10 de agosto de 2026
16:59hs.
Cultura de violencia en Centroamérica: un pesado legado histórico
Marcelo Colussi y Mario S. de León
(viene de la edición anterior)
En Nicaragua, desde 1979 hasta 1990, transcurrió la Revolución sandinista y contrarrevolución (1979-1990):
El 21 de febrero de 1934, tras acudir a una cena en La Loma (Palacio Presidencial), junto con el escritor Sofonías Salvatierra (ministro de Agricultura de Sacasa) y sus lugartenientes, generales Francisco Estrada y Juan Pablo Umanzor, invitados por Juan Bautista Sacasa, Sandino es detenido por el mayor Lisandro Delgadillo, que le condujo a la cárcel de El Hormiguero. Los tres generales, Sandino, Estrada y Umanzor, fueron asesinados a las once de la noche por efectivos del batallón que los custodiaba. Posteriormente, dos años después, Anastasio Somoza García tomaba las riendas de Nicaragua (…). Somoza afirmó que había recibido órdenes del embajador estadounidense Arthur Bliss Lane para matar a Sandino. (…) Luego fue sucedido por sus hijos, Luis Somoza (…) y Anastasio Somoza Debayle, quienes extenderían el período de tiranía hasta finales de la década de 1970 en el país y serían responsables de actos de tortura, represión y fallecimientos de figuras ilustres (…). (Telesur, 2024)
Después de derrocar a la dictadura de Anastasio Somoza en 1979, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) tomó el poder. Sin embargo, la guerra contrarrevolucionaria financiada por Estados Unidos, conocida como la Contra, desató un conflicto violento que provocó la muerte de decenas de miles de personas y graves violaciones de derechos humanos, con un costo para Nicaragua de 17,000 millones de dólares, cifra fijada por la Corte Penal Internacional como indemnización que debía recibir Managua de parte de Estados Unidos, pago que nunca se realizó finalmente.
Honduras ha sufrido numerosos golpes de Estado, el más reciente en 2009, cuando el presidente Manuel Zelaya fue depuesto. La represión estatal posterior incluyó detenciones arbitrarias, torturas y asesinatos de opositores políticos y defensores de derechos humanos. La violencia y la impunidad han caracterizado la respuesta del Estado a la oposición política y social. Human Rights Watch (2010) documentó el patrón de represión posgolpe, incluyendo el asesinato de decenas de manifestantes y la suspensión de garantías constitucionales.
Aunque Costa Rica es conocida por su estabilidad política, ha habido una violencia estructural significativa contra poblaciones indígenas y afrodescendientes, incluyendo discriminación sistemática, despojo de tierras y falta de acceso a servicios básicos y justicia. El Estado de Costa Rica ha sido señalado reiteradamente por el PNUD y organismos de derechos humanos por el incumplimiento de los convenios internacionales relativos a los derechos de los pueblos originarios, en particular el Convenio 169 de la OIT, que establece el derecho a la consulta previa, libre e informada (Programa Estado de la Nación, 2023).
La violencia patriarcal
El artículo 1 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (1994), conocida como Convención de Belém do Pará, suscrita por todos los países centroamericanos, establece como: “Violencia contra la mujer cualquier acto o conducta, basada en género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado” (p. 2). Todo un cúmulo de expresiones tales como: violencia sexual en diferentes contextos, femicidios, golpes y humillaciones, embarazos forzados en niñas y adolescentes, matrimonios arreglados, criminalización del aborto, distintos tipos de marginación, persecución y exclusión política solo por el hecho de ser mujer, son consideradas manifestaciones visibles de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres. En Centroamérica, todo esto es moneda corriente. Las relaciones de género están marcadas por una histórica asimetría, absolutamente injustificable, donde el patriarcado establece el indiscutido dominio masculino, habiéndose constituido como norma fijada en tanto cultura dominante, bendecido por Estados e iglesias.
Rita Segato (2003) ha conceptualizado la violencia contra las mujeres en América Latina no como un fenómeno de patología individual, sino como una práctica estructural de afirmación de poder masculino en el seno de un sistema social que la produce y reproduce. En su análisis, el femicidio y otras formas de violencia de género no son excesos o anomalías, sino expresiones de la violencia inherente al orden patriarcal, que utiliza el cuerpo de las mujeres como territorio de disputa y demostración de poder. Esta perspectiva es especialmente pertinente para Centroamérica, donde la violencia de género no se limita al ámbito doméstico, sino que permea todos los espacios sociales.
La violencia doméstica históricamente no fue considerada como un problema público, de la esfera político-social, sino que las autoridades, y, por consiguiente, las sociedades en su conjunto, le restaban importancia, manteniéndola en el ámbito de lo privado. De esa manera, el enfoque de la violencia de género quedó muy limitado a través de los años, imposibilitándose así su tratamiento desde el Estado por medio de una legislación adecuada, en tanto política pública. El prejuicio en juego es que la violencia contra las mujeres puede darse en espacios públicos, pero en el hogar estarían resguardadas. La realidad es otra, pues para muy buena parte de las mujeres en toda Centroamérica la intimidad hogareña suele transformarse en un lugar particularmente violento, por la agresión de sus parejas u otros familiares. Incluso las violaciones sexuales, en el 70 % de los casos o más, se dan por familiares o personajes cercanos al hogar. Según expresó Meg Galas, citada por el International Rescue Committee:
Ser mujer o niña en Centroamérica es estar en riesgo de sufrir violencia, en el hogar o en la calle. La violencia de género, sin embargo, no es el único peligro que enfrentan las mujeres en nuestros países: todos los días tienen que navegar la inseguridad generada por los grupos armados no estatales mientras buscan formas de cubrir sus necesidades más básicas.
