18 de septiembre de 2026
18:08hs.
Una matriz en beneficio de un modelo orientado al exterior
La bimonetización surge de un modelo en el que se prioriza vender todo y como sea al exterior.
“…Economía bimonetaria y además un tercio prácticamente en negro… Yo no sé todavía cómo estamos vivos, realmente. Somos milagrosos, realmente la Argentina es milagrosa”. Son palabras expresadas por la Vicepresidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner, el pasado 10 de marzo, cuando la Universidad de Río Negro le otorgó el doctorado honoris causa.
Previamente en su discurso, en referencia al sistema bimonetario argentino –el uso en el país de dos monedas–, sostuvo: “Si en una economía de carácter bimonetario como la que yo tengo, tengo que ir en la devaluación por arriba de la inflación y en la tasa de interés por arriba de todo eso, y además tengo que eliminar todo tipo de subsidios a las tarifas y a los servicios públicos, en una economía de las características de la Argentina…”, relatando el ajuste fiscal y comercial que padecemos, impuesto por el FMI como auditor de la deuda externa argentina y garante de su pago.
El sistema bimonetario se caracteriza por cumplir dos condiciones a la vez:
Por un lado, el empleo de la moneda local (el peso) como moneda de cambio y la moneda extranjera (el dólar) como moneda de ahorro.
Y, a la vez, los grandes formadores de precios internacionalizan los mismos y con ello plantean sus utilidades medidas en moneda dura.
Para el primer caso, basta saber que el INDEC estima que, para 2022, residentes argentinos tienen en el exterior 362.258 millones de dólares, los cuales se encuentran en billetes o invertidos en fondos y monedas extranjeras. Buena parte de ellos directamente no están declarados. Por la vía de la salida de capitales se fueron acumulando a lo largo de los años fuera del sistema financiero local.
Del lado de la internacionalización de los precios, las grandes empresas igualan el valor que obtienen en el exterior con el que venden al mercado argentino. Por ejemplo, este marzo, la botella de aceite de girasol marca Cocinero, que produce Molinos Río de la Plata S.A., se vende en Ámsterdam (principal puerto de entrada de la Unión Europea) a 2,48 euros. El girasol se siembra y cosecha en la Argentina, se prensa para ser convertido en aceite y se envasa en la planta de la empresa ubicada en Victoria, partido de San Fernando, provincia de Buenos Aires. Viaja 10.000 kilómetros para venderse en Europa. Sin embargo, en el mercado local esa botella no se consigue por menos de $900. Esto significa que encima fijan el precio que se les ocurre, porque la cotización oficial del euro tipo vendedor al día 14 de marzo de 2023 fue de $ 214,74, por lo que el producto debería haberse vendido a $ 532,55. Si se vende al mercado interno a no menos de $ 900, están tomado un precio del euro de $ 362,90. [1]
Veamos otro ejemplo. Actualmente se está construyendo el gasoducto Néstor Kirchner, que va a llevar gas de Vaca Muerta (Neuquén) a San Pablo (Brasil). Al 14 de marzo, en la Argentina el precio del gas era de 5,76 dólares el millón de BTU y en Brasil, casi el doble. Cuando terminen el ducto, seguramente las empresas intervinientes van a pretender vender el gas al mismo precio en el país que en Brasil.
La bimonetización surge de la matriz productiva y distributiva de la Argentina. Este gobierno, continuando a la administración de Cambiemos, propicia un modelo extractivista, agropecuario, financiero-exportador en el que se prioriza vender todo y como sea al exterior. De esa manera, facilita a los empresarios vender a precios muy mayores a nuestros costos, generando una renta de la que se apropian con exclusividad.
El trabajo es fundamentalmente visto como un componente del costo y no de la demanda, porque no producen mayormente para el mercado interno, sino para consumidores en el exterior.
