03 de abril de 2026
16:42hs.
Valorización financiera del capital.
El 4 de junio de 1943, el Grupo de Oficiales Unidos (GOU) derrocó al conservador gobierno de Ramón S. Castillo. Así, finalizó la llamada “década infame”, para dar lugar al modelo denominado ISI (industrialización por sustitución de importaciones), y la Argentina creció sostenidamente, distribuyendo progresivamente el ingreso nacional.
A fines de la década de los ’60 y principios de los ’70, la puja distributiva (impulsada por los reclamos salariales) era la principal causa del aumento de los precios con los que, en mayor o menor medida, las empresas trataban de recomponer su tasa de ganancia. Grandes fábricas con numerosos trabajadores que eran conscientes de su importancia en el proceso productivo, de acuerdo con el artículo 14 bis de nuestra Constitución nacional, exigían participar en las ganancias de las empresas, con control de producción y dirección.
Si bien es cierto que había poderosos capitales industriales y que se había conformado un tejido social en torno a una cadena de producción semi integrada y una masa crítica importante, ello no estaba exento de peligro para la concepción elitista y minoritaria de los grandes patrones (nacionales y extranjeros).
En 1969, año del Cordobazo, llegó al país por primera vez el sociólogo norteamericano James Petras. Él mismo cuenta que se sorprendió cuando vio la capacidad tecnológica y operacional de nuestra industria local. Vio que éramos capaces de producir locomotoras, automóviles; que la división electrónica de FATE hacía la máquina de calcular “Cifra”; que el profesor Manuel Sadosky, vicedecano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, había traído equipos de computación y creado el Instituto de Cálculo de esa Facultad, etc. En ese marco se entrevistó con el presidente de la UIA (Unión Industrial Argentina), Elbio Coelho. Petras le preguntó por qué razón, si el país tenía una clase trabajadora numerosa, disciplinada, capacitada y con perspectivas de mayor capacitación, no existía una firme decisión de construir un país altamente industrializado. La respuesta de Coelho fue tan sencilla como brutal y siniestra: una clase obrera numerosa, capacitada y consciente podía disputarles el poder.
Por supuesto que el temor a nuestros trabajadores era azuzado por Estados Unidos y funcional a sus intereses y al de los demás países desarrollados, que, terminada la época de trasplantar fábricas y ante los avances del transporte de carga, querían vendernos productos industriales y nosotros, a cambio, alimentos y materias primas.
Pero la pregunta era cómo desmantelar el tejido industrial, cómo levantar fábricas de 5.000, 7.000, 10.000 trabajadores sin producir una guerra civil, por un lado, y qué iba a hacer la población sin trabajo, por el otro.
En 1973, una parte de la burguesía local, a través de la CGE (Confederación General Económica), ejecutaba un plan productivo y de exportación de bienes industriales. La muerte de Perón y las pintadas de judío marxista contra el ministro José Ber Gelbard lograron que este renuncie. Primero, con el desembarco de Alfredo Gómez Morales, que era presidente del BCRA, al frente del Ministerio de Economía de la Nación, se devaluó nuestra moneda y se levantaron los controles de precios, generalizando una inflación incipiente, disminuyendo el salario real.
Pero la jugada de los monopolios estaba orquestada por Ricardo Mansueto Zinn, hombre de FIAT (y miembro del grupo Azcuénaga [1], que fueron los que elaboraron el plan de Martínez de Hoz, y años más tarde directivo de SEVEL-MACRI), que fue viceministro y cerebro del plan que anunció el ingeniero Celestino Rodrigo, nombrado ministro de Economía el 4 de junio de 1975.
Del 4 de junio de 1943 al 4 de junio de 1975
El nuevo equipo, el 4 de junio de 1975, devaluó el tipo de cambio en un 160%; el dólar pasó a valer de 10 pesos a 26; duplicó en promedio el precio de las tarifas de servicios públicos y el transporte; aumentó el precio de los combustibles en un 180%; y a cambio concedió un aumento salarial del orden del 45%.
