Ley provincial de educación / por: Alberto Muñoz -

Ley provincial de educación

Atentado a lo público, estatal, gratuito y laico

Un poco de contexto

En estos días ha circulado un proyecto de ley provincial de educación, en donde el Poder Ejecutivo intenta avanzar en medio de la profunda crisis sanitaria (pandemia del Covid 19 y colapso de los hospitales públicos y privados), y crisis económica y social (luego de la tragedia macrista), en sus objetivos planteados para las comunidades escolares.

No debe sorprendernos esto.

Rodolfo Suárez es el gobernador que a pocos meses de haber ganado las elecciones intentó modificar la ley 7722, que es reconocida como la ley del agua y que impide a megamineras destruir nuestros recursos naturales. También es el gobierno que en el primer mes de aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) no realizó la inversión necesaria en el sistema de salud ocasionando que hoy se encuentren colapsados los hospitales públicos y privados. Es el gobernador que en medio del pico de contagios del Covid 19 plantea abrir bares y comercios porque no está dispuesto a acomodar el presupuesto provincial para subsidiar a las pequeñas y medianas empresas al objeto de proteger al pueblo de la enfermedad, evitando la quiebra de cientos de miles.

Suárez es el gobernador que puso al frente de la Dirección General de Escuelas a un sujeto que nunca trabajó en la educación pública, que es técnico en informática y cuyas reflexiones acerca del sistema educativo y de los procesos de enseñanza y aprendizaje son bastante limitadas. También es el gobernador que en medio de una inflación galopante, decide retrasar el pago del aguinaldo y liquidarlo en cuotas, aparte de negarse a la discusión salarial y de condiciones de trabajo, en el ámbito de la paritaria.

Pero principalmente Rodolfo Suárez es uno de los gobernadores del Frente Macrista que de 2015 a 2019 gobernó el país permitiendo tarifazos de luz, agua y gas muy superiores al 1000%, que cerraron una gestión con una inflación de más del 52%, que endeudó al pueblo en más de 100 mil millones de dólares, que hizo quebrar más de 20 mil pymes, que con las devaluaciones benefició a los banqueros y especuladores financieros, que hizo llegar la pobreza al 40%, etc.

Suárez es el sucesor del actual presidente de la Unión Cívica Radical, Alfredo Cornejo, que impuso el nefasto ítem aula. Ambos son gobernadores de la represión, el código contravencional y la apertura de causas judiciales a los luchadores populares.

Es decir, Rodolfo Suárez es el macrismo en Mendoza, un macrismo que en nombre de la libertad llama a concentraciones del contagio y la desestabilización, justifica los dichos golpistas de Duhalde y “abraza” a los efectivos de la bonaerense que -armados- reclamaban en Olivo aumento de salarios.

Por eso no nos sorprende que el gobierno provincial avance con una ley de educación que tiene dos claros objetivos: controlar y castigar (como diría Foucault) y que busca su privatizatización (educación para algunos).

Desentrañemos la letra del proyecto de ley

Un Estado presente

El proyecto de ley propuesto por José Thomas, Director General de Escuelas y el ejecutivo de la provincia, establece en sus fundamentos que es el “Estado el principal responsable de fijar la política educativa”, dando lugar a la corresponsabilidad con la comunidad escolar, pero también habilitando a fundaciones y ONG´s a financiar el funcionamiento del sistema.

Dicho debate ya lo habíamos dado durante el gobierno de Paco Pérez, que proponiendo una cuestión similar intentaba avanzar en una ley provincial En este tema hay identidad común con la Ley Nacional de Educación, aspecto que hemos criticado y contra el que hemos luchado.

Entendemos que el Estado no debiera ser el principal responsable, tal cual lo expresa el proyecto de Thomas y Suárez, sino que debiera ser el único responsable.

Éste no es un tema menor, sino por el contrario es el tema central al momento de establecer los criterios que debieran conformar una ley provincial que se jacte de instituir la escuela pública como uno de los valores fundamentales de la democracia.

Es decir, es el Estado quien debe tener un presupuesto adecuado a las necesidades de infraestructura escolar que permita grupos de clases que no superen los 25 estudiantes, donde las aulas en invierno estén correctamente calefaccionadas y en verano, ventiladas, con celador@s y docent@s que tengamos salarios que cubran el total de la canasta familiar, y existan materiales didácticos, libros, conectividad, etc.

