05 de agosto de 2026
09:26hs.
El funcionamiento del sistema previsional.
La ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social) informa que en el año 2024 hubo 7.287.820 beneficiarios previsionales, de los cuales 5.578.146 jubilaciones y 1.709.674 pensiones. Dentro del sistema previsional de nuestro país conviven varios esquemas de jubilaciones y pensiones.
Por un lado, se encuentra el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que cubre a la mayoría de los trabajadores registrados y es administrado por la ANSES. Pero también existen 13 provincias con sistema previsional propio y, además, esquemas previsionales con normativa propia (como el del personal de las fuerzas armadas y de seguridad [1]).
A su vez, en el SIPA existen siete tipos de regímenes especiales que nuclean a docentes universitarios, docentes no universitarios, trabajadores de Luz y Fuerza, investigadores científicos, empleados del Poder Judicial, personal del Servicio Exterior y trabajadores de los Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF) de Río Turbio.
La ley 27.609 de 2021 modificó los índices de movilidad previsional a fin de practicar la actualización trimestral de las remuneraciones de la ley 24.241 y sus modificaciones por un registro combinado del incremento de la recaudación de la ANSES y el índice establecido por la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) que elabora la Secretaría de Seguridad Social (hoy Subsecretaría) del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (hoy Secretaría de Trabajo), o quien en el futuro lo sustituya.
El gobierno de Javier Milei, mediante el DNU 274/24 del 22 de marzo de 2024, decidió anular la ley y reemplazar el coeficiente de actualización por otro en forma mensual, determinado por el nivel general de precios al consumidor nacional (IPC) publicado por el INDEC, pero no se ajustó por la inflación de 20,6% de enero, 13,2% de febrero y 11% de marzo de 2024, sino que se ajustó desde junio de 2024 con el IPC de abril de ese año, mes en que la inflación medida por el IPC del INDEC disminuyó drásticamente, por lo que los haberes previsionales en promedio, descendieron a marzo de 2025 en un 28% frente a la fórmula incluida en la ley 27.609 de 2021.
Mayor es el ajuste para los que perciben el haber mínimo —es decir, aproximadamente el 65% del total de las asignaciones previsionales— que, en marzo de 2025, con el aumento del 2,2% (IPC de enero de 2025) de la fórmula del DNU 274/24, sin bono, es de 279.122 pesos, mientras que de haber continuado con la fórmula de la ley 27.609, se ubicaría en 356.962 pesos, ya que los haberes del RIPTE se incrementaron entre marzo de 2024 y marzo de 2025 un108%, mientras que el haber previsional aumentó un 71% (compensado y en forma cada vez menor por el bono de 70.000 pesos para los que no superen el haber mínimo previsional garantizado, suma congelada desde marzo de 2024 hasta la fecha).
El ajuste de haberes sobre la base de la inflación medida por el IPC del INDEC incumple con el artículo 14 bis de la Constitución nacional, que prevé la movilidad de las pensiones y jubilaciones con respecto a las remuneraciones de quienes están en actividad. De allí el reclamo histórico del 82% móvil o similar. Debería ser, en todo caso, ajustable por RIPTE o por IPC del INDEC, el mayor de los dos.
De igual forma, si se lo compara con la recaudación de seguridad social, donde el índice es muy superior al IPC del INDEC.
Paralelamente, el gasto previsional desciende con respecto a años anteriores en que representaba el 43% del total de las erogaciones, para ser en el año 2024 del 37,1% y en los dos primeros meses de 2025 el 35,83% del presupuesto ejecutado base caja [2].
Esa fue la razón por la cual el Presidente Javier Milei, mediante el decreto 782/2024 publicado en el Boletín Oficial del 1 de septiembre de 2024, vetó la ley de movilidad jubilatoria aprobada por el Congreso de la Nación en agosto 2024, dejando sin efecto la norma sancionada que disponía elevar el haber mínimo y fijaba una nueva fórmula de cálculo de los ingresos de los jubilados. El Presidente Milei públicamente trató a los legisladores de “degenerados fiscales” por tratar de impedir el creciente deterioro del poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones. Para no ser un degenerado fiscal, según Milei, se deben ajustar todos los gastos (sin contemplar en qué se emplea) para tener superávit en las cuentas públicas.
