05 de abril de 2025
19:52hs.
«Dos vecinos tras las rejas
«»Hay una persecución arbitraria e ilegal a miembros de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata»
«Federico Soria, vecino y asambleísta de Uspallata, pasará este lunes su primera noche en el calabozo tras la denuncia de Edgardo Vera, presidente de la Cámara de Proveedores Mineros de Uspallata, por amenazas.
«Su abogado defensor, Alfredo Guevara, anticipó a EXPLÍCITO que l menos hasta el jueves permanecerá en un calabozo del complejo Estrada, lindante al Polo Judicial, tras el pedido de detención del fiscal Juan Manuel Sánchez, y feriado mediante.
«La jueza Claudia Tula y el fiscal Juan Manuel Sánchez mantienen tras las rejas a dos vecinos de Uspallata aplicandoles el artículo 213 del Código Penal de la Nación.
«El artículo 213 que usaron para encarcelar a Soria y Cornejo reza:
«»Será reprimido con reclusión o prisión de tres a ocho años el que organizare o tomare parte en agrupaciones permanentes o transitorias que, sin estar comprendidas en el artículo 210 de este código, tuvieren por objeto principal o accesorios imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, por el solo hecho de ser miembro de la asociación»
«Guevara calificó como «catálogo de arbitrariedades» el accionar de Sánchez-también responsable de la detención y el encarcelamiento de Mauricio Cornejo, otro uspallatino y activo militante contra la megaminería.
«Para las Asambleas son presos políticos
«La orfandad de pruebas, la falta de testigos que corroboren lo denunciado por Vera y la falta de antecedentes de los denunciados derivaron en un repudio unánime de las demás asambleas y de organizaciones sociales y de Derechos Humanos, que consideran que Soria y Cornejo son «presos políticos».
«Las detenciones se enmarcan, además, en un fuerte embate del oficialismo por imponer la megaminería, y sobre todo el proyecto San Jorge, para extraer metales de la cordillera.
«Poco después de confirmarse que Soria quedaría tras las rejas, Guevara difundió un escrito con el estado de la causa:
«El crimen de defender el agua
«Hoy expusimos un catálogo de arbitrariedades cometidas por el Fiscal Juan Manuel Sánchez, a cargo de la persecución arbitraria e ilegal a miembros de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata. Falta absoluta de pruebas, declaraciones falsas, adulteración de las declaraciones por parte de la fiscalía.
«Expusimos mas de 40 elementos de prueba que indican que tanto Federico Soria como Mauricio Cornejo nada tienen que ver con el «Mostro» Gonzalez, que por un problema personal aprovechó la manifestación para iniciar un incendio, convenientemente difundido para la desinformación general.
«Se demostró que ni Soria ni Cornejo tuvieron participación en ningún hecho de violencia, y además se demostró por expedientes, videos y documentos, además de testimonios, que la violencia tuvo su origen en una patota de la UOCRA, que fué trasladada a la localidad de Uspallata para simular apoyo a la minería e infundir temor a los vecinos de Uspallata, y que esa patota atacó al militante Flavio Gonzalez, hecho que ha sido cuidadosamente ocultado a la opinión pública y que no quieren investigar.
«Dejamos en claro que la única prueba de la fiscalía son las declaraciones contradictorias del denunciante Sr. Edgardo Vera que insólitamente fué citado a declarar cuatro veces, y mintió cada una de las cuatro veces en las que fue citado, cambiando alegremente su declaración. Mintió en forma evidente cuando dijo haber sido amenazado por Federico Soria justo en el momento en que Soria se encontraba en una Junta Médica.
«La única prueba de la fiscalía es la declaración de este Sr. Edgardo Vera, titular de la Cámara de Servicios Mineros de Uspallata, interés económico y político cuando el mismo aclara que su esposa recibe dinero como empleada de de Minera San Jorge S.A.
«Federico Soria es un referente histórico de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata, y sufrió una descompensación en la audiencia, con taquicardias y desmayo. A pesar de ello, al pasar a un cuarto intermedio el fiscal ordenó su detención. El poder político y económico profundiza la criminalización de la protesta socio ambiental para imponer el negocio extractivista. El próximo jueves continuará la audiencia y deberá resolverse su libertad.
De las redes sociales
«Explicitoonline.com
«31 de marzo de 2025».