En el caso de las mujeres migrantes con rumbo a Estados Unidos, cuyo número se calcula en casi el 50 % de la población que se desplaza, la situación se agrava, pues en su trayecto a través de todo el istmo y luego por México, se enfrentan a numerosos y complejos problemas, que incluyen la posibilidad de violencia sexual, agresiones físicas y psicológicas, y la enorme vulnerabilidad ante situaciones de trata, secuestro y asesinato. Médicos Sin Fronteras (2019) reportó que el 68 % de las personas migrantes y solicitantes de asilo atendidas en México y Centroamérica había sufrido alguna forma de violencia durante su recorrido, con las mujeres expuestas a tasas significativamente más altas de agresión sexual.
En estos últimos años, los distintos países de la zona han comenzado a adoptar marcos legales para proteger al colectivo femenino de todo tipo de violencia. De todos modos, dado lo arraigado de una cultura ancestral, la violencia machista continúa. Sin ningún lugar a dudas, las nuevas legislaciones marcan un hito muy importante en la transformación de estas pautas culturales históricas, al comenzar a tratar la violencia contra las mujeres como algo que se sale del ámbito privado para convertirse en lo que efectivamente es, un problema público-social.
Dado que la forma más extrema de la violencia contra las mujeres es el asesinato, es decir, las muertes violentas, se fue creando la figura de femicidio o feminicidio (la muerte violenta por razones de género), como algo a castigar severamente. La legislación que ha ido surgiendo últimamente en toda la zona centroamericana intenta cambiar un perfil histórico, lo cual es encomiable. No obstante, resta aún un importante y duro trabajo de concientización ciudadana e intergeneracional por realizar. Es sabido que los cambios culturales profundos implican décadas de trabajo. Es de esperarse que todo lo actuado ahora empiece a dar frutos efectivos en el mediano plazo.
La violencia patriarcal está extendida. Si bien ahora existen normativas legales al respecto, el acceso a la justicia pronta y cumplida sigue presentando dificultades, pues muchos femicidios quedan en la impunidad y, dada la ideología machista consuetudinaria que aún campea, muchas veces encuentran como respuesta social el “se lo buscaron”. Sintetizando esto, Marcela Lagarde y de los Ríos afirma que:
El feminicidio es una ínfima parte visible de la violencia contra niñas y mujeres, sucede como culminación de una situación caracterizada por la violación reiterada y sistemática de los derechos humanos de las mujeres. Su común denominador es el género: niñas y mujeres son violentadas con crueldad por el solo hecho de ser mujeres, y en algunos casos son asesinadas como culminación de dicha violencia pública o privada. (2006, p. 21)
En esa cultura machista patriarcal dominante, y con la violencia contra las mujeres normalizada, los intentos por incidir en la transformación de esos arraigados prejuicios se ven cuesta arriba. Las propuestas feministas muchas veces son denigradas, y prácticas como el aborto están lejos aún de poder aceptarse por los Estados. De hecho, Centroamérica es la región del mundo donde más se penaliza la interrupción del embarazo, aunque sea involuntario o producto de una violación, y donde la presión social, dada la cultura machista dominante —muchas veces magnificada por las iglesias—, obliga a la concepción a muy cortas edades, en adolescentes y niñas. El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, 2022) reportó que en los países centroamericanos con penalización total del aborto, la tasa de mortalidad materna asociada a abortos inseguros es hasta cinco veces mayor que en países con legislaciones más permisivas.
En el marco de este ejercicio de violencia patriarcal se inscribe también la discriminación de todo tipo de diversidad sexual, siempre contextualizada en la homofobia machista reinante. Los Estados, de momento, se muestran muy deficientes en la generación de políticas públicas para transformar estos denigrantes actos de violencia. La Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA-World, 2023) clasifica a varios países centroamericanos entre los más restrictivos del mundo en cuanto al reconocimiento legal de derechos para personas LGBTQ+, con algunos de ellos manteniendo disposiciones constitucionales que explícitamente prohíben el matrimonio igualitario.
Algunos ejemplos específicos
Honduras tiene una de las tasas más altas de feminicidios en el mundo. Las mujeres son frecuentemente asesinadas por sus parejas o exparejas, y la impunidad es un problema grave, con pocos casos llevando a condenas. El Observatorio de Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (2023) reportó que la tasa de impunidad en casos de femicidio supera el 95 %, lo que refleja la incapacidad o indiferencia sistémica del aparato judicial para proteger a las mujeres.
