29 de mayo de 2026
18:20hs.
Los medios opositores, mostraron su molestia ante un posible triunfo en el mundial. Eso que Croacia es un equipo muy fuerte (Macri dixit), o que contra Francia era imposible, son solo demostraciones de su malestar. Peor aún ante un festejo que movilizó a cinco millones de argentinos. La masividad de los festejos callejeros, sepultó las muy mal disimuladas esperanzas que la Selección retornara cuanto antes.
Por eso ahora este fallo. El festejo popular debía ser arruinado. Hace ya dos años se sabía que el dictamen favorecería a la Capital de los ricos. Esta es una buena oportunidad, y así en lo posible, desviar la atención de los festejos del mundial, La corte ha dado demasiada evidencia de manejar políticamente sus tiempos.
En un reclamo por los costos por la transferencia de la policía, la Corte Suprema tomó partido descaradamente por la ciudad de Buenos Aires. El presidente amagó con enfrentar la mafia suprema, aunque después, retrocedió; lo destacable son las reacciones que generó.
Los amarillos salieron, en masa, a denunciar esto es “alzamiento, desobediencia judicial, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, que quiebra el orden constitucional, que se destruye la República, y demás grandilocuencias habituales, planteando expresamente que el gobierno debe obedecer a la Corte.
Tras la reunión de lago Escondido la comunión de jueces, políticos amarillos y medios de formación de opinión quedo expuesta; se trata de la organización de los dueños del país. En una disputa que nada afecta sus negocios tomaron partido importantes organizaciones empresarias como la Asociación Empresaria Argentina (AEA), la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (Amcham). Esta toma de partido solo deja a la vista la coordinación política de los dueños de Argentina: poder judicial, medios de difusión, empresarios y su partido amarillo. Aprendieron del peronismo, el partido es solo su herramienta electoral.
El grueso de los gobernadores peronistas y de los partidos provinciales apoyaron al gobierno. Los gobernadores radicales y del peronismo sojero (Córdoba y Santa Fe), junto a la burocracia sindical no tomaron partido. No es descartable que jueguen a construir un tercer espacio político, algo intermedio, no alcanzado por la grieta; en una alianza conservadora con un sector radical (como Manes, o Morales), Es un runrún desde hace meses.
El fallo
Fundamentado en el costo de la policía que acababa de transferir por decreto, Macri le regaló más del 2 % de la coparticipación federal de lo correspondiente al Estado nacional.
Aumentó la correspondiente a la CABA del 1,4 % histórico, que tenía desde antes de ser autónoma, al 3,75 %, que luego, y ante las quejas de las provincias por el excesivo regalo al distrito más rico, lo redujo al 3,5 %.
Con el cambio de gobierno, también por decreto se redujo el porcentaje (del 3,5 al 2,32). La Ciudad de Buenos Aires nunca suscribió ese decreto, y lo judicializó, como acostumbran los reaccionarios sabiendo el resultado ante la justicia; A ese reclamo se refiere su fallo del conflicto.
Mientras, el Congreso, por ley 27.606 estableció que por la transferencia de la policía se cubrieran los costos, que no corresponde un porcentaje de la recaudación. Estableció un monto actualizado hasta que las partes acuerden. El gobierno de la ciudad nunca se sentó a negociar, ni siquiera estableció claramente cuales son y cuanto suman los costos de la policía.
El fallo de la Corte declara inconstitucional la ley, se olvida de los costos y vuelve al criterio de porcentaje de la recaudación. Así impuso el 2,95 % de la coparticipación federal, punto intermedio entre el 3,5 % que la CABA reclama y el 2,32 % dispuesto por el decreto de 2020.
El punto medio seria 2,91 %, no 2,95 %, hasta la minucia es a favor de los niños ricos.
Los gobiernos de la nación y de 18 provincias consideran que es un fallo inédito, incongruente y de imposible cumplimiento, porque implica reformas al presupuesto, obtener fondos o reasignarlos, Por ello decidieron presentar un pedido de revocatoria “in extremis” de la cautelar. Y recusar a los jueces del máximo tribunal.
