10 de julio de 2026
23:33hs.
Cómo afecta el neoliberalismo el funcionamiento de la Justicia.
El neoliberalismo es aquélla situación en la que, a grandes rasgos, las reglas del mercado se han impuesto sobre los Poderes Públicos del Estado. Los entes estatales han cedido poder político y se han rendido a las imposiciones de los grupos económicos concentrados.
Particularmente en la Provincia de Mendoza, el Servicio de Justicia se ha visto avasallado por la continuidad neoliberal, y no nos referimos exclusivamente a Cornejo – Suárez. Desde Bordón – Gabrielli – Lafalla hasta nuestros días, salvo matices, el neoliberalismo llegó a Mendoza para quedarse.
¿Y cómo se refleja esta situación en el Servicio de Justicia, en el Poder Judicial? Bien, progresivamente la prestación del Servicio de Justicia en Mendoza se deteriora día tras día de manera continua, sostenida, ininterrumpida. Por ahora quedaremos en deuda para analizar lo que sucede nacionalmente, tema que dejamos para otra columna.
Decíamos que las reglas del mercado, como el achicamiento del Estado, la reducción del gasto público, las tercerizaciones de las prestaciones a cargo del Estado, las privatizaciones, etc.; indican que la Justicia, al igual que la educación, la salud, la vivienda, el trabajo… representan un gasto y como tal debe ser reducido, incluso eliminado, privatizado.
Así las cosas, Cornejo – Suárez terminaron de acelerar el proceso de liquidación del Servicio de Justicia en nuestra provincia y han transformado un Poder Republicano como el Poder Judicial, en un call center gerenciado con mediocridad suprema por parte de Garay, Gullé, Quiroga Nanclares, Teresa Day, y el resto de los comisarios políticos que administran el funcionamiento de los edificios y dependencias del Poder Judicial. Todo esto con la obvia complicidad del Colegio de Abogados de la Provincia que ha limitado toda su actividad a la asimilación pasiva de las instrucciones de la Corte, el Procurador y el Ejecutivo.
Siempre existieron en la provincia juzgados que funcionaban en espacios separados en los diferentes edificios. Si tomamos como ejemplo el funcionamiento de la Justicia Civil, diremos que hasta no hace muchos años un Juzgado estaba a cargo de un Juez, que tenía una oficina propia, con un secretario que también tenía su oficina donde trabajaba con un pro secretario, dos o tres auxiliares de secretaría. En otro espacio diferenciado funcionaba la mesa de entradas, con un jefe de mesa de entradas y uno o dos auxiliares. Habían 24 juzgados Civiles, repartidos en 7 pisos en el Palacio de Justicia. Los pasillos de circulación son amplísimos y no había colas para la atención al público o a los abogados. Podríamos decir que en plena cuarentena la Justicia podría haber funcionado prácticamente con normalidad.
A los neoliberales se les ocurrió llevar sus principios al Poder Judicial y asistimos al lamentable desguace de la Justicia de Mendoza. De 6 Juzgados se hizo uno solo, que llaman Juzgado de Gestión. Comenzó un proceso de hacinamiento de jueces, secretarios, prosecretarios, auxiliares de secretaría, personal de mesa de entradas, receptores, en espacios extremadamente reducidos porque todo el personal que antes estaba distribuido en 7 pisos ahora se concentra en, solamente 2. Más colas, más posibilidades de contagios, peor atención al público, más estrés laboral para los trabajadores, más demoras en las tramitaciones de causas, saturación del sistema. Eso sí, ahora se ahorran unos pesos en luz, gas, y mano de obra, pero pierden mucho más de lo que se ahorran, en nombramientos de gerentes inútiles a modo de comisarios políticos, con sueldos equiparables a los de los jueces, como el sobrino del ex ministro Nanclares, y otros cargos jerárquicos y burocráticos igualmente inútiles.
En simultáneo a este cuadro, los trabajadores, a medida que van reuniendo los requisitos de aportes y edad, se van jubilando y no existen nuevos nombramientos, y están suspendidos los ascensos, excepto para los jerarcas y acomodados amigos del poder.
No existen antecedentes en la provincia de Mendoza de semejante desmanejo de la Justicia. Y en definitiva, la situación que hemos descripto es solo uno de los aspectos del paso de las políticas neoliberales por el Poder Judicial. El precio, en valores monetarios, del ahorro, nunca puede tener prioridad sobre la necesidad de Justicia de un ser humano. Las reglas del mercado no van a resolver los problemas de la Justicia. No podemos pretender que toda asistencia a una persona sea rentable, o que no genere pérdidas, o que sea rentable para los empresarios amigos de los funcionarios de gobierno. No es posible sostener que la solución pacífica de un conflicto genere ganancias. No es posible ponerle precio a todo.
Como dijimos antes, todo esto no se hubiera podido implementar sin la complicidad del Colegio de Abogados que tolera de manera vergonzante esta situación y que será tema para otra columna.
Osvaldo Vega
MAT. Provincial 10.620
MAT. Fral. Tº 132, Fº 438
