Reincidencia / por: Osvaldo Vega -

Reincidencia

Quisiéramos hablar de otra cosa pero esta policía represora de nuestra provincia no nos da tregua. Hace siete días en este mismo espacio advertíamos la peligrosidad de la sindicalización policial. Nunca pude imaginar que solo dos días después la fuerza de los hechos y la brutalidad institucional de la policía nos daría la razón tan rápidamente. El 15 de septiembre a las 23,00 horas dos patrullas se presentaron en el domicilio de Cristian Rodríguez en la calle Pellegrini de San José por una denuncia de una supuesta fiesta en donde se estarían violando las disposiciones de emergencia sanitaria. Había un cumpleaños, pero sin invitados. La familia es numerosa y los adolescentes hacen ruido y les gusta la música. Se trataba del grupo familiar conviviente. El dueño de casa atendió a los uniformados y les solicitó orden de allanamiento. Los patoteros le dijeron que ya la conseguirían. Entonces el dueño de casa les pidió que se identificaran, aunque sea que informaran quién estaba a cargo del operativo. También se negaron a dar información y, como debe ser, Cristian les prohibió el acceso a la vivienda y quiso cerrar la puerta. Los uniformados no dejaron que cerrara la puerta, comenzó el forcejeo. La superioridad numérica, el equipamiento, y la brutalidad determinaron que el dueño de casa fuera inmediatamente reducido y comenzaron a golpearlo dentro de la vivienda.

Cuando les cayó la ficha de que le estaban pegando valientemente entre cuatro o cinco a un solo hombre de contextura física pequeña adentro de su propia vivienda, lo sacaron para afuera así podían continuar con la golpiza con menos riesgos desde el punto de vista legal. La agudeza mental y la preparación intelectual de la policía de Mendoza es muy profunda. Una vez en la vereda continuaron castigando a discreción mientras llamaban refuerzos. Los milicos cobardes que iban llegando espantaban a los vecinos, cortaban el tránsito, le pegaban al resto de la familia de Cristian, o sea, a su esposa, a sus hijas adolescentes, a un hijo, y también a Cristian, trataban que nadie filmara con los celulares, hacían exhibición de armas de fuego, amenazaban, cargaban las escopetas, y mientras tanto seguían golpeando a Cristian, pisándole la cabeza, la espalda, el cuello, etcétera.

Los delincuentes aparecieron en los siguientes móviles: 3092, 3328, 3331, 2985 dominio AA434RO, 3098 dominio AB510MR, otro vehículo policial dominio AD665MG, y al menos dos móviles más que no fueron identificados. Ni un solo policía se identificó pese a todos los requerimientos de la familia agredida y los vecinos.

Lo llevaron a la fuerza y casi en estado de inconsciencia en el móvil número 3092 a la comisaría 25 de calle Francisco de la Reta, junto con su hijo. En el camino hacia la comisaría se burlaban del daño que le habían hecho, en general, y particularmente se reían de cómo le habían dejado la cara: desfigurada de inflamaciones producto de los golpes y patadas, al borde de perder un ojo.

Por declaraciones de uno de los delincuentes, el policía Darío Rolando Milla Zurita en el expediente P-68.600-20 originario de la Oficina Fiscal 8 de Guaymallén, sabemos que intervinieron móviles de las comisarías 31, 41 y de la UAP (Unidad de Acción Preventiva).

No se le brindó atención médica a los detenidos sino hasta las 6 de la mañana del día siguiente, momento en el que los verdugos se hartaron de escuchar a Cristian que no veía y tenía miedo de perder la vista. Los ridículos lo trasladaron con esposas al Hospital Central. Son tan ineptos que pensaban que el maltrecho prisionero medio ciego se les podía escapar.

Violación de domicilio, apremios ilegales, uso desmedido de la fuerza, abuso de autoridad, abandono de persona, vejámenes, agravamientos en las condiciones de detención, abuso de los deberes de funcionario público, y otros tantos delitos se cometieron ese día por parte de las patotas policiales.

Ahora bien. Volvamos al principio. Imaginemos si a estos policías, además de la impunidad que ya tienen, se les otorgaran derechos de agremiación o de sindicalización. ¿Alguien puede ser suficientemente ingenuo para creer que esta policía utilizaría los derechos de sindicalización para protección de la actividad laboral?. Evidentemente no. ¿Alguien se imagina estos policías al frente de una organización sindical?. Sería un grupo de poder corporativo para delinquir, extorsionar, presionar y negociar aprietes a las instituciones republicanas y para la obtención de más y más impunidad.

El tema da para mucho. No se puede desarrollar en profundidad en estas pocas líneas. Pero está claro que el esquema represivo delincuencial es la matriz ideológica formativa estructural de la policía de Mendoza. Por eso afirmamos que no se trata de un hecho aislado y que el Comisario Munives no puede ignorar estas cuestiones. A él le decimos que queremos los nombres de todos los policías intervinientes en el episodio y que esperamos noticias de los sumarios administrativos.

Le damos el turno ahora al Ministerio Público Fiscal. Porque mientras todo esto sucedía nos preguntamos dónde estaban los fiscales. Teléfono para Alejandro Gullé. Ya se radicaron las denuncias en el Ministerio Público y en la Inspección General de Seguridad. Pero como en el nombramiento de los responsables jerárquicos del Ministerio Público y la Policía de Mendoza tiene mucho que ver el Poder Ejecutivo y el Senado Provincial, también esperamos noticias de ellos. Caso contrario, seguirán teniendo noticias nuestras.