Ante las amenazas de juicios albertibio le reconoce supremacía a la Corte y cumple el fallo, aunque pagando en bonos, “Amague y recule” dijo la Vicepresidenta. La ciudad de Buenos Aires obviamente reclama ante la Corte Suprema, por lo que todos consideran el fondo de campaña de Larreta. Ahora un mes de avisos comerciales y volvemos después de la feria.
Mientras tanto tendremos un verano entretenido con los chats de la Corte Suprema con amarillos que clarifican cada vez más su accionar conjunto. “La impunidad, la promiscuidad y la intromisión inconstitucional en los poderes del Estado” calificó el ministro justicia. Es claro que la historia continuará.
Economía en el corto y en el largo
En estos meses, y como estuvimos al borde de una disparada hiperinflacionaria, mi observación económica era sobre precios y tipo de cambio, la economía del corto plazo. Alejados del precipicio, pondré más atención en los problemas de largo plazo y estructurales.
Parece continuar el aquietamiento de precios y del tipo de cambio. La previsión oficial para este diciembre es que la variación de precios superaría el 5 %, porque empiezan a impactar los tarifazos, además de las tradicionales subas navideñas. En cuanto al dólar fuga y la brecha cambiaria, están aumentando desde el reciente estallido del conflicto con la Corte.
A raíz de la reacción oficial ante el fallo de la Corte los dueños del país mostraron su disgusto, haciendo subir el valor de los dólares fuga a un promedio de $ 340, y con ellos la brecha cambiaria al 84 %. No es para alarmarse, pero aún es muy alta.
El plan Soja II habría aportado U$S 3.155 millones a las reservas del BCRA. Útiles para controlar la corrida cambiaria, pero al costo de un horripilante precedente político. Ya todo tipo de exportadores de bienes primarios reclaman “precio pleno”, como llaman al precio internacional sin retenciones. Las retenciones se impusieron como herramienta de política económica, para diferenciar precios internos de internacionales, aunque este año no se los haya utilizado como corresponde ante la disparada del precio del trigo.
El Fondo Monetario Internacional aprobó un nuevo control trimestral sobre las políticas públicas, el tercero del programa aprobado por este gobierno. El organismo felicitó al ministro de economía por la política llevada adelante. Las felicitaciones se basan en la reducción del gasto público y de la emisión para financiarlo, La política de ajuste que siempre recomienda el organismo, y por las que en 2006 se rompió la relación.
Los economistas pro empresarios (libre mercadistas, neoliberales u ortodoxos) que sostienen que el Estado debe achicarse lo más posible, entienden que este es el camino correcto, y así lo repiten los medios. Pero quienes entendemos que el mundo no funciona así[1], observamos que si el Estado se achica, el mercado no emplea a los prescindidos por el ajuste. La consecuencia del ajuste del Estado es caída en el empleo y de la actividad económica.
Los resultados se empiezan a notar. El consumo venía recuperando lo perdido en 2020 y 2021. Pero desde agosto de este año está amesetado. También se observa en las mediciones mensuales del Indec, que muestran caídas en la producción industrial (IPI – 1,1 %), de la actividad de la construcción (ISAC – 3,5 %), de las ventas en supermercados (- 0,7 %) y del conjunto de la actividad de la economía (EMAE – 0,3 %).
Cabe destacar que el informe del FMI plantea su preocupación por la continuidad del plan de ajuste, dado que el 2023 es un año electoral. Menciona expresamente su desacuerdo con la implementación de moratorias. Es particularmente preocupante su planteo respecto de la moratoria previsional.
La aplicación de políticas neoliberales, y particularmente el abandono de políticas de protección del mercado interno y de desarrollo industrial, generaron una profunda exclusión social. Este país que necesitaba importar trabajadores, primero de Europa y luego de nuestros países limítrofes, pasó a generar una creciente masa de marginados, ya no menor a 10 millones de argentinos.
