09 de agosto de 2025
21:05hs.
“Mendoza
“La Corte cerró una causa de alto voltaje político por el control de la Universidad Champagnat
“El máximo tribunal rechazó un recurso extraordinario del Gobierno y dejó firmes las decisiones adoptadas en 2011 durante la gestión de Celso Jaque. Las claves de una disputa se extendió por 14 años.
“La Suprema Corte de Justicia de Mendoza (SCJM) clausuró uno de los litigios institucionales más prolongados y sensibles del ecosistema político-institucional de la provincia. Por dos votos contra uno, la Sala I del máximo tribunal desestimó el recurso extraordinario federal presentado por el Gobierno en la causa vinculada a la Fundación Santa María (FSM), titular y órgano de control de la Universidad Champagnat.
“El fallo, emitido el 24 de julio, dejó firme la sentencia de diciembre del año pasado, cuando la SCJM rechazó una acción de lesividad iniciada en 2016 por la gestión de Alfredo Cornejo.
“El origen del conflicto se remonta a 2011, cuando el Ejecutivo provincial dispuso la intervención de la Fundación Santa María, una organización sin fines de lucro que actúa como titular y órgano de control de la Universidad Champagnat. Lo que comenzó como una medida administrativa para normalizar su funcionamiento derivó en una intervención profunda que modificó el estatuto de la entidad y colocó al frente a un nuevo Consejo de Administración, integrado en su mayoría por funcionarios o allegados al justicialismo.
“La controversia cruzó cinco gestiones provinciales, dividió al máximo tribunal y giró en torno a una acusación central de “desvío de poder”. La denuncia destacaba que funcionarios peronistas utilizaron una intervención administrativa para quedarse con el control de la institución educativa. Pero a fines del año pasado, la Corte desestimó la causa.
“El Gobierno insistió y buscó llevar el expediente a la Corte Nacional, a través de un Recurso Extraordinario. Sin embargo, el tribunal provincial consideró que la causa no ameritaba revisión federal
“Los ministros Julio Gómez y José Valerio integraron la mayoría que convalidó, en los hechos, los cambios realizados en 2011. La jueza Norma Llatser, que reemplazó a Pedro Llorente tras su jubilación, votó en disidencia.
“La génesis del conflicto
“La disputa se remonta a septiembre de 2011, cuando el gobierno de Jaque dispuso la intervención de la Fundación Santa María mediante el decreto 2405. La medida ejecutada por la Dirección de Personas Jurídicas (DPJ), encabezada entonces por Andrés Nicosia, buscaba “normalizar” la institución. Pero en apenas dos meses se concretaron dos decisiones clave que redefinirían el rumbo de la entidad:
“La resolución 3240, que aprobó una reforma integral del estatuto de la fundación, eliminando límites a la duración de los mandatos.
“La resolución 3286, que designó a un nuevo Consejo de Administración. Entre los designados estaban el interventor Jorge Giaquinta, Facundo Alzogaray, Nicolás Pizzuto, Abel Albarracín y otros nombres vinculados al oficialismo peronista de ese momento.
“La intervención, que en teoría tenía un objetivo técnico y transitorio, se convirtió en un viraje estructural. Cinco años después, ya con Cornejo en el poder, la Provincia inició una acción de lesividad ante la Corte para revertir los actos dictados en la FSM.
“El fundamento de la demanda fue una resolución interna de la propia DPJ (N° 2699/2016), que declaró “lesivos” los actos firmados en 2011 y denunció que quienes debían normalizar la fundación se autodesignaron como autoridades, vulnerando los principios de ética pública y moral administrativa.
“El planteo buscaba que la Justicia declarara la nulidad de lo actuado durante la intervención. La causa ingresó en la lógica de Tribunales y durante años fue objeto de planteos procesales cruzados, acumulación de antecedentes, pedidos de nulidad y recursos extraordinarios.
“Recién en diciembre de 2024, la Corte provincial dictó una sentencia que marcó un quiebre: por mayoría, desestimó la acción del Gobierno por considerar que estaba prescripta y que los vicios invocados no revestían carácter de nulidad absoluta.
“Ese fallo llevó las firmas de Gómez y Valerio, mientras el ministro Llorente votó en disidencia destacando que lo ocurrido constituía “una desviación de poder evidente” y debía ser examinado en profundidad.
“El rechazo del recurso federal
“El Gobierno provincial intentó escalar la causa a la Corte Suprema de la Nación, pero la estrategia se topó con un nuevo revés. El tribunal provincial rechazó el mes pasado el recurso extraordinario federal, cerrando la causa en el ámbito local. La mayoría, nuevamente compuesta por Gómez y Valerio, sostuvo que no se configuraban las condiciones para habilitar la instancia federal.
“La novedad fue la incorporación de una nueva voz disidente: la ministra Llatser, que asumió el año pasado en reemplazo de Llorente. Su voto no sólo recogió y amplificó los argumentos de su antecesor: agregó que estaban en juego no sólo principios del derecho público local, sino compromisos internacionales asumidos por Argentina en materia de transparencia, integridad y control institucional.
“¿El final de la causa?
“Con el rechazo del recurso extraordinario, el Gobierno aún tiene la opción de presentar un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sin embargo, las chances de admisibilidad son escasas, dado el criterio restrictivo que suele aplicar el tribunal nacional a los conflictos de derecho público local.
“Así, el resultado judicial es contundente: las resoluciones de 2011 quedan firmes, al igual que las autoridades designadas entonces, muchas de las cuales siguen hoy al frente de la Fundación Santa María y de la Universidad Champagnat.
“Por ejemplo, de acuerdo con la información publicada en el sitio web de la institución, Nicosia es secretario de Relaciones Institucionales, Pizzuto es secretario de Coordinación, Giaquinta es director de coordinación de sedes y Albarracín es decano de la Facultad de Derecho.
“Cronología del caso
“2011. El Gobierno de Jaque interviene la FSM; la DPJ reforma el estatuto y designa nuevas autoridades.
“2016. La gestión de Cornejo presenta una acción de lesividad para revertir esos actos.
“2024. La Corte desestima el planteo por prescripción. Gómez y Valerio conforman la mayoría; Llorente vota en disidencia.
“2025. La Corte rechaza el recurso federal, por dos contra uno. Otra vez, Gómez y Valerio votaron en conjunto; Llatser lo hizo en disidencia, retomando el criterio de Llorente.
“Elsol.com.ar
“Federico Brusotti
“4 de agosto de 2025”.
