13 de octubre de 2026
18:28hs.
Como decíamos en las notas anteriores (1) (2) (3), la discusión previa al dictado de la ley 7722 tuvo sus sacudones no sólo dentro de Malargüe, sino también dentro del micromundo de la Espeleología. Pero también dentro de la política local, ya que Jaque se preparaba para la Gobernación y le había soltado la mano al intendente Raúl Rodríguez, quien iba para su reelección. Rodríguez, como pro-minero (había sido director de la Escuela 4-018, “La Minera” y sus cuatro hijos varones estudiaron allí… fueron alumnos de quien esto firma y tenía vocación dialoguista sobre el tema minero, damos fe. Pero los fundamentalistas del propio PJ (y de la UCR, da lo mismo) no perdonan el disenso, eso ya lo sabemos. Jaque necesitaba mostrarle a sus superiores que su propia casa estaba en orden.
En ese 2007 (mayo), la Asamblea Mendocina por el Agua Pura (AMPAP) quiso hacer una reunión en Malargüe y propuso, a quien esto firma, organizar algo. Y eso hicimos, para lo cual invitamos a alumnos de la “Escuela del Líderes” (así se llamaba), a la secretaría de la oficina de Río Tinto, al ex diputado peronista Oscar Ponce y a la concejal Silvia Calvi.
En realidad, invitamos a mucha más gente, pero obviamente nadie más vino. Tenían miedo. Eso lo supimos después… la Asamblea por los Bienes Comunes de Malargüe no existía y tampoco existía la Comunidad Malalhueche, creada poco después merced a iniciativa del INAI en Buenos Aires (y a la que nunca se nos permitió ingresar, dicho sea de paso).
Así, se hizo la reunión en la misma escuela donde 10 años años antes se había realizado el Tercer Congreso Latinoamericano de Espeleología… parece una ironía.
De la AMPAP vinieron una tal Virginia, muy agresiva y sectaria, de una organización unipersonal de San Rafael llamada “Uranio no, gracias”, el conocido Ing. Alberto Lucero (que luego se alejaría de la AMPAP, no sabemos por qué) y dos o tres personas más cuyos nombres no recordamos.
El momento álgido fue cuando la empleada de Río Tinto ofreció hacer una reunión entre los técnicos de la empresa y los técnicos de la AMPAP, idea que parecía lógica. Hubiese sido una buena salida política. Pero en ese momento, la tal Virginia se levantó, apuntó con el dedo índice a la empleada de Río Tinto, dijo “yo no tengo nada que hablar con el enemigo” (sic) y se fue de la reunión.
Evidentemente esa muchacha no entendía el ABC de la docencia. Fue ella la que quedó mal e hizo quedar mal a todos. Ponce, Calvi y la empleada de Río Tinto se levantaron y se fueron. La reunión se deshizo, nos reunimos en un bar a evaluar y tuvimos que escuchar sermones y acusaciones de “La Virginia” al resto de sus propios acompañantes… “ustedes no son ambientalistas” repetía mecánicamente.
A los pocos días, el concejal radical ultra-jaquista Osvaldo Trimiño (que trabaja en OSEP y es actualmente dentista de cabecera de PAMI) propuso en el Concejo Deliberante lo que sería la Resolución 100/07 (4), que reproducimos al final de esta nota.
En eso también pasaron cosas: nos enteramos de la noticia cuando un día nos llamó, muy temprano a la mañana, desde Buenos Aires, el periodista Santo Biasatti, alarmado por una resolución municipal que prohibía las reuniones ambientalistas. Luego llamó Nelson Castro, el inventor del Síndrome de Hubris. Habían leído la noticia en el diario La Nación y fue por ese medio que nos enteramos. Al rato, llegó un “oficio” (literal) del Consejo mismo, adjuntando una nota dirigida al presidente del INAE (ya dijimos que como presidente de la FAdE no podía actuar, ya que el Consejo Directivo estaba controlado por el vice Gabriel Redonte, del grupo GEA de Buenos Aires y empleado-operador político de Río Tinto).