La informalidad laboral era escasa antes de la dictadura, apena un 4 %, y tras la caótica salida de la convertibilidad llegó a su máximo del 45,8 %. Lamentablemente las políticas de inclusión del kirchnerismo no pusieron suficiente énfasis en este aspecto, y pese al crecimiento económico del siglo XXI, el empleo no registrado nunca bajó del 33 % de los trabajadores.
Un trabajador no formalizado carece de aportes previsionales. Estos trabajadores en negro constituyen el último escalón social, con los más bajos salarios y sin derechos a la seguridad social. Las moratorias previsionales de 2007 a 2010, legalmente fueron varias, aumentaron el nivel de inclusión previsional del 65 % al 95 % de los mayores, incorporando a 3,5 millones de argentinos al sistema jubilatorio.
A los viejos se les dio una tarjeta donde cobrar todos los meses su jubilación, no un plan manejado por el puntero barrial. Se les dio un derecho, no una limosna. La política de inclusión previsional fue política insignia del kirchnerismo, y en mi consideración una de las principales políticas de la etapa, dada la masividad de los beneficiarios.
Nuestro problema es que más de un tercio de los trabajadores lo hacen en negro, carecen de derecho a la seguridad social, y ello porque los empresarios no están dispuestos a pagarlo. Mientras esto no sea resuelto, todos los años habrá nuevas camadas de trabajadores en edad de jubilarse pero sin derecho a ello. La nueva moratoria previsional, que el FMI pretende evitar, se estima beneficiaria a 800 mil personas. A la fecha tiene media sanción, la del senado, y está trabada en diputados.
El gobierno carece de una mayoría propia en el Congreso que le facilite aprobar ciertas leyes, particularmente cuando la política de la oposición es claramente obstruccionista. El gobierno de los reaccionarios amarillos también carecía de mayoría legislativa; pero gobernó por DNU (Decretos de Necesidad y Urgencia). Estos valen como una ley, y aunque deberían ser ratificados por el Congreso, valen mientras no se los rechace, y su rechazo requiere mayoría especial, otorgando así al presidente un poder para legislar. Cuando Cristina le dice “que use la lapicera” se refiere a eso.
Aún falta mucha agua por correr
El conflicto de los dueños de Argentina contra el gobierno se exacerba. Es positivo que queden cada vez más expuestas las expresiones del poder real: los jueces, los formadores de opinión y los gremios empresarios, apoyan a la Capital, en contra del Gobierno Nacional. La reunión en lago Escondido y el chat entre la Corte Suprema y el Gobierno de la Ciudad lo exponen. Es claro que el fracaso del golpe de mercado y del atentado los dejó predispuestos a cualquier tropelía con tal de llevar al fracaso al actual gobierno. Por ello es que van agudizar el conflicto.
Más allá de las zancadillas del poder, al peronismo se lo vota por sus gobiernos, no por sus mentiras de campaña. Una de las grandes definiciones será si se aprueba o no la nueva moratoria previsional. Los amarillos sabemos que votarán en contra, dándole excusas al gobierno para así cumplir con la recomendación del FMI. Pero existiendo los DNU no es excusa.
Sabemos que las posibilidades del peronismo en los próximos comicios están atadas a los resultados económicos del gobierno, y la inclusión es parte de esos resultados. Cumplir los mandatos del FMI no genera adhesiones, por lo menos no de los nuestros.
Columnista invitado
Hugo Castro Pueyrredón
Licenciado en Economía en la Universidad de Buenos Aires (UBA) en 1993. Trabaja en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación desde 2004 como asesor en temas económicos del Frente de Todos. Especializado en el rol del Estado en la economía, finanzas públicas y análisis presupuestario. Participa en la evaluación de diversos proyectos de inversión. Además, ejerce la docencia universitaria en la UBA desde los años ’90.
[1] Actualmente se engloba todo lo que no sea pro mercado como “heterodoxo”, igualando a keynesianos con marxistas, cuando unos pretenden una sociedad menos injusta mientras otros plantean salir del sistema capitalista.
