07 de octubre de 2026
05:48hs.
Se cumplieron 19 años del dictado de la Ley 7722 y es tiempo de ir haciendo un balance. No es fácil, habida cuenta de que es una ley que fue gestada de abajo hacia arriba y no al revés. Eso parece. Una gesta popular, a la que ya nos referimos ampliamente en cuatro artículos que pueden verse en las citas 1 y hasta la 4.
Sufrimos en carne propia las represalias por defenderla NO ESTAMOS EN CONTRA DE ESTA NORMA. Pero eso no nos impide pensar si sirve en “este” momento para enfrentar la que se viene. Como en la historia de David y Goliat… ¿puede una ley provincial derrotar al RIGI?. Sólo tenemos una onda, en las calles somos cada vez menos, y eso se comenta por lo bajo en cada movilización. Las fuerzas del cielo están a favor del enemigo, no de David.
La Ley 7722 fue resultado de una larga lucha de una Mendoza que contaba, al principio, con el apoyo de los grandes productores vitivinícolas, apoyo que hoy ya casi no existe. El enemigo trabajó duro para convencer a casi todos que “debemos cambiar la matriz productiva”… y parecernos a Chile (sin decir que las exportaciones mineras en Chile pagan 40 % de impuestos, retenciones, y acá apenas 3 %… en realidad menos, mucho menos).
”Imitemos a Chile”…. pero hagámoslo sin cobrar un mango, ¿eh?
“Imitemos a San Juan”, dejemos de ser nosotros mismos. “Seamos una provincia minera”… ¿entregando las tierras de fronteras a capitales extranjeros?
Eso está diseñado desde Buenos Aires, desde la bolsa de Wall Street y desde la Bolsa de Londres.
Una ley provincial no puede contra todo eso por más buena voluntad que haya.
Entonces, ¿traicionó Alfredo Cornejo a la militancia de comienzos de milenio, cuando apoyaba la ley? ¿O se traicionó a sí mismo? ¿O ninguna de las dos cosas?
Seamos un poco paranoicos y pensemos: aquel Cornejo cacareó aquí para poner los huevos allí. Quizás Cornejo no traicionó nada, sino que participó del diseño de una ley destinada a impedir que pensemos a Mendoza como una parte de un país y de una Patria Grande. Y caímos en la trampa. De hecho, los pampeanos sufren por “nuestra” minería, pero la 7722 ni les va ni les viene.
¿Por qué en Mendoza ocurren los mismos (o peores) problemas que en las provincias que no tienen 7722?. Insisto, es una hipótesis/interrogante…
¿Puede Mendoza desprenderse de su localismo y pensar que, en realidad, “el agua de Mendoza” no es de Mendoza, sino de los argentinos? En ese caso, excelente la iniciativa de las asambleas mendocinas de marchar en agosto próximo hacia La Pampa, provincia víctima, si las hay, del mal uso del agua en Mendoza y San Juan.
Lo dijimos en un programa de una radio de Salta: “el agua de Mendoza no se negocia, pero no se negocia con el extranjero, sí se negocia con las provincias vecinas”. Tenían razón los pampeanos cuando se opusieron a la construcción de la represa Portezuelo del Viento, a pesar que esto sea malsonante a los oídos malargüinos.
El ex Secretario de Ambiente de la Nación, Homero Bibiloni, suele usar una imagen para explicar este tema: “hay un edificio de varios pisos cuyo único tanque de agua está en la terraza; luego, los habitantes del último piso creen que tienen derecho de usar toda el agua”. Eso es Mendoza…
Hay una peligrosa tendencia a aferrarnos a logros pasados, mientras el enemigo cambia de tácticas a diario, mientras mantiene oculta la estrategia general. Para entender el tema de la 7722 debemos distinguir entre los conceptos de “táctica” y “estrategia”, que parecen lo mismo pero no lo son.
¿Tiene, el campo popular, el pueblo argentino, una estrategia nacional de lucha contra un globalismo que avanza permanente? No la hay. Hay tácticas provinciales, pero no estrategias nacionales. La 7722 no puede salir del “pago chico” mendocino.
¿Es posible que, entonces, la 7722 sea, involuntariamente por supuesto, parte misma del Mendoexit? No en la mente de los militantes, sino de quienes los traicionaron, NOS traicionaron. Seguimos en el terreno de las hipótesis.
Algo bueno: que se haya caído el dictamen de un procurador adjunto bajo la mirada de representantes internacionales del Tratado de Escazú, no es un dato menor. Tampoco lo es que el fiscal Sánchez, que tildó de “terroristas” a los militantes ambientales de Uspallata, sigue en su cargo. Ver nota en la página 11 de Sin Pelos en la Lengua 458 (5).
¿Qué significa eso del Tratado de Escazú?: es un acuerdo internacional de rango constitucional nacional en Argentina, y que no solamente defiende al ambiente, sino también a los ambientalistas. Eleva los delitos ambientales al rango de crimen, a la par de los crímenes de lesa humanidad. Eso no lo puede hacer (ni impedir) ninguna ley provincial, como no puede una ordenanza municipal impedir que la 7722 se aplique en un municipio, como marcamos en el cuarto artículo linkeado abajo.
Estas reflexiones generaron el enojo de algunos ambientalistas, con quienes finalmente acordamos en que “estamos en el mismo camino, en la misma dirección, pero en andariveles distintos”. En esta frase se resume la necesaria transición.