En Guatemala, la violencia doméstica es un problema endémico. Muchas mujeres sufren abusos físicos y psicológicos dentro de sus hogares. A pesar de la existencia de leyes para proteger a las víctimas, la implementación es débil y muchas mujeres no denuncian por miedo o desconfianza en el sistema judicial.
Mujeres —principalmente— de Colombia, Honduras, El Salvador y Nicaragua son explotadas por la delincuencia organizada que ha establecido un sistema de redes internacionales de prostitución en perímetros de la ciudad de Guatemala y del interior del país. La presencia de redes de tratantes nacionales e internacionales de la delincuencia organizada cuyo objetivo es este y otros delitos, constituye un grave problema de seguridad ciudadana porque corrompe a funcionarios del sistema de seguridad y justicia por las cuantiosas ganancias obtenidas. (Javalois, 2024)
El Salvador enfrenta una alta incidencia de violencia sexual contra mujeres y niñas. Los casos de violación son comunes y, a menudo, no se denuncian debido al estigma social y la falta de confianza en las autoridades. La criminalización total del aborto en El Salvador, que penaliza incluso los abortos espontáneos y los casos de violación, ha resultado en la encarcelación de mujeres que sufrieron emergencias obstétricas, en una muestra extrema de la violencia estructural patriarcal ejercida desde el Estado (Agrupación Ciudadana, 2021).
La trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y laboral es un problema en Nicaragua. Las víctimas a menudo son engañadas con promesas de empleo y luego forzadas a trabajar en condiciones inhumanas. Aunque Costa Rica es considerado uno de los países más seguros de la región, el acoso callejero sigue siendo una forma prevalente de violencia contra las mujeres. El acoso verbal y físico en espacios públicos es una experiencia común para muchas mujeres.
Durante el período en estudio (2015-2017), se registra un incremento en las denuncias netas interpuestas ante el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial por trata de personas. En el 2015 se registran 55 casos, en el 2016, 96 casos, y en el 2017, 145 casos. Esto significa que, en el período en estudio, las denuncias por este delito casi se triplicaron (…). Para el año 2017 se registraron un total de 25 casos de trata con fines de explotación sexual (17 mujeres y 8 hombres). (Comisión Técnica Interinstitucional sobre Estadísticas de Convivencia y Seguridad Ciudadana, 2018, p. 41)
La violencia étnica y sociocultural
Otra forma de violencia que atraviesa toda Centroamérica —con distintas modalidades e intensidades, pero siempre con similar oprobio— es la discriminación étnica, es decir, el racismo. Esto es histórico y arranca ya en los primeros pasos de la invasión española, en el siglo XVI. Quijano (2000) conceptualizó este proceso como la “colonialidad del poder”: un patrón global de dominación que se articula a través de la clasificación racial y que no desapareció con la independencia formal de las repúblicas, sino que se reconfiguró en nuevas formas institucionales y culturales de opresión que perduran hasta el presente.
Fernández de Oviedo, cronista de la Colonia española, refiriéndose a la población originaria que encontró en estas tierras, escribía en su Historia general y natural de Las Indias:
(…) naturalmente vagos y viciosos, melancólicos, cobardes, y en general gentes embusteras y holgazanas (…) Idólatras, libidinosos y sodomitas (…) ¿Qué puede esperarse de gente cuyos cráneos son tan gruesos y duros que los españoles tienen que tener cuidado en la lucha de no golpearlos en la cabeza para que sus espadas no se emboten? (citado en Hanke, 1967, p. 34)
Algo similar escribía en el siglo XVI Juan Ginés de Sepúlveda:
con perfecto derecho los españoles imperan sobre estos bárbaros del Nuevo Mundo e islas adyacentes, los cuales en prudencia, ingenio, virtud y humanidad son tan inferiores a los españoles como niños a los adultos y las mujeres a los varones, habiendo entre ellos tanta diferencia como la que va de gentes fieras y crueles a gentes clementísimas (…) Por muchas causas, pues y muy graves, están obligados estos bárbaros a recibir el imperio de los españoles (…) y a ellos ha de serles todavía más provechoso que a los españoles (…). (citado en Dussel, 2008, p. 68)
Esa matriz secular de discriminación y violencia contra el otro distinto recorre toda la historia del área y marca a fuego las relaciones sociales. El racismo, exclusión de las “sociedades minoritarias” por “las sociedades mayoritarias”, es una abominable forma de exclusión presente en la historia de la región, práctica aun plenamente vigente en la actualidad. “Seré pobre, pero no soy indio”, puede escucharse.
En mayor o menor medida, ese racismo ha signado la historia de la región desde la misma llegada de los invasores europeos, y al día de hoy es un esquema cultural que sigue enmarcando buena parte de las relaciones sociales. En toda el área centroamericana existen numerosas etnias prehispánicas, que desde hace siglos sufren una profunda discriminación. Así, por ejemplo, en Honduras se encuentran los grupos lenca, maya-chortí, tawahkas; en El Salvador, las comunidades nahua pipil, lenca y cacaopera; en Costa Rica se encuentran los bribris, huetares, cabécares, ngabes, terrabas; en Panamá se hallan los pueblos ngäbe, wounaan, guna, emberá, entre otros; en Nicaragua hay pueblos miskitos, ramas, ulwas; en Guatemala, que presenta la mayor cantidad de población originaria de todo el territorio latinoamericano, desde hace 4500 años habitan los mayas, una de las civilizaciones más desarrolladas del continente, junto con los incas y los aztecas, antes de la invasión española, representando al menos la mitad de la población del país con 22 grupos diversos: quichés, quekchíes, cakchiqueles, tzutujiles, mames, kanjobales, entre otros, además de los xincas y el pueblo garífuna; en Belice se asientan los mayas-mopán y los mayas-yucateco.