La gran pregunta es en realidad ¿cuál debe ser la presencia del Estado en la sociedad? Esta cuestión no es nada original, y tiene que ver con el tipo de Estado que se ha instalado a lo largo de décadas, que no es otra cosa que un Estado al servicio de las clases dominantes, en donde los intereses populares son subordinados a las clases sociales que detentan el control del propio Estado.

Es fundamental que establezcamos un contrato social, después de haber sido arrasados por el Gobierno de Mauricio Macri, en donde el Estado tenga la obligación de igualar en oportunidades, generando condiciones sociales para que la escuela pública sea un derecho del pueblo que no pueda soslayarse en el concepto de “meritocracia”. Recordemos que esta plantea que “el que no llega es porque no tiene los méritos suficientes”, discurso de los sectores de poder, que ven en la institución escolar una herramienta dividida en dos: por un lado, las escuelas de “elite” que darán nacimiento a los sujetos dirigentes que defenderán al statu quo, y por el otro, escuelas que darán nacimiento a mano de obra barata y enajenada, que conformará la masa de asalariados mal pagos de los medios de producción de los verdaderos dueños del poder en Argentina.

Ahora bien ¿quiénes son los dueños a los que me refiero?

En los últimos años en los que gobernó Mauricio Macri, fue quedando claro que el sector financiero y banquero, fue enormemente beneficiado con las devaluaciones, una tasa de interés superior al 70% y fuga de capitales; también las empresas energéticas (casi en su totalidad extranjeras) que con los tarifazos lograron -como se dice en el barrio-“levantarla con pala”; la gran oligarquía terrateniente y latifundista (también, en su mayoría extranjera) que con la inflación lograba rentar sus tierras en donde se produce el 70% de los alimentos de Argentina a precios exorbitantes, permitiendo la extrema concentración en el mercado de carnes, lácteos, verduras, frutas y hortalizas, tendiendo a la monopolización del comercio exterior, etc.

Entonces ¿son distintos los méritos de quien es nieto de un banquero a quien es nieto de un obrero rural que tuvo que emigrar a la ciudad autónoma de Buenos Aires, porque su familia se quedó sin trabajo? ¿Son iguales las condiciones materiales de vida que garantiza el Estado en Jujuy que en Buenos Aires?

Esta idea de la “meritocracia” es la que logra leerse en cada párrafo del proyecto de ley que se ventila en Mendoza.

Otro punto importante es que el proyecto tiende a la “descentralización”. Algo parecido a lo que sucedió nacionalmente en los ´90 cuando se “trasladaron” las escuelas desde la Nación a las gestiones provinciales, en un claro acto antifederal, quedando los sistemas educativos a merced de los presupuestos locales. Esta desigualdad es la que se refleja en lo escrito por el Ejecutivo de la provincia: “libertad a personas, asociaciones y municipios de crear y gestionar instituciones educativas”.

Un “plan maestro” de destrucción

En el proyecto de ley reaparecen los principios del Plan Maestro del gobierno macrista en cuanto al desarrollo de capacidades, poniendo énfasis en la “comprensión lectora y lógico-matemática”. Y promueve “la formación de ciudadanos digitales-autónomos, mediante el desarrollo de competencias digitales”. Siendo ésta la puerta de entrada a la bimodalidad, que más allá de la situación actual de pandemia, el gobierno intenta instalarlo de forma permanente en el sistema.

La sobrecarga de trabajo que implica la educación virtual ha logrado imponer una devaluación salarial (trabajamos el doble o el triple por el mismo salario) y también ha profundizado las enfermedades psiquiátricas.

Como respuesta a esta situación, el gobierno se niega a sentarse en paritarias con el SUTE para acordar aumentos de sueldo, mejoras de las condiciones laborales y un reglamento de la virtualidad en un contexto de educación en emergencia. Sin embargo, no le tiembla el pulso para escribir un proyecto educativo anti-pueblo.

Cuidado… ¡comunidades!!!!

El proyecto de ley habla sobre “derechos y obligaciones de l@s estudiantes, de quienes ejercen la responsabilidad parental, de l@s docentes”, transfiriendo de forma explícita el fracaso del sistema educativo al pueblo. De esta manera el gobierno se desentiende, cuando en verdad son sus políticas de ajuste en beneficio de los sectores dominantes de la provincia, la causa de un sistema educativo profundamente injusto y desigual.