El “Rodrigazo” fue la antesala del camino de valorización financiera del capital que se refleja en la “dolarización” de la cultura argentina. Fue la huida hacia esa divisa la que destruyó la capacidad de ahorro en moneda local. Esto fue abonado porque ese 4 de junio de 1975, se liberó la tasa de interés para los depósitos [2] y los créditos de la banca privada. Además, se ajustó la tasa de los bancos oficiales (BNA; BANADE; Hipotecario; CNAyS; y Banco de Tierra de Fuego). Se crearon incluso títulos públicos alternativos al dólar como los VANA (Valores Nacionales Ajustables). Estos se ajustaban por inflación y llegaron a pagar tasas del 100% anual.
La corrida hacia el dólar transformó el mercado de cambio local, hasta llevar a la divisa al precio más alto del que se hubiera tenido registro hasta ese entonces, en marzo de 1976.
El “Rodrigazo”, como paso previo al golpe de Estado de 1976, impidió el modelo sustitutivo de importaciones y transformó el comportamiento económico y social del país. Este escenario de predominio de la especulación sobre la producción potenció la concentración del capital y trajo aparejado un alto nivel de exclusión social.
El Proceso de Reorganización Nacional, como se autodenominaba la dictadura militar, no trató de conformar un mercado de capitales de mediano y largo plazo. Sí se impulsó un mercado financiero y cambiario de muy corto plazo que operó como factor de inestabilidad del sistema económico: carry trade (bicicleta financiera). Al retrasarse el dólar y subir la tasa de interés, se pasaban de dólar a pesos, ganaban la tasa de interés y volvían al dólar. Esto hizo que se frenara la corrida cambiaria y que se “valorizara” nuestra moneda en desmedro de las divisas (tablita cambiaria de Martínez de Hoz).
La gran burguesía local, impulsora y partícipe de la dictadura, ante las altas tasas de interés internas (respecto de las tasas internacionales), tomó créditos en el exterior. No lo hizo para realizar inversiones productivas (al contrario, esta descendió año tras año, hasta el gobierno de los Kirchner cuando, al verse obligados a satisfacer un mercado interno creciente, aumentaron la IBIF, Inversión Interna Bruta Fija). Lo hizo para obtener renta mediante colocaciones financieras. El endeudamiento externo del sector público (incluso en sus grandes empresas YPF, FFCC, Obras Sanitarias, ENTel, etc.) le proveía los dólares que luego serían fugados al exterior. Los recursos que se fugaron tenían (como tienen ahora) su origen en el fuerte descenso del ingreso de los sectores del trabajo y la producción.
La valorización financiera del capital responde a la división internacional del trabajo
Los Estados Unidos y los países centrales tenían reservado utilizar la creciente y barata mano de obra del este asiático para producir allí los bienes de mano de obra intensiva. Sin embargo, la planificación no dio los resultados esperados cuando la República Popular China ingresó a la OMC (Organización Mundial de Comercio), lo que provocó el desmantelamiento de gran parte de la industria de Occidente y el progresivo empeoramiento de las condiciones productivas [3]. Ante las menores barreras comerciales, los demás países respondieron con la flexibilización laboral y la pérdida de derechos de sus trabajadores.
Hasta la crisis internacional, iniciada en 2008, el mayor desarrollo tecnológico y el dominio financiero de los países centrales, promotores de la actual organización de la producción, preservaba a sus economías de las crónicas crisis que afectaban a la periferia. Sin embargo, la evolución productiva, sobre todo de China e India, agudizó la destrucción de puestos de trabajo de esas economías que exhibieron la incapacidad de sus mercados para crear empleos como mecanismo de distribución del ingreso. Así, el excesivo endeudamiento generó una explosión inesperada, que demostró la vulnerabilidad del sistema financiero y su necesidad de comenzar a desregular sus mercados laborales.
Por eso es que los Estados Unidos acentuaron su dominio sobre el patio trasero, y así como impusieron a Martínez de Hoz como ministro de Economía de Videla, imponen ahora a todo el equipo conducido por Luis Caputo e incluso extienden a la Cancillería con Palo Quirno[4].
La subordinación al capital financiero de Manhattan explica por qué nuestro país se desindustrializa, por qué los empresarios como Madanes Quintanilla de FATE SA, o los Rocca de Techint, o los dueños de Whirlpool, Electrolux, Metalflor, etc., se reconvierten de productores a importadores. También explica por qué la industria despide en la gestión de Milei a más de 100.000 trabajadores (a razón de 160 puestos industriales por día), y decrece en forma acelerada su participación en el PIB, como lo demuestra la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.