A estos grupos, existentes milenariamente en el istmo, se le suma población de procedencia africana, originalmente llegada a tierra americana en condición de esclavitud entre los siglos XVI y XVIII. Numerosos pueblos de este origen, ya liberados de su yugo ancestral, viven en las costas caribes de la región. Actualmente, se considera que en todo el istmo existen alrededor de 30 distintos grupos afrodescendientes (garífunas, creoles, cimarrones, miskitos afrodescendientes, garinagu), representando el 18 % de la población centroamericana: alrededor del 40 % en Panamá, 36 % en Belice, 9 % en Nicaragua y Honduras, 4 % en Costa Rica y 1 % en Guatemala.
A todos estos pueblos, a excepción de los mayas en Guatemala, puede considerárseles sociedades minoritarias viviendo en medio de sociedades mayoritarias. El caso de los mayas guatemaltecos, aunque son mayoría en términos numéricos, también corren la misma suerte, sufren una terrible discriminación, producto de siglos de Colonia que forjaron una historia de opresión de la que les está costando mucho salir.
Lo francamente patético en todo esto es que los Estados nacionales, más allá de pomposas y vacías cartas constitucionales que no se cumplen, no han hecho sino ratificar esa situación, con un silencio cómplice o con políticas públicas concretas que refuerzan las exclusiones y la violencia. Debe mencionarse que muchos de esos grupos de pueblos originarios, que al día de hoy siguen viendo cómo se les despoja de sus territorios ancestrales por parte de las industrias extractivistas locales y/o internacionales, como la minería (tremendamente contaminante), las centrales hidroeléctricas que desvían sus ríos, las grandes extensiones dedicadas a los agrocombustibles (como la palma africana) que eliminan cultivos alimentarios, constituyen un especial foco de protesta social. Coulthard (2014), analizando los movimientos indígenas en el continente americano, señala que la resistencia de los pueblos originarios no busca simplemente la inclusión en los sistemas políticos existentes, sino que plantea una crítica radical al modelo de desarrollo capitalista y colonial que subyace a la violencia estructural que sufren.
Representan, sin dudas, el factor cuestionador más grande del statu quo en este momento. Tan es así que en el informe Tendencias globales 2020 – cartografía del futuro global, del Consejo Nacional de Información de los Estados Unidos, dedicado a estudiar los escenarios futuros de amenaza a la seguridad nacional de Washington, citado por Boaventura de Souza Santos (2008), puede leerse:
en el inicio del siglo XXI existen grupos indígenas radicales en la mayoría de los países latinoamericanos que en 2020 podrán crecer exponencialmente, obteniendo la adhesión de la mayoría de los pueblos indígenas (…). Estos grupos podrán establecer relaciones con grupos terroristas internacionales y grupos antiglobalización (…) que cuestionarán las políticas económicas de los liderazgos de origen europeo.
Ejemplos de la violencia étnica y sociocultural
La colonización europea estableció sistemas de opresión y discriminación contra las poblaciones indígenas y afrodescendientes. Estas dinámicas de poder y marginación han persistido a lo largo del tiempo. Durante el siglo XX, varios países de Centroamérica, como Guatemala, El Salvador y Nicaragua, experimentaron guerras civiles y conflictos armados que exacerbaron las divisiones étnicas y sociales. Las secuelas de estos conflictos aún afectan a las comunidades y perpetúan la violencia.
Las poblaciones indígenas y afrodescendientes a menudo enfrentan discriminación y exclusión en diversas áreas, incluyendo el acceso a la educación, salud, empleo y representación política. Esta marginalización puede llevar a tensiones y conflictos. Como explica Demetrio Cojtí Cuxil en su libro El racismo contra los pueblos indígenas de Guatemala (2005), el racismo histórico, crónico, español, criollo y ladino, fuertemente arraigado y perpetuado desde el Estado hacia la población indígena y campesina, se manifiesta en numerosos indicadores que muestran que históricamente la población indígena tiene mayores índices de analfabetismo y menor acceso a recursos educativos y sanitarios, así como mayores porcentajes de pobreza y pobreza extrema y menor participación y representación en los organismos estatales y en todas aquellas instancias que puedan contribuir a aminorar su discriminación y segregación.
