“Reforma del Estatuto
“Gremios en pie de guerra por la avanzada de Cornejo contra la estabilidad, la antigüedad y las indemnizaciones
“judiciales y trabajadores de la salud repudiaron la reforma del Estatuto que impulsa Cornejo.
“La media sanción al proyecto de ley impulsado por el gobernador Alfredo Cornejo para reformar el Estatuto del Empleado Público (Ley 560/73) encendió las alarmas en los gremios estatales de Mendoza. La Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMProS), junto a SITEA, ATE y Autoconvocados del Central, denunciaron que la iniciativa representa una “reforma laboral encubierta, regresiva e inconstitucional”, que pone en jaque la estabilidad de más de 100.000 trabajadores estatales.
“Este jueves volvieron a manifestarse en el nudo vial y en Casa de Gobierno algunos de esos gremios para visibilizar el reclamo.
“El eje del conflicto gira en torno a la creación de la figura del “personal interino”, contemplada en el artículo 4 bis del proyecto. Esta categoría excluye a miles de trabajadores de derechos fundamentales como la estabilidad laboral, la antigüedad y la defensa frente a sanciones. “No goza de estabilidad propia”, señala el texto, habilitando despidos sin causa, sin indemnización y sin derecho a reincorporación, incluso si el despido es declarado nulo.
“Claudia Iturbe, referente de AMPROS, señaló al proyecto “como una reforma laboral encubierta, regresiva e inconstitucional; jaquea la estabilidad laboral de más de 100.000 trabajadores estatales y vulnera pilares como la estabilidad, la antigüedad y el derecho a defensa, consolidando así un modelo de precarización estructural, que echa por tierra todos los derechos adquiridos”.
““Consolidan un modelo de precarización estructural que echa por tierra todos los derechos adquiridos”, advirtió Iturbe. La pro secretaria gremial, Marcela Mora, fue contundente: “Este proyecto intenta encubrir la flexibilización y precarización laboral. Es una amenaza latente”.
“Antigüedad cero, cesantías encubiertas y recortes indemnizatorios
“El artículo 9 agrava el escenario al establecer que quienes ingresen como interinos no tendrán reconocida ninguna antigüedad previa, incluso si llevan años prestando servicios en el Estado. En hospitales y centros de salud de Mendoza, más de 2.000 trabajadores quedarían en esta situación, según estimaciones gremiales.
“El artículo 53, por su parte, impide impugnar sanciones menores —como suspensiones de hasta 15 días— salvo que se demuestre abuso de poder. Esta cláusula elimina el derecho a defensa frente a sanciones que, acumuladas, pueden derivar en cesantías encubiertas. Y el artículo 50 establece que, aun si un despido es declarado nulo, el trabajador no tendrá derecho a percibir los salarios caídos durante el proceso.
“La reforma también modifica el régimen indemnizatorio previsto en el Estatuto. Actualmente, la escala reconoce la antigüedad: 100% del último salario si tiene menos de 10 años, 150% entre 10 y 20 años, y 200% si supera los 20. El proyecto elimina esta escala y fija el cálculo en el 100% del último salario para todos los casos, lo que representa una pérdida de hasta el 50% para quienes han dedicado décadas al servicio público.
“Constituciones en disputa y una Legislatura en ebullición
“La Constitución Nacional (artículo 14 bis) y la de Mendoza (artículo 30) garantizan la estabilidad en el empleo público como derecho fundamental. La Corte Suprema ha sostenido que esta estabilidad protege no solo el puesto de trabajo, sino también sus condiciones. Sin embargo, el proyecto oficial introduce cláusulas que vulneran estos principios, según denuncian gremios y legisladores opositores.
“La tensión estalló en la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, donde el asesor de Gobierno Ricardo Canet y el funcionario Javier Urrutigoyti intentaron defender semanas atrás el proyecto. Fueron rodeados por las referentes gremiales (foto) Raquel Blas (SITEA), Uma Flores (Autoconvocados) y Claudia Iturbe (AMProS), quienes denunciaron la desprotección de miles de trabajadores que desde la pandemia sostienen el sistema de salud con contratos precarios.
““Están creando una nueva planta sin derechos. El Estado no convocó a concurso, se admitieron prestaciones, y ahora quieren pasar a todos estos trabajadores a una planta interina”, denunció Blas. Roberto Macho (ATE) fue tajante: “Así como está, no pasa”.
“Un modelo en disputa
“El diputado José Luis Ramón (Protectora) advirtió que el proyecto busca “legitimar por ley lo que viene ocurriendo con fallos de la Suprema Corte”, otorgando indemnizaciones sin sentencia judicial y sin reconocer la estabilidad. Gabriela Lizana sumó: “El empleado público no es la casta, es una persona que trabaja para la administración pública. Como legisladores tenemos que defender a los trabajadores”.
“Mientras el oficialismo insiste en que la reforma busca “ordenar el empleo público”, los gremios y sectores opositores alertan que se trata de un retroceso histórico en derechos laborales. La pulseada continúa, y la calle promete ser el próximo escenario de resistencia.
“Explicitoonline.com
“11 de setiembre de 2025”.


