
“La persecución política contra Cristina Kirchner
“El apriete organizado a “los arrepentidos” de la causa Cuadernos
“El abogado de Carlos Wagner explicó que, en las condiciones en que declaró el empresario después de quedar detenido, hubiera dicho cualquier cosa con tal de volver a su casa. Las presiones para incriminar a la expresidenta y sus exfuncionarios.
““Wagner hubiera confesado que integraba la banda del Gordo Valor, Wagner hubiera confesado que hizo el túnel en su calidad de ingeniero para robar el Banco Río en Acassuso, el tema era gozar de la libertad”. Wagner es Carlos Wagner, extitular de la Cámara Argentina de la Construcción y quien hablaba por él era su defensor, el abogado Zenón Ceballos, en una de las últimas audiencias del juicio “Cuadernos”. Explicaba con un toque de humor que, en las condiciones en que declaró después de quedar detenido, hubiera dicho cualquier cosa con tal de volver a su casa. Lo único importante, para eso, “era el arrepentimiento”, explicó. En otras palabras, la clave –para él y para otros– era que dijeran lo que el juez y el fiscal querían escuchar: debían confesar supuestos pagos ilegales en la obra pública durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner.
“La andanada de detenciones en el caso “Cuadernos” fue en agosto de 2018, comandada por el fiscal Carlos Stornelli y el fallecido juez Claudio Bonadío. El que aceptaba convertirse en imputado colaborador (o arrepentido) recuperaba la libertad y el que no, iba a la cárcel. Pero en el fragor de esa situación, los aprietes parecían un mito urbano. Circulaban versiones que nadie confirmaba sobre actas ante escribanos donde se volcaban las anomalías. Hubo unos pocos casos puntuales, como el del empresario Gerardo Ferreyra, quien estuvo cerca de un año y medio preso por no querer “confesar”, que relató los aprietes en detalle.
“Al comenzar el juicio el año pasado, se leyeron las declaraciones de los “arrepentidos”. Si fuera por la ley, tendrían que estar registradas en audio o video, pero Stornelli y Bonadío no grabaron nada. Sólo hay actas escritas. Esta recreación de las viejas indagatorias fue difundida como si ocurrieran ahora. Pero en las últimas semanas una decena de abogados defensores de los empresarios arrepentidos, revelaron como fueron presionados para decir determinadas cosas, en condiciones que algunos equipararon a la tortura. Hubo quienes pidieron la nulidad del juicio o de sus propias declaraciones. Muchos adhirieron al planteo de nulidad de todo lo que había hecho ya Alberto Beraldi, el abogado de la expresidenta, que fue tomado como un cuestionamiento paradigmático y ejemplar.
“Así, en las audiencias reciente quedó expuesto el mecanismo con el que se construyó esta causa, no sólo con los cuadernos de un chofer que dio versiones distintas sobre su existencia (que los tenía, que los quemó, y luego aparecieron) y que resulta que estaban tachados y tenían escrituras de un amigo suyo, sino con empresarios arrepentidos que para quedar libres tenían que reconocer que algo de lo que allí estaba escrito era cierto. Ese relato, el de los cuadernos, fue el que se instaló: las entregas de bolsos con grandes cantidades de fajos de billetes que Centeno describió, y que se supone que vio desde el volante.
“Todo esto deja a la vista que se perdió una gran oportunidad de hacer una investigación seria sobre desmanejos y corrupción en la obra pública. Sólo se buscaba un resultado con nombre y apellido: CFK. Así todo el caso quedó contaminado, construido para una determinada tribuna.
“El Tribunal Oral Federal 7 (TOF7) –que integran Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli– tendrá que resolver qué hace con los planteos antes de que empiece el desfile de indagatorias, lo que incluye a los arrepentidos. Lo hará, anunció, el 10 de marzo. El jueves último plantearon su rechazo la fiscal Fabiana León, que salió en defensa de Stornelli, y de la Unidad de Información Financiera. Los defensas no esperan respuesta favorable, más allá del escenario escandaloso que mostraron.