La región se caracteriza por una profunda desigualdad económica. Las comunidades indígenas y afrodescendientes suelen vivir en condiciones de pobreza, lo que contribuye a la violencia y el conflicto social. En algunos casos, los gobiernos han implementado políticas que agravan las tensiones étnicas y sociales, ya sea a través de la represión directa o la falta de atención a las necesidades de las comunidades marginadas. Por ejemplo:
(…) como resultado de la derrota de las fuerzas populares, la adopción del neoliberalismo por amplios sectores de la clase política y económica, y la desorganización del movimiento negro. Durante la década de 1994-2004, los grupos afropanameños y las organizaciones populares tuvieron que adecuarse al entorno político y económico posterior a la invasión, dominado por la llamada transición a la democracia y la aplicación de políticas neoliberales por parte de la élite política blanca instalada en el gobierno y los partidos de oposición. (Priestley y Barrow, 2010, p. 129).
La violencia y la falta de oportunidades han llevado a altos niveles de migración y desplazamiento forzado dentro y fuera de la región. Este movimiento de personas puede generar conflictos adicionales tanto en las áreas de origen como en las de destino. Sáenz Breckenridge y Lizano Solé (2023) explican que en toda la región centroamericana los flujos migratorios han aumentado progresivamente durante las últimas décadas, en especial superada la pandemia de Covid-19 a partir de 2021 y a la luz de la crisis económica causada por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Las principales razones para emprender la migración irregular son el desempleo y la pobreza; tanto en Guatemala como en Honduras la pobreza afecta a más de la mitad de la población, a lo que se suman, en Guatemala, las situaciones carenciales que afectan a la población de origen maya, por lo que el 66 % de los migrantes guatemaltecos tiene esta identidad étnica.
La presencia de pandillas y narcotraficantes contribuye a la violencia en la región. Estos grupos a menudo explotan las divisiones étnicas y sociales para mantener el control y el poder. Emilia Ayala expone que durante casi 30 años, El Salvador vivió bajo el terror instaurado por las maras, en especial la Mara Salvatrucha, Barrio 18, entre otras, que dominaban gran parte del territorio urbano y constituían una especie de Estado paralelo que extorsionaba, asesinaba e impedía la libre locomoción de la población. Su relativa desaparición de sus territorios originales no ha eliminado su influencia: muchos de sus integrantes están en prisión, pero otros han huido a otros países para reiniciar ahí sus actividades.
A pesar de la violencia y la opresión, las comunidades indígenas y afrodescendientes han desarrollado movimientos de resistencia y han luchado por sus derechos. Estos movimientos buscan la justicia social y la equidad, aunque a menudo enfrentan represión violenta. La Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad de América Latina y el Caribe (RMIB-LAC, 2021) ha documentado que las mujeres indígenas que encabezan procesos de defensa territorial son especialmente vulnerables a la violencia, al concentrar en sus cuerpos la intersección del racismo, el patriarcado y la persecución política.
La violencia psicológica y física normalizada: cultura de violencia y delincuencia
Todas las anteriores formas de violencia enumeradas crean el caldo de cultivo para promover en la vida cotidiana de la región centroamericana —Costa Rica, por razones históricas, en menor medida que en los otros países— una tácita aceptación de la violencia. En otros términos, se ha establecido una cultura de violencia donde esos abusos de poder, esas asimetrías en sus diversas manifestaciones pasaron a ser parte de la cotidianeidad, moneda corriente asumida como normal. Wacquant (2009) ha descrito procesos similares en otras sociedades latinoamericanas, señalando que la “penalización de la pobreza” y la criminalización de los sectores populares van de la mano con la normalización de la violencia estatal y paraestatal como instrumento de gestión de los excluidos.
A niños y niñas se les educa con firmeza, con disciplina, siendo la buena conducta un elemento principalísimo en la formación, quizá a veces más que los propios contenidos académicos. Es significativo que se valoran muy altamente las bandas marciales de las instituciones educativas, con su aspecto militar, como una insignia relevante; eso es un indicativo de cómo funciona el día a día, hay un clima de autoritarismo dominante.
Las relaciones interpersonales, producto de la historia de violencia que se muestra por todos lados (exclusión económico-social de las grandes mayorías, un Estado eternamente represor y alejado de las necesidades populares, machismo patriarcal, racismo, aceptación acrítica del autoritarismo, desprecio de las diferencias) da como resultado una interiorizada violencia asumida como normal, como una forma de establecer contacto. Pareciera que prima lo que expresa una popular ranchera: “la vida no vale nada”.
No sorprende, o no sorprende de un modo escandaloso, una balacera, un asesinato, un cadáver en plena vía pública; las guerras acostumbraron a eso, con muertos arrojados por allí impunemente, un hombre golpeando a una mujer, dos automovilistas que arreglen un problema a los tiros, o la constante sensación de inseguridad al salir del hogar, también en zonas rurales, pero fundamentalmente, en el ámbito urbano. La delincuencia callejera es un fenómeno cotidiano, sabiéndose que, por resistirse al robo de una pequeña pertenencia, como un teléfono celular, un reloj, algo de dinero en efectivo, se puede morir. Las casas, incluidas también las de las urbanizaciones más precarias en la medida de sus posibilidades económicas, están defendidas con barrotes, alambradas de púas, cámaras de seguridad. Se vive preso de un clima de paranoia.