Se impide que jubilados y pensionados recuperen su poder adquisitivo a los niveles previos a este gobierno, con el fin de obtener un superávit primario y financiero que tiene como único fin pagar una deuda pública que crece sideralmente desde el gobierno de Macri, que no se investigó, que se refleja en que la deuda bruta pasa de 240.665 millones de dólares en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner a los 467.788 millones de dólares al 31 de enero de 2025.
Estamos hablando de un haber mínimo para el corriente mes de marzo de 2025 con bono incluido de 349.122 pesos, cuando la Defensoría de la Tercera Edad porteña estima que la canasta básica de los jubilados para abril de 2025 será de 1.200.523 pesos (incluye el gasto de la vivienda de los adultos mayores que el INDEC no lo estima), y muestra que la jubilación mínima con bono no alcanzó a representar siquiera un tercio del ingreso necesario para afrontar la subsistencia.
Cómo se financia el sistema previsional
En nuestro país funciona un régimen de reparto que consiste en que los trabajadores en actividad y las empresas, con sus aportes, financien las jubilaciones. A esto se le suman otros fondos provenientes de impuestos y aportes del Tesoro nacional.
Los trabajadores aportan el 11% de su salario para la jubilación.
Los empleadores aportan el 16% de los salarios para la jubilación.
Según el Informe N.º 14 de Seguridad Social de la Nación, los aportantes al Sistema de Seguridad Social, en febrero de 2024, son 12.854.224 personas (último dato publicado disponible). En términos absolutos, se observa que la mayor cantidad de trabajadores realiza sus aportes como asalariados del sector privado (6,1 millones), seguido por los aportantes al monotributo (2,4 millones) y por los trabajadores en relación de dependencia de otros regímenes (2,1 millones). Los trabajadores estatales de la Nación y de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que aportan a la ANSES son 1,4 millones. La totalidad de aportantes se completa con trabajadores de casa de familia y otros regímenes.
Obviamente, la cantidad de aportantes al SIPA ha disminuido desde febrero de 2024 por los cierres de empresas, retiros voluntarios, despidos y reducción de los planteles de trabajadores del sector privado [3] y público, pero la relación entre trabajadores en actividad y beneficiarios previsionales era de 1,78, cuando debería ser en torno a tres trabajadores en actividad por un trabajador en pasividad.
Y en el modelo extractivista imperante es peor, donde existe ya un proyecto de ley de flexibilidad laboral, denominado de “promoción de inversiones y empleo”, encabezado por la diputada nacional Romina Diez y seguido con la firma de otros 14 miembros de La Libertad Avanza, que incluye nuevos tipos de contratos laborales [4] y de aportes al sistema de seguridad social, más la promesa del ministro de desregulación Federico Sturzenegger a los empresarios, que van a poder diseñar el sistema de despidos que quieran. Se trata de un reconocimiento explícito de una política de abaratamiento de despidos para facilitar la reconversión de las empresas y de la actividad, y así, con los desocupados, presionar a la baja el reclamo de salarios dignos.
Rota la relación de trabajadores en actividad y pasividad, el Estado recurre a los impuestos:
—IVA: de lo recaudado y una vez descontados los reintegros a las exportaciones, un 11% va a la ANSES, que debe destinar el 93,7% de esa suma a las prestaciones a su cargo y el 6,27% a las cajas previsionales de empleados públicos de las provincias con sistemas propios.
—Impuesto al cheque (sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias): el 100% se destina a la Administración Nacional de la Seguridad Social.
—Impuesto a los combustibles: 28,69% de lo recaudado va al Sistema Único de Seguridad Social, para ser destinado a la atención de las obligaciones previsionales nacionales.
—Impuesto a los bienes personales: 6,27% va a las provincias cuyas cajas previsionales no fueron transferidas a la Nación.
—Adicional de emergencia sobre cigarrillos (leyes N.º 24.625, 26.658, 27.432 y 27.702: la asignación específica vence el 31/12/2027): se destina a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
—Régimen simplificado para pequeños contribuyentes (monotributo; leyes 26.545, 27.432 y 27.702): las asignaciones específicas vencen el 31/12/2027 y se destina el 70% a la ANSES.
