15 de julio de 2026
14:29hs.
9ooooooooooop’0’0’0’0’0’0’0’0’0’0’0’0’0oControversia por las autovías en Córdoba
Elevan a juicio a seis vecinos por haberse manifestado ante el ex intendente de Cosquín
Las rutas del saqueo de América Latina se imponen con violencia dentro de la región donde los defensores de DDHH en asuntos ambientales corren mayor peligro en el mundo, como lo expresa el “Acuerdo de Escazú” suscripto por la República Argentina. Un reclamo al ex intendente de la ciudad de Cosquín Gabriel Musso derivó en la elevación a juicio de seis vecinos, entre ellos periodistas, docentes, trabajadores de la salud y ambientalistas. La persecución política de los defensores ambientales de la Provincia de Córdoba es un capítulo escandaloso de la historia ambiental de nuestro continente.
Los proyectos
Dentro de esta región, la IIRSA-COSIPLAN es uno de los planes continentales que une las zonas de sacrificio destinadas a la explotación de los bienes comunes de los territorios como el agua, el suelo, los minerales, el petróleo o la diversidad genética (aviesamente llamados “recursos naturales” por las políticas extractivistas) con los puertos de exportación que drenan las riquezas extraídas mediante métodos extremos (minería a cielo abierto, fracking, monocultivo transgénico, bioprospección) a las economías del norte global, especialmente, China, Japón, los tigres asiáticos y las potencias de Occidente. Tanto el drenaje de las riquezas naturales del continente como la construcción de la infraestructura para llevar a cabo este saqueo dejan un pasivo socioambiental inconmensurable. Podemos enumerar algunos de ellos: pérdida irreversible de la biodiversidad y de las biorregiones naturales, degradación progresiva de los ecosistemas rurales y urbanos, enfermedades y muertes en las comunidades humanas y no humanas, aumento de la recurrencia e intensidad de los fenómenos catastróficos, crecimiento de la pobreza en los espacios geográficos periféricos, ampliación de la desigualdad socioeconómica, éxodos ambientales, arrinconamiento de los pueblos indígenas y campesinos, incremento de la violencia institucional, militarización de los territorios, persecución y asesinato de los defensores ambientales.
En este contexto, dos ramales de las rutas del saqueo programadas por la IIRSA-COSIPLAN atraviesan las Sierras de Córdoba: las autovías de Punilla y Paravachasca. El gobierno de Córdoba, por un lado, copió la estrategia publicitaria de empresas como “La Alumbrera”, “Barrick Gold” o “Monsanto” para presentar estos dos proyectos como fuentes de trabajo, bienestar y progreso para las comunidades afectadas. Por otro lado, ocultó sistemáticamente el impacto ambiental, económico y social que trajo la ejecución de estas megaobras pensadas por los organismos internacionales de crédito para profundizar la explotación de los recursos (bienes comunes) en nuestro país.
El impacto
En el plano ambiental, las obras ejecutadas han cambiado la fisonomía de los valles de Punilla y Paravachasca. Donde hubo bosque nativo en máximo estado de conservación (según el mapa de la ley 9.814 de Ordenamiento Territorial de bosques nativos de la provincia de Córdoba), solo queda una enorme cicatriz que ha segmentado los corredores biológicos de áreas naturales protegidas de gran importancia regional perjudicando a especies amenazadas. Por ejemplo, estas obras afectan a la “Reserva Hídrica Los Gigantes” (Ley 8.941) y a la Reserva Municipal Río Yuspe-Cosquín, (ordenanza Municipal 4.181), donde se localizan las cuencas tributarias del lago San Roque que abastece de agua a 1.000.000 de cordobeses y que se encuentra en estado de emergencia hídrica.
También se han volado y enterrado manantiales que abastecían de agua potable a comunidades campesinas y se han devastado territorios sagrados de la Comunidad Indígena de Cosquín, con sus bosques, adoratorios de altura y morteros ceremoniales. La destrucción de los territorios indígenas ha violado el Convenio 169 de la OIT, motivo por el cual la República Argentina enfrenta una demanda internacional y una audiencia de conciliación exigida por este organismo con sede en Ginebra.