““El que avisa no traiciona”
“Esta semana sorprendió el planteo de Pablo Medrano, el abogado de Mario Rovella, de la constructora Rovella-Carranza S.A cuando dijo que venía a plantear lo que fue “lisa y llanamente” “un mecanismo de coacción incompatible con el estado de derecho sistemáticamente utilizado en este proceso por el juez Bonadío”. “No es un detalle menor del proceso, ni tampoco una discusión técnica más”, insistió. “Cuando una confesión se obtiene bajo la amenaza concreta de la cárcel no estamos frente a un acto voluntario, estamos frente a una declaración que es arrancada”, dijo.
“El juzgado, recordó, pretendía que su defendido convalidara la declaración del financista Ernesto Clarens, que lo había incriminado en 14 entregas de dinero. “La Convención contra la Tortura incluye los sufrimientos mentales infligidos para obtener una confesión o para intimidar. No siempre hacen falta cadenas o golpes, basta mostrar que la celda estaba preparada. A Rovella se le mostró el destino patibulario que le seguiría para doblegar cualquier intento de defensa”, describió.
“Rovella es uno de los 46 empresarios que al comienzo de las audiencias ofrecieron una “reparación integral” para no ser juzgados, algo que la fiscalía y el tribunal rechazaron. Como en todo juicio, las partes van jugando sus cartas. Descartada la posibilidad de pagar, algunos decidieron hablar de los aprietes, con el respaldo –en ciertos casos– de haber dejado el relato asentado en su momento en escribanías. No era un mito o leyenda. Medrano detalló que “ante la inminencia de quedar detenido, el día anterior a su indagatoria Rovella acudió ante un escribano para dejar constancia de la intimidación y coerción”. “Comprendía que no podía negarse a declarar y que tampoco podía declarar negando los hechos sin exponerse a la privación de la libertad”, señaló.
“Los empresarios Oscar Sansiñena y Guillermo Escolar, ambos de Cleanosol Argentina S.A, también habían ido a una escribanía, dejó en claro su defensa, a cargo de Diego María Olmedo. Otra vez: “si no decías lo que Bonadío quería escuchar, ibas preso”. “Si habías tenido contacto con Clarens, tenías que autoincriminarte”, explicó el abogado. Contó que otro de sus defendidos, el contador Jorge Benolol, lo tuvieron seis horas sentado en el juzgado a modo de ablande. Delante suyo y de otros imputados pusieron al empresario Hugo Dragonettti “vestido de tortuga” (con chaleco antibalas, casco y toda la parafernalia con la que exhibían a los detenidos en aquel entonces) en señal de que ellos podían terminar igual. Benolol había presentado un escrito y un pinche del juzgado le dijo “al doctor Bonadío no le alcanza”. Pidieron que fuera el juez en persona a tomarle la declaración, y la respuesta fue: “hay mucha prueba en su contra”.
“Aldo Roggio –con negocios en transporte, gestión de residuos y construcción– había hecho un acuerdo de colaboración con el fiscal Stornelli. Le iban a adjudicar tres pagos para financiar la política. Cuando le tomó declaración Bonadío agregó algo que no existía en esa imputación: el juez quería que dijera que había pagado retornos a cambio de subsidios para Metrovías. Dos veces Roggio le respondió que no había pagado nada. “¿Por qué no lo piensa?”, le aconsejó Bonadío, amenazante. “El que avisa no traiciona”, agregó el juez. “Teníamos la certeza absoluta e inexorable de que si no decía lo que Bonadío quería escuchar, iba a quedar detenido”, le dijo al tribunal el abogado de Roggio, Jorge Valerga Aráoz (hijo).
“Un momento clave, hasta fundacional de la causa, fue la primera declaración del chofer Oscar Centeno, que fue cuestionada por su propio defensor, Sergio Steizel: dijo que en su primera indagatoria había estado solo, sin abogado que lo represente, pese a que había pedido un defensor oficial. Sin describirle qué le imputaban, le informaron que si se “arrepentía” podría recibir protección y mejorar su situación. La abogada Laura Fechino, que defiende al exasesor del Ministerio de Planificación, Hernán Camilo Gómez, recordó que Centeno tenía un abogado particular de confianza, Norberto Frontini, que esperaba para asistirlo aquel día en Comodoro Py, pero le impidieron tener contacto con el remisero. La letrada se sumó a los pedidos de nulidad, dijo que la causa fue armada para detener a exfuncionarios con una pérdida “total de objetividad” y cuestionó que los cuadernos sean tomados como prueba.