Lo sucedido en Venezuela el 3 de enero de 2026, lo que pasa en Cuba, lo que pasará en Colombia, lo que puede pasar en Brasil, es porque Estados Unidos quiere de nuestra región los recursos minerales y estratégicos para reindustrializar su país y evitar nuestro desarrollo, para que sigamos siendo proveedores de insumos con poco valor agregado. Cuantos más recursos naturales, mejor para ellos.
La salida para el capitalismo local es la compra de divisas y su fuga, que este gobierno (como todas las administraciones con excepción de la gestión de Bernardo Grinspun y la “década ganada” de los Kirchner) propicia. Así lo demuestra palpablemente el Balance Cambiario del BCRA: los ricos de este país compran más de 3.000 millones de dólares por mes y los fugan (los sacan del circuito económico argentino) para que los administren principalmente los grandes fondos de Manhattan. Estos, a su vez, para obtener ganancias siderales, reciclan esos fondos en inversiones como son las de energía y minerales. Parte de esas inversiones son en nuestro país, por eso la ley 27.742, la llamada ley Bases y el RIGI, y por eso se propone modificar la ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, sancionada en la Argentina en 2010, que protege glaciares y áreas periglaciares como reservas estratégicas de agua dulce, prohibiendo expresamente actividades mineras e industriales que puedan contaminar o destruir los ecosistemas.
El caso YPF S.A.
Después del endeudamiento de YPF por la dictadura militar [5] y su privatización durante el menemismo [6], en la gestión de los Kirchner se buscó una ampliación de la participación estatal y argentinización de los servicios públicos, razón por la cual en diciembre de 2004 se creó Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA). Se le otorgó a esta la titularidad de los permisos de exploración y concesiones de explotación con la finalidad de atraer inversiones de riesgo que se asocien con la nueva empresa estatal.
Posteriormente, en noviembre de 2011, los técnicos de YPF S.A. hicieron el anuncio del descubrimiento de petróleo en Neuquén, en la formación denominada Vaca Muerta, calificándolo como uno de los reservorios de hidrocarburos no convencionales más grandes y con mayor calidad del mundo. Sin embargo, la empresa continuó con su plan de desinversión y su correlato en el pago de dividendos. En lugar de destinar la ganancia a los pozos y a la producción, la distribuyeron entre los accionistas (los principales, Repsol 57% y el Grupo Petersen-Eskenazi con el 25% del paquete accionario). Entre 1999 y 2010, se pagaron 13.246 millones de dólares en concepto de dividendos. En 2011, la Argentina se convirtió en un importador neto de gas y petróleo con un déficit de 3.029 millones de dólares.
En ese marco, el 16 de abril de 2012, el gobierno argentino anunció la decisión de expropiar el 51% de las acciones de YPF S.A. pertenecientes a la petrolera española Repsol. Días más tarde, la medida fue ratificada por el Congreso nacional, que dio lugar a la Ley 26.741, que declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del paquete accionario, quedando en ese momento la empresa española con el 6% del capital (dado que poseía el 57% de YPF S.A.).
El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos en Manhattan, el viernes 27 de marzo de 2026, aceptó que la Argentina obró de acuerdo a derecho y anuló la sentencia de la jueza de ese distrito Loretta Preska.
El fallo ratifica que el proceso de estatización de la petrolera nacional concretado en 2012 por la entonces Presidenta Cristina Kirchner y el ex ministro Axel Kicillof transitó por los carriles de la legalidad y que los reclamos de los fondos buitres fueron infundados.
“Queda revocada la sentencia dictada por el tribunal de distrito a favor de los demandantes en sus reclamos por incumplimiento de contrato contra la Argentina” y “confirmamos la sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones del distrito a favor de YPF”, dice el fallo dictado tras más de diez años de litigio.
El Tribunal de Apelaciones de Manhattan sostiene que “los estatutos de una empresa no son un contrato bilateral entre accionistas que permita reclamar daños a un país”. Y además, señala que “la ley de expropiaciones argentina prohíbe expresamente las acciones judiciales de terceros que interfieran con una expropiación”.