En el plano económico, la ejecución de la obra ha costado hasta el momento más de 120 millones de dólares. Para financiarla, la provincia decidió tomar un crédito de la CAF (Compañía Andina de Fomento, vinculada al BID y a la IIRSA-COSIPLAN) por más de 70 millones de dólares a tasa Libor, de modo tal que, en 15 años, los contribuyentes deberán devolver más de 200 millones de dólares entre el capital e intereses acordados. Por otro lado, se han reactivado numerosos proyectos inmobiliarios alrededor de la obra, algunos de manera clandestina, que han incrementado los pasivos ambientales en las áreas naturales protegidas por ley.
El gobierno de Córdoba aprovechó las restricciones a la libertad de circulación derivadas de la pandemia de COVID-19 para ignorar las disposiciones vigentes e inventar una “Audiencia Pública Virtual”. La ley de ambiente establece que las audiencias deben realizarse en el “lugar donde se lleve a cabo” (inciso 2 j del artículo 36 de la ley 10.211 de Preservación, Conservación, Defensa y Mejoramiento del Ambiente). En el caso de la Autovía de Punilla, el montaje de la “Audiencia Pública Virtual” se realizó durante los meses de abril y mayo de 2021. La brecha digital restringió la participación de los pobladores de las zonas de sacrificio previstas en ambos megaproyectos viales, en gran medida campesinos e indígenas. A pesar de las condiciones impuestas por el gobierno de Córdoba, el 90% de los más de 500 participantes reprobaron el EsIA (Estudio de Impacto Ambiental).
Persecución política de los defensores ambientales
Desde el año 2016, las asambleas de Punilla y Paravachasca presentaron una serie de amparos ambientales basados en el principio precautorio que exigen la aplicación de una medida cautelar que detenga el avance de las obras hasta que la empresa Caminos de las Sierras (que pertenece al gobierno de Córdoba) demuestre ante el Poder Judicial que el impacto ambiental y arqueológico de la construcción de estos megaproyectos dentro de zonas protegidas no viola las disposiciones internacionales, nacionales, provinciales y municipales vigentes. En nueve años, el Poder Judicial no ha emitido un fallo que aporte luz a la cuestión. A partir del 2018, ha crecido exponencialmente la conflictividad social ante la falta de respuestas jurídicas. Desde entonces, el gobierno de Córdoba ha decidido profundizar un proceso sistemático de persecución política de defensores de DDHH en asuntos ambientales. Por caso, se han efectuado hechos de represión policial, desalojos clandestinos de acampes en medio de la madrugada con desaparición temporaria de personas, detenciones arbitrarias, golpizas a vecinos por parte de las fuerzas policiales (con rotura de tabique y de costillas) y la militarización del territorio en distintos puntos de la provincia. A su vez, funcionarios municipales y provinciales, entre ellos el ex gobernador Juan Schiaretti, los ex intendentes Matías Montoto y Gabriel Musso y el presidente de “Caminos de las Sierras”, Jorge Alves, estigmatizaron en los medios masivos de comunicación a los defensores de DDHH en asuntos ambientales, caratulándolos de hippies, violentos, fundamentalistas ambientales y minorías extremistas. En 2022, fueron imputados 18 defensores ambientales de Punilla y 2 en el valle de Paravachasca, en un contexto de manifestación social por la defensa de los derechos ambientales.