Y esa matriz se continúa con el pretexto de conseguir divisas para pagar una deuda impagable. Lo dijo la Vicepresidenta de la Nación en el mismo discurso: “Solamente de capital de la deuda, el año que viene, se deben pagar 15.421.000.000 de dólares; el que sigue, 18.546.000.000 de dólares; el que sigue, 19.255.000.000 de dólares; en 2027 empiezan de a 23.000 millones de dólares; 25.000 millones de dólares; luego 24.000 millones de dólares; después 24.000 millones de dólares; 23.000 millones de dólares en el año 2032”.
Columna: Horacio Rovelli, economista y docente de la UBA, 14 de marzo de 2023
Esa deuda no benefició al pueblo argentino, sino a la misma minoría que lidera el modelo orientado al exterior. Y esa es la razón por la que existe una presión permanente para que se acreciente el precio de las divisas en la Argentina.
Blanco y negro
Los que compraron dólares desaforadamente nunca pensaron que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) les iba a pedir a los bancos que se los vendieron quiénes fueron los que adquirieron esas divisas. Esa es la razón por la que esas empresas, en sus memorias y balances que publican anualmente, no pueden demostrar de dónde sacaron los recursos para poder comprarlos. Y esa es una demostración cabal y concreta de la existencia de una economía informal (dinero en negro que no se declara y que no paga impuestos). Las 100 primeras de esas empresas, por orden de compra, adquirieron 24.679 millones de dólares entre 2016 y 2019 [2].
Igual sucede con las personas. Los primeros 100 compradores adquirieron 822,6 millones de dólares entre 2016 y 2019. Entre ellos, Néstor Ick, de Santiago del Estero, compró 29 millones de dólares; el tucumano Emilio Luque compró 17,8 millones de dólares; también se agregan a esta lista los Eskenazi, de YPF y del grupo Petersen; Claudio Belocopitt, de Swiss Medical; los Werthein, socios de BlackRock en Pampa Energía; y Mauricio Filiberti, socio de Daniel Vila y José Luis Manzano en Edenor S.A. Sin embargo, en sus declaraciones juradas de impuestos no contabilizan esa compra.
Dada la sospecha fundada de evasión fiscal, la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos), en cumplimiento de sus misiones y funciones, debería haber investigado los movimientos bancarios, tanto los que tienen que ver con la compra de dólares, probando el origen de los fondos, como los relacionados con las transferencias bancarias en divisas y su destino. Asimismo, la AFIP debería haber fiscalizado los saldos contables en dólares al final de cada ejercicio y verificar en qué cuentas bancarias -nacionales y/o offshore- estaban esas tenencias. Si lo hizo, no lo sabemos por el “secreto fiscal”, pero lo cierto es que el pueblo argentino paga la deuda y los beneficiados con su compra y fuga no fueron ni siquiera llamados para aclarar sus cuentas.
Esa es la razón por la que Oscar Parrilli, senador nacional por Neuquén, presentó un proyecto de ley que fue aprobado por la Cámara Alta y que tiene dictamen por la mayoría (básicamente, el Frente de Todos) y por la minoría (básicamente, Juntos por el Cambio) en la Cámara de Diputados de la Nación. [3] El objetivo es convocar a los administradores de las 100 empresas que compraron 24.679 millones de dólares en la gestión de Cambiemos y obligarlos a abrir sus estados contables para que justifiquen la operatoria, y en caso de evasión fiscal, multarlos. Con esos recursos evadidos, se constituiría un fondo para la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Estas medidas, además de justas, disminuirían la deuda de la Administración Nacional y la presión ejercida para el incremento permanente del precio de la divisa norteamericana en nuestro país.
La economía en negro es fácil de deducir. Por ejemplo, en el precio de la leche. Su principal productor y distribuidor es La Serenísima, de Mastellone Hermanos S.A., que posee seis plantas de clasificación, nueve plantas elaboradoras, 590 tambos, tres depósitos de maduración de quesos, doce centros de distribución, 816 camiones de comercialización y 3.500 trabajadores. La empresa procesa más de 3,8 millones de litros de leche por día y en sus balances contables presenta resultados negativos, que para 2022 fueron de 240,5 millones de pesos. No obstante, al 14 de marzo pasado, al tambo no propio le paga el litro de leche de tenor graso 2 o 3 % entre $ 70 a $ 79, pero el precio de la leche fresca entera en sachet (al que no se consigue), según el IPC del INDEC de febrero, fue para el Gran Buenos Aires de $ 236,04: tres veces más que el costo del producto. El precio es incluso mayor en las demás regiones en que el INDEC divide al país.
