23 de octubre de 2026
21:06hs.
Es obvio que nuestro título pretende ser continuación de otro (1), que fue anexado a la presentación de la Federación Argentina de Espeleología donde se intima a las autoridades de frenar el gigaproyecto de presentación de 34 misteriosos proyectos mineros de los que no hay nada más que nombres raros y cero aplicación de la normativa ambiental. La FAdE subió a su web la tal denuncia y ahora hay que esperar a que se cumplan los diez días de rigor para luego recurrir a la Justicia Federal.
¿Por qué la Justicia Federal?… simplemente porque, aunque el hecho de ser federal no es garantía de nada, la justicia provincial es peor, y en este caso se están violando derechos humanos fundamentales.
A esta conclusión llegamos luego de una larga charla telefónica, que grabamos, con el Fiscal Federal Antonio Gustavo Gómez, nacido en Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz, pero que trabaja en Tucumán. Viene seguido a la Patagonia a conversar con activistas ambientales y aconsejarles cómo actuar en los temas que nos ocupan.
Tiene 65 años, está casado y tiene tres hijas; vive en Yerba Buena, Tucumán. Es el actual Fiscal General ante la Cámara Federal de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero. Su experiencia en la administración de justicia federal es muy vasta ya que comenzó siendo empleado en la Mesa de Entradas del Juzgado Comercial 7 en la Capital Federal, fue Secretario Penal del Juzgado Federal de Rawson y Secretario Electoral Nacional en ese mismo tribunal. Ascendido al cargo de Fiscal Federal en la Provincia de Chubut, lo ejerció durante casi diez años. En ese mismo tiempo fue subrogante en los cargos de Juez Federal y Defensor Oficial en ese tribunal. A partir de la integración del Consejo de la Magistratura de la Nación concursó e integró distintas ternas para cubrir los cargos de magistrado federal. Finalmente ganó el concurso de Fiscal General, que hoy ocupa desde el mes de diciembre del año 2001. En el ejercicio de esta última magistratura fue Director de la Delegación Tucumán de la Oficina de la Ufitco (oficina de delitos económicos y contrabando), Delegado de la Ufima (oficina de delitos ambientales); integrante también como jurado de concursos para el cargo de fiscal.
El Dr. Gómez leyó nuestro artículo anterior y la denuncia de la FAdE, y le hizo críticas. Constructivas, por cierto. Decidimos entrevistarlo para qwue nos aconseje, y para que sus consejos lleguen al movimiento ambientalista menduco. Dijo cosas fuertes ….
“Es curioso pero la mayoría de la gente no sabe que existe un derecho penal, que existe la posibilidad de defenderse desde el derecho penal; cuando digo desde el derecho penal digo desde la posibilidad de accionar en la Justicia, en el servicio de administración de justicia con acciones penales, y como no hay abogados que quieran utilizar estas herramientas, es probable que no sepan tampoco que no hacen falta abogados para poder defendernos en muchos casos”
Siempre nos ha llamado la atención la falta de cultura jurídica básica en la sociedad; por ejemplo hay una ignorancia o un desprecio incluso por el principio de presunción de inocencia, el famoso “por algo habrá sido”, que se lo se lo ve en la vida cotidiana, en los conflictos familiares, en las peleas entre amigos; hay toda una cultura del “por algo habrá sido”. No hay una cultura jurídica básica en la sociedad”. A esa reflexión nos responde:
“Sabemos que a un compañero lo han detenido ilegalmente, se lo han llevado en averiguación de antecedentes o estaban en una manifestación haciendo una protesta inconveniente para el Poder de turno. Que podemos hacer?, ésta es la pregunta. Que podemos hacer? seguramente muchos dirán que, bueno, tenemos que buscar un abogado para averiguar en qué estado está el expediente o porqué lo detuvieron. NO! hay un remedio procesal llamado Habeas Corpus que no necesita de un abogado que lo puedes hacer vos en cualquier café o en cualquier esquina; es una escrito que vós tenés que presentar ante el juez de turno para que inmediatamente intervenga y libere al compañero detenido si fue detenido ilegalmente”.
