“Como lo indica la experiencia del siglo XXI, el papel dinamizador del Estado tiene un doble propósito: por un lado permite ejecutar políticas de desarrollo económico y social, estableciendo racionalmente las prioridades en orden al interés general, sin mengua del interés privado, siempre y cuando éste no afecte a aquél. En segundo lugar, constituye el único medio capaz de acortar la distancia económica, cultural y tecnológica, que nos separa de los más avanzados países del mundo, en un lapso razonable.
“Pero el Estado no es sólo una entidad jurídica. El papel que desempeña está relacionado directamente con la sociedad que lo constituye y determina. Por ello, él deberá reflejar los intereses de los sectores que conforman el movimiento nacional (los más dinámicos y progresistas de la sociedad argentina), a través de su participación directa en la gestión y contralor de las diversas políticas.
“De este modo, e independientemente de la forma que asuma el sistema institucional, el Estado habrá de ser la consumación jurídica de una democracia plena, por medio de la cual los obreros, los empresarios nacionales (ya se trate de la actividad urbana o rural), los profesionales (civiles, militares o religiosos) y los técnicos, expresarán las reales necesidades del conjunto social. ”
Blas Manuel Alberti
Texto perteneciente al libro: “Ciencias Sociales y realidad nacional”, pág 57
Ediciones Macchi, Buenos Aires, 1984
Democracia : ¿cuál es su garantía?
Corresponde aclarar que nos debíamos este humilde homenaje al Profesor Blas Alberti, ya fallecido, quien fuera docente de la Universidad de Buenos Aires y uno de los ideólogos de la Izquierda Nacional, junto a Jorge Abelardo Ramos, Jorge Enea Spilimbergo y Alberto Guerberof , entre otros.
En este texto Alberti nos plantea el camino para llegar a una “Democracia plena”, con vasto protagonismo social, o sea el estadio ideal de la democracia, donde predominen la plenitud de derechos y el respeto mutuo y solidario, con la presencia protagónica del Estado.
Pero esos postulados no parecen concordar con estos días donde la pulseada por el poder no se disimula y la estructura constitucional-institucional parece una mera forma adaptable a los intereses económicos y mediáticos hegemónicos. Éstos hacen valer lo que les conviene y niegan o atropellan aquellos que los molesta. Se hace difícil para el pueblo comprender que el ejercicio del libre sufragio garantice su vida plena en democracia, libertad y derechos. De hecho en nuestra Argentina hay un gobierno que el pueblo eligió mayoritariamente.
En el siglo pasado, sobre todo en las décadas del ’70 y ’80 los golpes de Estado militares con participación civil, eran la forma “clásica” de destituir a un gobierno popular en América Latina, eliminando el sistema democrático de hecho o al menos hasta que ese régimen, impuesto por la fuerza, retrocediera y llamara a elecciones. Ya en el presente siglo aparece un formato destituyente y antidemocrático al que el periodismo político dio en llamar “law- fare”. O sea crear una situación de crisis jurídica institucional, donde mediante la imposición de un juicio político parlamentario se destituya a un presidente legítimamente elegido por el pueblo, con argumentos falsos o inventados. Tal como ocurrió con Fernando Lugo en Paraguay o Dilma Rousseff en Brasil, para citar tan solo dos ejemplos.
En la Argentina actual -y debemos precisar el momento en el que se escribe esta nota (octubre de 2020), con un marco de plena pandemia y la necesaria restricción que impone una cuarentena sanitaria, el gobierno popular electo en octubre de 2019 y que preside Alberto Fernández, heredó una situación económico-social dejada por el gobierno de Mauricio Macri (diciembre de 2015 a diciembre de 2019) con una alta inflación, deterioro salarial, aumento de la pobreza, cierre de empresas, endeudamiento externo y fuga de divisas. Para colmo, a cuatro meses de haber asumido el nuevo gobierno se desata la pandemia de coronavirus, con su correlato recesivo obligado por la cuarentena. Un cuadro de situación que requería la toma de decisiones urgentes, con toda firmeza y que en un principio el gobierno tomó. Por ello llevaron adelante el congelamiento de tarifas energéticas (luz, gas y combustibles), asistencia a familias carenciadas mediante la tarjeta alimentaria, apoyo económico a personas desocupadas, refuerzo de las asignaciones familiares por hijo y embarazo y también apoyo económico a las empresas; entre otras.
Con sólo diez meses de antigüedad, el mandato de Alberto Fernández afronta un proyecto destituyente, similar al que en otros momentos de la Historia enfrentaron Arturo Frondizi (1958-1962), Arturo Íllia (1963-1966), Isabel Martínez de Perón (1974-1976) y Raúl Alfonsín (1983-1989). Salvando las distancias en el tiempo y el marco político en el que se desarrollaron, los cuatro presidentes citados confrontan contra el poder de un sistema económico hegemónico, con apoyo político-mediático que desprecia toda política social y de derechos de los trabajadores y los ciudadanos más humildes. Golpes de Estado cívico-militares para los tres primeros y una crisis hiperinflacionaria contra Alfonsín fueron las causas de su alejamiento prematuro, en este último caso, cinco meses antes del fin de su mandato constitucional.
Analizando el presente se puede observar al sistema económico fuertemente posicionado, situación que alcanzó durante los cuatro años del gobierno de Macri. La prensa hegemónica y voceros políticos presionan a diario sobre la población para imponer confusión, una de las condiciones necesarias para alcanzar sus fines.
Se dijo, a partir de 1983, que nunca más íbamos a tener golpes de Estado o destituciones “como es la moda actual”. ¿Entonces, donde está la garantía de la democracia, su permanencia y el respeto a la voluntad popular?
Hay un protagonista que siempre es ignorado y minimizado su valor por el poder real, que es el pueblo argentino. El pasado 17 de octubre dio una fuerte muestra de apoyo al presidente Alberto Fernández, como lo diera hace 75 años al entonces Coronel Perón. El ausentismo que impone la pandemia y su respectiva cuarentena, no implican ausencia de la voluntad popular. La que a pesar de las difíciles negociaciones y dudas que afronte el gobierno que ese pueblo eligió, aparecerá en escena cuando el momento histórico se lo pida, como ocurrió recientemente en Bolivia, donde el pueblo expresó qué pensaba de la dictadura que había destituido a Evo Morales y nada menos que en las urnas, con un arrollador 55 % de los sufragios en apoyo al nuevo gobierno popular de la Reública Plurinacional de Bolivia.
Alfredo Caferatta
Docente jubilado. Integrante de Carta Abierta. Militante social y político.