05 de noviembre de 2026
12:45hs.
“Nuevo informe de la Comisión Provincial por la Memoria
“La represión recrudeció durante el segundo año de gobierno de Milei
“En 2025 se duplicaron las intervenciones violentas de las fuerzas que comandaba Patricia Bullrich. Hubo más heridos y más personas detenidas arbitrariamente.
“El segundo año de gobierno de Javier Milei fue mucho más represivo y violento que el anterior. Se duplicó la cantidad de manifestaciones que terminaron siendo reprimidas por las fuerzas de seguridad que actuaban bajo el mando de Patricia Bullrich, creció el número de personas que resultaron detenidas de manera arbitraria y también se incrementaron los registros de personas que sufrieron heridas –algunas de ellas de extrema gravedad, como lo muestra el ataque que padeció el fotógrafo Pablo Grillo–. Estos son algunos de los datos que surgen del informe que presentó la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en el que advierte sobre un avance autoritario en el país.
“La CPM es un organismo público autónomo y autárquico de la provincia de Buenos Aires que, como mecanismo de prevención de la tortura, viene monitoreando lo que sucede con la protesta social en la Argentina, sobre todo desde que Bullrich firmó la resolución 943/2023 –popularmente conocida como el protocolo antipiquetes–, con la que el gobierno de La Libertad Avanza –ejecutor de un ajuste sin límites– buscó controlar las calles.
“En los últimos dos años, la CPM relevó lo ocurrido en 139 manifestaciones: 51 terminaron en represión, lo que representa el 37 por ciento de los casos. En 2024 fueron reprimidas 17 protestas, mientras que en 2025 las fuerzas de seguridad intervinieron violentamente en 34 movilizaciones.
“En ese mismo período, el organismo registró 2585 personas heridas en el marco de las protestas y 258 manifestantes o transeúntes que fueron víctimas de detenciones arbitrarias. En 2024, los heridos sumaron 1216, mientras que en 2025 ascendieron a 1369, lo que implica un incremento del 13 por ciento en la violencia de los operativos.
“Solo en marzo de 2025, 789 personas resultaron heridas. El 12 de marzo fue el día de mayor despliegue represivo, sostiene la CPM. Ese día se contabilizaron 672 heridos entre quienes se acercaron al Congreso a expresar su solidaridad con los jubilados. La jornada quedó marcada por varios hechos: el disparo con un lanzagases que hirió a Grillo; los disparos que provocaron que Jonathan Navarro y Rodrigo Troncoso perdieran la visión en uno de sus ojos; y el golpe que sufrió la jubilada Beatriz Blanco, que la dejó tirada en el suelo. Hubo, además, 114 detenciones arbitrarias, entre ellas las aprehensiones de dos niños de doce y catorce años.
“Durante 2025, 184 trabajadores de prensa resultaron lastimados mientras cubrían manifestaciones. También se registraron agresiones contra 20 defensores de derechos humanos. Hubo, además, 155 adultos y adultas mayores que debieron recibir atención médica y cinco niños o jóvenes.
“Entre 2024 y 2025, cuatro personas perdieron la visión de un ojo como consecuencia de disparos de postas de goma realizados a corta distancia y dirigidos a partes del cuerpo prohibidas. Uno de ellos fue el abogado Matías Aufieri, integrante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), quien incluso expuso su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque el juez Julián Ercolini no avanzó en la investigación para determinar responsabilidades.
“En 2024 se registraron 93 detenciones, que ocurrieron, en general, durante la desconcentración de las marchas. En 2025, el número aumentó de manera significativa: fueron 165 las personas arrestadas, lo que representa un crecimiento del 77 por ciento. La CPM alertó además sobre aprehensiones realizadas por auxiliares de la Policía Federal Argentina (PFA) que integraban la Dirección General de Inteligencia (DGI). A criterio del organismo, se trata de miembros del Cuerpo de Informaciones de la fuerza. Los “plumas” –como se conoce a estos agentes de inteligencia– suelen dedicarse a tareas de infiltración política.
“El organismo, presidido por Adolfo Pérez Esquivel y Dora Barrancos, también advirtió que detectó agentes filmando manifestantes y personal de civil que simulaba participar de las marchas para luego sumarse a las filas policiales. Estas prácticas se registraron en 88 movilizaciones: 34 en 2024 y 54 en 2025.
“La CPM denunció, además, violaciones a la ley de inteligencia durante el abrazo realizado el 27 de diciembre de 2024 al espacio de memoria que funciona en lo que fue el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). La denuncia quedó radicada en el juzgado de Ercolini, pero fue archivada.
“En 68 movilizaciones, el organismo notó que las autoridades desplegaron a más de tres fuerzas para la represión. La PFA participó en 106 operativos; la Policía de la Ciudad, en 101; la Prefectura Naval Argentina (PNA), en 61; la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), en 58; y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), en 27. La policía bonaerense intervino en cinco casos, en general en manifestaciones que se iniciaban en la zona del Puente Pueyrredón.
“La desproporción fue una de las marcas de muchos de los operativos diseñados por Bullrich. El 13 de agosto de 2025, la entonces ministra de Seguridad desplegó a 410 efectivos para controlar a 150 manifestantes –jubilados y jubiladas–.
“En 99 manifestaciones, los integrantes de la CPM registraron que los efectivos portaban armas letales. En general, esta situación se dio en el caso de agentes de la PFA y de la Policía de la Ciudad.
“La represión, entienden en la CPM, fue sistemática, pero selectiva. Las fuerzas de seguridad actuaron con mayor saña en las marchas en apoyo a los adultos mayores, mientras que no lograron hacer “cumplir” el protocolo antipiquetes en movilizaciones multitudinarias, como las del 24 de marzo.
“El Poder Ejecutivo violó su deber de garantizar la libertad de expresión, mientras que el Poder Judicial incumplió su obligación de asegurar investigaciones rápidas, exhaustivas y adecuadas. De las 37 denuncias penales presentadas por el organismo, muy pocas registraron avances.
“Una de las hipótesis de la CPM es que la represión comenzó a mermar después del 12 de marzo de 2025, cuando empezaron a activarse en los tribunales las investigaciones por los ataques contra manifestantes. También influyó la decisión del juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick de acercarse a las inmediaciones del Congreso para supervisar el despliegue de los operativos. Cormick fue el magistrado que, a fines de diciembre, declaró nulo el protocolo antipiquetes al considerar que Bullrich se había extralimitado y legislado al impartir directivas a las fuerzas bajo su mando.
““En este despliegue represivo, que se agravó durante el último año, se confirma un avance paulatino de procesos autoritarios que limitan la democracia y el ejercicio de los derechos constitucionales. Esta restricción de las garantías para expresar la disidencia no puede disociarse del objetivo del gobierno de implementar políticas que profundizan la desigualdad y el deterioro progresivo del acceso a derechos de la mayoría de la población”, concluye la CPM.
“Pagina12.com.ar
“Luciana Bertoia
“10 de enero de 2026”.
Foto: Leandro Teysseire
