20 de septiembre de 2026
13:33hs.
“Persecusión política
“Cornejo ordena, la Policía detiene y la Justicia imputa: la mecánica de la represión a la resistencia antiminera
“A los nueve detenidos en la última represión a la protesta contra la minería les imputaron resistencia y atentado contra los policías que los reprimían.
“En un cierre de semana marcado por la celeridad administrativa y el rigor punitivo, la Justicia de Mendoza ha decidido enviar un mensaje contundente a los sectores sociales. Bajo la firma de la Fiscalía 34, a cargo de Paola Ginestar, este sábado se formalizaron las imputaciones contra nueve hombres que participaron en la movilización del pasado miércoles en defensa de los recursos hídricos.
“Lo que para las organizaciones ambientales fue una jornada de resistencia contra las reformas a la Ley de Glaciares que impulsa el Gobierno nacional, para el Ministerio Público Fiscal terminó siendo un catálogo de delitos penales que reabre el debate sobre la criminalización de la protesta en la provincia.
“Crónica de un cerco anunciado
“La movilización comenzó el miércoles 4 de febrero a las 19:00 horas. El Kilómetro 0, punto neurálgico del microcentro, fue el escenario donde cientos de ciudadanos manifestaron su rechazo a proyectos como el de la minera San Jorge. Sin embargo, la presencia de la Policía de Mendoza y de los Preventores de la Ciudad no fue meramente preventiva; el despliegue anticipaba un control estricto sobre el itinerario de la marcha.
“El gobernador Alfredo Cornejo derivó la atención de la protesta antiminera a la Policía, mientras los fiscales dependientes del procurador cornejista Alejandro Gullet rematan la persecución con imputaciones.
“Tras circular por las calles España y Gutiérrez, el conflicto estalló en la intersección con Patricias Mendocinas. Allí, las fuerzas de seguridad impidieron el avance de la columna, obligando a los manifestantes a retroceder hacia la avenida San Martín. Fue en este marco de encierro y presión policial donde, cerca de las 21:00 horas, se produjeron los incidentes que la justicia hoy utiliza para sostener las imputaciones.
“Según el relato oficial, la negativa a desalojar la calzada derivó en empujones y escaramuzas. No obstante, testigos presenciales señalan que la detención de un manifestante —acusado de propinar «codazos»— funcionó como el detonante de una reacción defensiva por parte de sus compañeros, quienes intentaron evitar lo que consideraron una aprehensión arbitraria.
“La ingeniería legal de las imputaciones
“La fiscal Paola Ginestar aplicó una arquitectura legal rigurosa para procesar a los nueve detenidos. El primer imputado enfrenta cargos de resistencia a la autoridad en concurso real con el polémico artículo de entorpecimiento del normal funcionamiento de los transportes por tierra, una figura que se ha vuelto la herramienta predilecta del Estado para desalentar concentraciones masivas.
“El resto de los acusados no corrió con mejor suerte:
“Tres manifestantes fueron imputados por atentado a la autoridad, por el solo hecho de intentar interceder ante el arresto de su compañero.
“Otros cinco hombres, detenidos frente a la sede de la Policía Turística entre las calles Garibaldi y Catamarca, recibieron cargos por desobediencia.
“Resulta llamativo que, en una provincia que atraviesa una crisis hídrica histórica, la celeridad judicial se enfoque en el «entorpecimiento del transporte» y no en el fondo de un reclamo que afecta la supervivencia misma del oasis mendocino.
“¿Derecho a la protesta o control social?
“La decisión de la Justicia de Mendoza de avanzar penalmente contra estos ciudadanos desnuda una política de estado que prioriza el asfalto libre por sobre el derecho constitucional de petición ante las autoridades. Mientras el Gobierno nacional avanza sobre una ley que protege los hielos continentales, la respuesta local parece ser el encierro y el prontuario.
“Estas imputaciones parecen buscar un efecto disciplinador. Al señalar a nueve hombres como culpables de desórdenes públicos, se intenta desviar el eje de la discusión: la vulnerabilidad de la Ley de Glaciares y el avance de la megaminería. La severidad con la que se caratularon los hechos —sumando delitos en concurso real— pone en duda si el objetivo es impartir justicia o simplemente sofocar el disenso en las calles mediante el miedo a las represalias legales.
“La tensión en Mendoza no se resolverá con expedientes. Mientras el agua siga siendo la moneda de cambio en las reformas legislativas, la calle seguirá siendo el último refugio de la ciudadanía, a pesar de una Justicia que hoy parece más preocupada por el tránsito vehicular que por el patrimonio ambiental de la provincia.
“Explicitoonline.com
“8 de febrero de 2026”.
