“Recursos naturales
“Dueños del cobre: los primeros ganadores detrás del plan minero de Mendoza
“El Estado destinó más de $5 mil millones en honorarios para impulsar PRC, Hierro Indio y el Distrito Malargüe. Impulsa Mendoza como instrumento y quiénes son los primeros ganadores del plan.
“El Distrito Minero Malargüe Occidental es el plan de exploración masiva para buscar cobre en la cordillera mendocina. El formato elegido es al menos novedoso, pues buscan aprobar un paquete de proyectos minero en un mismo trámite ambiental, administrativo y legislativo. El primer movimiento que ocurrió con el anuncio fue una vorágine para registrar propiedades mineras; por hacerse de cateos y manifestaciones de descubrimiento en zonas incluidas dentro del Distrito y que podrían tener algún potencial a futuro para convertirse en minas de cobre, oro y plata. El uso del potencial no es casual, pues es una zona muy poco explorada. De la pasividad que había en el registro de la Dirección de Minería se pasó a un boom. Y en ese camino hubo ganadores, aún sin que se haya movido una piedra.
“En el primer paquete se enviaron 34 proyectos de prospección y exploración para ser analizados y aprobados, aunque en carpeta hay más de 100 adheridos al Plan. Ese es el primer ensayo. El Distrito tiene 20 mil kilómetros cuadrados de extensión y está dividido en 4 zonas. Como aspiración, prevén que haya hasta 8 proyectos trabajando en simultáneo. Es un trabajo a largo plazo, pues estiman que tras los primeros sondeos muchos quedarán en el camino. “De cada 100 proyectos, uno llega a mina. Por eso es necesario tener muchos trabajos de exploración inicial”, explican. El plan prevé hasta 4 mil metros de perforación por proyecto, un tope que excede el potencial de varios de ellos, pero que creen que es bisagra para saber si tienen o no futuro.
“Todo el proceso fue financiado y planificado por el Estado a través de la empresa Impulsa Mendoza, donde no solo participaron funcionarios sino también empresarios e intermediarios. Impulsa Mendoza es la proponente y quien lideró el proceso y, también, gestiona el negocio. Esa empresa estatal es “heredera” de Potasio Río Colorado, la firma que se quedó con los activos y los dólares que dejó la brasilera Vale cuando abandonó el proyecto de sales en Malargüe. Entre otras cosas, la empresa estatal puso el dinero, determinó las zonas y también pagó el estudio de Impacto Ambiental que se hizo. Las empresas que querían sumarse solo debían adherir con una firma, sin valor de llave.
“Para hallar el costo hay que ir al balance de Impulsa Mendoza, donde figura el trazo grueso de los costos: solo en 2023 se pagaron honorarios profesionales por más de 5500 millones de pesos. Según ese documento, en 9 meses se pagaron 5.522.760.084 pesos en honorarios a consultoras, bancos y profesionales. Los recursos salen de la herencia de la PRC estatal, unos 30 millones de dólares, a los que se le suman inmuebles, vehículos y maquinaria que tiene el mismo origen.
“No hay un desagregado detallado. Pero sí una aclaración. “Entre los gastos de mayor relevancia podemos destacar el correspondiente pago de honorarios profesionales al banco UBS por los servicios ofrecidos en “el procedimiento de búsqueda de inversiones para el proyecto de Sales de Potasio” como también otros asociados al desarrollo de los proyectos estratégicos “Plan Pilares” y “Malargüe Distrito Minero Occidental”, Hierro Indio”, explica la empresa en su Balance.
“Incluso Impulsa extendió los beneficios. “Haciendo honor a su “misión y “Objeto social”, se decidió que Impulsa realice un aporte equivalente a ARS 2.288 millones a Sociedades de Garantía Recíprocas, cuyos accionistas facilitan y promueven el financiamiento de inclusión financiera de las PYMES locales pertenecientes a diversos sectores económicos”.
