16 de octubre de 2026
09:09hs.
La revisión del acuerdo con el FMI fija metas más drásticas, de una inconsistencia y contradicción tajantes
Desde el crédito de la Baring Brothers por un millón de libras esterlinas de Rivadavia, ampliado por Mitre en 2,5 millones de libras adicionales para invadir el Paraguay, llegando al paroxismo en la dictadura militar de 1976-1983, los gobiernos autodenominados liberales han endeudado al país para beneficio de una minoría parásita y rentista local, y de los acreedores, deuda que paga el pueblo argentino privándose de consumir lo que produce y vendiendo el patrimonio nacional.
Repiten la historia cada vez que pueden, en contraste con los gobiernos nacionales y populares, como los de Hipólito Yrigoyen, Juan Perón, Arturo Illia y los Kirchner, que no solo no se endeudaron sino que lograron disminuir la deuda en términos nominales y más en términos reales, porque hicieron crecer el PBI [1].
Pero desde el 10 de diciembre de 2015 nos endeudaron tanto el gobierno de Macri como el de Fernández. La administración Cambiemos (2015-2019) incrementó sideral y terminantemente la deuda externa. Las necesidades financieras del Tesoro Nacional dejaron de atenderse principalmente con fuentes domésticas y en pesos. y comenzaron a cubrirse a través de un proceso acelerado de endeudamiento externo.
La deuda externa argentina equivalía en diciembre de 2015 a 222.703 millones de dólares: el 60 % era intra-sector público (en poder del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS, de los bancos oficiales, de distintos fondos fiduciarios argentinos, etc.), el 9 % con organismos internacionales (unos 20.043 millones de dólares, y no teníamos deuda con el FMI, al que se le habían pagado todas las acreencias en enero de 2006) y el 31 % con el sector privado (unos 69.038 millones de dólares). Por lo tanto, la deuda externa en poder de organismos internacionales y bonistas privados era de 89.081 millones de dólares.
En diciembre de 2019 pasó a ser de 320.630 millones de dólares: el 40 % intra-sector público, 22,7 % con organismos internacionales (mayormente el FMI, por el equivalente a 44.599 millones de dólares) y 37,3 % con el sector privado. La deuda se incrementó en 97.927 millones de dólares durante la gestión de Cambiemos y desmejoró sensiblemente su distribución (acrecentándose la externa) y la perentoriedad de los plazos.
El gobierno presidido por Alberto Fernández, a su vez:
No investigó la deuda dejada por la administración de Cambiemos [2];
Con reservas internacionales del Banco Central le vendió, en los cuatro años de gestión, 28.472 millones de dólares al precio oficial a las empresas privadas, para que paguen sus supuestas deudas (balance cambiario al 30/09/2023);
El déficit fiscal heredado y agravado por la asistencia a la población por la pandemia del Covid-19 (en este caso justificadamente) fue financiado con la colocación de títulos de deuda en pesos en el mercado interno pero ajustables por inflación o por dólar oficial o por las dos cosas (bonos dual) por un monto total de 57,5 billones (en pesos pero equivalentes a unos 71.000 millones de dólares al tipo de cambio oficial) cuando se habían heredado deudas en pesos por un monto mucho menor [3].
Más la deuda con los importadores, a quienes se les permitió comprar del exterior (mayoritariamente de sus casas matrices, como es el caso de las empresas de energía, las automotrices y las armadurías de productos electrónicos de Tierra de Fuego) y que el mismo gobierno del Frente de Todos mediante las comunicaciones A 7874 y 7877 del BCRA les consintió suscribir letras (Lediv) en pesos al tipo de cambio oficial con cobertura dólar linked (se ajusta de acuerdo al precio del dólar oficial y se devaluó nuestra moneda en más de un 100 %). El gobierno de Milei extiende el beneficio en un título denominado BOPREAL (Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre) por la Comunicación “A” 7918 del BCRA, que tiene vencimiento el 31 de octubre de 2027, con el agravante de que recién se está armando el registro de beneficiados, pero el mismo gobierno estima que por este procedimiento la deuda externa se acrecienta en unos 36.000 millones de dólares.
