La Justicia ordenó a San Isidro que garantice el acceso al aborto -

“seguro, legal y gratuito

“La Justicia ordenó a San Isidro que garantice el acceso al aborto

“Tras las denuncias por obstaculización a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo por parte del municipio de San Isidro, la jueza Vénere ordenó que garantice el derecho.

“El municipio de San Isidro debe adecuarse a la normativa vigente y garantizar el acceso gratuito y de calidad al aborto en el sistema público de salud municipal. As, lo estableció la jueza María Paula Vénere, del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 2 de San Isidro, al dar lugar a la cautelar solicitada por Amnistía Internacional.

“Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito del Conurbano Norte, Amnistía Internacional, la Red de Profesionales de la Salud por el derecho a decidir, el CELS, ELA, Fundeps y Socorristas en Red articularon de manera transversal con organizaciones de San Isidro -de derechos humanos, feministas, de profesionales, sindicatos, con referentas políticas y organizaciones sociales- para denunciar y visibilizar los obstáculos impuestos por las autoridades locales desde el inicio de 2024.

“Los obstáculos en el acceso al aborto impuestos por el protocolo municipal irregular son restrictivos, vulneran derechos, ponen en riesgo la salud y la vida de mujeres y de las personas con capacidad de gestar. Además, comprometen a profesionales de la salud a actuar en contra de lo establecido por la ley y generan responsabilidades legales para el municipio de San Isidro.

“«La ley nacional 27.610, de interrupción voluntaria del embarazo es clara y establece el derecho a todas las personas a interrumpir un embarazo, hasta la semana catorce de gestación inclusive sin necesidad de indicar motivos y con posterioridad, cuando éste es producto de una violación, o cuando está en riesgo la vida o la salud de la persona gestante. Los municipios no están exentos del deber de cumplir y garantizar los derechos establecidos por leyes nacionales y provinciales. Los estados, en cualquiera de sus niveles, son responsables de garantizar el acceso a la salud y los derechos humanos de toda la ciudadanía», expresaron en un comunicado.

“Y agregan, «nuestras demandas son de respeto a la dignidad de las personas. Se trata del derecho a vivir una vida libre de violencias, con acceso a la salud integral, incluida la salud sexual y reproductiva. Por eso, seguimos firmes y organizadas para que todas las personas que así lo decidan puedan acceder al aborto de manera segura y gratuita».