“El Plan tiene varios actores clave, pero que por el formato de gestión ideado por Alfredo Cornejo tiene un mismo epicentro. El proponente es Impulsa Mendoza, una empresa estatal liderada por Emilio Guiñazú, quien fue subsecretario de Energía y diseña la política minera desde el 2015. La autoridad de aplicación y control es compartida entre la Dirección de Minería y la Dirección de Protección Ambiental, que por primera vez están en un mismo ministerio. Es decir, el proponente, los promotores y quienes controlan se sientan en la misma mesa política.
“Ganadores
“La minería es una industria de largo plazo que tiene varias etapas. Mendoza tiene muchísima experiencia en la parte menos productiva y más especulativa de ese negocio: el registro y negociación de propiedades como si fueran inmuebles.
“Justamente la primera escala del negocio está en la titularidad de propiedades que tienen potencial y que pueden ser negociadas. En el Distrito Malargüe hubo un boom de registros y en algunos casos puede haberse generado un negocio gigante, financiado por el Estado. La clave es la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental, es decir el aval para poder ejecutar tareas. Con esa autorización, el valor de las propiedades crece exponencialmente. Los ganadores de esa instancia son quienes registraron propiedades mineras o las compraron y fueron incluidas en el Distrito para ser aprobadas, con la consecuente revalorización.
“La empresa APEJEG es una de las grandes ganadoras. Tiene 20 proyectos mineros que fueron incluidos en el Distrito Malargüe Occidental. La empresa fue creada el 3 de julio del 2023 y las propiedades mineras fueron registradas de manera contemporánea: según la información publicada en el Informe de Impacto Ambiental, APELEG tiene esas propiedades desde 2023 y 2024.
“La empresa está liderada por los contadores Julio Pulisich y Antonio Torre, con amplia experiencia en la intermediación y la gestión de activos mineros a través de su estudio contable. Pulisich y Torre fueron síndicos de las empresas estatales Potasio Río Colorado y su sucesora Impulsa Mendoza. Es decir, quienes crearon el proyecto del Distrito Minero Malargüe Occidental. Pulisich y Torre renunciaron como síndicos de PRC luego del acuerdo firmado con Minera Aguilar. Pero Pulisich siguió como director suplante de esa compañía, en representación de Impulsa Mendoza, según consta en el edicto publicado el 28 de diciembre del año pasado.
“Las actas con el registro de empresarios que estuvieron en la parte estatal y privada mientras se gestaba el Plan Minero.
“Para entonces ya había creado APELEG y el plan de exploración minera en Malargüe ya estaba en marcha. La propia Impulsa Mendoza ya había parcelado el terreno y se había contratado a la consultora para realizar el Informe de Impacto Ambiental. Los directos de APELEG fueron pate de las misiones de promoción de la minería que realizó el gobierno en Canadá. Aunque esa empres tiene un año, los protagonistas tienen experiencia como gestores en el tema, con vinculaciones con empresas del exterior. En el Gobierno no ven como una irregularidad esa situación. Incluso hubo otras coincidencias en el pasado entre funcionarios y empresarios.
“Fuentes del sector explicaron a MDZ que en esta primera etapa hay un potencial negocio con las transferencias: hubo un boom de demanda de propiedades que, una vez aprobada la DIA, serán revalorizadas. ¿Cuánto valen? No hay precio, pues depende de muchos factores y es una negociación privada. Si hubo un valor de base de 50 mil dólares pagados por Potasio Río Colorado, el precio es otro para un proyecto con aval ambiental. El ecosistema minero funciona de esa manera. Los trabajos de exploración inicial lo hacen empresas pequeñas y locales, luego si hay potencial pueden aparecer inversores mayores y, si se comprueban reservas extraíbles, se pasa a otra escala. Por ahora Mendoza está en la bisagra entre la especulación inmobiliaria y la inversión inicial.