El acuerdo con el FMI
No bien inició su gestión, el gobierno de Cambiemos solicitó créditos para endeudar al país en forma desaforada. La suba de la tasa de interés de largo plazo de la Reserva Federal de los Estados Unidos en abril de 2018 generó en la Argentina la fuga de capitales, con su consiguiente corrida cambiaria del 100 %, que obligó a la administración a endeudarse con el FMI en un crédito stand by por 57.000 millones de dólares, acordado por el directorio de ese organismo el 20 de junio de 2018.
De dicho crédito se efectivizaron 44.599 millones de dólares porque la directora general de esa época, Christine Lagarde, ante la venta irresponsable por el BCRA presidido por Luis Caputo de los dólares de ese préstamo, le solicitó a Mauricio Macri su remoción como presidente del BCRA y suspendió la parte restante del mismo.
El gobierno de Alberto Fernández, en lugar de investigar la deuda, la aceptó en su totalidad. Negoció por un lado con los tenedores privados, tanto con jurisdicción extranjera como local, prácticamente por 105.000 millones de dólares, que se canjearon por títulos que devengan interés y comienza a amortizar capital en el segundo semestre de 2024 y vencimientos en escala desde este año hasta el año 2041; y, por otra parte, con el FMI se cambió un crédito stand by a tres años por un Plan de Facilidades Extendidas en que cada vencimiento de capital se refinancia a 10 años. De esa manera, y de cumplir con todos los pagos, la deuda con el FMI se cancelaría en septiembre de 2034.
El Plan de Facilidades Extendidas tiene metas trimestrales y debe ser revisado cuatro veces al año por los técnicos del FMI, quienes determinarán si se cumplió o no con las metas propuestas.
Las metas anuales del Memorándum de Entendimiento con el FMI fueron de un déficit fiscal sobre el PIB de 2,5 % para el año 2022, de 1,9 % para 2023, de 0,5 % para 2024 y de 0 % para 2025. Acompañada de una fuerte reducción del financiamiento por parte del BCRA, que fue del 3,7 % del PIB en el año 2021, del 2 % para 2022 y del 1 % para 2023.
Los funcionarios del actual gobierno encabezados por Luis Caputo y Nicolás Posse acordaron con el equipo de FMI dirigido por el director adjunto de su Departamento del Hemisferio Occidental, Luis Cubeddu, una revisión del acuerdo, y las metas fueron más drásticas. Por un lado, el gobierno propuso un superávit primario de 2 % del PIB para este año y, paralelamente, acrecentar las reservas internacionales netas en 10.000 millones de dólares para finales de 2024, incluidos 2.700 millones de dólares acumulados durante las últimas semanas de 2023 (cuando el Tesoro de la Nación colocó una Letra intransferible en dólares por 10 años por 3.200 millones de dólares).
La inconsistencia y la contradicción en el cumplimiento de ambas metas son tajantes. Por un lado, el gobierno devaluó nuestra moneda para favorecer las exportaciones y encarecer las importaciones, pero al devaluar también liberó los precios (demostrando el profundo desconocimiento de las leyes económicas en general y, en particular, de su aplicación en nuestro país), por ende la escala inflacionaria del 25,5 % en diciembre, una tasa similar en enero y otra en febrero, hacen que la devaluación no recomponga en términos reales el poder adquisitivo de las divisas en la Argentina, y deba volver a devaluar, y así sucesivamente.
La prueba está en que “el campo”, como les gusta llamarse a los productores agropecuarios, está liquidando lo estricto y necesario para cubrir los costos fijos y otros gastos, pero no hay operaciones a futuro de venta de soja y de maíz.
Al devaluar a la vez al Estado nacional y a las provincias endeudadas en dólares, como recaudan en pesos, le es cada vez más caro comprar esas divisas. Por ende, la inflación le “licúa” el gasto en pesos (salarios, jubilaciones y pensiones, etc.) a lo que se suma la suspensión de parte de la obra pública, por lo que si la población soporta estoicamente es probable cumplir la meta fiscal, pero no la cambiaria, máxime cuando en 2024 el Tesoro deberá afrontar vencimientos en moneda extranjera por 16.698 millones de dólares:
FMI: 7.258 millones de dólares (2.798 de intereses y 4.460 de capital);
Títulos públicos: 4.440 millones de dólares (cerca de la mitad está en manos del sector público);
Club de París y otros organismos internacionales de crédito: 5.000 millones de dólares.