Criminalización de la defensa de los derechos ambientales
La tarde del 13 de agosto de 2022, mientras se estaba realizando un plenario de organizaciones socioambientales en la plaza San Martín de la ciudad de Cosquín, el ex intendente Gabriel Musso pasó caminando junto a dos funcionarios a metros de los manifestantes y se dirigió a una cafetería para observar la manifestación desde una vidriera. En ese momento, una multitud de defensores de DDHH en asuntos ambientales se acercó y le cuestionó la firma de la factibilidad del uso de suelo para la construcción de la autovía de Punilla dentro de dos áreas naturales protegidas. Es destacable que, a pesar de la negativa del señor Musso de brindar respuesta a los reclamos, los presentes no mantuvieron contacto físico con el ex intendente y sus acompañantes. Cantaron algunas canciones como “Musso ecocida”, “No se venden, las sierras se defienden” o “El Yuspe no se toca” y se retiraron a la vía pública. Al cabo de unos minutos, se activó un operativo policial con personal del EME y del escuadrón motorizado de Infantería de la Policía de Córdoba. En medio de la confusión, un grupo de efectivos del SEOM equipados con protección y casco apretujaron durante varios minutos contra un portón metálico a un joven de contextura delgada, tal como se observa en algunos videos periodísticos publicados en redes sociales. Ante el reclamo de los manifestantes, el joven finalmente fue liberado por las fuerzas policiales.
En menos de 24 horas, la fiscal Paula Kelm armó una causa en contra de seis defensores ambientales (referentes de distintas asambleas y espacios colectivos) y ordenó la captura del joven que anteriormente había sido apretujado por la policía, quien fue aprehendido frente a sus hijos menores durante el allanamiento de su domicilio. Luego, se lo mantuvo con las esposas puestas dentro de un móvil policial durante más de siete horas. Cabe aclarar que Kelm ha sido denunciada en reiteradas oportunidades por ordenar procedimientos irregulares de represión policial e ignorar infinidad de presentaciones judiciales de las organizaciones ambientales y de DDHH.
El 28 de mayo de 2024, el juez de 1ra instancia Ramiro José Núñez del Juzgado de Control de la ciudad de Cosquín rechazó el pedido de nulidad de la causa, donde se negó la presentación de pruebas y testigos de la defensa, y decidió elevar a juicio a los 6 defensores de DDHH en asuntos ambientales imputados por los sucesos del 13 de agosto de 2022. La defensa presentó un recurso de apelación y el 18 de junio la cámara fijó una audiencia para el lunes 29 de julio del corriente en la ciudad de Villa Dolores, a unos 200 kilómetros del lugar de los hechos. Es la primera vez en la historia de la provincia de Córdoba que seis vecinos defensores de DDHH en asuntos ambientales amparados por el artículo 41 de la Constitución Nacional y el Acuerdo de Escazú son elevados a juicio por manifestarse en defensa de los derechos ambientales.
Crece el conflicto social y ambiental en Córdoba
La elevación a juicio de los seis defensores ambientales de Córdoba ha generado un repudio generalizado en las organizaciones de defensa de los derechos y en las asambleas ciudadanas. Se multiplican en varias provincias los mensajes de solidaridad y el llamado a fortalecer un plan de lucha. Se anuncia una movilización importante en Córdoba Capital y una acción contundente el 29 de julio en la localidad de Villa Dolores para reclamar el sobreseimiento de los seis vecinos elevados a juicio por defender los derechos ambientales, impulsada por asambleas, organizaciones territoriales, sindicatos y movimientos sociales.
Con esta medida inédita, el Poder Judicial de Córdoba se aleja de lo que fija la Constitución Nacional e intenta caratular el reclamo ante un funcionario público como un delito penal. Sin embargo, crece el repudio de la criminalización de la defensa de los derechos en la provincia de Córdoba y en todo el país, mientras que la manu judicial busca sentar un precedente para legalizar la persecución política en la Argentina.
Agradecemos el acompañamiento que hizo Norta Cortiñas a este justo reclamo.
Columnista invitado
Marco D’Angelo
Docente, periodista, escritor, defensor de DDHH en asuntos ambientales e indígenas del pueblo Camiare-Comechingón. Ha participado de la defensa de los territorios durante los procesos de resistencia contra las mineras, los cultivos transgénicos y, desde hace seis años, en la resistencia contra la IIRSA-COSIPLAN. Desde 2021, lleva adelante un proyecto en las redes cibernéticas destinado a la difusión de problemáticas territoriales llamado “La Escuelita Serrana”. Actualmente, es un perseguido político del Poder Judicial de Córdoba por defender los derechos ambientales frente a la construcción de la Autovía de Punilla y es una de las seis personas elevadas a juicio por proteger el ambiente en esta provincia.
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