Cornejo... gremios de estatales anuncian protestas contra la reforma del Estatuto -

“Propaganda contra el empleo público

“Ataque de Cornejo a la estabilidad: los gremios de estatales anuncian protestas y huelgas contra la reforma del Estatuto

“El proyecto de reforma del Estatuto del Empleado Público de Alfredo Cornejo desató una ola de rechazo gremial que ya se traduce en medidas de fuerza. La iniciativa, que modifica la Ley 560/73, fue calificada como “regresiva e inconstitucional” por sindicatos y especialistas, al atacar pilares fundamentales del empleo estatal: la estabilidad, la antigüedad y el derecho a defensa.

“El proyecto es impulsado en medio de una furibunda propaganda del mileísmo contra el empleo público que encastra con la política de ajuste estatal de Cornejo en pos de pagar la deuda que él mismo contrajo en 2016.

“La degradación de los estatales es una constante del cornejismo, desde lo salarial al empeoramiento de las condiciones laborales

“La reforma, lejos de regularizar a los miles de trabajadores precarizados que hoy cumplen funciones permanentes bajo contratos temporarios, locaciones de servicios o monotributo, consolida un sistema dual: unos pocos con estabilidad y miles como “interinos” sin derechos plenos.

“El artículo 9 agrava la situación al establecer que quienes ingresen como interinos no tendrán reconocida ninguna antigüedad previa, incluso si llevan años prestando servicios en el Estado. En hospitales y centros de salud de Mendoza, más de 2.000 trabajadores reconocidos por el Estado quedarían en esta situación.

“Personal interino, sin derechos

“La reforma introduce la figura del “personal interino”, un trabajador sin estabilidad, sin indemnización y sin derecho a reinstalación. “Es absolutamente inconstitucional. No existe en la Constitución Nacional ni en la de Mendoza. Es una forma de legalizar la precarización y dejar al trabajador estatal sin ninguna garantía”, denunció Raquel Blas, referente de SITEA y la CTA Autónoma.

“El artículo 9 del proyecto establece que los interinos no tendrán reconocida ninguna antigüedad previa, incluso si llevan años prestando servicios bajo contratos precarios. “Un prestador de salud con diez años de trabajo pasaría a ser interino con antigüedad cero. Es una negación brutal del trabajo realizado”, señalaron desde ATE.

“Prohibido impugnar sanciones

“Pero el disciplinamiento va más allá. El artículo 53 impide impugnar sanciones de hasta 15 días, lo que habilita cesantías encubiertas. Bastarían dos sanciones de siete días —sin posibilidad de apelación— para que un trabajador quede en situación de despido. “Es una herramienta de persecución. El trabajador queda a merced del jefe, sin defensa ni garantías”, agregó Blas.

“El artículo 50 agrava aún más la situación: incluso si un despido es declarado nulo, el trabajador no tendrá derecho a percibir los salarios caídos durante el proceso. Y si se trata de un interino, ni siquiera podrá ser reincorporado. Además, se modifica el régimen indemnizatorio, eliminando la escala por antigüedad y fijando un monto único del 100% del último salario, lo que representa una pérdida de hasta el 50% para quienes han dedicado décadas al servicio público.

“Se vienen protestas

“Ante este escenario, los gremios se declararon en estado de alerta y movilización. ATE anunció asambleas con retención de servicios y huelga en todos los sectores estatales para el miércoles 3 y jueves 4 de septiembre, respetando guardias mínimas en efectores sanitarios. “Nuestra respuesta a este arbitrario avance contra los derechos de la clase trabajadora se verá reflejada en la lucha colectiva que desarrollaremos en las calles”, señalaron desde el sindicato.

“El gremio de los Judiciales, por otra parte, anunció una asamblea para este jueves en el KM0 y el Palacio Judicial desde las 9.

“La reforma impacta transversalmente en más de 100 mil agentes estatales, incluyendo docentes, celadores, personal de salud, judiciales, administrativos, policías, penitenciarios y contratados. “No vamos a permitir que se legalice la inestabilidad. Esta reforma no es técnica: es política, y busca debilitar al trabajador estatal como sujeto de derechos”, concluyó Roberto Macho, secretario general de ATE Mendoza.