Cada vez más voces se alzan contra este proyecto que un día podría ser un triste -y carísimo- elefante blanco. Los motivos son lógicos de pura lógica y de fácil comprensión por parte de todos los ciudadanos. Claro que bien sabemos acerca del ocultamiento que ejecutan los medios hegemónicos, bien regados por la Pauta Oficial.
Preocupa que la trampa nos la quieran tender justo aquellos quienes debieran cuidarnos y acrecentar nuestro patrimonio. Es cierto que la soberanía popular, expresada en comicios libres que los convirtieron en nuestros representantes, les da el derecho a firmar. Pero no se trata de eso, sino que todo sea para el bien de los mendocinos.
Qué bueno sería ver cómo se expresan muchos otros sectores a los que quisiéramos escuchar. No es una obra cualquiera y el tema va a incidir por siempre en la realidad provincial. Me parece ¿no? Supongo que habrá algún tope para tanta codicia. Que el debate crezca y que todos sepamos de qué se trata, como los vecinos de mayo.
“Política
“Reconocidos juristas locales piden suspender la licitación de Portezuelo el Viento
“Miguel Mathus Escorihuela, Aldo Guarino Arias y Alejandro Pérez Hualde acudieron ante la Fiscalía de Estado por el “inevitable daño al patrimonio de la Provincia”.
“Un grupo de reconocidos juristas mendocinos realizó una presentación ante la Fiscalía de Estado solicitando que tome acciones para “impedir el grave daño inminente que producirá la adjudicación y eventual contratación” de la obra Portezuelo del Viento. Piden que se declare el fracaso de la licitación por el perjuicio al patrimonio provincial que puede ocasionar avanzar con el proceso.
“El Gobierno quiere adjudicar Portezuelo antes de fin de año
“Entre los firmantes se encuentran el destacado abogado, docente y ex legislador, Miguel Mathus Escorihuela; el docente y ex juez de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Alejandro Pérez Hualde; y el prestigioso abogado especialista en derecho de aguas, Aldo Guarino Arias.
“Se dirigen al fiscal de Estado, Fernando Simón, y le expresan que la obra “ha devenido en un severo riesgo de daños al patrimonio público que a Usted la Constitución le ha encomendado defender”.
““Las circunstancias fácticas y jurídicas que llevaron a la planificación, decisión y avance en los trámites para la realización de tan importante emprendimiento hidroeléctrico han sufrido una profunda transformación que obliga a reconsiderar todo lo actuado”, sostienen y aclaran que la continuación del rumbo emprendido “conducen inevitablemente a un severo daño a los intereses y el patrimonio de la Provincia”.
“Entre sus argumentos enumeran la inexistencia de distintas ofertas en la licitación que se encuentra en curso, los precios estipulados por la única oferente, la disminución sensible del caudal del Río Grande en los últimos años, el cuestionamiento, cambio y desconocimiento sistemático de las provincias integrantes del COIRCO de sus decisiones y la presencia de diversos reclamos de provincias limítrofes sobre los caudales de las cuencas principales del territorio “obligan a un replanteo de la decisión”.
Fiscal de Estado Fernando Simón
“Suman también los procesos judiciales iniciados ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por provincias limítrofes, como el caso de La Pampa, y resaltan que las decisiones que podría tomar el Alto Tribunal abren la posibilidad de una sustancial alteración o interrupción de la ejecución de las obras.
“Los juristas hacen hincapié en que las objeciones y riesgos convierten a la obra en “un emprendimiento altamente perjudicial para el patrimonio público y para el futuro del desarrollo provincial” y aseguran que “la licitación en trámite no ha generado por el momento derechos adquiridos a sus participantes por lo que puede ser detenido su procedimiento mediante la declaración de fracaso por falta de ofertas convenientes”.
“En este sentido, requieren al Fiscal de Estado la “declaración de fracaso de la licitación pública a fin de impedir la continuación del procedimiento y ordenar la realización de un exhaustivo análisis de las nuevas condiciones fácticas, jurídicas y económicas que impactan sobre los parámetros tenidos en cuenta para la planificación de la obra y que hoy se han visto sustancialmente modificados tornándola en antieconómica y perjudicial para la economía general de la provincia”.
“Los Andes
“1 de julio de 2021”.
“La Asamblea de Las Heras Por el Agua Pura no está de acuerdo con la construcción de Portezuelo del Viento, ya que:
- hay oposición fundada de las provincias del resto de la cuenca.
- no sería de gran utilidad para la provincia,
- debido al cambio climático y a un período ya bastante largo de sequía, los caudales están en baja, lo cual haría que tardara años en llenarse la presa, incluso tornando –según algunos análisis- en una utopía anacrónica esta pretensión (además, no toda el agua sería turbinable), por tanto no se podría generar, de ningún modo, la cantidad de energía que mencionan, pero sí dejaríamos al resto de las provincias de la cuenca con una merma de agua que ahondaría aún más el daño que ya les hemos hecho en otros casos.
- De realizarse, se desconocería el derecho humano al agua a poblaciones ribereñas y Pueblos Originarios, ya en una situación crítica.
- Las grandes presas conllevan también grandes riesgos en zonas sísmicas.
- Hay que forzar el traslado de todo el pueblo de Las Loicas.
- Además se produciría un perjuicio irreparable a importantes grupos que viven de la cría de ganado caprino y bovino en nuestra misma provincia, inundando la zona de pastoreo y veranada, lastimando así, irreversiblemente, la trashumancia, actualmente declarada patrimonio cultural inmaterial de la Humanidad.
“Proponemos hacer, entonces, una declaración pública y organizar una reunión con las Asambleas y Organizaciones del resto de la Cuenca (tratando de propiciar una reunión del COIRCO, de considerarse necesaria), para acordar un plan de lucha común y así contrarrestar esta iniciativa tan nociva para todas las Comunidades implicadas.
“Señalamos con firmeza que los fondos que está recibiendo la provincia (que no son de Suárez, sino del Pueblo de Mendoza, a raíz de la solución negociada después de años de discriminación con respecto a la promoción industrial), deberían usarse para fines mucho más necesarios, tales como (y sin pretender ser exhaustivos):
- mejorar los sistemas de riego e impermeabilización de canales,
- el estímulo de actividades productivas de tipo agroecológico, o tecnológicas ligadas a las energías limpias, de la información, etc.,
- la promoción de la cultura local, tanto tiempo postergada,
- resolver la angustiante falta de viviendas, agua corriente y cloacas en vastos sectores de la provincia,
- la creación de frigoríficos estatales para frutas y hortalizas, con el objetivo de que los pequeños productores dejen de caer en el monopolio de quienes hoy ofrecen ese servicio.
- el acceso a colocación (mediante créditos blandos) de malla antigranizo para todos los productores que lo requieran.
- El mejoramiento de la infraestructura energética, y de comunicaciones y transporte de la provincia
“Asamblea de Las Heras por el agua pura”.