02 de septiembre de 2026
22:28hs.
Política fiscal y financiera del gobierno nacional.
Los impuestos son el ingreso fiscal por excelencia. De hecho, en los primeros siete meses de esta administración representaron el 55,6% del total de ingresos. Junto con los aportes y contribuciones previsionales (el 35%), representan el 90,6% de los recursos totales del sector público nacional.
Sin embargo, desde que inició su mandato, el gobierno reduce sistemáticamente los impuestos a los sectores de mayores ingresos y es implacable en la actualización de las categorías de los monotributistas y en las liquidaciones del impuesto a las ganancias de las pymes y de la IV categoría del gravamen (asalariados).
En el caso de la reducción de impuestos internos a los autos de gama media y alta, el tributo alcanza solo a estos, porque las camionetas 4×4 no lo pagan, igual que los camiones y las maquinarias, por considerarse bienes de capital.
En el caso del impuesto a los bienes personales, el gobierno redujo la alícuota al 0,45% anual para los que le anticiparon en 2024 la recaudación de cinco periodos fiscales.
En aranceles a la importación se redujeron alícuotas para 89 productos, como neumáticos y pequeños electrodomésticos, del 35% al 20%.
El mayor impuesto que anularon al no renovar fue el Impuesto PAIS, que gravaba la compra de dólares; esto es, por ejemplo, si un importador pagaba con dólares propios, estaba exento, pero si en cambio se lo pedía a los bancos, y estos, como fue en la amplia mayoría de los casos, se lo compraban al BCRA, pagaban alícuotas del 17,5%; la tasa llegaba hasta el 30% para atesoramiento. Significó una recaudación del 1,75% del PIB en 2024 (es en pesos, pero equivalente a unos 8.750 millones de dólares), hasta el 23 de diciembre de ese año en que el gobierno de Milei decidió no prorrogarlo.
En tanto, el gobierno también redujo en un 20% promedio las retenciones a las exportaciones agropecuarias, con una pérdida de ingresos para el sector público nacional estimada en unos 1.000 millones de dólares anuales.
Mediante el decreto 563/2025 eliminó las retenciones a más de 230 productos mineros, entre ellos metales preciosos, cobre, minerales para la construcción (cales, cementos, mármoles, dolomita, cantos rodados, adoquines, piedra pómez, granito y caliza) que tenían en su mayoría aranceles del 4,5%. También quedaron incluidos elementos no metalíferos como boratos, bentonitas, cuarzo, potasio, talco, arcilla y abrasivos naturales. Los metalíferos abarcan hierro, cobre, plomo, zinc, ferroaleaciones y residuos.
No solamente gozan de la estabilidad fiscal de la ley minera 24.196 de Menem, que se prorroga sine die de facto y no permite que se le incrementen los impuestos (cuya liquidación presentan por declaración jurada), sino que para impulsar su venta al exterior y las explotaciones mineras del RIGI se les disminuyen o eliminan derechos de exportación.
En la República hermana de Chile, la principal empresa de cobre es CODELCO (Corporación Nacional del Cobre de Chile), firma estatal autónoma que es el mayor productor de cobre del mundo y que es propiedad de todos los chilenos. CODELCO se dedica a la exploración, desarrollo y explotación de recursos mineros, y a la comercialización de cobre y sus subproductos a nivel mundial.
A su vez, el gobierno de Gabriel Boric aumentó la carga tributaria de un 40,1% hasta un 46,6% para los grandes productores y es una fuente importante de ingresos, representando incluso el 10,9% del PIB en el año 2024.
Resultado fiscal del sector público nacional
La Secretaría de Hacienda publicó el resultado fiscal del sector público (Administración nacional, PAMI, fondos fiduciarios y otros) al 31 de julio de 2025, base caja (esto significa que no contempla los gastos devengados y todavía no pagados por el erario público).
Reconocen en julio que cierran las cuentas con déficit financiero (es en pesos, pero equivalente a unos 125 millones de dólares), y que obtuvieron ese mes un superávit primario (antes del pago de la deuda) de 1,75 billones de pesos, pero que debieron abonar intereses de la deuda por 1,9 billones.
