ese congreso se hizo en una escuela primaria, fue en 1997, pero todavía nadie hablaba entonces de minería. No existía la FAdE, que sería fundada tres años después tras la reconciliación del INAE con el Grupo Espeleológico Argentino (GEA) de Buenos Aires. El G.E.NEU. (Grupo Espeleológico Neuquén) quedó a la cabeza, aunque duraría menos de un año. La sede quedó en Malargüe, y sigue en Malargüe.
La Federación Argentina de Espeleología (FAdE) ni siquiera discutía el problema de la minería. Más que nada para no irritar a los protagonistas, ya que varios destacados miembros de GEA trabajaban en mineras o petroleras. Hubo así una especie de “pacto de no agresión” más que paz. No es lo mismo.
En 2004 el INAE participó de la asamblea anual de la RENACE en Mendoza, y allí estaba, disertando, “El Gallego” Javier Rodríguez Pardo, a quien sólo conocíamos por mail. Las cosas que escuchamos marcaron un antes y un después… Pero mantuvimos nuestro silencio puertas adentro de la FAdE. La Presidencia de la FAdE estaba en manos de GEA hasta el 30 de abril de 2005, aunque GEA tenía sede en Buenos Aires.
2006 fue mi último año de trabajo en la Escuela 4-018, conocida como “La Minera”. Ese año, para el día del ambiente, un grupo e profes propusimos a los alumnos de esa modalidad traerlo al “Gallego”. Y el Gallego vino y dijo lo suyo, ante la mirada azorada de muchos que hoy siguen en el candelero: por ejemplo la entonces estudiante y hoy senadora Alejandra Barro, muy agresiva ella contra sus compañeros de colegio por hablar “contra la minería”.
Ese año hubo maniobras extrañas: la empresa Río Tinto ya estaba apadrinando a la escuela… fue la que pagó los pasajes terrestres de Rodríguez Pardo, y su hospedaje, a instancias de una profesora que hoy milita en las filas de la minería-a-cualquier-precio… el eterno panquequismo, ¿vió? De ese detalle nos enteramos, tanto Rodríguez Pardo como quien esto firma, en el momento de registrarse en el Hotel Río Grande. La caracúlica de El Gallego fue proverbial, inolvidable, pero se guardó. Le tocó disertar luego del funcionario de Río Tinto. Y no se guardó nada. Se quedó con las ganas de seguir: en su exposición terminó diciendo “algún día quiero hablar de la minería que sí queremos”. Nadie lo escuchó.
Así que, a partir de esta falta de respeto a la minería, ese año pasaron cosas:
En octubre, cuando toda Mendoza estaba convulsionada por el debate de lo que sería luego la Ley 7722, el Concejo Deliberante de Malargüe dictaba la resolución 285/2006 (2), que transcribimos enterita al final, con fundamentos muy parecidos a los de Patricia Bullrich hoy: “esto es bueno porque yo lo digo porque estoy en el poder, y por lo tanto es malo todo lo que se le opone; lo mío está inspirado en una filosofía muy interesante”. Y luego lo de siempre: los concejales dirigen al Gobernador (el tenebroso Julio César Cleto Cobos, quien un año más tarde traicionaría al pueblo y a Cristina) un reclamo para que el legislativo no trate un proyecto de ley que iba a poner coto a los sueños de los que estaban haciendo números desde que en 1993 el menemismo privatizó la minería con el pícaro título de “Ley de Inversiones Mineras”… y desde que la reforma constitucional de 1994 iniciaba la balcanización del país afirmando que los recursos naturales pasaban a ser de las provincias.
Lean esa resolución, sobre todo los estudiantes de derecho y abogados, porque aún hoy hay mucha gente que no cree que el principio supremo del absolutismo monárquico (“El Estado soy yo”, Luis XIV, Francia) sigue imperando en Malargüe. No es mentira, es cierto. A lo largo de estas entregas iremos viendo que no sólo respecto de la minería, sino que respecto de otros temas más, por ejemplo en materia de derechos humanos, en Malargüe la Constitución Nacional parece no imperar. Esa resolución es una de las pruebas que iremos presentando.
Algo más: cuando a fin de ese mismo año los padres iban a la Escuela 4-018 a anotar a sus hijos, los directivos les decían que “no los inscriban en Ambiente, porque esa modalidad van a cerrarla”. Sólo cuatro padres no se tragaron ese verso e inscribieron a sus hijos, quienes se recibieron de técnicos ambientales 5 años después, puteando contra lo que habían hecho sus directivos: decir que “no hay matrícula para Ambiente” y habilitar al supervisor Carlos Agüero para cerrar la modalidad.
La entonces preceptora de la escuela, Elizabeth González (hoy concejal radical a quien sus correligionarios miran con desconfianza) nos informó recientemente que “casi cierran también la modalidad Turismo”. Obvio, eso no era posible, dado que el sector turístico en Malargüe se hizo muy fuerte, sobre todo gracias a la sobreexplotación de las áreas protegidas. Además, la Escuela 4-018 proveía alumnos de Turismo “pasantes” a los hoteles; esto es, mano de obra gratis. Por eso es que los empresarios turísticos se llevan bien con la minería.
¿Se va entendiendo cómo se fabrica artificialmente la cacareada licencia social? Con estos artificios, con estas mañas, pero también con censura abierta (esa peculiar forma de represión). O sea, con represión, con violación de los derechos humanos.
En 2007 se sancionó finalmente la Ley 7722, pero en Malargüe también siguieron pasando cosas que no fueron buenas y siguen vigentes, como advertimos en un videíto que hicimos a pedido de la militante ambientalista Elsa Díaz (3). En el sur mendocino está todo peor que lo que en el norte imaginan, donde quizás olvidaron que el actual intendente de Malargüe ya fue gobernador de toda la provincia, y quizás quiera volver a serlo. Dicen las malas lenguas que está en carrera..
Columnista invitado
Carlos Benedetto
Museólogo, profesor de Historia jubilado y presidente de la Federación Argentina de Espeleología (FAdE). Escritor y periodista. Co-fundador de la Biblioteca de la Memoria Jaime De Nevares (2007) y de la Agrupación Luis Barahona (2018), Malargüe. Colaborador de nuestro diario desde -casi- los orígenes, en temas históricos, políticos y ambientales. Para conocer toda su producción mirá aquí.
Notas
⦁ https://marcelosapunar.com/2024/07/02/en-malargue-se-recordo-la-sancion-de-la-7722-y-lo-ocurrido-en-2019-por-carlos-benedetto/
⦁ https://sinpelos2011.files.wordpress.com/2016/05/hcd-res-100-2007.pdf
⦁ https://www.instagram.com/reel/DLLaolbxrKH/?igsh=MWZqZGQwdmdqNHhyaA==