Advertimos entonces que la desaparición forzada de personas fue un hecho que se hizo habitual durante la última dictadura militar y todavía hoy hay gente dice que hay que olvidar esa ese pasado, que ya es pasado, que ya se terminó, que esos delitos ya ocurrieron. Hay un no poder ver que esos delitos no ocurrieron, sino que están ocurriendo todavía porque los desaparecidos no aparecieron ni vivos ni muertos, eso se naturalizó. Nos encontramos con jueces, abogados, que son indiferentes a eso. Y nos dijo:
“Esa falta de cultura jurídica si vos querés llamarla asi, a mí me sorprendió cuando era muy joven y daba clases en una escuela de aprendizaje laboral en la ciudad de Rawson; yo era profesor de Instrucción Cívica y me di cuenta que mis alumnos (eran todos repitentes que venían de otras escuelas) los ponían presos todos los fines de semanas porque eran bulliciosos y terminaban borrachos en alguna esquina, los detenían y los ponían presos un fin de semana y no le avisaban nada ni al Juez ni al Fiscal, porque no habían cometido un delito y en el mejor de los casos sabían que el lunes a la madrugada iban a quedar en Libertad. Esas eran detenciones ilegales por agarrarse una borrachera; entonces cambié el programa de Instrucción Cívica y les empecé a enseñar escritos de Habeas Corpus. El punto es que a las dos semanas de hacer las prácticas, de enseñarle los términos de explicarle cuál era la ley 23098, cuando ocurrió todo eso los jóvenes empezaron a ponerlo en práctica y cuando caía preso alguno, siempre había un compañero que iba al Juzgado de turno a pedirle al juez con un Habeas Corpus que lo dejen en Libertad; fue muy interesante la experiencia porque finalmente el juez se hartó de los escritos y ordenó que no los detengan más, que si estaban borrachos lo lleven a un hospital o a la casa, pero basta de molestarlos un sábado a la mañana o un domingo a la mañana con escritos para que queden en Libertad. Esos códigos de faltas son inconstitucionales ya lo dijo la Corte Suprema de Justicia de La Nacion”.
Le dijimos que en nuestra práctica docente costaba mucho que se entendiera esta lógica anti inquisitorial según la cual sós culpable hasta que vos tenés que demostrar lo contrario a mí me llamó la atención, por ejemplo, aquella vez que desaforaron a Julio de Vido, la izquierda votó a favor del desafuero y cuando le preguntaron a una diputada por qué votó a favor del desafuero, la diputada Bregman dijo que había temas más importantes de qué ocuparse y que en todo caso De Vido tenía la oportunidad de probar su inocencia ante el juez, y que entonces un periodista que también es abogado le llamó la atención sobre ese detalle.
“Nadie puede ser detenido salvo que esté en un delito infraganti nadie puede ser detenido si escrita de Juez de acuerdo a lo que dice la Constitución. A partir de ahí empecé a enseñar en la escuela secundaria cómo defender nuestros derechos sin necesidad de abogados porque me di cuenta que mis colegas no estaban al servicio de las víctimas. Y lo interesante es que hay muchas herramientas para usar desde el derecho penal en defensa de nuestros derechos, en defensa de lo que nos ocurre y que intuimos que está muy mal y sin embargo cuando consultamos a los abogados nos dicen de qué no pueden hacer nada”.
Comentamos entonces que como botón de muestra, en Mendoza también hay una mentalidad antiderechos: en el poder judicial, en el poder legislativo, en el poder ejecutivo y en la población en general; son esos resabios de catolicismo según la cual todos nacemos con el pecado original y que después tenemos que ir haciendo méritos en la vida para ganarnos el cielo en el más allá.
Su respuesta: “es muy interesante ver también que desde la ideología desde el pensamiento ideológico de izquierdo de derecha cuando uno habla de hacer una presentación ante un juez o ante un fiscal cuando se lo comenta un abogado o le pide el patrocinio JURÍDICO un abogado la primera respuesta Es no, no podemos confiar en ese Juez en ese Fiscal. Cuidado yo no soy garantiza ni participo de las ideas de Zaffaroni. Yo soy pragmático, mi posición es que si cometiste un delito tenés que ir preso, el problema que tenemos en la Justicia es que los únicos que van presos son los más pobres, los únicos juicios que caminan bien y rápido son contra aquellos que no tienen como defenderse o no tienen como llegar a fin de mes y recurren al delito”.
Le advertimos que con esas declaraciones iba a ganarse enemigos en la provincia y le contamos de las consultas permanente que hubo en las últimas semanas, donde pareciera ser que todos los abogados se “abren de gambas” (para dejar pasar la pelota), y que conocemos buenos abogados, aguerridos, pero que están quebrados y hartos de darse la cabeza contra la pared.
