14 de octubre de 2026
21:45hs.
El régimen de segregación racial de Sudáfrica se prolongó desde 1948 hasta 1991- 1994.
Se llamó apartheid, y en definitiva consistió en una metodología aplicada por la minoría blanca a las personas de raza negra, restringiendo sus derechos, forzando la separación física (bantustanes) y prohibiendo el matrimonio interracial.
Politicamente fue impulsado por el Partido Nacional, generando brutales represiones, resistencia internacional, concluyendo con la elección de Nelson Mandela casi medio siglo después.
En Argentina se inaugura un sistema de segregación al trabajador, formalmente con la ley 27.742 llamada “Bases…” del 9 de julio de 2024.
Esta normativa se aplicó desde el primer día de asumir el gobierno de los hermanos Milei desde el 10 de diciembre de 2023, con el Decreto 70/23, produciendo el despido -desde el nacimiento del mandato libertario- de alrededor de 61.000 personas, solo en áreas del Estado.
La futura sanción de la ley llamada de “Modernización laboral”, va en línea filosófica con ese decreto 70/23, abroga las obligaciones del empleador, el cual queda decorativo en la relación de empleo solo para determinar el día final de la precaria relación que existirá, y sujeto a endosar su injuria en un Fondo de Asistencia Laboral (FAL) que abonará indemnizaciones por despidos con recursos de ANSES.
Este punto no es menor dado que desfinanciará al sistema previsional, para luego entregarlo a compañías aseguradoras privadas.
La creación de esta “modernidad” sin derechos, ni la posibilidades de consagrar una indemnización por parte del trabajador, es abiertamente violatoria de los artículos 14, 14 bis, 16, 75.22, 75.23 de la Constitución Nacional.
Podemos decir entonces que desde 2023 el pueblo trabajador argentino se encuentra en lucha y resistencia al régimen de apartheid implementado y cada vez más creciente.
Columnista invitado
Bernardo Lobo Bugeau
Abogado tucumano, especialista en Ciencias Sociales en la FLACSO. Es actual secretario del Juzgado Federal 2, de Catamarca, en una carrera de más de 20 años que comenzó en el Poder Judicial de Tucumán. Fue abogado en crímenes de lesa humanidad en el período 2007 al 2017, actuando en casos paradigmáticos como “Jefatura de Policía-Arsenal Miguel de Azcuénaga”, “Cárcel de Villa Urquiza”, “Curas de Chamical, Murias y Longueville”, “Monseñor Angelelli”, entre otras. Es autor de pequeños opúsculos: “Notas del fútbol argentino” e “Informe por el homicidio de Paulina Lebbos”.
