08 de agosto de 2026
18:57hs.
Los beneficiados históricos a costa de los perjudicados de siempre.
La Asamblea de 1813 debía declarar la independencia y dictar una Constitución, pero la puja entre el interior y Buenos Aires no fue saldada, porque Buenos Aires no estaba dispuesto a ceder a las provincias parte de la renta aduanera ni su privilegiada condición de productor y exportador de alimentos.
José Gervasio de Artigas, en representación de la Liga de los Pueblos Libres, dio instrucciones a sus delegados. En ellas, propuso la ubicación del gobierno federal fuera de la ciudad y del puerto de Buenos Aires, además de la igualdad de las provincias a través de un pacto recíproco.
Los porteños rechazaron a los diputados orientales. Al poco tiempo, declararon a don José Gervasio de Artigas enemigo de Buenos Aires y enviaron tropas para capturarlo.
En el arroyo de la China, hoy Concepción del Uruguay, en esa época con un puñado de ranchos, se juntaron los representantes de los Pueblos Libres que votaron por la independencia de la Nación el 29 de junio de 1815. El Congreso de los Pueblos Libres ratificó entonces el uso de la bandera creada por Manuel Belgrano, añadiéndole un festón diagonal punzó, al que llamaron “El pabellón de la libertad”.
Ese Congreso dictó el Reglamento Provisorio de la Provincia Oriental para el Fomento de su Campaña y Seguridad de sus Hacendados del 10 de septiembre de 1815. Fue la primera reforma agraria de América Latina, ya que expropiaba las tierras a los españoles y a los malos criollos, y las repartía entre los que la trabajaban. “Que los más infelices sean los más beneficiados”, rezaba Artigas. Mientras que, en las amplias llanuras del oeste del Río de la Plata, se decretaba para la misma fecha la llamada “Ley contra la vagancia”: “Todo hombre de campo que no acreditara ante el juez de paz local tener propiedades, será reputado sirviente y queda obligado a llevar papeleta de su patrón. Igual trato se le da al que transite el territorio sin permiso del mismo juez”. De esa manera se construyó la primera unidad capitalista en estos lares, la estancia.
Baste decir que es en ese año, 1815, cuando Juan Manuel de Rosas puso su saladero para producir carne (tasajo), sebo y cuero. De hecho, se va configurando un país dividido en dos: el puerto de Buenos Aires (y su renta aduanera) con su pampa húmeda, por un lado, y el interior empobrecido por la competencia desleal de las mercancías importadas, mayormente de la “rubia Albión”. Buenos Aires no tuvo montoneras porque el gaucho fue sometido a ser peón de las estancias.
Las tropas porteñas encabezadas por José Rondeau fueron vencidas en la Batalla de Cepeda, el 1 de febrero de 1820, por la gauchería de Estanislao López y Francisco Ramírez, quienes llegaron a Buenos Aires, ataron sus caballos en la pirámide de la Plaza de Mayo, pero acordaron con los comerciantes ingleses y los grandes poseedores de permisos de vaquería, y defeccionaron de la Liga de los Pueblos Libres.
Es más, Ramírez aceptó recibir armas, artillería y tropa de Buenos Aires, y en Paraná esperó a las tropas de Artigas. Lucio Norberto Mansilla fue enviado al mando de mil hombres, armas y artillería, pero Artigas no lo sabía.
Ramírez contó con otros mil hombres en una posición favorable en las afueras de Paraná. El 24 de junio de 1820 se enfrentaron en el arroyo Las Tunas, cerca del actual San Benito. Ramírez armó la infantería y artillería al mando de Mansilla en un sitio escondido y estratégico, un lugar desde donde podían tirar con artillerías y fusiles sin ser vistos y aniquilar las tropas de Artigas sin riesgos. Hacia allí iban entrampadas las caballerías gauchas y allí fueron diezmadas, tiñendo de rojo el arroyo con su sangre y la de sus caballos.
A Artigas y a la Liga de los Pueblos Libres no los vencieron las armas portuguesas, españolas y porteñas; los vencieron los grandes intereses del imperio británico que ya habían acordado con un minoritario sector de la sociedad de Buenos Aires la división del trabajo, donde las amplias llanuras pampeanas debían proveer alimentos y materia prima a la gran industria inglesa que lideraba el proceso de producción en serie. A cambio, el financiamiento engañoso, como fueron los créditos tomados por Rivadavia a la Baring Brothers y por Mitre a la banca inglesa para financiar la guerra del Paraguay, con la compra masiva de productos extranjeros que destruyeron la incipiente industria local. Los gauchos adinerados nuestros vestían levita inglesa, calzaban botas inglesas y hasta las riendas, la cabezada, el bocado y el recado eran ingleses.