Fue claro al respecto: “Los juicios por corrupción, los juicios contra personas que tienen un poder económico importante, que pueden pagar abogados importantes, demoran años porque justamente el sistema judicial está hecho para juzgar a los pobres y demorar los juiciosos que tienen a los ricos y a los poderosos como acusados”
Entonces le preguntamos si hay delitos ambientales en este proyecto minero en Mendoza, si se deben considerar así, o sea si un proyecto minero puede ser considerado un tema penal cuestión penal un proyecto minero sobre el cual hay dudas razonables de que no vaya a contaminar. ¿Es delito si no se cometió todavía? . ¿Podríamos decir que son delitos en grados de tentativa está bien dicho así?. Un homicidio es delito, pero ¿un intento de homicidio no lo es?
“Lo siento por los abogados quebrados y por los que confiaron en ellos. Es muy común ver a mis colegas hacer honor a su juramento y tomar la decisión de cruzar el rio pero cuando llegan a la mitad…se paralizan y retroceden. Las sentencias están para ser cumplidas. El problema es que se cumplen solo aquellas que son a favor de los más poderosos -en la eterna pulseada que hay en el servicio de justicia- y aquellas que son contra los mas débiles. Monseñor Romero -mártir y santo- decía que la Justicia muerde los talones desnudos”.
Esto último nos hizo recordar el caso de una sentencia judicial de febrero de 2022 sobre los derechos de los puesteros, que sigue sin ser cumplida (3)
“El error en materia de delitos ambientales –continúa- es creer que sólo podemos proteger el ambiente desde el Derecho Penal cuando hay un daño o cuando la norma penal se refiere específicamente al “bien jurídico ambiente”. Es que en la Universidad nos han enseñado que sólo se protege penalmente los bienes clasificados en títulos o compartimentos estancos. Ejemplo: La falsificación de un informe de impacto ambiental es un delito previsto por el art. 292 y 296 del Código Penal cuyo bien jurídico protegido es la fe pública. Pero antes que nada protegemos el ambiente si es que es que se pretende una decisión que autorice a contaminar. El problema para estas interpretaciones es que el concepto de bien jurídico ha servido al liberalismo como barrera contenedora del poder popular”
Clarísimo, no?. Pero ahí nomás metió segunda y agregó:
“Además hay otro error en la interpretación de mis colegas -que por cierto es muy útil para esconder sus miedos- y es la búsqueda de un resultado. En el caso de los delitos ambientales se pretende que exista un daño ambiental. Pretender que una ley penal -como la 24.051- se aplique sólo cuando haya peces muertos, se derrumbe una montaña, o que la gente muera de cáncer, es una perversidad. Es como pretender que solo podemos secuestrar un kg. de cocaína que tiene un narco y aplicar la ley 23.737 cuando alguien muere de sobredosis. Las leyes penales ambientales prevén “delitos de peligro abstracto”. Como en el caso del narcotráfico. La sola puesta en peligro del ambiente es suficiente. No debo esperar un resultado. Y la pregunta que desnuda a los miedos a los que te referí es: ¿Por que en el narcotráfico no debo esperar un daño y en la interpretación de las normas penales que protegen el ambiente sí? La respuesta duele: En el narcotráfico el delincuente es ignorado, no sabemos quién es y de un modo u otro el poder político junto al poder económico de turno, están del mismo lado del mostrador que el fiscal, el juez la DEA o quien sea que se supone que defienden la salud pública. Pero en los delitos ambientales no: los fiscales o jueces que buscamos acusar juzgar y condenar a los responsables, estamos solos. El Poder Político y el Poder Económico están del lado del delincuente ambiental. Las excusas son muchas pero básicamente sostienen que el fin justifica los medios. El fin de dar trabajo y prosperidad económica a una ciudad bien vale contaminar un rio o un pueblo. Hay tanta hipocresía que se les llama “zona de sacrificio. A los ciudadanos que defendamos el ambiente desde el Derecho Penal Ambiental sólo nos queda el ostracismo si es que lo aceptamos a modo de rendición. Pero si decidimos dar la pelea sólo podemos aspirar a ver una luz en el fondo del túnel. Y aquí si: Lo que importa es dar el testimonio de la pelea. El territorio al que todos los poderosos temen: El Derecho Penal Ambiental en forma de querella para que ningún juez o fiscal puedan retroceder”.