Pensemos: todos los proyectos mineros, con la 7722 en vigencia, están siendo aprobados por la Legislatura provincial. Eso no le resta mérito, al contrario, a la visita que hicieron a la Legislatura cuatro militantes, dos de San Rafael y dos de General Alvear, donde presentaron dos magistrales estudios críticos del Proyecto Don Luis (litio) en el sur provincial. Uno de esos informes fue publicado en Sin Pelos en La Lengua 478 (6), página 7.
¿Cómo era la historia… tienen derecho los diputados de seleccionar a sus interlocutores?. Sí, lo hicieron, y los militantes fueron: Lilian Tapia y Melina Padilla de San Rafael, y Andrea Fantinel y Miguel Rodríguez de General Alvear. De Malargüe nadie fue invitado y al principio protestamos, luego entendimos eso de los andariveles de un mismo camino en la misma dirección. Hemos elegido una táctica y otros siguen en la otra. Lo importante es no caer en la trampa de enfrentarnos.
Finalmente, una semana después, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto, con sólo 4 votos en contra. O sea, la Legislatura les faltó el respeto a ciudadanos que viajaron a peticionar y volvieron creyendo que habían sido escuchados (7).
Tanto NO estamos en contra de la 7722 (aunque estamos sospechados de eso desde 2007), que hicimos llegar nuestra solidaridad a la concejala Florencia Escartin, de General Alvear, por haber sido insultada, en plena sesión, por el concejal radical Carlos Salazar, que la calificó de “cocorita”: insulto machista, además.
Este tal Salazar respondió con el cacareo clásico del “antikirchnerismo bobo” (frase del radical Leopoldo Moreau, ¿se acuerdan?):
“Se robaron todo. Un PBI entero. Ahora todos los dirigentes de ustedes están presos”. ¡Uauh, que original!!!. ¿“Todos”?
“No vengamos ahora a reclamarle a un gobierno que lleva sólo 2 años, que es culpable de absolutamente todo”.
Bueno… el maltrato a jubilados, PyMES, laburantes en general, personas con discapacidad, eso no lo están haciendo los chorros que están presos, ¿no?
“¿Ustedes qué pensaban? ¿Que Alvear no iba a tener consecuencias del choreo que se mandaron?”.
Etc.
Un medio local relata que “Salazar defendió además la postura de los siete concejales que no acompañaron el pedido impulsado por los ambientalistas y aseguró que la decisión responde a una visión sobre la situación que atraviesa el país”. O sea, que quienes defienden al extractivismo en Mendoza se apoyan en legislaciones nacionales, y eso no lo podemos enfrentar con la 7722. Salazar viene a darnos la razón sobre que Cornejo no es un traidor, sino una gallina que hace 20 años estaba cacareando en un lugar a sabiendas que los huevos iba a ponerlos en otro lado.
“Nosotros, los siete concejales que no firmamos las notas, somos conscientes de la situación de este país. Y lo único que estamos tratando de hacer es poner nuestro grano de arena para salir adelante”.
Salazar se dirigió a la concejal Escartín preopinante, y la trató de “cocorita”.
Así que, como no fueron escuchados en su concejo deliberante, los alvearenses se fueron a la Legislatura. Bien ahí. Allí quizás los escucharon, o no, pero al menos ningún legislador trató de “cocorita” a ninguna de las tres mujeres asistentes.
Defendamos los postulados de la 7722, pero vayamos pensando en otras armas. Lo advirtió el fiscal Gómez en sus charlas de febrero pasado (oh casualidad, en General Alvear fue donde mayor cantidad de público hubo, un detalle no menor): “Tenemos que salir de la mentalidad de pago chico”, dijo muchas veces. Nosotros agregamos: “salir” no implica, necesariamente, olvidar las raíces de la militancia ambiental, y la 7722 lo es.
Columnista invitado
Carlos Benedetto
Museólogo, profesor de Historia jubilado y presidente de la Federación Argentina de Espeleología (FAdE). Escritor y periodista. Co-fundador de la Biblioteca de la Memoria Jaime De Nevares (2007) y de la Agrupación Luis Barahona (2018), Malargüe. Colaborador de nuestro diario desde -casi- los orígenes, en temas históricos, políticos y ambientales. Para conocer toda su producción mirá aquí.
Notas
1) https://marcelosapunar.com/2025/06/28/ley-7722-dolor-de-cabeza-para-malargue-y-los-espeleologos-1-por-carlos-benedetto/
2) https://marcelosapunar.com/2025/08/19/ley-7722-dolor-de-cabeza-para-malargue-y-los-espeleologos-2-por-carlos-benedetto/
3) https://marcelosapunar.com/2025/09/05/ley-7722-dolor-de-cabeza-para-malargue-y-los-espeleologos-3-por-carlos-benedetto/
4) https://marcelosapunar.com/2025/10/10/ley-7722-dolor-de-cabeza-para-malargue-y-los-espeleologos-4-por-carlos-benedetto/
5) https://spellrevista.wordpress.com/wp-content/uploads/2026/06/458-spell-458-1.pdf
6) https://spellrevista.wordpress.com/wp-content/uploads/2026/06/457-spell-457.pdf
7)
https://www.diariouno.com.ar/politica/el-gobierno-aprobo-mayoria-aplastante-la-exploracion-litio-el-sur-n1570910
