14 de julio de 2026
03:58hs.
En el Artículo 75 inciso 22 de nuestra Constitución Nacional se especifican los convenios y acuerdos internacionales a los que adhiere nuestro país. Uno de ellos es la Convención Americana por los Derechos y Deberes del Hombre, en cuyo articulado se establece la obligatoriedad de responder con prontitud las peticiones de los ciudadanos de cada país. Esto quiere decir que cuando uno no recibe respuesta de una autoridad, esa autoridad está violando los derechos humanos.
En la Mendoza de Cornejo pareciera ser que eso se ha naturalizado. El Mendoexit es también “exit” del paradigma de los DDHH, seguramente por haber sido un invento K.
Lo de El Azufre el año pasado, tema indisolublemente ligado a otros temas (como por ejemplo el Consejo de Arraigo de los Puesteros, donde se están violando los derechos humanos de los campesinos sin tierra según Ley Provincial 6086 como veremos la semana próxima), fue motivo de escándalo una denuncia administrativa que la propia Federación Argentina de Espeleología (FAdE) presentó el último día hábil de junio de 2022 y posteada en su web oficial. (1) En la nota citada se solicitaba una medida cautelar; pero, insistimos, 8 meses largos es demasiado tiempo para esperar una respuesta que nunca llega. En esos meses pasaron cosas:
Miriam Skalany -Directora de Protección Ambiental de la Secretaria de Ambiente y Ordenamiento Territorial del Gobierno de Mendoza- respondió a la nota de la FAdE con una nota que se incluye escaneada aquí, y a la que se respondió mediante nota EX-5271800-SAYOT#DRNR NO 5272224:
“Adjunto a la presente la Resolución de la Dirección de Personas Jurídicas por la que se nos aprueba el Estatuto, que también se anexa. Asimismo, anexamos la transcripción de la Res. DRNR 559/2002, por la que se inscribe a la FAdE en el registro de asociaciones espeleológicas creado por Ley 5978 y resolución reglamentaria DRNR 410/2002.
“Al tiempo que RATIFICO, también solicito que en la página 37 del escrito que tratamos se amplíe un párrafo, que reza: “Esto no significa que el procedimiento técnico de aprobaciones ambientales sea perfecto, o que algunas obras hayan conseguido su aprobación por una combinación de desconocimiento ciudadano, funcionarios relajados en sus obligaciones, e incluso irregularidades administrativas como lo ocurrido con la explotación hidrocarburífera en Laguna Llancanelo (1999-2007), la silvestría de Guanacos (2003-2004), el camino de acceso al Parque Aconcagua (2007), el proyecto San Jorge (2009-2011) o la técnica de fractura hidráulica (2017)”, en el sentido de agregar a la Caverna de Las Brujas como otro ejemplo de ausencia de plan de manejo y estudios de impacto ambiental.
“Sobre ese particular pongo a su disposición los expedientes iniciados cuando fui técnico del Departamento de Áreas Naturales Protegidas (1.10.2006 al 15.6.2011) y que no llegaron a buen puerto según se aprecia en el diario Tiempo Argentino. (2)
“Respecto de lo específicamente requerido por Ud., más información sobre nuestra situación jurídica se encuentra en el Expte. 269043 del 30.4.2021, Primer Tribunal de Gestión Asociada a/c del Juez Dr. Juan D. Penisse. Allí pueden encontrarse los datos probatorios de la vigencia jurídica de la FAdE y pueden descargarse de… (3) (260 páginas).
“De no ser suficiente, los datos de última asamblea anual ordinaria (16 de abril de 2022) con aprobación de Memoria y Balance y nómina de autoridades, más domicilio social, se encuentran en la Dirección de Personas Jurídicas, EX-2022-02313320- -GDEMZA-DPJ#MGTYJ del 1-4-2022 (Pre Asamblea) y IF-2022-02688687-GDEMZA-DPJ#MGTYJ (Post Asamblea) del 19-4-2022. De esta última remitimos también copia anexa”.
Traducido al criollo básico: seguimos viviendo en un país donde se investiga primero a la víctima y donde ésta tiene que presentar muestra de orina y certificado de vacuna antivariólica para poder denunciar que sufrió una arbitrariedad por parte de un funcionario público. O una mujer violada tiene que disfrazarse de monja para que le tomen la denuncia, ¿se entiende?. Así que, hasta acá, no tenemos nada nuevo.