“Sortijas para pocos
“Ceballos, el abogado de Wagner, aclaró que no sabe si es verdad o mentira lo que el empresario declaró, pero lo que le importa es cómo fue conducido a arrepentirse. Para acentuar el cuadro de situación describió: “Cuando Carlos Wagner, mi asistido y amigo, fue a declarar fue meado y cagado. Ya había pasado por las alcaidías del Palacio de Tribunales, por Comodoro Py, por Drogas Peligrosas, trasladado con casco, con foto en todos los diarios, desde la cárcel de Marcos Paz”, “como una bolsa de papas”.
“A medida que la cárcel se iba vaciando de empresarios, dijo Ceballos, “mayor la angustia de quienes creían que únicamente arrepintiéndose iban a poder gozar de una vuelta en el pony de la calesita”. La frase tenía una razón. El fiscal Stornellli había advertido que no había “sortijas” para todos.
“Lo contó el abogado José Manuel Ubiera, que defiende a Oscar Thomas, exdirector de Yacyretá. Cuando fue a plantear la eximición de prisión, recapituló: “Ahí (Stornelli) me dijo la famosa frase: que había sortijas para pocos y que el premio mayor era Cristina Fernández de Kirchner. Si mi cliente tenía algo que decir era en ese sentido. Le dije que mi cliente estaba muy grande para subir a una calesita y agarrar esa sortija. No hablamos más. Cuando vi lo que estaba pasando, empecé a batir el parche. Este señor decidió junto con (el falso abogado Marcelo) D’alessio y sus esbirros hacerme una cámara oculta”.
“D’Alessio fue condenado por el Tribunal Oral Federal 8 a 13 años de prisión por asociación ilícita que espiaba y extorsionaba. Stornelli había sido excluido de la acusación, recordó Ubeira, pero el fiscal del juicio, Marcelo Colombo, “dijo que se comportó como un delincuente y que tenía que haber venido a dar explicaciones”. Una de las juezas que dictó la sentencia –en cuyos fundamentos aluden a Stornelli—María Gabriela López Iñíguez, había sido sorteada como cuarta jueza para “Cuadernos”. Fue apartada a pedido de la fiscal Fabiana León.
“Thomas no se “arrepintió” y pasó ocho meses detenido. Ubeira exhibió los precedentes jurídicos violados y pidió la inconstitucionalidad de la ley del arrepentido, algo que también hicieron otras defensas como la de Ferreyra, la del exministro de Planificación Julio De Vido y la del exsubsecretario Roberto Baratta, que consideran que la norma atenta contra el debido proceso, la garantía de defensa y de no autoincriminación.
“La biblia de Beraldi
“La exposición de Beraldi –abogado de CFK—a comienzos de mes y su pedido de nulidad, fueron citados con elogios por un amplio abanico de otros defensores. Además de mostrar que la expresidenta no adjudicó ninguna obra ni autorizó pagos ni hay pruebas de que haya recibido nada, el letrado reconstruyó encuentros del periodista Diego Cabot, de La Nación, con Stornelli y Bonadío previos a entregar las fotocopias de los cuadernos. El fórum shopping fue uno de los ejes de su exposición: nunca se mandó la causa a sorteo, como debe ser, se la quedaron ellos, es decir que no tuvo “juez natural”. También se refirió a lo que llamó “la estafa de los arrepentidos”, el uso extorsivo de esa figura, con el direccionamiento hacia Cristina Kirchner y para proteger a aliados del juez y el fiscal (entre quienes mencionó a la familia Eskenasi) y hasta la curiosa situación de Angelo Calcaterra quien se presentó para “reconocer” pagos a modo de aportes de campaña y volvió a su casa lo más tranquilo.
“Una posibilidad es que el tribunal diga que todas las irregularidades denunciadas serán analizadas durante el juicio, pero no antes. Si es así seguirá pasando el tiempo el continuará el show.
“Pagina12.com.ar
“Irina Hauser
“1 de marzo de 2026”.