La delincuencia marca la cotidianeidad de los países del istmo. Esa explosión de violencia callejera no es pura casualidad: hay un entrecruzamiento de causas que la propician.
La persistencia de la exclusión social ayuda a crear una clase distinta de ciudadanos, si se los puede denominar de esta manera, ya que a pesar de tener derechos civiles y políticos carecen de los medios para ejercitarlos y no han alcanzado derechos sociales ni económicos. Estos ciudadanos generan una cultura distinta relacionada con su vida cotidiana en las favelas, las poblaciones o las villas miseria. (Tedesco, 2009, p. 3)
Ante esta situación, la percepción generalizada de la sociedad en los distintos países se mueve entre la resignación pasiva y la desesperación. La violencia cotidiana ha pasado a ser el tema dominante, desplazando otras preocupaciones de la población. Contribuye a agigantar esta percepción el continuo bombardeo de los medios de comunicación, que hacen de la violencia mostrada en términos sensacionalistas el pan nuestro de cada día. Ya pasó a ser frecuente la expresión “la delincuencia que nos tiene de rodillas”, con lo que se logra un efecto de desesperación en la población sin proponer ninguna salida, asimilando así violencia con delincuencia, pero sin tocar las causas estructurales de este fenómeno. Zaffaroni (2012) ha analizado cómo los medios de comunicación latinoamericanos contribuyen a construir una criminología mediática que estigmatiza a los sectores populares, amplifica el miedo y legitima las respuestas punitivistas del Estado, reproduciendo así el ciclo de violencia.
En la conciencia colectiva actual el fenómeno de las maras, por ejemplo, tiene tanta importancia, o más, que la pobreza estructural crónica, o que las guerras vividas hace unos años y su reforzamiento de la impunidad como conducta que marca toda la historia de la región. Sin negar los índices alarmantes de violencia delincuencial que existen, es preocupante que la prensa aborde la violencia solo en relación a la comisión de delitos callejeros o domiciliares, dejando por fuera otras expresiones tanto o más nocivas, como la exclusión económico-social, el racismo, el machismo, la impunidad de los más poderosos.
En la región, las maras se enseñorean, eso es un hecho. En una lectura crítica del fenómeno de estas pandillas juveniles, si bien es cierto que constituyen un problema de seguridad ciudadana, puede constatarse que no existe una preocupación en tanto proyecto de nación de las clases dirigentes de abordar ese pretendido asunto de ingobernabilidad que producirían estos grupos. Se les persigue penalmente, pero al mismo tiempo el sistema en su conjunto se aprovecha del fenómeno: como mano de obra siempre disponible para ciertos trabajos ligados a la arista más mafiosa de la práctica política (sicariato, por ejemplo; generación de zozobra social, desarticulación de organización sindical), y como demonio con el que mantener aterrorizada a la población a través de un bombardeo mediático constante, evitando así la organización y posible movilización en pro de mejoras de sus condiciones de vida de las grandes mayorías. O, como en el caso de El Salvador, a través de una política de mano hiperdura y tolerancia cero, para propiciar un Estado de excepción que permite todo tipo de abusos de las autoridades, amparándose en el resultado obtenido —real y constatable, de abrupta disminución de los homicidios tras una persecución sin cuartel contra dichas maras—, sin importar el costo social del logro, abriendo así las puertas al autoritarismo. En un planteo mucho más amplio del asunto, preventivo, valen las palabras de Lula da Silva: “es más barato invertir en un aula que en una cárcel”.
El tráfico de drogas ilegales de la región, que se ha convertido en un lugar de paso de productos que, proviniendo de Sudamérica, se dirigen al mercado de Estados Unidos, constituye otro factor que contribuye a originar y acrecentar la violencia. El dinero de la narcoactividad compra jueces, policías, políticos, funcionarios y militares. Su presencia y su creciente poder van imponiendo una cultura del silencio que fomenta más violencia. La InSight Crime (2022) estima que los ingresos del crimen organizado en Centroamérica igualan o superan en algunos casos el presupuesto nacional de los países de la región, lo que les otorga una capacidad de corrupción e intimidación que las instituciones estatales no pueden contrarrestar eficazmente.
Centroamérica hace varias décadas que salió de las guerras internas, pero no vive en paz. La violencia, en sus distintas manifestaciones, está descarnadamente presente, ya instalada como cultura dominante. La paz, elemento difícil de definir, complejo, evanescente, es el aseguramiento de los derechos fundamentales de los seres humanos. De tal forma que su cumplimiento excede absolutamente el orden bélico: para que haya paz debe haber justicia, equidad, libertades. La paz no es la quietud de los cementerios. Esa no es la realidad humana; nuestro mundo es el movimiento, el ruido, la actividad. Alcanzar la paz es quizá una expresión de deseos, la vida transcurre buscándola. Pero mientras se mantengan todas las injusticias antes enumeradas, la violencia como modo de relacionamiento seguirá marcando la historia de esta sufrida región.