No firmamos el ”oficio” (que NO tenía firma alguna), pero recibimos en disconformidad la nota, en medio de un escándalo en el que el propio abogado constitucionalista Daniel Sabsay puso el grito en el cielo. Imagínense: el gorilaje nacional se hizo los rulos ante esta “travesura” del kirchnerismo.
Luego vino nuestro reclamo al mismo Concejo para que derogara la norma, otro reclamo a la Fiscalía y hasta una reunión con la Comisión de Derechos y Garantías de la Legislatura, donde nos atendieron los senadores Jorge Difonso y Alejandra Naman.
Pero no había caso. Parecía que nada podía hacerse. Creo que los legisladores no podían entender siquiera el estilo de redacción de la “prohibición”. Quiero creer eso.
Ningún abogado quería patrocinarnos, hasta que uno de Buenos Aires nos aconsejó hacer nosotros mismos una denuncia penal… en la Comisaría 24.
Allí fuimos y grande fue la sorpresa del oficial a cargo… no nos quería tomar la denuncia. No podíamos denunciar al sacrosanto Concejo. Insistí, el sumariante fue a consultar al comisario y finalmente tomó la denuncia, sin dar esperanzas.
Nos ganaron por cansancio.
Luego surgieron problemas peores, que nos quitaron tiempo y ganas de seguir peleando. Además, esta intentona de hacer fracasar la ley 7722 había fracasado, la ley era ley y nos dimos por satisfechos. Olvidado el tema.
Dos años más tarde, nos enteramos de casualidad, por una infidencia de otro concejal radical, que el fiscal había viajado desde San Rafael para reunirse en privado con los concejales, a quienes convenció de derogar sólo el artículo 2. O sea que tuvieron que recular, pero eso no se lo notificaron por “oficio” a la víctima del abuso.
El fiscal también incumplió su función, en tanto no le correspondía ir a charlar con los concejales, sino procesarlos por violación a los derechos humanos, no otra cosa es cualquier violación al artículo14 de la Constitución Nacional.
Todavía hoy hay mucha, muchísima gente, en Malargüe, que sigue convencida que en Malargüe “no se puede hablar en contra de la minería, está prohibido por ley” (sic). Varios de ellos están en el Concejo Deliberante, pero también en todo el gabinete ejecutivo. Todo. He aquí la cacareada “licencia social”…
Y peor aún… en el mismo 2007 lo serrucharon a Rodríguez de la reelección, le dieron una banca de diputado, y en agosto de 2011 nos encontramos con él en la Legislatura: estaba acompañando a una delegación de la Cámara de Comercio local, que se quejaba respecto que “la minera” no estaba cumpliendo la promesa de “compre y contrate malargüino”, mentira en la que, empero, aún siguen creyendo.
Para redondear, por ahora: hubo una resolución del Concejo reclamando excluir a Malargüe de la 7722. Fue en un año clave, 2019, Resolución 288… ¡sin desperdicio!.
¡Narnia, a full!!
Columnista invitado
Carlos Benedetto
Museólogo, profesor de Historia jubilado y presidente de la Federación Argentina de Espeleología (FAdE). Escritor y periodista. Co-fundador de la Biblioteca de la Memoria Jaime De Nevares (2007) y de la Agrupación Luis Barahona (2018), Malargüe. Colaborador de nuestro diario desde -casi- los orígenes, en temas históricos, políticos y ambientales. Para conocer toda su producción mirá aquí.
Notas
1) https://marcelosapunar.com/2025/06/28/ley-7722-dolor-de-cabeza-para-malargue-y-los-espeleologos-1-por-carlos-benedetto/
2) https://marcelosapunar.com/2025/08/06/belo-horizonte-quedo-claro-quien-es-quien-en-espeleologia-argentina-por-carlos-benedetto/
3) https://marcelosapunar.com/2025/08/19/ley-7722-dolor-de-cabeza-para-malargue-y-los-espeleologos-2-por-carlos-benedetto/
4) https://sinpelos2011.files.wordpress.com/2016/05/hcd-res-100-2007.pdf