““Es parte del negocio. Lo que es importante es que luego las inversiones se hagan”, explican. Allí entrará en juego el nuevo Código de Procedimiento Minero, que impone plazos perentorios para ejecutar planes de inversión. Desde Minería aseguran que eso se cumplirá a rajatabla para cortar con el negocio especulativo y que haya producción, es decir exploración real. En ese sentido, si no se ejecutan las inversiones, las áreas pueden ser revertidas y puestas a disposición. Impulsa Mendoza volvería a tener un rol clave.
“Guillermo Ceruzzi Wild es otro de los ganadores del plan, con decenas de propiedades registradas. No es una figura muy conocida en la industria, pero tiene proyectos de exploración a su nombre desde 2018.
“Otro de los grandes ganadores es el geólogo Raúl Concina y su empresa AgAuCu. En nombre propio y con la empresa tienen en total 33 propiedades y 24 proyectos adheridos al Distrito Malargüe. Se trata de un histórico promotor de la minería en Mendoza, junto con su socio Mario Chabert. Esa empresa logró hacer negocios antes de que se presente el plan: AgAuCu le vendió a Potasio Río Colorado y su heredera Impulsa Mendoza 3 propiedades mineras: El Yeso, el Yeso y Fausto. El pago registrado en PRC fue de 50 mil dólares.
“Esas propiedades forman el proyecto “El Seguro”, que Impulsa Mendoza usó de mascarón de proa para iniciar la evaluación ambiental de todo el distrito. En los balances de Impulsa ese activo figura como donado por Potasio Río Colorado. Y tasado en un valor de algo más de 8 millones de pesos, es decir los 50 mil dólares de la época en la que se compró.
“En el Informe de Impacto Ambiental la titularidad de los proyectos está registrado de manera casi ilegible, aún a pesar de la tecnología disponible. Muchos de los activos figuran sin dueño, bajo la frase “información a verificar” aunque luego sí hubo dueños. Impulsa Mendoza sí transparentó de manera actualizada las adhesiones al plan.
“La china Hanaq es una de las empresas extranjeras que respondió a la búsqueda de inversiones que hizo el Gobierno. En total registraron 20 propiedades para potencialmente explorar en el Distrito Malargüe.
“Esos son algunos de los “dueños del cobre”, que se suman a otras empresas que ya avanzaron. Es el caso de Geometales, la empresa del grupo Pampa Energía que tiene 13 propiedades mineras y ya hizo su primera campaña de exploración en 2024.
“La primera tanda de proyectos de exploración están en proceso de análisis ambiental. La velocidad que intentó darle el Gobierno se topó con algunas limitaciones y prefirieron pausarlo un poco para evitar inconvenientes. La Universidad Nacional de Cuyo presentó el dictamen técnico, pero faltan los informes sectoriales de varios organismos. Y, luego, la audiencia pública.
“Los trabajos de exploración tienen bajo impacto, según las descripciones. Para ejecutarlos, como explicó MDZ, se hizo un sistema de “semáforos” ambientales en los que se determinaron zonas de exclusión (como cursos de agua y glaciares), zonas de mayor cuidado y otras más liberadas. El plan original tuvo algunos cambios. No habrá una sola Declaración de Impacto Ambiental, sino 34 declaraciones individuales, aunque el trámite es uno solo. Todas tendrán condicionamientos y se elaborará un plan de manejo.
“El paso clave será cuando el Poder Ejecutivo envíe a la Legislatura el plan para que sea ratificado o no. Así lo exige la ley 7722. La intención del gobierno es, justamente, marcar un precedente y que en un solo acto administrativo y político se apruebe un paquete de proyectos de exploración. La duda es si enviarán todo en uno solo o quedarán separados los que presenten alguna dificultad. La DIA tiene una duración de dos años. En caso de que algún proyecto avance hacia la explotación, debe presentar una Manifestación de Impacto Ambiental particular y más profunda.
“Mdzol.com
“Pablo Icardi
“22 de agosto de 2024”.