03 de noviembre de 2026
17:35hs.
“Memoria, Verdad y Justicia
“Avanza la causa por el robo de archivos de la Conadep en Rosario
“Tres exintegrantes de la estructura de inteligencia del Ejército serán indagados por la sustracción de documentos de la represión y archivos ocurrida en 1984.
“Transcurrían los primeros meses de la recuperación democrática y se iniciaban las investigaciones sobre las violaciones a los Derechos Humanos que se habían cometido durante la última dictadura militar, en una Argentina en la que el aparato represivo del terrorismo de Estado se encontraba intacto y con plena capacidad operativa. En este contexto, en la madrugada del 8 de octubre de 1984, un grupo de tareas del II Cuerpo del Ejército irrumpió en el Palacio de Tribunales de Rosario y sustrajo documentos sobre la represión ilegal y archivos de la Conadep.
“Durante años, Adriana Arce, sobreviviente del centro clandestino que funcionó en la Fábrica Militar de la ciudad, mantuvo en soledad una querella por el robo de esos expedientes que contenían información valiosa, que ella misma había ofrecido como víctima. Por eso, a sus 78 años, Adriana celebra que, por estos días, la Justicia Federal de Santa Fe haya ordenado la indagatoria de tres agentes de inteligencia imputados como autores materiales de esos hechos, orientados a borrar las huellas del terrorismo de Estado. “Estoy segura de que esa información que se robaron de los Tribunales todavía está y se puede recuperar para esclarecer un montón de cosas que pasaron en esos años. En algún lugar debe estar. Ahí debe haber datos sobre un montón de compañeros desaparecidos. Mantuve esta querella porque tengo esta convicción”, señaló Arce en diálogo con Tiempo Argentino, sobre una causa que, 42 años después, comienza a esclarecerse en su totalidad.
“El Juzgado Federal Número 4 de Rosario dispuso a principios de este mes que tres personas (un militar y dos civiles) que integraron la estructura del Destacamento 121 de Inteligencia del Ejército sean citadas a declarar como imputadas por este robo.
“Se trata de imputados que fueron identificados como V.H.R., E.R.C. y W.D.P, quienes para el fiscal Adolfo Villate habrían organizado y perpetrado este asalto, destinado a ocultar información sensible sobre delitos de lesa humanidad.
“Los acusados deberán prestar declaración entre el 11 y el 12 de noviembre, y para la fiscalía estuvieron relacionados con el grupo de tareas que comandó el represor Pascual Oscar Guerrieri, responsable del aparato de inteligencia que actuó en Rosario durante la última dictadura, condenado por crímenes contra la humanidad y fallecido en julio de este año en prisión domiciliaria.
““En esos tiempos, a la salida de la dictadura, había poderes subterráneos dentro del Estado que operaban con impunidad y a espaldas del entonces presidente Raúl Alfonsín y burlando el rol de la Justicia. Sobre esto se trata esta causa”, indicó Villate a este medio.
“De víctima a querellante
“Adriana Arce era militante del gremio docente de Santa Fe cuando en 1978 fue secuestrada y conducida a la Fábrica Militar Domingo Matheu. Por las torturas que sufrió debieron hacerle un aborto, que le practicaron sin anestesia en un departamento ubicado en la calle Entre Ríos, en pleno centro de Rosario.
“Cuando estaba detenida, el genocida Leopoldo Fortunato Galtieri, por esos días jefe del II Cuerpo del Ejército, le dijo que había decidido que ella “iba a vivir”, según relató Adriana, en el Juicio a las Juntas. Luego la blanquearon, le iniciaron un Consejo de Guerra y la enviaron a la cárcel de Villa Devoto, donde estuvo detenida a disposición del Poder Ejecutivo Nacional hasta que recuperó la libertad. Se dedicó entonces a buscar el lugar donde la habían llevado a realizarse esa brutal intervención y participó en calidad de testigo de unos 17 allanamientos que el juez rosarino Federico Martínez Fermoselle ordenó realizar entre septiembre y octubre de 1984. Se incautaron documentos de la causa Feced, que daban cuenta de la estructura represiva que había operado en el sur de Santa Fe y que tenían un alto valor probatorio.
““Me acuerdo que estuve declarando durante horas y a la medianoche, el juez me dice que seguíamos al otro día. A la mañana me dicen que se había producido un robo en los tribunales y se había perdido toda la información. Desde entonces, presenté denuncias para recuperar esos datos vinculados a la represión ilegal.
“Aunque estaba identificada por los represores que habían aplicado el plan sistemático de desaparición de personas, Arce declaró en el Juicio de la Causa 13 y contó la forma en la cual se desarrolló el terrorismo de Estado en Rosario.
“Luego emigró a España, donde trabajó en el Centro de Promoción para los Derechos Humanos de Unesco, y en 2004 volvió al país para trabajar en el Archivo Nacional de la Memoria y sostener la querella en la investigación sobre el robo a los tribunales de Rosario. “Hay que recuperar esa información para que la historia no se tergiverse”, sostiene Adriana en tiempos de negocionismo oficial.
“La investigación
“La patota que ingresó a los Tribunales maniató a dos policías y se llevó ficheros, organigramas y documentos que estaban en el Juzgado número 10. Por esas horas, también se robaron materiales similares que se encontraban en Dorrego 1683.
“El expediente sobre el robo a los Tribunales de Rosario se inició en 2011 por acción del fiscal Juan Patricio Murray, quien llevó a cabo un análisis del legajo de Luis Américo Muñoz, segundo jefe del Destacamento 121 en tiempos del último régimen militar.
“En ese documento de 1989, Muñoz afirmaba haber participado de dos operaciones de inteligencia, una hacia el final de la dictadura y otra a principios de la democracia. “Era claro que una había sido los asesinatos de los militantes peronistas Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi, y del robo a los Tribunales”, afirmó Murray a Tiempo. En 2023, el exjefe del Destacamento 121, Héctor Fructuoso Funes, reconoció en un juicio abreviado su responsabilidad en haber ordenado una operación de inteligencia para sustraer información judicial. A los 86 años, el exmilitar resultó condenado a cuatro años de prisión. Funes cumplió una orden directa del comandante del II Cuerpo del Ejército, Víctor Pino Cano, quien murió en 2021 sin ser alcanzado por la acción de la justicia. Lo mismo sucedió con Muñoz, quien falleció en 2022.
“Tiempoar.com.ar
“Leonardo Castillo
“31 de octubre de 2026”.