Ejemplos de violencia física
Las pandillas y grupos criminales a menudo exigen pagos regulares a negocios y particulares bajo amenaza de violencia. La gente paga por miedo a represalias físicas, lo cual se convierte en una práctica comúnmente aceptada. El Banco Mundial (2011) estimó que las extorsiones de las maras en El Salvador, Honduras y Guatemala representaban entre el 1 y el 3 % del PIB de estos países, constituyendo una verdadera forma de tributación informal impuesta por el terror.
Los asaltos en transporte público, calles y hogares son frecuentes. La población desarrolla mecanismos de adaptación como no portar objetos de valor o cambiar rutas, lo que indica una aceptación implícita de esta violencia. Según el Proyecto Regional PNUD Infosegura (2024), tan solo en el primer semestre de 2023, la región centroamericana registró alrededor de 20 víctimas diarias de violencia homicida (17 hombres y 3 mujeres), para un total de 3,585 en toda la región. Si bien esta tendencia fue generalizada en toda el área centroamericana, el comportamiento entre países ha sido heterogéneo: Costa Rica y Guatemala mostraron los mayores incrementos anuales en casos de violencia homicida. En algunos casos, las fuerzas de seguridad utilizan la fuerza excesiva contra sospechosos o durante redadas. La ciudadanía, temiendo represalias, a menudo no denuncia estos abusos, contribuyendo a su normalización.
Ejemplos de violencia psicológica
La intimidación constante por parte de grupos criminales crea un ambiente de miedo y estrés. Las amenazas directas o indirectas son una forma común de control psicológico, lo cual tiene su referente real, de que las amenazas de muerte se pueden cumplir a partir de intentos de asesinatos o asesinatos perpetrados o realizados de diversas maneras. En forma directa cuando hay homicidios, ejecuciones o masacres extremadamente violentas: balaceras, ametrallamientos, secuestros y aparecimientos con ejecuciones extrajudiciales, donde el uso de la tortura y la muerte es con excesiva alevosía, sadismo aberrante y enfermizo. También las amenazas hacen que las poblaciones se vean obligadas a emigrar internamente a otras zonas del país donde consideran que hay “menos riesgo o peligro” de que su integridad física, o migraciones internacionales en busca de una estabilidad económica, social y psicológica, aunque éstas representen efectos o impactos generalmente adversos en términos objetios, por el grado de riesgo que conlleva la movilidad humana en situaciones muchas veces de irregularidad legal, de precariedad y de vulnerabilidad estructural por la falta de protección de sus Estados, generalmente ausentes.
En las escuelas, el bullying o acoso escolar puede ser frecuente y violento, causando problemas psicológicos muy serios y profundos, hasta llegar a problemas de autoinfligirse daño físico, intentos de suicidio y suicidios consumados. Las instituciones del Estado no pueden combatir y controlar de manera efectiva esta situación, aceptando muchas veces este problema en aumento, como parte de la realidad escolar. La Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2021) señala que los trastornos de salud mental derivados de la exposición prolongada a la violencia —incluyendo el trastorno de estrés postraumático, la depresión y la ansiedad— son altamente prevalentes en las poblaciones centroamericanas, pero la cobertura de los servicios de salud mental en la región es drásticamente insuficiente, con menos de 1 psiquiatra por cada 100.000 habitantes en países como Honduras y Guatemala.
La falta de justicia social, económica y legal/judicial, así como la percepción real de la impunidad y el abuso de poder de las redes ilícitas, muchas de ellas detectadas y enquistadas dentro de las estructuras de las instituciones del Estado, que manipulan la ley para mantener los intereses creados de grupos políticos y allegados mafiosos, criminales y corruptos, las redes del crimen organizado ligadas a la narcoactividad, el contrabando o trasiego en varias de sus formas y otras actividades ilícitas ejerciendo poder a través de la cooptación, la intimidación, la coerción y las amenazas duras y directas, sin ningún freno, control, tipo de sanción o causa de persecución legal/judicial, todo ello ha generado una sensación de desesperanza, desaliento, indignación, enojo, frustración y hasta resignación en la mayor parte de la población, contribuyendo a la aceptación de la violencia como una parte inevitable de la vida diaria.
El primer ejemplo es el de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la cual fue creada en 2007 con el propósito de combatir la corrupción y la impunidad en ese país, en colaboración con el Ministerio Público (MP). Esta fue expulsada de Guatemala durante el gobierno de Jimmy Morales; el proceso de salida se inició en agosto de 2018, cuando el gobierno anunció que no renovaría el mandato de la CICIG, que estaba previsto para finalizar en septiembre de 2019. En enero de 2019, el gobierno de Morales decidió unilateralmente terminar anticipadamente el acuerdo con la CICIG, dándole 24 horas para abandonar el país. Desde el cierre de la CICIG, el MP se ha dedicado a perseguir y encarcelar exfuncionarios de dicha Comisión, a periodistas críticos de la corrupción en las últimas cuatro administraciones de gobierno y está confrontado seriamente con varios procesos judiciales/penales y constitucionales con el gobierno actual.