Esto se institucionalizó con Mitre y Roca, que la historia oficial bautizó “organización nacional”. Por ejemplo, en la Campaña del Desierto en 1885, el gobierno del general Julio A. Roca decidió otorgar a 538 estancieros 18.668.000 hectáreas. Los principales beneficiados fueron los miembros de la Sociedad Rural Argentina (presidida por Martínez de Hoz). Entre ellos estaban las familias Anchorena, Álzaga, Alvear, Azcuénaga, Bosch, Castro, Díaz Vélez, Eguía, Echeverría, Escalada, Ezcurra, Gallardo, Garrahan, Irigoyen, Lacarra, Larreta, Lynch, Miguens, Obarrio, Ocampo, Ortiz Basualdo, Otamendi y Sáenz Valiente. Y el mismo Roca se apropió de 15.000 hectáreas (de allí que a su estancia la denominó “La Larga”) por la misión de desterrar a los indios de sus posesiones.
Impusieron el modelo agropecuario exportador en beneficio del capital inglés y del enriquecimiento de una minoría parásita y rentista del país (se convirtieron en grandes hacendados apoderándose de la tierra de los pampas, exportando carne y trigo). Ese modelo recién tuvo su límite el 4 de junio de 1943 cuando el GOU (Grupo de Oficiales Unidos) derrocó al Presidente conservador Ramón Castillo, para “la instauración de un gobierno con objetivos nacionalistas: honradez administrativa, unidad nacional, restitución de bienes mal habidos y soberanía real”, marcando el inicio de una profunda transformación política y social en la Argentina que llevaría al surgimiento del peronismo, mediante el modelo denominado ISI (Industria Sustituidora de Importaciones).
La Argentina creció entre los años 1944 y 1974 en forma sostenida, en una tasa promedio del 3,4% anual, y distribuía progresivamente el ingreso, basándose en el mercado interno y en la defensa acérrima del trabajo y la producción nacional. Los impuestos gravaban principalmente al comercio exterior y los beneficios empresarios, las ganancias de capital, el exceso de beneficios y la riqueza personal.
El “Proceso de Reorganización Nacional” fue el nombre que se dio a sí misma la dictadura cívico-militar en la Argentina (1976-1983), un período caracterizado por un golpe de Estado que derrocó al gobierno constitucional para instaurar un nuevo orden social, económico y político, basado en la doctrina de la seguridad nacional, la represión sistemática (terrorismo de Estado), la violación de derechos humanos (desapariciones, torturas), la reestructuración económica neoliberal para beneficiar a grandes grupos económicos y el alineamiento con el capitalismo central, imponiendo un férreo control social y eliminando cualquier oposición mediante la persecución y el exilio.
Diseñaron un país que se abrió al comercio internacional, permitiendo superganancias a las grandes empresas formadoras de precios, que bajó los aranceles y subió la tasa de interés para castigar el trabajo y la producción local (haciéndolos competir de manera desventajosa) y premió el ingreso especulativo de capital, que significó y significa el trillado camino de la dependencia y el enriquecimiento de una minoría a costa de la población y su futuro. Lo sintetizaba David Ratto, publicista de la dictadura militar, que hilvanó la frase “achicar el Estado es agrandar la Nación”, para que el que determinara las reglas fuera el capital privado, cada vez más extranjero y cada vez más concentrado.
Salvo la honrosa gestión del ministro Bernardo Grinspun en 1984, durante 27 años se llevó adelante la misma cantinela. El resultado no pudo ser otro (con 25% de desocupación abierta y 57,8% de la población bajo la línea de pobreza) que la implosión social en las aciagas jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001.
Solo con el kirchnerismo y después de la hecatombe de 2001-2002 volvió a crecer la economía, gracias a que suspendieron el pago de la deuda y después hicieron dos canjes que produjeron una quita del 65% del capital adeudado. Con ello mejoró la participación de los asalariados en el ingreso. También se incrementó la participación del Estado en el PIB, que permitió acrecentar la obra pública, los gastos en educación, en investigación y en salud. Sobre todo, se implementó una estrategia estatal de orientación de la economía que estimulaba la producción y el trabajo. Dicho gasto fue financiado básicamente con impuestos y sin tomar deuda externa. La presión tributaria nacional en el año 2010 fue del 28,7% del PIB, que es un 11,8% superior al promedio de los años ’90, en que la presión tributaria nacional era del 16,9% de la producción anual.
Con todos sus errores (y también sus grandes aciertos), el kirchnerismo en la Argentina (y otros movimientos nacionales y populares en América Latina) logró demostrar que se puede producir más bienes y servicios, crear empleo, que se distribuya el ingreso con mejoras en la participación de los asalariados en el PIB, con impulso a las economías regionales, con imprescindibles obras de infraestructura y con integración comercial entre los países latinoamericanos, partiendo de un shock distributivo, esto es, poner plata en el bolsillo de la gente y evitar que las grandes corporaciones aumenten los precios y se queden con ese mayor ingreso.
El problema surge porque las inversiones del sector privado no crecieron al mismo ritmo que la demanda agregada y que las importaciones. Con esto, el Estado, a través del mayor gasto público y el pago de los servicios de la deuda con reservas del BCRA, trató de mantener el nivel de actividad. Esto produjo un desfase entre oferta y demanda, causa estructural de la inflación. En realidad, el modelo enfrentó la restricción de falta de inversión y fuga de capitales, generados por los que obtienen superganancias porque fijan los precios.