Se debe aclarar que de la recaudación del impuesto país, que gravaba la compra de divisas y que en el año 2024 logró un ingreso de 6.274.713 millones de pesos (el 1,2% del PIB), el 65% se destinaba a la ANSES y el 5% al INSSJP (PAMI), para cubrir sus prestaciones.
El permanente desfinanciamiento del sistema previsional puede agravarse si, como pretende el gobierno, disminuye la alícuota hasta extinguirse el impuesto al cheque.
En síntesis
La vinculación del trabajo a la cobertura de los riesgos sociales fue el basamento sobre el que se construyeron las protecciones del Estado de derecho. El Estado de bienestar social o el Estado de bienestar fue la debida respuesta de las sociedades a las leyes de mercado o de mercados auto-regulados.
En la Argentina de Milei, que se administra con DNU, no hay respeto para los que trabajaron toda su vida y perciben un haber que los condena a privaciones de todo tipo, incluso a la de la adquisición de medicamentos y/o tratamientos médicos.
Los miércoles de cada semana, grupos de jubilados y pensionados, en forma pacífica y ejerciendo el derecho constitucional del reclamo, reciben la represión de las fuerzas de seguridad.
No los clubes de fútbol, ni tampoco las llamadas “barras bravas”, sino los hinchas de distintos equipos, cansados de ver el destrato y la represión a los viejos, decidieron participar en la marcha del jueves 13 de marzo de 2025 en su apoyo y son violentamente perseguidos y diezmados por las fuerzas de seguridad, de manera tan burda que lanzaron bombas de gas lacrimógeno apuntando directamente al cuerpo de los manifestantes; una de ellas fue disparada a la cabeza del fotógrafo Pablo Grillo, con quebradura de cráneo y pérdida de masa encefálica y diagnóstico de muerte cerebral.
No fue un accidente; de hecho, la primera advertencia que tienen esos cartuchos es “no disparar directo a personas, puede causar serias heridas o muerte”.
El mismo jueves 13 de marzo de 2025, en el Boletín Oficial, se publicó el DNU 186/25 que modificó el presupuesto nacional 2025 (que es prórroga del año 2024, que es a su vez prórroga del año 2023), ajustando partidas para destinar 7.366.286.591 pesos a la Secretaría de Inteligencia del Estado.
Elcohetealaluna.com
16 de marzo de 2025
Columnista invitado
Horacio Rovelli
Licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires. Profesor a cargo de la asignatura Política Económica de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA), y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Miembro de la Comisión de Economía de la Fundación Estado, Trabajo y Producción (FETyP). Vocal de la revista Realidad Económica. Fue Director Nacional de Programación Macroeconómica en el Ministerio de Economía y Finanzas de la Nación. Autor de numerosos trabajos publicados sobre los temas económicos y financieros.
Notas
[1] Personal militar: atención de pensiones, 28.838 y atención de retiros, 53.380 beneficiarios. Fuerzas de seguridad y Servicio Penitenciario Federal: atención de jubilaciones, 10.526; atención de pensiones, 35.499; atención de retiros: 61.968 beneficiarios.
[2] De un presupuesto nacional que desciende su participación en el PIB del 19,9% en el año 2023, para pasar a ser del 15,3% del PIB en el año 2024, y para este año 2025, el malogrado proyecto de ley de presupuesto daba una participación del gasto sobre el PIB del 15,2%.
[3] Según un informe de la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (Csira), entre noviembre de 2023 y agosto de 2024 se perdieron 38.532 puestos de trabajo en la industria. Si se incluyen los sectores de construcción y minería, la cifra asciende a 126.050 empleos perdidos. La realidad es que la pérdida de empleos y el cierre de empresas no solo afectan a los trabajadores directamente involucrados, sino también a las economías locales y a las cadenas de valor de diversas industrias. En ese marco, las proyecciones son peores.
[4] La exclusión de los contratos de servicios y de obra de la ley de contrato de trabajo, la creación de la figura del trabajador independiente con tres colaboradores. Con el esquema de tercerización se legitima legalmente la figura del testaferro.
Foto: Luis Angeletti
