
“La casta tiene privilegios
“La doble moral de la Justicia: indulgencia para Adorni y escarmiento para los más pobres
“Con días de diferencia, el fiscal Pollicita exculpó al exjefe de Gabinete y pidió procesar a más dirigentes populares. Usó los mismos argumentos, pero los interpretó de manera inversa.
“El 6 de noviembre el fiscal Gerardo Pollicita decidió dejar sin efecto la investigación contra el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, por enriquecimiento ilícito. Para el fiscal no existen pruebas que permitan refutar la justificación sobre el origen de U$S 565.000 en efectivo y no declarados que Adorni habría utilizado para la compra de un departamento en una zona exclusiva del barrio porteño de Caballito y la refacción de otros inmuebles de su propiedad.
“El exjefe de Gabinete declaró que ese dinero había estado en su poder bajo la forma de bitcoins comprados entre 2014 y 2018 y vendidos luego en efectivo, entre particulares y sin intervención de plataforma alguna. A pesar de que el mismo fiscal calificó esa explicación de “novedosa” y “hasta entonces poco verosímil”, terminó aceptándola porque “no pudo ser desvirtuada”.
“¿Esquizofrenia?
“Días antes, el mismo fiscal había apelado el sobreseimiento que el juez Sebastián Casanello dictó a favor de cinco delegados de comedores del Polo Obrero y pedido agravar la acusación contra los procesados que se suman a los dirigentes que, encabezados por Eduardo Belliboni, esperan el juicio oral.
“La causa contra dirigentes sociales que organizan comedores populares en barrios vulnerables lleva como carátula la acusación de “coacción, extorsión y defraudación a la administración pública”. Comenzó por una denuncia directa de la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y fue elevada a juicio oral en tiempo récord. La defensa asegura que el proceso está viciado de nulidades en tanto el fiscal le impidió la incorporación de más testigos e ignoró las pruebas aportadas por sus peritos.
“Por ejemplo, negaron reconocer la existencia de una imprenta y notebooks costeadas con fondos de las cooperativas de los programas Potenciar Trabajo, que se encuentran todavía hoy en las instalaciones. La “malversación de fondos” de la que acusan a la organización y sus dirigentes resulta de la supuesta incapacidad de demostrar el destino de esos fondos.
“La acusación de “extorsión”, además, resulta de supuestas amenazas de los procesados que, según Pollicita, ejercían sobre los beneficiarios de planes sociales a quienes le «darían de baja el plan». Los letrados de la organización, sin embargo, aportaron pruebas que dan cuenta del carácter abstracto de la acusación. Las organizaciones sociales no tienen el poder de dar de baja los programas que, por el contrario, resulta una atribución del Estado. Además, a los beneficiarios les asiste el derecho de elegir la organización donde ejercer su contraprestación laboral. El Polo Obrero recibió 30 mil beneficiarios que eligieron voluntariamente formar parte de esa organización en detrimento de otra.
“Doble vara
“El sesgo de clase de la Justicia en general y del fiscal Pollicita en particular resulta evidente en la letra chica de su pedido de elevación a juicio de los dirigentes sociales por un lado y del dictamen indulgente con el poder político, por el otro.
“Eduardo Penello, abogado del Polo Obrero, explicó a Tiempo que «para el caso de Adorni, Pollicita cita al jurista Julio Maier para asegurar que el imputado ‘conserva durante todo el procedimiento su posición jurídica de inocente’ y que, por lo tanto, resulta responsabilidad del Estado desvirtuarla». Sin embargo, para el Polo Obrero, explica Penello, «propone procesar porque ‘los descargos introducidos por las defensas no logran desvirtuar el cuadro probatorio’. En una interpretación diametralmente opuesta, pasa la carga a la defensa».
“Liliana Alaniz, colega de Penello, agrega que «en la causa Adorni, el fiscal abusa de la formulación ‘no puede descartarse’ para darle crédito a la ‘hipótesis de la defensa’ mientras usa la misma formulación en sentido inverso para acusar al Polo Obrero». En su recurso contra el Polo Obrero, continúa Alaniz, «sostiene que la falta de prueba directa ‘no basta para descartar la hipótesis investigativa’ o, en la misma línea, sostiene que ‘no puede descartarse que […] se busque influir’ sobre los testigos de la causa».
“La misma actitud maniquea exhibe el fiscal ante una eventual falta de pruebas. Penello denuncia que «en el caso de Adorni admite que, como las ventas fueron en efectivo y sin plataformas obligadas a registrarlas, ‘no existe, por tanto, sujeto a quien requerir información’, y esa imposibilidad juega a favor del imputado. Para el Polo Obrero, sin embargo, recurre a lo que denomina ‘prueba contextual’ para conjeturar el delito de coacción a pesar de carecer de prueba directa que certifique alguna amenaza».
“Algo similar ocurre con la valoración del contexto. En el caso Adorni, dice Penello, «aunque el 92,9% de sus gastos en dólares se pagó en efectivo y las declaraciones juradas se rectificaron con la causa en trámite, el fiscal advirtió que debía distinguirse lo penal de su ‘valoración ética o moral’. Para los delegados, en cambio, el contexto de la organización reemplaza la prueba de lo que hizo cada uno eligiendo la calificación más grave para cerrar la posibilidad de una probation».
“Las dirigentes sociales que deberán comparecer este martes en los tribunales de Comodoro Py amenazadas de ser sumadas al juicio oral son responsables de sostener centenares de comedores que alimentan a miles de personas en situación de vulnerabilidad. Lo hacen como parte de su contraprestación laboral de los programas Volver al Trabajo, que implicaban un ingreso mensual de $ 79 mil y que fueron primero congelados y luego eliminados por el gobierno. Adorni, entre otras cosas, usó recursos de dudoso origen para construir una cascada en el jardín de su casa del country club Indio Cuá. «
“Detenidos por luchar contra la reforma laboral
“Milton Tolomeo y Eneas Gallo se encuentran detenidos en el penal federal de Marcos Paz hace ya más de nueve meses. El fiscal Claudio Stornelli y el juez Ariel Lijo dictaron su prisión preventiva a la espera del juicio oral que, sin embargo, todavía no tiene fecha.
“Ambos se encuentran acusados por los delitos de tenencia de explosivos, daños y ataque a la autoridad que el fiscal y el juez pretenden agravar con la figura de terrorismo, que conlleva penas de hasta 30 años de prisión.
“Sin embargo, lo cierto es que Tolomeo trabaja de masajista y ayudante de encargado de edificio y Gallo es repartidor de aplicaciones. Ambos participaron de las movilizaciones contra la aprobación de la ley de modernización laboral y, en el caso de Tolomeo, fue detenido días después en su trabajo a partir de su similitud física con otros supuestos manifestantes captados en cámaras de seguridad.
“El 8 de noviembre Tolomeo comenzó una huelga de hambre contra lo que considera una detención ilegal. La Coordinadora por la Libertad de los Presos Políticos prepara con otras organizaciones una movilización por su libertad.
“Tiempoar.com.ar
“Alfonso de Villalobos
“14 de noviembre de 2026”.












