26 de mayo de 2026
10:07hs.
“Mendoza
“El titular de Aysam no declaró nueve propiedades ni las millonarias mejoras en un barrio privado
“Humberto Mingorance presentó su Declaración Jurada ante la Auditoría de Ética Pública, pero omitió incluir varios inmuebles. La ATM detectó una construcción en un terreno de un country de Maipú, que el funcionario tampoco informó. Cuál fue su explicación.
“La declaración jurada que presentó el presidente de Aysam, Humberto Mingorance, ante la Auditoría de Ética Pública el pasado 13 de febrero es prácticamente idéntica a la del año pasado. En tal sentido, el funcionario manifestó que sigue siendo propietario de un terreno de 730 metros cuadrados, con un avalúo fiscal de $2,3 millones, además de un Audi Q3 (2014) y de una moto Motoguzzi (2017), adquiridos en 2022 y valuados en $20,6 y $8,5 millones, respectivamente.
“Sin embargo, un cruce de datos con organismos oficiales (la Dirección General de Catastro, la Administración Tributaria Mendoza y oficinas de Rentas de municipios del Gran Mendoza) deja al descubierto que Mingorance omitió incluir en su DDJJ construcciones e inmuebles que están a su nombre.
“Por ejemplo, el único terreno declarado por el exsecretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial se ubica en un barrio privado de Gutiérrez, en Maipú. Lo compró en diciembre de 2023 y no es un lote vacío: allí se levantó una construcción de 284 metros cuadrados que no fue informada por Mingorance, pero que la ATM detectó en una inspección con drones en la zona.
“El propio ente recaudador determinó que el avalúo del terreno es de casi $7,2 millones (más de tres veces superior al declarado por el funcionario en su DDJJ), mientras que la valuación fiscal de las mejoras realizadas roza los $24 millones. “Este impuesto incorpora superficie adicional no declarada conforme el siguiente detalle: cubierta 284 m2”, es el mensaje destacado en la boleta del Impuesto Inmobiliario 2025, cuyo monto anual alcanza los $420 mil.
“Una búsqueda simple en el sitio web de la ATM además permite hallar otras dos propiedades de Mingorance: una está ubicada en Ciudad y la restante en Guaymallén. Aunque, de acuerdo con registros oficiales de Catastro, el titular de Aysam posee distintos porcentajes de participación (van del 4,69% al 100%) en un total de diez inmuebles.
“Propiedad 1 (Maipú). Participación: 100%.
“Propiedad 2 (Guaymallén). Participación: 50%
“Propiedad 3 (Ciudad). Participación: 50%
“Propiedad 4 (Ciudad). Participación: 50%
“Propiedad 5 (Godoy Cruz). Participación: 33,33%
“Propiedad 6 (Ciudad). Participación: 33%
“Propiedad 7 (Godoy Cruz). Participación: 33,33%
“Propiedad 8 (Godoy Cruz). Participación: 33,34%
“Propiedad 9 (Guaymallén). Participación: 4,69%
“Propiedad 10 (Luján de Cuyo). Participación: 18,91%
“Si bien en registros municipales Mingorance sigue apareciendo como titular de otras propiedades, los cruces de datos con Catastro y la ATM confirmaron que en los últimos años se desprendió de esos inmuebles.
“La ley 8993 de Ética Pública que rige en Mendoza desde 2017 establece, en su artículo 14, que las declaraciones juradas de los funcionarios deben especificar -en el caso de los bienes inmuebles- “la fecha de adquisición, la superficie del inmueble en metros cuadrados y en su caso la superficie en metros cuadrados construida, el porcentaje de titularidad sobre el mismo, el tipo de bien de que se trata, el destino dado al mismo y el valor del avalúo fiscal para Argentina”. Y agrega que “se deberá informar el origen y en tal caso formas de pago de los fondos que permitieron realizar la compra cuando ésta haya sido realizada durante el ejercicio de la Función Pública”.
“La explicación de Humberto Mingorance
““Hay tres propiedades que son callejones comuneros de lotes que tuve en algún momento y siguen apareciendo, como así también un scootter que me robaron hace mas de 20 años y sigue apareciendo”, explicó el funcionario.
“Además, en diálogo con El Sol agregó que también figuran cinco departamentos y dos cocheras que corresponden a un adelanto de herencia de sus padres, con usufructo vitalicio para ellos.
““En relación a la construcción no declarada, ya hice el reclamo a ATM porque no hay construcción, es un lote baldío, tal cual lo declaré”, concluyó el presidente de Aysam.
“Desde hace aproximadamente dos décadas, Mingorance es funcionario público. Encabezó la Dirección de Inspección General y Fiscalización, la Dirección de Higiene Urbana y la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Godoy Cruz bajo la intendencia de Alfredo Cornejo. Luego se transformó en secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial de la Provincia, cargo en el que se mantuvo desde 2015 hasta 2023. Actualmente es presidente de Aysam.
“En su DDJJ informó que posee títulos y acciones cotizables en bolsa y productos bancarios. Además, confirmó que es inquilino de un dúplex, donde reside.
“Hay que recordar que la ley de Ética Pública provincial no permite conocer con certeza cuál es el patrimonio real de los funcionarios ya que sólo habilita el acceso a información básica, referida fundamentalmente a los bienes (viviendas y automóviles) de las autoridades y sus cónyuges.
““La información brindada se limitará a la enunciación y enumeración de los bienes que componen el patrimonio declarado”, sostiene la norma que también enumera los “datos confidenciales” que no se publican en el sitio web de la oficina de Ética Pública. De esa manera, es imposible conocer los detalles correspondientes a los montos de depósitos (tanto en pesos como en alguna moneda extranjera), a la participación en sociedades, a los créditos vigentes, a los plazos fijos y al dinero en efectivo que poseen los funcionarios.
“La función de la Auditoría de Ética Pública
“Los funcionarios locales deben entregar sus DDJJ antes del 1 de marzo, teniendo como fecha de corte el 31 de diciembre del año anterior. La oficina de Ética Pública que lidera Gabriel Ballsells Miró debe controlar cada presentación, aunque en la práctica ese monitoreo es superficial, debido fundamentalmente a dos factores: la gran cantidad de información recibida y la escasez de personal para realizar esa tarea.
“El organismo parte de la presunción de honestidad de los funcionarios que informan su patrimonio y, en la mayoría de los casos, simplemente compara las declaraciones actuales con las de años anteriores. Puede actuar de oficio ante presuntas irregularidades, aunque las investigaciones recién se agilizan en caso de recibir alguna denuncia.
“La ley 8993 no determina sanciones para los funcionarios que esconden u omiten información en sus DDJJ y sólo establece multas en caso de que no presenten la documentación en los plazos exigidos. “Atendiendo la gravedad del caso será establecida por un monto equivalente como mínimo al 10 % y como máximo al 25% de la remuneración bruta mensual del Gobernador de la Provincia de Mendoza”, aclara la norma.
“Elsol.com.ar
“Federico Brusotti
“5 de marzo de 2025”.