El gobierno de Cambiemos buscó la apropiación inmediata de la ganancia a como dé lugar, cubriendo los déficits que ellos mismos generaron con endeudamiento, aprovechando la alta liquidez internacional que tuvieron en los primeros dos años. Este a su vez fue el camino para que los sectores más favorecidos del modelo adquirieran las divisas y las fugaran a posteriori mediante el carry trade.
La administración de Cambiemos volvió a endeudar al país. Las necesidades financieras del Tesoro nacional dejaron de atenderse principalmente con fuentes domésticas y en pesos y comenzaron a cubrirse a través de un proceso acelerado de endeudamiento externo, para beneficio de los acreedores y de los sectores hegemónicos empresariales que compraron esas divisas que ingresaban y que, sin límites, les vendía el BCRA a los bancos, y que fugaron.
El gobierno de Alberto Fernández no investigó la deuda heredada y renegoció los plazos, pero sin quita de capital ni baja de la tasa de interés. Y frenó la corrida cambiaria favoreciendo el carry trade, pagando con fondos del BCRA los intereses de los encajes remunerados (Leliq y otros).
La inflación anual del año 2023 medida por el IPC del INDEC fue de 211,4%. Al mes de diciembre de ese año correspondió el 25,5%, gracias a que el 12 de diciembre el ministro Caputo devaluó nuestra moneda en 118%.
El gobierno de Milei, tras la devaluación del 12 de diciembre de 2023, frenó el precio del dólar favoreciendo el carry trade. Los títulos ajustables por el IPC del Indec crecieron en el año 117,8% y los distintos tipos de cambio lo hicieron en menos de un 35%. Esto les dejó una ganancia del 80% o más en dólares ese año, que pagó el Tesoro de la Nación (el pueblo argentino que lo financia con sus impuestos).
En 2025 debieron recurrir a todo tipo de endeudamiento.
En un marco en el que, gracias al “blanqueo impositivo” de fines de 2024 y comienzo de 2025, ingresaron al país 20.631 millones de dólares, sin embargo, ante la magnitud de la deuda pública nacional, todo eso no es suficiente. La deuda es al 30 de noviembre de 2025 de 484.985 millones de dólares y los intereses que esta devengó hasta dicho mes son por 24.230 millones de dólares, de los que la Administración Nacional pagó solamente 6.612 millones de dólares, capitalizando la brutal diferencia.
La deuda para el 2026
Según la Secretaría de Finanzas de la Nación, la deuda externa (en divisas) que vence en el año 2026 asciende a 17.102 millones de dólares. De estos, 8.636 millones son bonos, 4.216 millones son con organismos internacionales de créditos y 4.250 millones de dólares son con el FMI.
Por un lado, las Cuentas Especiales de Regularización de Activos (CERA) y en Agentes de Liquidación y Compensación (ALyCs) del blanqueo impositivo por 20.631 millones de dólares quedan liberadas desde el 1 de enero de 2026. El gobierno confía en que una parte se emplee para comprar títulos públicos de deuda.
Por otra parte, el gobierno plantea el cese de la restricción del giro de utilidades de las compañías que cuenten con los balances del pasado año auditados. Como si la monumental compra de divisas del año 2025 impulsada por la liberación el 14 de abril de 2025 del mal llamado “cepo” cambiario, en acuerdo explícito con el capital financiero de Manhattan, que en 11 meses fue por 36.013 millones de dólares, récord histórico, no fuese suficiente.
El camino de endeudamiento y fuga queda asfaltado en beneficio de una minoría rentista y parasitaria, que gira esos fondos al capital de Manhattan, que a su vez va a financiar los proyectos del RIGI, a los que se les sumarán los que ingresen tras la aprobación de una nueva ley de glaciares. Los glaciares son “fábricas de agua”; allí nacen muchos de los ríos de nuestro país que van dando vida y trabajo a su paso. Las mineras buscan extraer oro, plata, cobre y demás minerales que se encuentran debajo de los hielos, sin importarles las consecuencias sobre los canales de agua. Con una cotización a diciembre de 2025 de 4.500 dólares la onza troy y con perspectivas de que siga incrementando su precio, para las grandes mineras la Argentina es un paraíso, pero para la población es el primer círculo del infierno.
Elcohetealaluna.com
4 de enero de 2026
Columnista invitado
Horacio Rovelli
Licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires. Profesor a cargo de la asignatura Política Económica de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA), y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Miembro de la Comisión de Economía de la Fundación Estado, Trabajo y Producción (FETyP). Vocal de la revista Realidad Económica. Fue Director Nacional de Programación Macroeconómica en el Ministerio de Economía y Finanzas de la Nación. Autor de numerosos trabajos publicados sobre los temas económicos y financieros.