La decisión desestima la condena contra el Estado nacional y ordena “que se realicen los procedimientos ulteriores de conformidad con esta opinión”, para finalizar con el trámite.
El gobierno de Caputo-Milei va a “vender” que fue un logro amparado por la administración de Donald Trump, cuando era evidente que se trataba de un “negociado” jurídico para que pague nuestro país. Lo único que se hizo fue poner límite a esa estafa.
La familia Eskenazi y el estudio Burford Capital, que supuestamente le compró el 70% del juicio que la jueza Loretta Preska estimó en 16.100 millones de dólares a la familia Eskenazi (el 30% sigue en poder de la familia), no pudieron corromper a dos de los tres miembros del Tribunal de Apelaciones. En ello sí jugó fuerte AmCham (La Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina), que el 4 de octubre de 2025 se presentó como figura legal dentro del juicio y sostuvo que ello “se basa en el respaldo irrestricto a la República Argentina en particular por los efectos negativos del fallo”, dado que “obliga a la Argentina a violar su propia legislación nacional, debilita el Estado de derecho y la previsibilidad y genera un riesgo inédito para empresas argentinas y estadounidenses que operan en ambos países”.
Esto significa que el negocio es para grandes y no para quienes pueden ser funcionales, pero que no pertenecen a la selecta Cámara.
Elcohetealaluna.com
29 de marzo de 2026
Columnista invitado
Horacio Rovelli
Licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires. Profesor a cargo de la asignatura Política Económica de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA), y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Miembro de la Comisión de Economía de la Fundación Estado, Trabajo y Producción (FETyP). Vocal de la revista Realidad Económica. Fue Director Nacional de Programación Macroeconómica en el Ministerio de Economía y Finanzas de la Nación. Autor de numerosos trabajos publicados sobre los temas económicos y financieros.
Notas
[1] En la casona de Azcuénaga 1673, CABA, propiedad de la familia Blaquier-Larrieta, se reunían para conspirar con los generales Guillermo Suárez Mason, Albano Harguindeguy, Alcides López Aufranc, Federico de Álzaga y Omar Riveros, asesores del futuro gobierno militar como Jaime Perriaux y Hugo Miatello (jefe de la SIDE inteligencia entre 1971-1973), junto a Mario Cadenas Madariaga, dirigente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y secretario de Agricultura bajo la gestión de Martínez de Hoz, Horacio García Belsunce y Ricardo M. Zinn (FIAT), Guillermo Zubarán (secretario de Energía de Videla), Enrique Loncan (Barrick Gold y Banco Gral de Negocios), Armando Braun (la Anónima y Banco Gral. de Negocios) y Juan Etchebarne (CNV). Así elaboraron el plan económico de la última dictadura cívico-militar.
[2] Pese a que Gómez Morales continuaba la centralización de los depósitos, era el BCRA el que regulaba las condiciones de depósitos y créditos. Muy limitado después por el Rodrigazo y eliminado por la reforma financiera de 1977.
[3] Según el Banco Mundial, el país asiático representa aproximadamente el 30% del valor agregado manufacturero mundial. Controla más del 70% de la producción mundial de vehículos eléctricos. Produce el 90% de las baterías en base a litio del mundo y el 70% de los drones comerciales del mundo.
[4] El primer canciller de la dictadura, almirante Cesar Guzzetti, en junio de 1976, se reunió con Henry Kissinger, secretario de Estado de Estados Unidos, en Santiago de Chile, y este último le dijo: “Lo que tienen que hacer, háganlo ya y rápidamente”.
[5] Basta como ejemplo Carlos Suárez Mason. Después de su retiro fue interventor de YPF, cargo que le sirvió para hacer grandes negocios: fue acusado por vaciar a la empresa y por estafa con nafta adulterada a través de la firma Sol Petróleo, que también ayudó a financiar “operaciones antisubversivas” en otros países de Latinoamérica.
[6] El 31 de diciembre de 1990, por medio del Decreto N.° 2.778, el Poder Ejecutivo Nacional convirtió a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Sociedad del Estado en YPF S.A. En 1992, la Ley N.° 24.145 transfirió el dominio estatal de los yacimientos de hidrocarburos del Estado nacional; de esta manera, la Argentina perdió totalmente el poder de decisión sobre la política petrolera.