Le comentamos nuestra experiencia en los organismos de Derechos Humanos, donde se habla muy al pasar de los derechos ambientales, o definitivamente se desprecian esos problemas. Y que usan el argumento los dirigentes del PJ, casi todos: “el trabajo es un derecho humano más y por lo tanto como las minería va a dar trabajo estamos defendiendo los derechos humanos”, sin entender que tipo de minería extractivista es incompatible con las tres banderas del justicialismo. Y le preguntamos sobre si cabe aplicar el concepto de “derecho difuso” a los problemas creados por el extractivismo, a lo que nos dijo que “los delitos de peligro abstracto es un concepto del Derecho Penal. Todo lo que tenga que ver con interés legítimo, interés difuso, etc. son de derecho civil, administrativo, constitucional en el mejor de los casos”.
Le comentamos que en 2007 el Concejo Deliberante de Malargüe dictó una resolución poniendo límites a las reuniones ambientales, basándose en que la minería (la ley de inversionesmin eras de Menem) son una “política de Estado”, y que entonces denunciamos a los concejales en la Policía y que nos enteraríamos años después de que el fiscal actuante viajó a Malargüe, se reunió con los concejales y luego de esa reunión esa resolución 100/2007 fue parcialmente derogada (4 a 6)
“Con el tema de las ordenanzas prefiero no opinar. No tienen ningún alcance jurídico en materia penal y la labor de un fiscal es impulsar acciones penales o pedir archivos. Nunca entablar diálogos con los políticos de turno, porque tenemos labores distintas”.
La charla sigue, no tiene desperdicio, pero iremos ampliando estos conceptos, duros pero necesarios. Lo más importante: los políticos que además son abogados, deberían entender que las soluciones políticas no reemplazan a las soluciones jurídicas, sino que las bastardean. Los derechos humanos no se negocian en la mesa de repartija de cargos. El Dr. Gómez sabrá decirnos si estas palabras son un buen o mal resumen de sus dichos.
Columnista invitado
Carlos Benedetto
Museólogo, profesor de Historia jubilado y presidente de la Federación Argentina de Espeleología (FAdE). Escritor y periodista. Miembro de la Comisión de Ambiente del Instituto Patria. Co-fundador de la Biblioteca de la Memoria Jaime De Nevares (2007) y de la Agrupación Luis Barahona (2018), Malargüe. Colaborador de nuestro diario desde -casi- los orígenes, en temas históricos, políticos y ambientales. Para conocer toda su producción en nuestro diario mirá aquí.
Notas
⦁ https://marcelosapunar.com/2024/07/21/la-doctrina-del-shock-llego-a-mendoza-con-la-megamineria-por-carlos-benedetto/
⦁ http://fade.smartnec.com/images/prod/cFTmvkMeGLeIqIXdI87aBKsNPVLXLk.pdf
⦁ http://fade.smartnec.com/images/prod/2L7OAFDltl54CxqDvLdCHW43RaNt2L.pdf
⦁ https://sinpelos2011.files.wordpress.com/2016/05/hcd-res-100-2007.pdf
⦁ https://sinpelos2011.wordpress.com/2014/10/24/en-mendoza-se-sigue-violando-la-constitucion/
⦁ https://sinpelos2011.wordpress.com/2014/10/24/en-mendoza-se-sigue-violando-la-constitucion/2-la-nacion-5-7-07-y-cds/
Del entrevistado: entre sus antecedentes académicos se destaca ser uno de los profesores fundadores de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de la Patagonia. Allí fue docente en las cátedras de Derecho Romano y Derecho Constitucional. Concluyó su carrera de docente universitario como profesor a cargo de la cátedra de Derecho Comunitario y de la Integración en la misma universidad. Durante ese tiempo fue Director Investigador de Derecho en la misma casa de altos estudios. Arribado a Tucumán recibió distintos ofrecimientos para ocupar cargos universitarios pero prefirió privilegiar la investigación de distintas causas penales por corrupción que se encontraban en trámite en la Justicia Federal en el ámbito de la Universidad Nacional de Tucumán a fin de preservar el ejercicio de su magistratura por encima de cualquier sospecha de complicidades con las autoridades de esa casa de altos estudios y que pudiese darse al ejercer la docencia en la Facultad de Derecho. Es Codirector del Centro de Capacitación para empleados del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público Fiscal en la jurisdicción de Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca pero su principal labor docente se ha volcado al dictado de conferencias y