Pero lo que no dicen y sí informa la Secretaría de Finanzas de la Nación es que no pagaron intereses. Además, capitalizan en LECAP (letras de corto plazo a tasa fija) títulos capitalizables. Los intereses generados se capitalizan, es decir, pasan a formar parte del capital de la deuda. El monto de intereses capitalizados, según dicha Secretaría, a julio de 2025, asciende a 17,85 billones de pesos (es en pesos, pero equivalente a unos 13.700 millones de dólares). Esa suma representó el 57,98% del total del gasto previsional acumulado en los siete primeros meses del año 2025, que fue por 30,7 billones. Y va a ser mayor porque el gobierno, con la ayuda de los gobernadores aliados, hace que la Cámara de Diputados de la Nación acepte el veto de Milei de un aumento miserable que, según la Oficina Pública del Congreso, el acrecentamiento del 7,2% para todas las jubilaciones y pensiones, incorporándolo al haber mensual y una ayuda económica previsional (bono) de 110.000 pesos móvil, no remunerativo ni bonificable, tiene un costo fiscal de 1.673.494 millones (0,20 del PIB) para lo que queda del año y asciende a 3.402.182 millones (0,41% del PIB) anualizado. En lo que respecta al aumento del bono de 70.000 a 110.000 pesos, móvil por IPC del INDEC, el costo sería de 1.015.676 millones (0,12 % del PIB), con un costo anualizado estimado en $3.136.117 (0,38% del PIB). Total: 0,79% del PIB anual, cuando la eliminación del impuesto PAIS priva al fisco de un ingreso anual de 1,75% del PIB.
El ahogo financiero
En la licitación de títulos públicos del martes 29 de julio, por un total de 11 billones de pesos, se renovaron 9,3 billones, quedando un excedente en efectivo por 1,7 billones en poder de los bancos (con el terror de que se pasen a dólares). La mayor demanda fue para la LECAP con vencimiento el 13 de agosto a 15 días de plazo, que captó 3,732 billones de pesos a una tasa efectiva mensual (TEM) del 4,28%, equivalente a una tasa interna de retorno efectiva anual de 65,33%.
Y en la licitación del 13 de agosto de 2025, el Tesoro de la Nación pagó por LECAP una tasa de 4,48% mensual (69,2% anual) para el plazo de 30 días. Y encima se renovó solo el 61% de los vencimientos, quedando un excedente de 5,8 billones de pesos que el Ministerio de Economía capturó subiendo cinco puntos los encajes y colocando nuevos títulos de deuda denominados Bonos TAMAR, el lunes 18 de agosto de 2025.
La tasa mayorista de Argentina (TAMAR) mide los rendimientos de los plazos fijos de 1.000 millones de pesos o más (es en pesos, pero equivalente a 740.000 dólares) con vencimientos de 30 a 35 días. Los bancos llegaron a pagar el miércoles 20 de agosto de 2025 tasas del 76,6%.
Las cauciones bursátiles, operaciones de crédito de corto plazo en la bolsa, añadieron más volatilidad al panorama. Dicho miércoles, alcanzaron un pico intradiario de casi 150% nominal anual para colocaciones a un día, antes de cerrar en 70%, un nivel aún elevado.
Es obvio que el capital financiero sabe que el precio del dólar se mantiene con miles de artificios hasta las elecciones de legisladores nacionales del 26 de octubre de 2025. Esto es siempre y cuando no derrape La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. En ese caso, es preferible un final desastroso que un desastre sin fin.
Deuda pública
Realmente resulta poco claro el Informe de Deuda Bruta que publica la Secretaría de Finanzas de la Nación, máxime cuando en julio comenzó la sideral suba de tasas de interés y, con ello, ante la imposibilidad de poder pagar, aumentó fuertemente la capitalización de la deuda.