El 6 de febrero pasado se reiteró el pedido de informes y cautelar y allí entonces Miriam Skalany respondió pasándole el fardo a la Unidad de Evaluación Ambiental (UEA), a cargo de Soledad Barros. Le habíamos dicho a Skalany que “dado el tiempo transcurrido y habiendo cumplimentado todo lo que se me requirió, requiero una respuesta satisfactoria en un plazo no superior a los diez días hábiles de recibida la presente, bajo apercibimiento de hacer la denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Y allí apareció la derivación a Soledad Barros…
Entonces, debió reiterarse el mismo pedido ante una nueva funcionaria, mediante expediente EX-2023-00942656- -GDEMZA-DRNR#SAYOT del 7 de febrero, donde el presidente de la FAdE manifiesta: “De acuerdo con las indicaciones de la DPA – Ing. Miriam Skalany, vengo a reiterar la denuncia formulada en el mes de julio ppdo., sin perjuicio de lo cual pido TODA la documentación y no sólo el informe, atento a que es información pública según artículo 41 de la Constitución Nacional y legislación nacional de presupuestos mínimos relacionada. Ratifico plazo de diez días corridos a partir de la recepción de la presente. Total de fojas anexas: 45 (cuarenta y cinco)”.
Pasaron entonces muchos meses sin respuestas satisfactorias. Así fue que la FAdE decidió llevar la cosa a la Justicia. Específicamente una “Denuncia contra la Unidad de Evaluaciones Ambientales (UEA) por incumplimiento de Leyes Nacionales 25675 y 27566. Artículo 41 de la Constitución Nacional, Leyes Provinciales 5961 y otras por el proyecto turístico El Azufre S.A. Falta de respuesta as reclamo EX-2023-00942656- -GDEMZA-DRNR#SAYOT”.
Allí se expresa “con referencia al expte. EX-2023-00942656- -GDEMZA-DRNR#SAYOT, que consiste en un reclamo en plazo de diez días hábiles a la titular de la UEA para obtener una repuesta a una presentación administrativa realizada en el mes de julio ppdo. relacionada con el emprendimiento turístico de El Azufre S.A. Al día de la fecha no se me han refutado mis argumentaciones ni se me ha brindado la información requerida, lo que constituye trato desconsiderado y violatorio de las normas mencionadas en el asunto de la presente nota”.
Así, la Ing. Miriam Skalany y la Arq. Soledad Barros son denunciadas por no haber respondido en tiempo y forma a lo expresado en los expediente EX-5271800 – SAYOT#DRNR NO 5272224 y EX-2023-00942656- -GDEMZA-DRNR#SAYOT respectivamente y por lo tanto haber incumplido con sus deberes de funcionarias públicas.
Ahora la cosa quedará en manos de la Justicia mendocina, la misma que desde febrero de 2018 tiene cajoneado, en la Corte Suprema, el primer amparo antifracking. No hay muchas esperanzas, pero en una de esas aparece un juez como el que sentenció a favor del amparo por la formación del consejo de arraigo de los puesteros. (4) Uno nunca sabe… Quizás hayan otros jueces como el Dr. Penisse…
Columnista invitado
Carlos Benedetto
Museólogo, docente jubilado y presidente de la Federación Argentina de Espeleología. Escritor y periodista. Miembro de la Comisión de Ambiente del Instituto Patria. Director del quincenario Sin Pelos en la Lengua. Agrupación Luis Barahona, Biblioteca de la Memoria Jaime De Nevares, Malargüe.
Notas
(1) http://fade.smartnec.com/images/prod/kPjbZVwHGUDolOAv8y0SFSjCkCCB0v.pdf
(2) https://www.tiempoar.com.ar/informacion-general/los-guardaparques-ponen-en-jaque-el-turismo-en-mendoza/
(3) https://drive.google.com/file/d/1iU3Fl3Ji26q1vK5-cJGPM9o7hwe2HP24/view
(4) http://fade.smartnec.com/images/prod/2L7OAFDltl54CxqDvLdCHW43RaNt2L.pdf