El segundo ejemplo es el de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), establecida por la Organización de los Estados Americanos (OEA), la que cesó sus funciones el 19 de enero de 2020. La MACCIH fue creada en 2016 para apoyar los esfuerzos de Honduras en la lucha contra la corrupción, pero su mandato no fue renovado por el Gobierno hondureño del presidente Hernández, lo que llevó a su cierre definitivo, a pesar de las advertencias y protestas de organismos, entidades y agrupaciones de los derechos civiles, los derechos humanos, de la mujer, de los niños(as) y adolescentes y contra el crimen organizado.
El tercer ejemplo es el de la Comisión Nacional Anticorrupción y Anti-impunidad en Nicaragua, la cual cesó abruptamente sus funciones en diciembre de 2007. Esta Comisión fue creada durante el gobierno de Enrique Bolaños, en 2002, para investigar y combatir la corrupción. Sin embargo, cuando Daniel Ortega asumió la Presidencia en 2007, una de sus primeras medidas, al tomar el poder en forma democrática, fue desmantelar dicha Comisión, argumentando que no había producido resultados significativos en sus funciones. Desde entonces, el gobierno de Ortega ha enfrentado críticas por su manejo de la transparencia y la lucha contra la corrupción en el país, y se ha convertido en un gobierno autoritario, dictatorial y persecutorio en aumento, durante los períodos que ha ejercido el gobierno de ese país, a través de cambios constitucionales y varias reelecciones.
Entonces, las sociedades de estos países ejemplificados arriba, han vivido o viven bajo “democraduras” o dictaduras disfrazadas o con fachadas de democracias electoreras y representativas pluralistas, cuando en realidad han sido y son autoritarismos neofascistoides que han deformado o desmantelado la institucionalidad, la gobernanza y el Estado de derecho en Centroamérica. No han dejado ni dejan espacios verdaderamente democráticos y pluralistas, violando constantemente los derechos civiles, los derechos humanos y las leyes y poderes constitucionales y las instituciones de los Estados de sus países. Se han ejercido violencias políticas estructurales y de coyunturas de poder corrupto, criminal e impune, que tienen impactos psicológicos muy profundos en estas sociedades violentadas.
En algunos entornos familiares o laborales, la manipulación emocional y el control coercitivo son comunes. La gente se ve obligada a soportar este tipo de violencia psicológica debido a la dependencia económica o emocional, viéndola como algo normal. Walker y Dutton (2020) han documentado que los ciclos de violencia en las relaciones de pareja reproducen patrones aprendidos en contextos familiares y sociales más amplios, lo que dificulta la ruptura de estas dinámicas sin intervenciones sostenidas en múltiples niveles.
Conclusiones
Centroamérica es una región especialmente violenta, más que otros puntos de Latinoamérica. Ello se apuntala en un complejo entrecruzamiento de causas de origen histórico-estructural.
La violencia es multidimensional, expresándose de muy distintas y variadas formas. La actual equiparación de violencia con delincuencia es una artera manipulación, sumamente cuestionable en términos ideológicos.
La historia del área está marcada por distintos tipos de profunda violencia desde la llegada de la invasión española. La época republicana, desde hace dos siglos, continúa esos moldes. Las guerras fratricidas de los últimos años son la expresión de esa descarnada historia, mostrando al rojo vivo la continuidad de violencia y desprecio por el otro, donde la impunidad de los más poderosos es la constante, y la falta de justicia la perpetúa.
El desprecio por el otro distinto (indígenas, mujeres, diversidad sexual, marginalizados varios, entre otros) es una marca cultural que recorre la región. El racismo y el patriarcado marcan a profundidad las relaciones interpersonales y son una constante que asienta en ese desprecio.
Las élites socioeconómicas y políticas replican esos patrones, constituyéndose en feudos intocables con privilegios irritantes sobre grandes masas populares paupérrimas. Esa matriz, a todas luces violenta, marca la historia de los países del istmo. Los Estados replican esas matrices, convirtiéndose a su vez en foco de más violencia.
Los distintos tipos de violencia se han incorporado tan profundamente en la cotidianeidad que terminaron convirtiéndose en cultura normalizada, aceptada resignadamente, sin aparente posibilidad de cuestionarla.
Revertir esa cultura ya instaurada en los imaginarios colectivos implica un muy fuerte y prolongado trabajo multifactorial. Deben ser los Estados, con políticas públicas sostenidas y sostenibles, los encargados de llevar adelante esos proyectos. Ello implica, como mínimo, un sustancial mejoramiento en las condiciones de vida de las poblaciones y un muy hondo cuestionamiento educativo-cultural, pensando en cambios que se verán no inmediatamente sino en las próximas generaciones. La cooperación internacional, los organismos multilaterales y la sociedad civil organizada deben acompañar estos procesos con recursos y compromiso político de largo aliento.
Ponencia presentada en las VII Jornadas Internacionales de Estudios de América Latina y el Caribe, Buenos Aires, Argentina, junio de 2026.
Mario S. de León es consultor, investigador, analista y ensayista internacional
Marcelo Colussi
Columnista invitado
1956, Rosario. Estudió Psicología y Filosofía. Vivió en numerosos países de Latinoamérica. Desde hace varias décadas radica en Guatemala, Centroamérica. Es psicoanalista y analista político. Participa regularmente en varios sitios web alternativos. También escribe relatos de ficción.
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