El mismo FMI dice que hasta junio de 2025 el Tesoro de la Nación Argentina había capitalizado intereses por 13,95 billones de pesos. Si le sumamos los 3,9 billones capitalizados en julio, da que en el año se capitalizaron intereses (que engrosan la deuda pública) en 17,85 billones; sin embargo, el cuadro publicado dice que la deuda en pesos bajó, tanto la deuda en el rubro “Otros” (que son básicamente Letras de Corto Plazo), en donde reconocen que las LECAP pasaron de 30.259 millones de dólares (la deuda es en pesos, pero para homogeneizar los números, la Secretaría de Finanzas de la Nación la convierte en dólares) en junio de 2025 a 43.369 millones de dólares en el mes de julio 2025.
Incluso la deuda en divisas la hacen descender en 2.884 millones de dólares, que no se condice con la realidad de una deuda creciente. No solo ya son poco confiables los números del INDEC, sino que son menos ciertos los informes sobre la deuda pública.
En síntesis
El desgobierno de Milei reduce la presión tributaria a los sectores de mayores ingresos y de manifiesta capacidad contributiva. Con esos menores ingresos, por más que realizaron y realizan un brutal ajuste de las cuentas públicas, que el mismo ministro Luis Caputo estimó (en mayo 2025) de 5,5% del PIB (el sector público nacional, según la cuenta de inversión, implicó un gasto del 22,5% del PIB en el año 2023), y ellos lo llevaron al 17% del PIB, no logran cerrar los números por la suba de las tasas de interés.
El gobierno vende y ha vendido la mayor parte de los dólares ingresados por el blanqueo de capitales (20.631 millones de dólares), el superávit comercial (de enero 2024 a julio de 2025 de 22.676 millones de dólares) y hasta la deuda ampliada con el FMI (por 14.000 millones de dólares), el Banco Mundial y el BID (por 5.000 millones de dólares), incluso en dos REPO (Repurchase Agreement, acuerdo de recompra), que no es interpretado por la entidad como un préstamo, sino como una venta de activos con el compromiso de recompra posterior, por 3.000 millones de dólares. Total de dólares ingresados: 65.307 millones
Las reservas internacionales brutas del BCRA, que el 7 de diciembre de 2023 (último día hábil del anterior gobierno) ascendían a 21.428 millones de dólares, se incrementaron a 41.705 millones el 19 de agosto último, es decir que aumentaron sólo 20.277 millones. La diferencia con el total de dólares ingresados es de 45.030 millones.
Hasta el 31 de julio se pagaron por deuda externa 20.437 millones de dólares (la mayor parte de capital y una porción menor de intereses de títulos en pesos que pagan los intereses en dólares y el capital a su vencimiento en esa divisa, AL30 GD 30 y otros). Es obvio que los 25.607 millones de dólares faltantes se lo compraron al BCRA los bancos (esencialmente los más grandes, incluso el Banco de la Nación Argentina) para sí y para sus clientes (empresas energéticas, comerciales, agropecuarias, de productos de consumo masivo, grandes supermercados, de automóviles, de servicios públicos, de turismo, etcétera.
En síntesis, este gobierno no solo les reduce los impuestos a los ricos, sino que les ha transferido al tipo de cambio oficial millones de dólares, no les cobra impuestos por esa renta financiera y, lo que es peor, no se les exige informar el origen de los fondos.
De igual manera procedió el macrismo y “legitimó” el gobierno de Alberto Fernández. En una publicación de El Cohete a la Luna se hizo una muestra sobre diez empresas de las 100 que más compraron dólares en dicha gestión, y ninguna de ellas puede demostrar en sus balances de dónde sacaron la plata en pesos para hacerse de divisas. Se tituló “La fuga de los capitales”.
Elcohetealaluna.com
24 de agosto de 2025
Columnista invitado
Horacio Rovelli
Licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires. Profesor a cargo de la asignatura Política Económica de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA), y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Miembro de la Comisión de Economía de la Fundación Estado, Trabajo y Producción (FETyP). Vocal de la revista Realidad Económica. Fue Director Nacional de Programación Macroeconómica en el Ministerio de Economía y Finanzas de la Nación. Autor de numerosos trabajos publicados sobre los temas económicos y financieros.