Podrá renegociar una parte de la deuda externa, pero no puede con los ingresos del erario público comprar la cantidad de dólares para pagar las obligaciones externas y a la vez acrecentar las reservas netas en 10.000 millones de dólares. Salvo que vendan las acciones de empresas públicas y el Tesoro de la Nación se apropie del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS, como se propone en el Mensaje 7/23 del PEN conocido como Ley Ómnibus [4].
En síntesis, el personal técnico del FMI y las autoridades argentinas llegaron a un acuerdo sobre la séptima revisión del Memorándum, pero debe ser aprobado por el board del FMI a fin de mes. Exactamente después del miércoles 24 de enero de 2024, en que las distintas centrales de los trabajadores van a decir en la calle si aceptan mansamente el despojo de sus ingresos, de los jubilados y pensionados, y la venta del patrimonio nacional.
Todo por una deuda que no benefició al pueblo argentino y que, como demostró El Cohete a la Luna en una muestra de 10 grandes empresas endeudadas, ninguna de ellas puede justificar de dónde sacó los pesos para comprar la cantidad de dólares adquiridos en los cuatro años de gestión de Cambiemos.
Ante esa situación, el senador Oscar Parrilli presentó el proyecto de ley que obtuvo la sanción del Senado de la Nación y dictamen de mayoría en las dos comisiones que trataron el tema en Diputados (Legislación General y Presupuesto y Hacienda), por el que se crea un fondo en dólares para la cancelación de la deuda con el FMI, que se constituye con las cuentas en el exterior no declaradas al fisco. Del 20 % es la multa para las empresas que reconozcan la evasión, del 35 % para las que lo declaren en los primeros seis meses de vigencia de la ley, y del 50 % para las cuentas que se encuentren pasado este tiempo.
Con decisión y patriotismo, un equipo de contadores y peritos de las facultades de Ciencias Económicas de las universidades nacionales de todo el país puede verificar los estados contables de las 100 primeras empresas que compraron 24.679 millones de dólares en 2016-2019. Y continuar con otras tantas más. Y a la par conminar a la AFIP a que realice un informe sobre esas empresas y sobre las declaraciones juradas de 100 personas físicas que compraron 822,6 millones de dólares en dicho período.
Si no se realiza la investigación es el pueblo argentino el que paga con su pobreza y exclusión la fuga de capitales y la evasión de los ricos.
Elcohetealaluna.com
14 de enero de 2024
Columnista invitado
Horacio Rovelli
Licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires. Profesor a cargo de la asignatura Política Económica de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA), y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Miembro de la Comisión de Economía de la Fundación Estado, Trabajo y Producción (FETyP). Vocal de la revista Realidad Económica. Fue Director Nacional de Programación Macroeconómica en el Ministerio de Economía y Finanzas de la Nación. Autor de numerosos trabajos publicados sobre los temas económicos y financieros.
Notas
[1] Y el PIB crece cuando se mejora la distribución del ingreso, con el consumo interno como impulsor de la demanda. Como decía el general Perón: “Para la felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación”.
[2] Con esa deuda se hubieran podido recuperar los puertos, volver a tener marina mercante, se hubiera podido construir un millón de viviendas, pero no se compró un ladrillo y no hay ningún informe sobre el destino final de la misma.
[3] La deuda interna (títulos en pesos) a diciembre de 2019 era en Bonos en pesos (de ese año) de 2.113.247 millones (de los cuales el 60,8% era en títulos ajustables por CER y el 39,2% a tasa fija) y a ello se le debe sumar las Letras por 561.577 millones de pesos (89,11% ajustable y 10,89% a tasa fija). Dato de la Secretaría de Finanzas de la Nación. Ajustando dichos montos por el IPC del INDEC no es no tan siquiera la tercera parte de la deuda en pesos que generó el gobierno del Frente de Todos.
[4] En su artículo 226, el proyecto enviado al Congreso señala: “Dispóngase la transferencia de los activos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad creado por el Decreto 897/07 al Tesoro Nacional. Facultase el PODER EJECUTIVO NACIONAL a adoptar todas las medidas necesarias para la instrumentación de lo previsto en el presente artículo”.