Inexplicablemente, por causa del “secreto fiscal” otra vez no sabemos si la AFIP realizó inspecciones en la firma y en el sector, que es extremadamente sensible. El 11 de diciembre pasado, El Cohete publicó el trabajo “Exportaciones vs. Consumo” de FUNDUS, que demuestra que entre diciembre de 2019 y agosto de 2022 las ventas de leche al mercado interno se redujeron en un 14,4 %, mientras que las exportaciones crecieron un 54,4 % (la producción de leche y la caída del mercado interno explican los niveles récord de exportación). El análisis también detallaba que la caída del consumo se concentra en los sectores de más bajos ingresos. Esto es así porque los sectores de ingresos medios o medios/bajos no postergan estos consumos vitales, sólo lo hacen las familias en extrema vulnerabilidad, concentrando toda la reducción de esos consumos. Recordemos que tenemos 40 % de la población bajo la línea de pobreza, fundamentalmente niños.
Lo mismo podemos decir de la carne. Hay matarifes y frigoríficos que venden parte de su producción en negro en el mercado local y subfacturan exportaciones, como se ha demostrado. Tantas veces como se los inspeccionó, debieron pagar multas ante la evidencia del hecho.
Peor aún es lo que ocurre en el sector harinero. Gran parte de las panaderías compran una parte en blanco y otra parte en negro. Los números no cierran por ningún lado, pero seguimos así. También grandes establecimientos harineros han sido multados todas las veces que se realizaron inspecciones.
La recaudación tributaria total realizada por la AFIP en 2002 alcanzó la suma de 2.265.962 millones de pesos (22,66 % del PIB) y el IVA bruto, la de 729.271 millones de pesos (7,29 % del PIB), cuando la tasa es del 21 % y para alimentos del 10,5 %. Es obvio que hay una fuerte evasión y elusión impositiva (el IVA bruto en ningún caso debería ser menos del 10 % del PIB).
La alícuota diferencial para los alimentos la llevó adelante Mario Brodersohn cuando era secretario de Hacienda de Raúl Alfonsín. Tampoco fue para beneficio de la población, sino que el Estado nacional le pagaba más rembolsos al campo por devolución de IVA que lo que le cobraba al sector por el gravamen. Al bajar la alícuota, bajó el pago del gobierno a los grandes productores del campo.
Es obvio que es una tarea ciclópea y valiente, pero el primer paso para transparentar el circuito económico es no poner un manto de olvido sobre una deuda tomada en la gestión de Cambiemos. Debe ser auditada, levantándose para ello el secreto bursátil, bancario y fiscal que increíblemente protege a los responsables. El camino idóneo y correcto es que la deuda la paguen los que la generaron.
Elcohetealaluna.com
19 de marzo de 2023
Columnista invitado
Horacio Rovelli
Licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires. Profesor a cargo de la asignatura Política Económica de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA), y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Miembro de la Comisión de Economía de la Fundación Estado, Trabajo y Producción (FETyP). Vocal de la revista Realidad Económica. Fue Director Nacional de Programación Macroeconómica en el Ministerio de Economía y Finanzas de la Nación. Autor de numerosos trabajos publicados sobre los temas económicos y financieros.
Notas
[1] Según el IPC (Índice de Precios al Consumidor) del INDEC, la botella de 1,5 litros de aceite de girasol se vendió en la región Gran Buenos Aires, en febrero de 2023, a $867,67. La unidad de euro cotizaba el 28 de febrero a $207. Esto significa que, al tipo de cambio oficial, se debería haber vendido en el mercado interno a $514.
[2] Informe «Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos, 2015-2019”, publicado por el BCRA el 21 de mayo de 2020.
[3] Que requiere ser llevado al recinto de la Cámara de Diputados de la Nación para que se convierta en ley.