cursos de capacitación dirigido no solo a profesionales del Derecho sino además a ciudadanos que resultaban ser víctimas de distintos delitos. En ese marco es conferenciante, ponente y participante en más de 150 congresos y conferencias nacionales e internacionales entre ellas Brasil (Abrampa y la Universidad de Curitiba), Francia (París), Bélgica (Bruselas y en la Universidad de Lieja ), Italia (En Venecia invitado por el Iaes, ong internacional presidida por el Arq. Pérez Esquivel, Hamburgo y Berlin en Alemania invitado por la Fundación Friedrich Naumann, etc. Ha dado conferencias invitado por el Parlamento de la Unión Europea y a raíz de esas invitaciones está trabajando para preparar un proyecto de creación de un Tribunal Penal Europeo e Internacional para los Delitos Ambientales. Fue Observador Internacional para el conflicto de la basura en Nápoles a pedido de varias ONG italianas (CDCA, Asud, etc.) conferencista en la Universidad de la Sapienza, Roma, etc.). Investigador del proyecto Ejolt del Parlamento Europeo junto a más de 20 ONG internacionales para la promoción de la Justicia Ambiental. Es impulsor de la creación del Tribunal Internacional para el Calentamiento Global y el Medioambiente que nació en la Cumbre de los Pueblos en Cochabamba (Bolivia). Su mayor esfuerzo académico hoy se encuentra volcado a realizar tareas de capacitación permanente a comunidades en todo el país, ONGs, centros de estudiantes, Asambleas de Ciudadanos y demás, en materia de delitos ambientales, denuncias y trámites judiciales. Casi todos su tiempo libre, los fines de semana y vacaciones los invierte en esa tarea que le da sus mayores satisfacciones profesionales. Es autor de diversos artículos para revistas jurídicos como La Ley, El Derecho, Revista de la Asociación de Magistrados de la Justicia Nacional, Revista del Ministerio Público Fiscal, El Dial, etc. Además escribe columnas para revistas de divulgación científica y diarios. Alguna de ellas fueron publicadas en periódicos internacionales como Ecotimes, La Vanguardia (Barcelona), o nacionales La Nación o El Intransigente, o locales como Periódico Movil etc. Muchos de sus artículos fueron traducidos al portugués, inglés, francés, catalán e italiano para ser publicados en revistas extranjeras. Su vocación para ejercer el cargo de Fiscal Federal es compartida con el rol de comunicador social que nació cuando le ofrecieron la conducción de un micro televisivo sobre la reforma constitucional en el Canal 7 de la Provincia de Chubut. Aún la continúa con un programa de micros radiales dirigido a radios comunitarias que los difunden en todo el país, columnista en Radio Maria con más de cien repetidoras repartidas en todo el territorio nacional, Ecoradio en la Capital Federal en el programa Integrantes, etc. … En materia ambiental se especializó desde muy joven en la investigación de delitos ambientales y es socio fundador de la Red de Fiscales Ambientales de América Latina. Ha dirigido a fuerzas policiales (Gendarmería Nacional, Policía Federal y Prefectura Naval) en la investigación de distintos tipos de delitos pero ha centrado su esfuerzo en aquellos que afectan la naturaleza. Siendo Fiscal Federal en Chubut llevó adelante varias investigaciones sobre contaminación ambiental entre ellas por volcado de petróleo en el mar argentino (empetrolamiento de pingüinos), volcado de residuos en el Golfo Nuevo (Puerto Madryn) por la operatoria irregular de los buques; en casos de minería, remediación de minas y en el proyecto del repositorio nuclear en Gastre, la contaminación del Rio Chubut. Investigó además la contaminación por la empresa Aluar, la contaminación por líquidos cloacales, etc. Siendo Fiscal General de Tucumán llevó adelante investigaciones por delitos ambientales en más de 100 causas entre las que se destacan el procesamiento de autoridades de distintas empresas como empresas de la mega minería, citrícolas, papeleras, frigoríficos, ingenios, empresas dedicadas a la recolección de residuos, sanatorios, etc. como así también el procesamiento de varios intendentes y autoridades públicas por su complicidad con la contaminación ambiental provocada por distintas empresas. Pueden leerse su labor profesional en www.fiscaliagraltucuman.gov.ar en el link medioambiente y en la página www.fiscalgomez.com.ar.