Entre los “derechos y obligaciones de quienes ejercen la responsabilidad parental” está el “acompañar y apoyar el proceso educativo a través de las cooperadoras escolares”. Nuevo embate a la gratuidad educativa y a responsabilizar a las comunidades acerca del presupuesto de cada escuela.

Una escuela laica

Algo muy peligroso que plantea el proyecto es “la libertad de conciencia, respeto a las convicciones religiosas, morales, ideológicas y políticas”. Si bien no expresa su lucha contra la Educación Sexual Integral (ESI), tampoco da lugar al principio de educación laica, en donde se respete la libertad de credo, pero al mismo tiempo se instituya la ESI como un derecho al conocimiento que está establecido en la ley en todos los niveles escolares y modalidades.

Precarización laboral

El proyecto de ley establece entre los derechos y obligaciones de l@s docentes que “el acceso de su carrera profesional se reconozca a través de su buen desempeño”.

Entonces nos preguntamos: ¿quién y cómo determinará esto? ¿Cómo se evaluaría su desarrollo profesional, su compromiso y el logro de sus estudiantes mediante mecanismos de promoción y ascenso transparente?”.

Esto no es más que copiar el modelo chileno, donde la carrera docente se encuentra determinada por la cantidad de estudiantes aprobados o desaprobados. Es decir, la cuestión estaría medida en términos de productividad.

Queda claro que la idea es la inestabilidad laboral, abriendo camino a la súper explotación laboral y el sometimiento ideológico.

Lo pedagógico

Además se introducen términos y conceptos como Eficacia pedagógica, eficiencia económica y efectividad política.

Todas estas palabras están vinculadas a la lógica empresarial, en donde no existen conceptos como aprender en la diversidad, compartir saberes, ser solidarios y defender los valores democráticos del pueblo, construir aprendizajes, despertar interés por el conocimiento sensible y científico de la realidad, aprehender la realidad de forma integral para transformarla, promover aprendizajes en base a la cooperación, etc., etc.

En el capítulo sexto se expresa especialmente sobre la imposición del sistema de educación digital, planteando una ampliación de derechos y disminución de la brecha educativa.

Con esto, estamos a las puertas de la educación virtual, con disminución de carga horaria, puestos de trabajo, y con un claro ajuste también del aprendizaje.

Queremos ser claros en este punto: la presencialidad del trabajo docente es irremplazable, ya que las relaciones vinculares establecidas entre estudiantes y docentes, y entre los propios estudiantes, permite procesos de aprendizajes integrados a los contenidos específicos de cada disciplina, en donde “el cara a cara” permite aprehender desde los errores de los otros y los propios, analizar colectivamente los aspectos de la realidad que se están abordando, desarrollar un aprendizaje solidario y cooperativo, teniendo en cuenta el sistema afectivo.

Control y castigo

El proyecto de ley establece el uso responsable de las redes sociales, en un claro posicionamiento para disciplinar.

Promueve el control a través del sistema informático, con carácter de declaración jurada, donde todo lo relacionado con estudiantes y a la profesión docente, será juzgado en un sistema de ciberpatrullaje a través de la Gestión Educativa Mendoza (GEM), siendo esto violatorio del derecho a la libertad de expresión y a la privacidad.

Además el proyecto promueve las evaluaciones de la calidad educativa, por parte de organismos internacionales, siendo esto uno de los motivos a los que se oponía Adriana Puigrós (ex viceministra de educación nacional) y lo que originó su renuncia en la disputa con Nicolás Trota (Ministro de Educación de la Nación), por entender que estas pruebas son estandarizadas, descontextualizadas y comparadas con países que tienen otro desarrollo económico y social

En síntesis

El proyecto de ley presentado por Thomas y Suárez, en medio del actual contexto, no es más que un nuevo intento de privatización de la escuela pública, con desarrollo de contenidos afines a los monopolios empresariales y dueños del poder real de Mendoza; y una clara provocación a los sectores populares que día tras día estamos luchando contra la pandemia y contra la desidia de un gobierno provincial que subordina la salud pública a las necesidades económicas de los grandes monopolios.